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El Gobierno lanzará un plan de incentivos para mejorar la eficiencia energética en empresas dotado con 307 millones de euros

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Europa Press.- El Gobierno lanzará un nuevo programa de incentivos para actuaciones de eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas (pyme) y la gran empresa industrial, dotado con 307,6 millones de euros provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética de 2018 y de remanentes de años anteriores.

El Ministerio para la Transición Ecológica lo comunicó en la Conferencia Sectorial de Energía, principal órgano de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de energía. El presupuesto de las ayudas cuenta, además, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Hasta el momento, el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial 2014-2020, que gestiona el IDAE, ha realizado dos convocatorias, dotadas respectivamente con 115 y 168 millones de euros.

Asimismo, la Conferencia acordó la propuesta de reparto de las ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), dotado con 45 millones de euros para 2019. En el encuentro también se informó de la próxima convocatoria de un programa de ayudas para proyectos singulares en materia de movilidad sostenible, que cuenta con 15 millones de euros, con lo que se eleva a 60 millones de euros la dotación para movilidad sostenible.

En concreto, el programa Moves está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo. Pueden ser beneficiarios de las ayudas profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.

Las comunidades y ciudades autónomas deberán ahora realizar la correspondiente convocatoria de ayuda en sus respectivos territorios. El presupuesto asignado deberá repartirse de acuerdo a los criterios establecidos. Así, entre un 20% y un 50% de la partida asignada irá a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30% y un 60% a la implantación de infraestructuras de recarga. De este último porcentaje, un mínimo del 50% ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida. Por otro lado, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer ente un 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar entre un 0% y un 10%.

El decreto también fija los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos, que oscilan entre los 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros. En paralelo, como incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible, se exigirá a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de 1.000 euros en la factura, excepto para cuadriciclos y motos.

En lo que respecta a los incentivos para vehículos de gas, se reservan para camiones y furgones. En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros. Finalmente, se fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.

En lo que se refiere a los 15 millones adicionales que el programa Moves dirige a proyectos singulares de movilidad sostenible en Ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación, municipios ubicados en islas o iniciativas de innovación en electromovilidad, el gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que en estos momentos se están preparando las bases del programa, que será gestionado por el IDAE en concurrencia competitiva a fin de poder incentivar proyectos piloto ambiciosos en las áreas descritas en la convocatoria.

El Gobierno destina 60 millones a la movilidad sostenible y da 5.000 euros para comprar un coche eléctrico

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Europa Press.- El Gobierno ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, dos planes, con un importe conjunto de 60 millones de euros, que se destinarán a favorecer la movilidad sostenible, mediante el incentivo a la compra de vehículos alternativos y de infraestructuras y también a apoyar proyectos singulares en ciudades patrimonio de la Humanidad o islas.

La primera línea, denominada Programa de Incentivos de Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), cuenta con una dotación presupuestaria de 45 millones de euros que irá a parar a ayudas a la compra de vehículos alternativos, así como a la instalación de infraestructuras de recarga de modelos eléctricos. Estos 45 millones de euros también servirán para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y para la puesta en marcha de medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo.

Esta partida fue consignada al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, presentados por el PP, y cuyos fondos no se habían activado. Los Presupuestos de 2018, que se encuentran prorrogados, contemplaban que el IDAE gestionaría 50 millones de euros para financiar ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, así como 16,6 millones de euros adicionales para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible gestionadas por el Ministerio de Industria,, que tampoco han sido aplicados.

Al mismo tiempo, se aprobó una línea adicional, con un importe de 15 millones de euros, que se orientará a proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad, así como en municipios con un alto índice de contaminación o ubicados en islas o a iniciativas de innovación en electromovilidad. Esta línea con 15 millones de euros proviene de una partida finalista, de 10 millones de euros asignada al IDAE en los Presupuestos de 2017 y que no fue ejecutada en su momento, y una segunda dotación de 5 millones de euros prevista en los Presupuestos de 2018.

A través del plan de ayudas aprobado por el Gobierno se subvencionará con 5.000 euros la adquisición de turismos eléctricos, mientras que los importes de los incentivos oscilarán entre los 700 y los 15.000 euros en función del tipo de vehículo y de sistema de propulsión. Además, se exige a las marcas automovilísticas o a los puntos de venta que realicen un descuento mínimo adicional de 1.000 euros a los clientes, excepto para las compras de cuadriciclos y motocicletas, mientras que las ayudas a los vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, «dado que las alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo».

Por otro lado, la puesta en marcha de puntos de recarga para vehículos y bicicletas eléctricas contarán con ayudas de entre un 30% o un 40% subvencionable, dependiendo del beneficiario, con un límite máximo de 100.000 euros. Además, la implantación de los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer entre el 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo puede contar con hasta un 10%. Estas subvenciones podrán cofinanciarse con fondos Feder, pero no son compatibles con otras subvenciones que tengan la misma finalidad.

Organizaciones contrarias a los combustibles fósiles critican que el Gobierno mantenga las ayudas a los vehículos de gas

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Europa Press.- Las organizaciones que forman parte de la red Gas no es solución denuncian la «incoherencia» del Gobierno de Pedro Sánchez por hacer declaraciones en favor de la descarbonización mientras mantiene las ayudas a los combustibles fósiles en el marco del plan MOVEA.

Para el colectivo, la decisión de mantener las ayudas a los vehículos de gas muestra la «incoherencia de un Gobierno que, mientras hace declaraciones en favor de la descarbonización de la economía, decide mantener el gas en la propuesta inicial del plan MOVEA». Así, piden al Ejecutivo que decida si está comprometido con los combustibles fósiles o bien con la lucha contra el cambio climático y critica la decisión del Gobierno de mantener las ayudas al gas en el transporte.

En concreto, exponen que el Ministerio para la Transición Ecológica prevé publicar el plan de ayudas MOVES, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que excluye a los turismos propulsados por gas para fomentar el uso de energías alternativas al petróleo en el transporte. Sin embargo, el Ministerio de Industria ha abierto una consulta pública previa a la publicación de un Decreto que prevé incluir en el plan de ayudas MOVEA vehículos de gas.

Por eso, Gas no es Solución pide al Gobierno coherencia en las políticas públicas y los gastos, así como a comprometerse en la lucha contra el cambio climático y dejar de destinar dinero público hacia un transporte basado en cualquier tipo de combustible fósil. En 2017 el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente encargó al IDAE la implantación del plan MOVALT, con un presupuesto de 21 millones de euros, de los cuales 10,6 se destinaron a vehículos propulsados por gas. Por su parte, el entonces Ministerio de Economía y Empresa gestionaba el plan MOVEA, dotado con 14 millones de euros.

En 2018 se preveía la fusión de todas las ayudas para adquirir vehículos de energías alternativas que gestiona el IDAE y que tenía un presupuesto de 66,6 millones de euros (50 para compra de vehículos, y 16,6 para infraestructura). Pero el plan VEA no llegó a publicarse entonces. La plataforma afirma que en 2019 ese dinero sigue presupuestado pero se ha vuelto al esquema de dos planes diferentes, el MOVES, que gestiona el IDAE, del MITECO y el MOVEA, que gestiona el Ministerio de Industria.

Para el colectivo, del que forman parte decenas de organizaciones contrarias al desarrollo del gas en España, los vehículos propulsados por gas no deben gozar de ningún tipo de ayuda pública, dado que estos vehículos constituyen un evidente paso atrás en la descarbonización del transporte. Así, consideran que junto con el petróleo y el carbón, el gas debe desaparecer «cuanto antes» del mix energético y advierte del potencial de calentamiento del gas, que es 86 veces superior al del CO2 en los primeros 20 años de prevalencia en la atmósfera.

En definitiva, denuncian que el Gobierno ha deshecho con una mano lo que hacía con la otra al lanzar el plan MOVEA, planteado por el Ministerio de Industria, que prevé conceder ayudas a las categorías de turismos, furgonetas y furgones, autobuses y autocares, motocicletas y cuadrociclos propulsados por gas, además de los propulsados por motores eléctricos y pilas de combustible.

Las organizaciones que forman parte de la red Gas no es solución son: 350 Bcn, Aliança contra la Pobresa Energètica, Amigos de la Tierra, Asamblea Ciudadana contra el Gas en Gran Canaria, Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur), Berriztu!, Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Equo, Equo Huelva, Ferrol-Cape, Fracking Ez, Fundación Renovables, Fundación Ecología y Desarrollo, Greenpeace España, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, No Més Gas,Observatorio Crítico de la Energía, Observatori del Deute en la Globalització, Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Plataforma Resposta al Midcat, Plataforma Salvemos Doñana, Podemos, SEO/BirdLife, Transport & Environment, WWF España y Xarxa per la Sobirania Energètica.

Pancartas contra la contaminación madrileña

Por otro lado, activistas de Greenpeace han llevado a cabo una acción en Madrid para denunciar la mala calidad del aire en la capital. Para ello colgaron pancartas sobre un panel de señalización variable en el enlace de la M-30 con la A-1 coincidiendo con la hora punta de tráfico de entrada a la ciudad. En las pancartas podía leerse Madrid se asfixia, 38.000 muertes al año por contaminación y No más coches, alertando del peligro para la salud pública en periodos de alta contaminación.

La entidad recuerda que la contaminación es un problema que va más allá del ámbito municipal y se ha referido concretamente a los casos de Coslada o Getafe que «han registrado niveles de polución por encima del límite fijado por la Unión Europea». «Mientras que medidas como el nuevo protocolo o Madrid Central han resultado efectivas en el interior de la ciudad, los accesos desde otros municipios siguen colapsados con un número excesivo de automóviles, tal y como estamos comprobando en la A-1″, explicó Greenpeace.

Con esta acción, Greenpeace ha querido recordar a las administraciones que la «restricción de los vehículos de combustible fósil es la medida más efectiva para frenar los niveles de contaminación en las áreas urbanas». Además, deben adoptar medidas concretas para potenciar el transporte público y reducir la contaminación provocada por la dependencia del coche. En este sentido, defienden la necesidad de aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y que los gobiernos autonómicos deben recuperen «la oferta de transporte público recortada durante la crisis económica, así como implantar billetes integrados que faciliten la intermodalidad entre los diferentes transportes».

El Gobierno socialista prevé 5.250 millones en políticas ambientales y energéticas para la Transición Ecológica en los Presupuestos

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Europa Press.– El Gobierno prevé destinar 5.250 millones de euros al Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento creado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que aglutina las políticas ambientales y energéticas. La suma presupuestaria supone un 2% más que las asignaciones que dispusieron durante 2018 los extintos departamentos de Medio Ambiente, que se incluía en Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Energía, que formaba parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

De aprobarse el proyecto de Presupuestos, presentado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, plantea una propuesta por la que el Ministerio para la Transición Ecológica dispondrá de un incremento en su dotación presupuestaria de 101 millones de euros, sobre todo debido al aumento de inversiones o a la creación del bono social térmico, un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables en lo que respecta a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, que asciende a 80 millones de euros. También «especialmente» a las actuaciones en materia de cambio climático, que tendrá un aumento de 50 millones para promover la estrategia de transición justa hacia una economía baja en carbono.

En lo relativo al ámbito energético, la mayor parte de las dotaciones se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema. Así, se consignan dotaciones para realizar determinadas aportaciones como las derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases y de los ingresos tributarios de la Ley de 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios extrapeninsulares, que suman 3.819 millones.

Por otro lado, el proyecto de Presupuestos consigna para 2019 una dotación de 300 millones de euros para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), por importe de 300 millones de euros, que se destinarán a impulsar la eficiencia energética y las renovables en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Transición a la economía descarbonizada

En cuanto al sector de la minería, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contará con unos recursos de 284 millones de euros, para dar continuidad a la política de reactivación de las comarcas mineras. El Gobierno destaca que el sistema energético inició un proceso de transición hacia un nuevo paradigma caracterizado por la descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores y un uso más sostenible de los recursos.

Asimismo, se apuesta por dar continuidad al programa de desarrollo industrial, dotado en 2019 con 31 millones, para estimular el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, así como a favorecer actuaciones de mejora de la sostenibilidad energética y medioambiental, como el plan MOVEA. Además, en el marco de las directrices europeas, se atenderá la sostenibilidad energética y medioambiental, dando continuidad al programa de ayudas para compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, del que podrán beneficiarse las instalaciones industriales que no pueden repercutir a sus clientes el aumento de los costes inducidos por el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea.

En cuanto a los ingresos por impuestos especiales, según las estimaciones incluidas en los PGE, el Impuesto sobre la Electricidad crecerá un 3,6% debido a los fuertes incrementos de precios en los últimos meses del año, cuando el impuesto alcanzó tasas superiores al 6%. En cambio, los ingresos por el Impuesto al carbón descenderán un 13% en 2018, condicionada por la elevada recaudación de 2017 a causa de la sequía.

El Gobierno incrementará los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicables al diésel por sus emisiones de NO2. No obstante, precisa que la tributación que recae sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufre variación alguna al objeto de mantener la competitividad en los sectores intensivos en su consumo. Además, «para garantizar una adecuada interpretación del ordenamiento interno conforme al Derecho de la Unión Europea», se introduce una exención en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

67 millones de movilidad sostenible

Los Presupuestos para 2019 recogen una nueva dotación de 67 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, lo que supone 400.000 euros más que en el ejercicio precedente. Este montante económico unifica las líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes en torno al Plan de impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas (Movea), con el que se concede ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL) y motos eléctricas.

Además, contempla la implantación de puntos de recarga en zonas de acceso público, siendo este último apoyo financiero a infraestructuras una de las novedades del programa respecto a los anteriores. A partir de 2017 también se incorporó el apoyo a los vehículos de pila combustible dentro del programa. La partida destinada a la movilidad eficiente y sostenible está dividida en dos partes. El Ministerio para la Transición Ecológica destinará 50 millones de euros, que estarán gestionados por el IDAE, mientras que el Ministerio de Industria, controlará 17 millones de euros.

El Ejecutivo destaca que el Plan Movea 2019 supone la continuidad en los objetivos y metodologías ya reflejadas en las dos anteriores convocatorias, «con las mejoras pertinentes como consecuencia de la experiencia adquirida en esas ediciones». La Unión Europea aboga por reforzar la competitividad y garantizar la seguridad energética mediante una diversificación de las fuentes de energía. Además ha fijado una reducción de emisiones de gases invernadero del 20% para 2020 respecto a niveles de 1990, y del 40% para 2030, con el objetivo de lograr una mejora de la calidad del aire en Europa.

En 2016 se unificaron las dos líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes (el PIMA y el Movele) en un solo programa: el Plan MOVEA, con el que se da desarrollo a, entre otras medidas, la Estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España 2014-2020. En el ámbito de esta estrategia, el Gobierno aprobó en diciembre de 2016 un Decreto de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y un Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte, enmarcándose ambas medidas dentro de la trasposición de la Directiva 2014/94/UE.

Los PGE para 2018, elaborados por el Gobierno popular y prorrogados por el PSOE, contaban con una partida de 66,6 millones de euros en concepto de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible como parte del Plan VEA que todavía no ha sido activada. Recogían 50 millones de euros para incentivar la compra de vehículos alternativos y 16,6 millones de euros para impulsar las infraestructuras. El secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, aseguró que el plan se lanzará en las próximas semanas a través del IDAE.

El sistema eléctrico cerró 2017 con un superávit de 150,5 millones mientras el déficit del sistema gasista alcanzó 24,7 millones

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Europa Press.– El sistema eléctrico arrojó en el 2017 un superávit de 150,5 millones de euros, según la cifra recogida en la liquidación definitiva del año de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), mientras que el sector del gas cerró con un déficit de 24,7 millones de euros.

Este excedente en el sistema eléctrico se debió, fundamentalmente, a unos costes inferiores a los inicialmente previstos de la retribución de la distribución, de la retribución específica de instalaciones de producción renovable y de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares, parcialmente compensados por unos ingresos externos a peajes inferiores a los inicialmente previstos. De esta manera, el sistema eléctrico acumula cuatro años consecutivos en superávit, desde 2014, en que sumó un excedente de 550,3 millones de euros. En 2015, el superávit del sistema eléctrico alcanzó los 469,3 millones de euros, mientras que en 2016 ascendió a 421,45 millones de euros. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros.

1.440 millones de superávit acumulado

De esta manera, acumulaba más de 1.440 millones de euros de superávit en esos tres ejercicios, aunque el año pasado el Gobierno ya acordó devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en 2015 y 2016, importe que ascendía a unos 500 millones de euros, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. Esa no es la única vez que se ha recurrido a este excedente de los últimos años, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica decidió traspasar 60 millones de euros procedentes del superávit eléctrico al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para instrumentar un sistema de ayudas a la instalación de plantas de generación renovable en territorios extrapeninsulares.

Además, también el actual Gobierno, en el decreto de medidas urgentes aprobado en octubre para combatir la subida del precio de la luz, aprobó, para mayor refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, introducir la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pueda ser aplicado a los desajustes de ingresos y gastos que se pudieran producir en 2018 y 2019.

En el caso del sector gasista, el déficit en 2017 fue de 24,78 millones de euros, lo que supuso una desviación negativa del 0,91% sobre la retribución acreditada del sistema. En esta liquidación definitiva se incluyen los pagos con origen en la compensación por la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo Castor, realizados con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2017 que anulaba estos pagos. Por otro lado, en la liquidación definitiva del 2017 están incluidos los 9 pagos ya realizados a los titulares del derecho de cobro de la deuda de Castor (Banco Santander, Bankia, Caixabank) hasta la publicación de la sentencia del Constitucional, que ascienden a un total de 60,49 millones de euros.

El Gobierno convoca ayudas por 80 millones para impulsar la instalación de más energía eólica en las Islas Canarias

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Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado una convocatoria de ayudas por un total de 80 millones de euros para la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología eólica situadas en Canarias. Según el Ministerio, con esta convocatoria, que será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se posibilitará la entrada de al menos 180 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad autónoma.

Las singularidades de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares respecto del sistema peninsular, derivadas fundamentalmente de su carácter aislado y su reducido tamaño, suponen mayores dificultades para la integración de la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. Con todo, el gabinete dirigido por Teresa Ribera valora que en Canarias se han venido realizando esfuerzos en los últimos años que han dado como resultado, por ejemplo, que la isla de El Hierro haya logrado autoabastecerse al 100% con energías renovables de forma puntual. Sin embargo, en 2016, el porcentaje de producción renovable se situó en las Islas Canarias en torno al 8%, frente al 40,2% de penetración renovable registrado en el sistema peninsular ese mismo año.

Por ello, con el objeto de avanzar en el cumplimiento de los objetivos comunitarios de uso de energías renovables, el Ministerio considera que resulta «imprescindible» la puesta en marcha de nuevas instalaciones en el archipiélago. «De esta manera, se contribuirá a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y a la reducción de emisiones de CO2», añade.

En concreto, la convocatoria ofrecerá subvenciones con cargo a FEDER que serán percibidas por el beneficiario, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución del proyecto, se certifique la inversión y la solicitud de pago sea aceptada por la Autoridad de Gestión FEDER. Al objeto de facilitar la financiación de los proyectos, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) podrá anticipar la totalidad de la ayuda.

El Gobierno traspasa 60 millones de euros del superávit eléctrico al IDAE para impulsar las energías renovables en las islas

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Europa Press.-El Ministerio para la Transición Ecológica traspasó 60 millones de euros procedentes del superávit eléctrico al presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para instrumentar un sistema de ayudas a la instalación de plantas de generación renovable en territorios extrapeninsulares.

Según la orden publicada en el BOE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como organismo encargado de las liquidaciones del sistema, transfiere 60 millones de euros al IDAE procedentes del superávit eléctrico. En la Ley de Presupuestos Generales de 2018 se recogía que, con efectos para ese ejercicio, se podrían convocar procedimientos para la concesión de ayudas a la inversión a partir de fuentes de energía renovables con cargo al superávit eléctrico, en proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos Feder y con una cuantía máximo con cargo al sistema eléctrico de 60 millones de euros.

Además, la norma establece que esta partida de 60 millones de euros cuenta con la posibilidad de ser incrementada con otros créditos disponibles del presupuesto de gastos del Ministerio para la Transición Ecológica y de la cofinanciación de los fondos comunitarios Feder. El importe se destinará a convocatorias de ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables en territorios no peninsulares. Los proyectos tienen que ser susceptibles de ser cofinanciados con fondos Feder.

Inminente Ley de Cambio Climático

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica se aprobará este mes. En su comparecencia ante el Pleno de la Cámara, Sánchez ha defendido que la «modernización» de la economía «pasa por el combate y la adaptación al cambio climático», y para ello ha asegurado que antes de acabar el año aprobará esta norma, con el fin de garantizar «una transición justa con las personas y los territorios damnificados».

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a aprobar algunos «aspectos urgentes» de esta normativa a través de un decreto ley, antes de la tramitación del texto como proyecto de ley en el Congreso. Según explicó, el Gobierno mantenía un debate interno sobre la «conveniencia» de anticipar «aquellos elementos más urgentes» y que estarán incluidos en la futura ley de cambio climático.

Unanimidad en el Congreso para pedir al Gobierno recursos para que el IDAE articule una estrategia «ambiciosa» de eficiencia energética

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Europa Press.- La Comisión de Transición Ecológica del Congreso apoyó por unanimidad una proposición no de ley del PSOE por la que reclaman al Gobierno recursos para el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) con el objetivo de aplicar una estrategia ambiciosa de ahorro y eficiencia energética, que se sitúe entre las prioridades de la política energética del país.

El texto, que ha contado con aportaciones de Ciudadanos y ERC, cuenta con una decena de puntos que buscan «el impulso de la eficiencia y el ahorro energético», según explicó el portavoz socialista en este debate, Marc Lamuà. Entre las medidas que se reclaman, destacan la petición al Ejecutivo para aprobar un plan estratégico que incluya actuaciones preferentes para viviendas habitadas por familias en situación de pobreza energética. Además, se propone impulsar en el medio plazo la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de planes de rehabilitación de vivienda y revisar las normas de edificación y rehabilitación, así como desarrollar instrumentos financieros específicos de apoyo e impulso a las empresas de servicios energéticos.

Asimismo, también pide fomentar cambios sustanciales en nuestra movilidad, apostando como una de las claves del ahorro energético en la movilidad sostenible, en la que el transporte público y el vehículo eléctrico juegan un papel fundamental. Del mismo modo, apuesta por reformar la regulación del autoconsumo para eliminar las barreras administrativas y económicas y apostar decididamente por las energías renovables para reducir el consumo energético.

Apuesta por la economía verde

Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley que pide al Gobierno a impulsar un plan para promover una transición hacia un estilo de vida sostenible, que tenga impacto sobre la educación, la economía y el sistema social. La propuesta, promovida por el grupo parlamentario socialista, ha sido aprobada después de haber pactado dos modificaciones de la propuesta para incluir las enmiendas de ERC y de Cs. Así, la primera señala que el plan deberá elaborarse de acuerdo con las comunidades autónomas a las que se dotará de fondos proporcionales y suficientes para aplicar estas políticas en sus territorios de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas.

Por otro lado, la iniciativa insta también al Gobierno a presentar cuanto antes un proyecto de ley de lucha contra el cambio climático y la transición energética, que remita a la Unión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y a aprobar la Estrategia Española de Economía Circular y que incorpore medidas dirigidas a fomentar una administración sostenible.

El portavoz socialista en la Comisión para la Transición Ecológica, Ricardo García Mira, cree que una respuesta institucional al reto de la sostenibilidad ha estado muy fragmentada hasta el momento y, a pesar de que se han promovido campañas de concienciación, hay «algunos aspectos aún controvertidos». Por ejemplo, señala que «no está claro» hasta qué punto los ciudadanos afrontan los retos ambientales con cambios de estilo de vida, algo que «exige introducir cambios en el diseño de los modelos económicos» si se quiere observar algún impacto en la vida cotidiana. «Como políticos y como sociedad no está claro que se estén creando mecanismos efectivos para promover la participación y la cooperación para una transición firme hacia la sostenibilidad», ha defendido.

Una movilidad con menos emisiones

Esta estrategia incluirá la renovación del parque móvil público por vehículos de emisiones nulas o reducidas; aumentar la compra pública inteligente y sostenible; la adaptación de edificios públicos al estándar de consumo energético casi nulo, la reducción de los residuos generados y aumento del reciclado, la reutilización de agua y reducción del consumo neto de agua. El plan para impulsar un nuevo estilo de vida sostenible debe incorporar un diálogo entre innovadores, investigadores y otros actores sociales, sobre todo de los grupos de interés medioambientales y de la economía, para poder poner en contexto el significado e impacto de distintos modelos económicos que se basen en la economía verde y otros modelos de crecimiento sostenible.

El plan deberá consultar también a las iniciativas que ya en la actualidad contribuyen a reducir el impacto ambiental en áreas de relevancia, como la movilidad o el consumo. Al mismo tiempo, este plan irá acompañado de un programa de apoyo e incentivos económicos de estas iniciativas empresariales de economía verde, sobre todo las más innovadoras y que tengan un mayor impacto social. También habrá de facilitar el conocimiento y la implantación de alternativas de estilos de vida sostenibles según las recomendaciones del Acuerdo de París contra el cambio climático.

También prevé una campaña de educación y concienciación ambiental sobre la necesidad de implicarse en estilos de vida sostenibles, que permita adquirir información veraz sobre el impacto negativo del actual comportamiento sobre el cambio climático y que refuerce la idea de la necesidad de cambiar de vida para responder al reto de la sostenibilidad. Igualmente, incluirá incentivos a la utilización de transporte público y a la creación de infraestructuras verdes que permitan el diseño de corredores verdes en las ciudades.

El Gobierno y Podemos pactan ayudas económicas “ininterrumpidas” para la movilidad eléctrica hasta 2020 y subir los impuestos al diesel

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Europa Press.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno estudia introducir la subida de impuestos al diésel en la próxima Ley de Cambio Climático y Transición Energética o en la de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Asimismo, el Gobierno y Unidos Podemos han pactado poner en marcha un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, «estable e ininterrumpido» hasta 2020, según recoge el acuerdo de Presupuestos.

Ventas vinculadas a las ayudas

El Ejecutivo y la coalición de izquierdas pretenden así evitar que las ventas de este tipo de vehículos se concentren en momentos determinados y/o que queden paralizadas hasta la aprobación de nuevos incentivos, como sucede en la actualidad. Según se detalla en el acuerdo presupuestario, el plan contará en 2020 con al menos el 30% de la mayor recaudación del impuesto del combustible de los vehículos diésel producida por el cambio normativo para dichas actuaciones.

Los Presupuestos de 2018 (aprobados por el PP) recogen 66,6 millones de euros de apoyo a la movilidad energéticamente sostenible y eficiente. El actual Ministerio de Industria es responsable de 16,6 millones, mientras que el de Transición Ecológica gestiona, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 50 millones de euros. Sin embargo, dicha dotación sigue pendiente de su aplicación.

Subir la fiscalidad del diésel

Por su parte, la titular de Hacienda ha subrayado que esta nueva fiscalidad del gasóleo no tiene un afán recaudatorio, sino que responde más a una medida protectora con el medio ambiente y la salud de las personas. «Se contemplará en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o en la de Presupuestos, dependiendo de la tramitación, aunque tampoco hay problema para que se haga en las dos», apuntó.

El impuesto al diésel que prepara el Gobierno supondrá un coste de 3,3 euros mensuales para el consumidor medio, es decir aquel que realiza unos 15.000 kilómetros al año, quedando excluidos profesionales que utilizan el transporte como medio de trabajo, entre ellos transportistas y taxistas. En concreto, la aportación por este tributo estará en torno a 38 euros cada mil litros, lo que significará esos 3,3 euros mensuales para los consumidores que tengan un perfil medio, una cantidad que Montero espera «que no tenga una repercusión importante para el consumidor».

Carmen Becerril sustituirá a Ignacio Grangel en la presidencia del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMEL)

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Europa Press.– Carmen Becerril, hasta ahora presidenta de la comercializadora eléctrica Fortia, abandonará la compañía para asumir la presidencia del Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, S.A., (OMEL), en sustitución de Ignacio Grangel.

La exdirectora general de Política Energética y Minas se incorporará a OMEL el próximo 17 de septiembre, según fuentes conocedoras del nombramiento.

Desde julio de 2011, OMEL se configura como una sociedad tenedora de acciones que posee el 50% de la sociedad gestora portuguesa OMI-Polo Portugués (OMIP), y la sociedad gestora española OMI, Polo español (OMIE), así como el 10% de la sociedad matriz portuguesa, OMIP-Operador do Mercado Ibérico (Portugal), mientras que OMIE asume la gestión del sistema de ofertas de compra y venta de energía eléctrica en el mercado spot de energía eléctrica en el ámbito del MIBEL.

Becerril cuenta con una amplia experiencia en el ámbito energético, en el que ha desempeñado distintas responsabilidades tanto en el sector público como en el privado. Así, en el sector público ha sido directora general del IDAE y directora general de Política Energética y Minas.

En el sector privado, fue directora de Consultoría en energía en PwC y entre 2005 y 2017 ha ejercido distintos cargos directivos en Acciona, como directora general de Recursos Corporativos o presidenta de Acciona Energía.

Además, a lo largo de su carrera profesional, ha sido miembro de distintos consejos de administración, entre los que cabe destacar los de Red Eléctrica de España (REE), CLH, Endesa o Acciona.