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Luis Aires (BP) es el nuevo presidente de la AOP y Andreu Puñet (Petronor) releva a Mazarrasa como director general

Europa Press.- La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha elegido nuevo presidente a Luis Aires, presidente de BP España, y nombró a Andreu Puñet, consejero delegado de Petronor, nuevo director general.  El nuevo presidente también es vicepresidente de Estrategia y Portafolio de BP para Europa y África. Ahora sustituye en el cargo a Federico Molina, actual director de refino de Cepsa, que ha estado en el cargo desde 2014.

Por su parte, Puñet, que ha desarrollado toda su carrera en el grupo Repsol, toma el relevo en la dirección general de la patronal de las grandes petroleras de manos de Álvaro Mazarrasa, que se jubila después de más de 16 años en AOP y 18 años en Shell. La asociación eligió a su nueva Junta Directiva que, además de por Aires, tendrá en las vicepresidencias a Francisco Vázquez (Repsol), Javier Antúnez (Cepsa) y Joao Diogo (Galp). Asimismo, formarán parte como vocales: Giampiero Spanedda (Saras Energía), Enrique González (BP), Pedro Palacio (BP), Carlos Navarro (Cepsa), Joaquín Motos (Galp), Manuel Pérez Jurado (Repsol), Federico Tarín (Repsol) y Emilio Borrego (Saras Energía).

Greenpeace arremete contra todos los responsables políticos y empresariales ligados al sector energético en su lista de “villanos del clima”

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace ha alertado de más casos de sequía y déficit de lluvia, principalmente en el noroeste peninsular, si no hay «ambición» política para frenar el cambio climático, en la presentación de un informe sobre «los villanos del clima» en España. Para denunciar la contaminación, subrayan que «ninguna» central térmica española cumple los límites de emisión que se exigirán a partir de 2021.

Tatiana Nuño y Sara Pizzinato, expertas en cambio climático y transición energética, han reclamado políticas que «favorezcan el desarrollo sostenible» y han lamentado las que en esta materia se están promoviendo en España. Para poner «cara» a los responsables, la organización ecologista ha elaborado Villanos del clima. ¿Quién está detrás del calentamiento global en España?, donde se identifican a algunas de las principales personas responsables del cambio climático en España, ya sea por las decisiones que toman desde sus cargos públicos o por sus actividades empresariales, y donde sitúan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como uno de los «villanos».

Tatiana Nuño ha lamentado que, para el desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Gobierno no cuente «con ninguna organización ecologista». Mientras, reivindica que tanto comunidades autónomas como gobiernos locales tienen «herramientas» para luchar contra el cambio climático. Al respecto, critica que en «el país del sol» el 85% de la energía que se produce en España «proceda de combustibles sólidos y de energía nuclear». «Con otros 5 países producimos el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero», expuso.

Para Greenpeace, la lista de «villanos» la encabeza el presidente Rajoy por «apoyar la energía nuclear y no poner en marcha un calendario de cierre» de las plantas térmicas de carbón. Le sigue el titular de Energía, Álvaro Nadal, «el ministro que odiaba a las renovables»,según la ONG, que está en la lista por haber afirmado que «España no dejará de quemar carbón» y por «pretender continuar con las ayudas al sector»; continúa la lista su antecesor, José Manuel Soria, «el malo universal», por «crear el impuesto al sol» y «apoyar las prospecciones petrolíferas».

Al «club de villanos de Greenpeace» también se suma el responsable de Industria del PSOE entre 2008 y 2011, Miguel Sebastián, «el ministro de los recortes a las renovables», por aprobar medidas que supusieron un recorte en la eólica y la termosolar de 1.100 millones de euros, y de hasta 2.000 en la fotovoltaica. Rodrigo Rato, «el amigo de las eléctricas», según la organización, que recuerda que durante su mandato como vicepresidente del Gobierno liberalizó el sector de la energía con la Ley del Sector Eléctrico creando los Costes de Transición a la Competencia, que provocó el denominado tarifazo eléctrico.

La lista la completan el presidente de Repsol, Antonio Brufau, por «su amor por el petróleo»; el presidente de Endesa, Borja Prado, «el señor de la energía sucia»; el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, «el amigo de las emisiones»; el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, «el experto en greenwashing«, porque su «actividad principal todavía se basa en la quema de combustibles fósiles». Para terminar la lista, el director general de la AOP, Álvaro Mazarrasa, «el guardián de los petroleros», y el empresario del carbón Victorino Alonso, «el temor de la mina».

Greenpeace también hace un repaso de personalidades por el ámbito de algunas comunidades autónomas, todos hombres a excepción de una mujer, mientras que las razones a las que alude la ONG son, en su mayoría, por el apoyo al carbón. Asimismo, Greenpeace ha situado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, entre los “villanos del clima” por decir que defiende para las islas la meta de un sistema 100% renovable antes de 2050 mientras apuesta por la introducción del gas en el archipiélago, retrasando así la transición energética canaria».

La patronal petrolera AOP cifra en hasta 540 millones el fraude en la distribución de carburantes y pide mayor control

Europa Press.- La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), en la que participan Repsol, Cepsa, BP, Saras y Galp, advierte de la «lacra» que sufre el sector relacionada con el fraude fiscal en la distribución de carburantes, ilegalidad ejercida por «verdaderas tramas criminales» y cuyo importe puede alcanzar los 540 millones de euros al año.

La asociación realiza estas consideraciones en su Memoria de 2016, en la que advierte de que algunos desarrollos legislativos «han abierto la puerta al fraude», sobre todo desde que en 2009 se eliminó la autorización administrativa para ejercer la actividad de distribución al por mayor y se sustituyó por una declaración responsable. El valor de lo defraudado puede alcanzar los 270 euros por metro cúbico y su importe puede oscilar entre 270 millones y 540 millones de euros, en función de si la práctica alcanza al 3% o al 6% del mercado. Solo el fraude del IVA asciende a 300 millones, según la Agencia Tributaria.

Ante esta circunstancia, AOP propone establecer una garantía financiera que desincentive el fraude y cubra el incumplimiento de las obligaciones, reportar a diario las existencias mínimas de seguridad y acortar el plazo en la imposición de expedientes sancionadores. Los operadores también alertan de fraudes concretos, para los que piden medidas específicas. Entre ellos figuran los relacionados con los incumplimientos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de la incorporación de biocarburantes o del IVA o del tipo autonómico del impuesto de hidrocarburos. El efecto frontera provocado por las diferencias de precios entre comunidades autónomas con distintas tramos fiscales también está contribuyendo al fraude de la distribución.

El presidente de AOP, Federico Molina, y el director general de la asociación, Álvaro Mazarrasa, aseguran que el sector vive una «lacra» que «distorsiona gravemente el mercado» puesto que «permite ofrecer grandes descuentos a los operadores deshonestos frente a compañías que cumplen regularmente con la normativa y que no pueden competir en las mismas condiciones«. «AOP siempre ha defendido la libre competencia pero, a la luz de la realidad descrita, creemos que es urgente tomar medidas concretas para que el fraude se detecte lo antes posible y, con ello, se minoren sus efectos para la Hacienda Pública, el mercado y los consumidores», señaló la patronal.

AOP también advierte de que los vehículos con tecnologías alternativas «hoy por hoy no están en paridad de coste» y su incorporación ha de realizarse «mediante subsidios en diferentes formas». AOP considera que «los recursos públicos son finitos y no se puede favorecer una tecnología frente a sus alternativas sin tener en cuenta el coste beneficio». «Elegir una tecnología determinada como la solución del futuro sería un gran error, ya que cada tecnología tiene que ser capaz de penetrar en el mercado por sí misma y por sus méritos», afirma, antes de advertir de que «los vehículos de emisiones cero de CO2 no existen», sino que son «puro marketing medioambiental».

Los operadores petrolíferos ven un «impuesto encubierto» en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética

Europa Press / EFE.- El director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, considera que el Fondo Nacional de Eficiencia Energética diseñado por el Gobierno es una «mala transposición de las directivas» europeas que, a efectos prácticos, funciona como un «impuesto encubierto». «Hay bastante coincidencia en los bufetes de los afectados», indicó Mazarrasa, que recordó que la regulación sobre el Fondo de Eficiencia «es una de las más recurridas por los agentes económicos del sector», que aportan más de 200 millones de euros anuales.

«Creemos que no es la mejor forma de mentalizar a la sociedad acerca de la necesidad del ahorro y la eficiencia. Los minoristas deberían ser los sujetos obligados, pero el Ministerio optó por la vía fácil, con lo que la señal de concienciación social queda diluida», señaló, antes de recordar que el sector petrolífero debe aportar el 50% del fondo. Mazarrasa hablaba así del fondo, creado en 2014 para desarrollar medidas de mejora de la eficiencia en diversos sectores, al que tienen que hacer aportaciones las comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos y los de gases licuados del petróleo al por mayor, cuyo reparto se hace en función de las ventas de energía de los sujetos obligados.

Mazarrasa señaló que los operadores petrolíferos están muy concienciados sobre la importancia de la eficiencia energética, pues en un sector donde el 60% de los costes de transformación son energéticos y en el que, si no se es eficiente, «estás muerto». Las órdenes ministeriales en las que se fija el reparto de aportaciones al fondo, ante las que el director general de la AOP dijo sentir «indefensión», son recurridas por empresas como Repsol, Engie (GDF Suez), Gas Natural Fenosa, Fenie Energías, Nexus, Viesgo, Grupo Villar Mir, BP, Repsol, Cepsa o Disa, entre otras. En su análisis de las denuncias, el Tribunal Supremo acordó plantear una cuestión prejudicial sobre la normativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, aseguró que las eléctricas han contribuido «de manera muy amplia» a los planes de ahorro y eficiencia, hasta el punto de que, en el periodo comprendido entre 2006 y 2017, han aportado 2.250 millones de euros. Montes se mostró partidario de avanzar en el desarrollo de iniciativas como las de empresas de servicios energéticos o programas adecuados de financiación de proyectos de este tipo.

Montes indicó que la eficiencia energética «es uno de los pilares fundamentales para la descarbonización de la economía», junto a las energías renovables, que el año pasado ya representaron el 39% de la producción de electricidad. Además, ha apostado por la electrificación de la economía en general», pero especialmente en el transporte, tanto en ferrocarril como en automóviles, para seguir avanzando en eficiencia en España.

También se anunció el lanzamiento, por parte del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, de una convocatoria de 220 millones de euros destinados a proyectos de ahorro y eficiencia energética, cuyos fondos provendrán en buena parte del Fondo de Eficiencia Energética, según el director de la división de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, Pedro Antonio Prieto. Prieto destacó la amplia acogida de la convocatoria anterior para el desarrollo de proyectos del mismo tipo, en la que se ofrecieron estímulos por valor de 200 millones de euros y que, en la mayor parte de los casos, se encontró con solicitudes muy superiores al importe de la convocatoria.

Dentro de la nueva convocatoria, 29 millones de euros se destinarán a actuaciones de alumbrado, que se sumarán a los 65 millones comprometidos en la primera convocatoria, en la que se presentaron proyectos valorados en más de 100 millones. El IDAE calcula que la media de estos proyectos de alumbrado, mucho de ellos relacionados por municipios, ronda el millón de euros, y que el ahorro energético alcanza tasas del 65%. En lo referido a actuaciones de carácter industrial, se prevé una convocatoria adicional de 64 millones, que se sumará a los 195 millones incluidos en el anterior programa de estímulos.

Otro de los ámbitos en los que se centrará la convocatoria será el de los edificios. Si la edición anterior estaba dotada con 200 millones, para los que se recibieron solicitudes por importe de 250 millones, en esta convocatoria las ayudas serán de 125 millones. En este caso, los proyectos incluyen ayudas a fondo perdido equivalentes a entre el 20%-30% del proyecto, mientras que el resto se articula a través de financiación en condiciones ventajosas.

Por otro lado, el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, aludió a la importancia de reducir la dependencia energética y se mostró partidario de incluir una nueva fiscalidad orientada al principio de que «quien contamina paga». También reclamó una transposición urgente de las directivas europeas sobre la materia y un «papel ejemplarizante» de las administraciones públicas. «Lo más eficiente al margen del ahorro es consumir lo nuestro, que es gratuito», señaló, en alusión a las renovables. Asimismo, apuesta por el autoconsumo eléctrico, pendiente de que se regule por ley en España.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez Palacio, defendió la cogeneración como tecnología caracterizada precisamente por su alta eficiencia. La cogeneración es «el calor de la industria» y ahorra un 2% de la energía del país, al tiempo que procura a nivel europeo el 10% de la electricidad y se desarrolla, en el caso español, en instalaciones que aportan el 20% del PIB. Joaquín Carrasco, presidente del Comité de Promoción del Uso del Gas (Prodigas), dependiente de la patronal gasista Sedigas, que ha recordado que sólo el 30% del territorio español está gasificado, ha señalado que los sistemas de calefacción por gas jugarán un papel importante en la mejora de la eficiencia energética.

Unesa pide «un gran pacto de Estado» que defina el camino hacia la transición energética y reducir la fiscalidad asumida

Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, ha pedido «un gran pacto de Estado» que defina el camino hacia la transición energética e insistió en pedir que la tarifa eléctrica recoja «exclusivamente» los costes del suministro eléctrico. Montes también pidió la eliminación de los impuestos a la generación, que producen «distorsiones», así como de los autonómicos de naturaleza pseudo-ambiental.

Además, el presidente de la patronal eléctrica señaló que también debe ser «muy importante» la contribución que el sector puede aportar a la elaboración de la actual normativa europea. En lo que se refiere al balance de 2016, Montes indicó que el consumo eléctrico creció en torno a un 0,6%, situándose en niveles de 2003 o 2004. No obstante, resaltó el saldo «netamente» importador por primera vez en 13 años.

Por su parte, el director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Alvaro Mazarrasa, calificó 2016 de un «buen año» para el sector, ya que la recuperación económica se reflejó en el consumo de productos petrolíferos. Así, indicó que las gasolinas repuntaron en 2016 por primera vez «en muchos años». De esta manera, el consumo se incrementó un 1,8% en 2016, con un crecimiento del 7% en los querosenos de aviación.

Mientras, el presidente-director general de Carbunión, Pedro Iglesia, calificó 2016 de un «annus horribilis» para el sector ya que, del carbón consumido en España, solo el 13% fue nacional, con un precio que cayó a mínimos históricos desde 2003. Sin embargo, Iglesia se mostró «moderadamente optimista para 2017» después de que en los últimos meses se registraran subidas del precio de importación del carbón y un repunte en la demanda.

La CNMC asegura que la caída del crudo llegaría mejor a los carburantes con más competencia

EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha asegurado que la entrada de más operadores en todos los segmentos del mercado de los carburantes haría posible que la bajada del precio del crudo se trasladara en mayor medida al consumidor final.

Según han indicado fuentes del regulador, la CNMC considera que las bajadas del precio del petróleo repercutirán en el precio de los carburantes en el surtidor en las próximas semanas, aunque la caída sería superior si existiera una «mayor competencia» y una «regulación eficiente» que permitiera la entrada de nuevos operadores. «Hay restricciones a la competencia que incrementan el precio al consumidor final respecto a lo que podría ser», matizan, una cuestión con la que no están de acuerdo las petroleras, que achacan la suave traslación de la caída del crudo al precio final al elevado peso de los impuestos.

La CNMC, que recuerda que no hay normativas comunitarias que regulen este sector, señala que en España no hay precios tan «eficientes» como deberían existir y como los que tienen otros países de su entorno, como Francia, Alemania o Reino Unido. Según apunta el organismo, el problema de fondo es que en países como Francia el litro de gasolina es casi 5 céntimos más barato que en España antes de impuestos, según datos de la Comisión Europea, aunque los precios al consumidor en España son menores porque los impuestos a los carburantes son más bajos.

CNMC pide actuar a CLH

Por ello, el organismo aboga por que la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) cuente con unas tarifas más eficientes que permitan la entrada de nuevos operadores en el mercado mayorista español y valora la entrada de nuevos actores en el mercado minorista, algo que ha favorecido una bajada en los precios. «La competencia es buena para el consumidor, para el sector público y para todas las empresa que usan gasolina y gasóleo como instrumento necesario para producir sus propios bienes. Perdemos competitividad como país por la falta de competencia», asegura la CNMC. Hay que recordar que el precio medio de venta del gasóleo de automoción en las gasolineras españolas bajó del euro por litro por primera vez en 6 años.

El director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, considera que los movimientos de la materia prima y de sus derivados «tienen reflejo casi inmediato en los precios en el surtidor». «Los consumidores pueden estar tranquilos. La competencia entre operadores hace que los precios se ajusten al precio del la gasolina y el gasóleo en el mercado internacional», subraya. No obstante, Mazarrasa reconoce que la bajada del precio del crudo no se traslada en la misma medida al precio final del gasóleo y la gasolina, algo que, a su juicio, está vinculado con el hecho de que el 55% del precio final son impuestos y el 15% corresponde a costes de distribución y almacenamiento.

La industria española del refino saca partido de las millonarias inversiones realizadas en plena crisis

EFE.- La industria española del refino afronta la actual coyuntura, marcada por unos precios bajos del crudo y una recuperación de la demanda, con la ventaja competitiva que le da haber destinado más de 6.500 millones de euros de inversión desde 2008 a modernizar sus instalaciones.

En lo que se puede definir como una apuesta a «contracorriente», fruto también de decisiones aprobadas en años de bonanza, las principales petroleras del país, Repsol y Cepsa, destinaron millonarias inversiones a mejorar sus plantas en unos años difíciles, cuando la nota dominante en Europa era el cierre y caía el consumo. «Un exceso de capacidad de refino provocó desde 2009 márgenes de refino muy estrechos y cierres de más de 15 refinerías, las menos competitivas, en Europa. Mientras en España habían acometido grandes inversiones para adaptarse al mercado», explican desde BP España, que también renovó sus instalaciones de Castellón.

«Ahora, con 9 plantas con una capacidad conjunta de destilación de 1,56 millones de barriles diarios, podemos presumir de tener el refino más competitivo de Europa», destaca el presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, quien recuerda las «alegrías» que da en la coyuntura actual este negocio especialmente intensivo en energía: el 60% de los costes de una refinería se van a esta partida.

La lógica de negocio es clara: con el petróleo barato mejoran los márgenes de las refinerías, las plantas donde se procesa el crudo para fabricar combustibles como gasóleos, gasolinas, querosenos, fuel oil, naftas y butano, entre otros; márgenes que se engloban dentro del negocio de downstream. Frente a esto, se complica la rentabilidad del negocio de la búsqueda y exploración de petróleo, el upstream. Eso se refleja en las cuentas de las petroleras, con Repsol como principal exponente en España.

La petrolera, que invirtió 4.000 millones en renovar sus refinerías de Cartagena, en el mayor proyecto industrial de España con 3.100 millones, y Bilbao, recoge en sus cuentas los frutos: en el primer semestre su negocio de downstream duplicó su resultado, un 115% más, hasta alcanzar los 973 millones de euros. «La posición del refino de Repsol, una vez finalizado su ciclo inversor, hace posible que la compañía, independientemente del escenario, pueda maximizar el resultado de este negocio», destacó Manuel Pérez Jurado, directivo de Repsol. El plan estratégico de la petrolera hasta 2020 tiene por objetivo generar, en el downstream, 1.700 millones de euros anuales de flujo de caja libre.

«El refino se ha convertido en el sostén de las cuentas de las petroleras integradas», coincide Mazarrasa. El impacto también se nota en el plano macroeconómico: las refinerías de España son desde 2012 exportadoras netas de productos con un saldo favorable en 2014 de 2,7 millones de toneladas, «una ayuda a la balanza de pagos», subrayan desde la AOP, que espera que la tendencia de precios moderados del crudo se mantenga en los próximos meses.

La clave estará cuando esta tendencia cambie. «Los márgenes de refino volverán a ser bajos al seguir sobrando capacidad de refino en Europa y competir con grandes refinerías en otras partes del mundo con costes laborales y medioambientales mucho más bajos. El reto es seguir mejorando para sobrevivir en escenarios de bajos márgenes», apuntan desde BP. Las últimas previsiones recogidas por Cepsa, que destinó unos 1.200 millones en la última década a renovar la refinería de Huelva y prevé invertir otros 1.200 millones en el refino hasta 2020, sitúan los márgenes de refino en Europa en torno a los 4 dólares a partir de 2017.