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Acogen, la patronal de la cogeneración, considera que los planes energéticos del Gobierno socialista propinan «un golpe mortal» al sector

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Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez Palacio, se ha mostrado en contra del borrador presentado por el Gobierno en materia de Energía y Clima (PNIEC), al asegurar que en lugar de promover la cogeneración y asegurar la eficiencia energética asociada a la industria, el plan le propina «un golpe mortal».

Pérez Palacio cree que el plan del Gobierno «no solo supone un varapalo al potencial de crecimiento de la cogeneración sino que contempla eliminar una de cada tres plantas de cogeneración asociadas a industrias calor-intensivas«, lo que generaría «una grave pérdida de competitividad de más del 5% del PIB industrial». Pérez Palacio asevera que «sorprende» que un plan, que debería promover más cogeneración para asegurar eficiencia energética a gran escala asociada a la industria, apuesta por darle un «tajo mortal».

Para él, el plan no ha considerado el rol de la cogeneración en las industrias calor-intensivas que necesitan grandes cantidades de calor y electricidad para fabricar sus productos y destaca que la cogeneración permite disponer de calor y electricidad «de la forma más eficiente, aportando beneficios económicos y medioambientales». Pérez Palacio ha explicado que el calor que necesitan estas industrias no puede electrificarse por razones técnicas y fundamentalmente económicas, ya que implicaría triplicar el coste, haciendo inviable la producción en estas industrias. Por ello, ha afirmado que «ningún país realista perdería su producción más eficiente».

Ecologistas quieren adelantar a 2040 la descarbonización de España pero ven como un punto de inflexión los planes del Gobierno

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Europa Press.- Mientras Acogen cree que el Plan de Energía y Clima es «incompatible» con un sistema eléctrico eficiente y competitivo, las organizaciones ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife han calificado de «poco ambiciosos» los objetivos del Marco Estratégico de Energía y Clima que presentó el Gobierno aunque, en todo caso, celebran que el paquete climático va en la buena dirección y supone un «punto de inflexión» en la lucha contra el cambio climático en España.

La coordinadora estatal de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, ha destacado que los mecanismos que se definen en la ley son correctos pero los objetivos son «poco ambiciosos«. «Necesitamos mecanismos mucho más ambiciosos que los de nuestros vecinos, porque vamos a sufrir mucho más las consecuencias del cambio climático», ha manifestado. Ruibal es «consciente», no obstante, de que este es el «mejor» anteproyecto de ley de cambio climático al que podían aspirar en este contexto. Entre los aspectos que ha desgranado, ve positiva la apuesta porque la electricidad sea de origen renovable, pero critica que los plazos del carbón y las nucleares son «demasiado extensos» y los riesgos que asume España son «muy altos».

En la misma línea, Ecologistas en Acción celebra que los nuevos objetivos suponen un avance pero advierte de que la planificación del Gobierno está «lejos de la ambición requerida y del impulso necesario» para la transformación necesaria ya que la descarbonización total «debería» alcanzarse en 2040. «El tiempo de la inacción se ha pasado. Solo una actuación decidida que consiga reducciones sustanciosas podrá atender las demandas de una transformación planetaria sin precedentes para frenar el cambio climático», comenta el responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz.

A su juicio, el calendario de cierre presentado para el carbón y la nuclear responde más a los intereses de las grandes compañías eléctricas que a los propios compromisos electorales del PSOE. Para Ecologistas en Acción es «inadmisible» la postura del PSOE y acusa al Gobierno de una «falta de valentía patente» por la ausencia de una fecha definitiva para el cierre de las térmicas.

Por su parte, Greenpeace respalda el marco estratégico de Energía y Clima porque «va en la dirección correcta» pero pide más ambición y critica que el proceso electoral paralice la necesidad de acelerar la transición energética. «Es la primera vez que España se plantea oficialmente un horizonte de cierre de sus centrales de carbón y nucleares«, celebra la ONG, que reclama objetivos más ambiciosos. Igualmente lamenta que el calendario de cierre nuclear se alargue «innecesariamente» una década más porque esto penaliza «gravemente» a la sociedad.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha señalado que el paquete climático es «una urgencia histórica por encima de cualquier batalla política». «Que España se proponga alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable es un triunfo de quienes en un principio demostramos que esto es posible y necesario, aunque necesitamos que se haga extensible a toda la energía, no solo la electricidad», ha manifestado Rodríguez que confía en que una vez se apruebe este paquete, España dejará de ser el «único» país de Europa sin fecha de abandono del carbón.

Sin embargo, también cree que no se debe retrasar el cierre de las centrales de carbón y las nucleares más allá de 2025 y que el sistema energético debería alcanzar la neutralidad de carbono en 2040. En todo caso, Greenpeace ve «imprescindible» medidas para que España se reenganche a la lucha mundial contra el cambio climático y «aproveche sus oportunidades».

“Buen rumbo” para la transición

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ve en la presentación del marco estratégico un «punto de inflexión de verdad» para el modelo económico de España. En este sentido, destaca que implica una «revolución» para todos los sectores económicos con un «cambio de rumbo» que lleva a España a ponerse «en el grupo de cabeza» de la lucha europea y mundial contra el cambio climático. «El barco de verdad empieza a girar en la dirección correcta después de mucho tiempo», confía Del Olmo que recuerda que hace aproximadamente una década Greenpeace lanzó una propuesta de un sistema energético 100% renovable en 2050. «Parecía entonces impensable y hoy está aquí», comenta.

Para el responsable de WWF, en este momento en el que España entra en un «torbellino electoral», es «imprescindible» que el cambio climático se respete como una política de Estado a largo plazo y que no sirva de arma electoral arrojadiza sino de motivo de consenso. «Ningún partido debería hacer de esto una lucha partidista porque la lucha contra el cambio climático puede ser una catapulta para el futuro de España. Es una superoportunidad, especialmente para las zonas despobladas», comenta.

Finalmente, aunque le gustaría que los textos tuvieran más ambición, un cierre más temprano del carbón y las nucleares, entre otras cosas, valora que poner todo ello sobre la mesa es un «salto cualitativo para una nueva era». «España poner a rodar la lucha contra el cambio climático con un papel de liderazgo tanto en la Unión Europea como a nivel global. Hay muchos detalles que nos gustarían de otra manera, pero este paquete supone pasar de un país anclado en las energías sucias a un país poderoso que se propone ser 100% limpio en 2050. Es muy ilusionante», concluye.

Por su parte, desde SEO/BirdLife, su directora ejecutiva, Asunción Ruiz, ha destacado que se está hablando «de una cuestión de Estado, muy por encima de cualquier diferencia política, territorial y sectorial» ya que «el marco que propone el Gobierno debería marcar un suelo para nuestra ambición y una prioridad absoluta para la próxima legislatura a todos los niveles del gobierno, y para todas las siguientes legislaturas hasta final del siglo». Por ello, han hecho un llamamiento «a un debate responsable e inclusivo en la consulta pública y en las campañas electorales, y a una movilización social masiva» ante este reto.

«Incompatible» con eficiencia y competitividad

Por su parte, la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) cree que el borrador del PNIEC es «incompatible» con un sistema eléctrico eficiente y competitivo e impide también que España mantenga su actual producción industrial, de exportaciones y de empleo. «El borrador no refleja en absoluto el supuesto acompañamiento al sector industrial y el marco de apoyo a la cogeneración en la industria al que aludía el Gobierno en su presentación de propuesta del plan», ha puesto de relieve la asociación.

Además, Acogen ha criticado que la propuesta «no sólo no aprovecha el potencial económico de cogeneración de alta eficiencia evaluado en España y Europa, sino que apunta un calendario de cierre de las cogeneraciones en funcionamiento (una de cada tres) totalmente incompatible con las políticas de eficiencia que promueve la Unión Europea«. En esta línea, ha alertado de que la eliminación de una de cada tres cogeneraciones podría conllevar «graves consecuencias» para la industria manufacturera y para la calidad del suministro eléctrico en los polígonos industriales, por lo que se pondría en «grave y directo peligro» la competitividad del 6% del PIB industrial español y más de 60.000 empleos industriales.

El sector de la cogeneración pide al Gobierno la extensión de la vida de las plantas hasta 2030

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Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez, exigió al Gobierno que actúe con celeridad y ponga en marcha las medidas anunciadas para la extensión de la vida de las plantas cogeneradoras hasta 2030 o hasta la implantación del nuevo Plan Renove, que está previsto en la Ley del Sector Eléctrico desde el 2013.

En los dos próximos años, 50 plantas de cogeneración llegarán al final de su vida útil y 99 industrias tendrán que tomar decisiones de inversión sin que exista un marco legal que haga posible su actividad y esas nuevas inversiones. Pérez calificó de «desastroso» este contexto, que en cinco años afectará a 250 plantas, algo que supondría perder «sus positivas» contribuciones a la eficiencia y acción climática, además de conllevar subidas en los mercados mayoristas de electricidad que repercutirían en los consumidores y en la competitividad de las industrias españolas.

Por ello, la solución propuesta por Acogen es mantener en operación las plantas hasta 2030, extendiendo la retribución actual de aquellas que llegan al final de su vida útil o hasta la llegada del nuevo Plan Renove, un programa que acumula un retraso de más de 5 años. Acogen también entregó su premio Cogeneración de Honor a Sedigas por su labor de apoyo y fomento a la cogeneración y en reconocimiento del «papel clave» del gas en la eficiencia energética, reducción de emisiones y competitividad.

Ribera ve necesario «repensar» el mercado energético, el sistema de fijación de precios y revisar “urgentemente” la normativa de renovables

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, manifestó en el Congreso que considera necesario «repensar» tanto el mercado energético como el sistema por el cual acaba fijándose el precio de la energía. Además, ha anunciado que revisará «de forma urgente» toda la normativa de renovables para facilitar su despliegue.

«Será necesario repensar el mercado, los sistemas de fijación de precios, la ordenación, la previsión del funcionamiento de los distintos actores, la entrada y salida de los viejos y nuevos», indicó durante su comparecencia ante la comisión del ramo en la Cámara Baja, a la que acudió para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Asimismo, ha apostado por «aprovechar el potencial de la digitalización» y de «los saltos tecnológicos», pendientes y consumados, dentro de los cambios que el Gobierno pretende introducir en el sistema energético.

En todo caso, la ministra avanzó que el Ejecutivo impulsará un «paquete de medidas urgentes» antes de la remisión de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que empezará a tramitarse durante este año. Entre estas medidas se encontrará una modificación del marco legal de la energía renovable con el fin de «revisar toda normativa que ha impedido su despliegue y la confianza» en España. Otras de las medidas también afectarán a la cogeneración, que Ribera ha llamado a «repasar y actualizar», y ha abogado además por reformar el autoconsumo, respecto al cual ha celebrado que exista una mayoría parlamentaria que busque «eliminar barreras administrativas que impiden su desarrollo«.

«Hemos de recuperar la confianza de los inversores en nuestro país. No es fácil, pero es importante. Necesitamos marcos previsibles, estables, respetuosos con las necesidades y la función que cada cual debe desempeñar en ese proceso de cambio«, manifestó la ministra, que insistió en «abordar el imprescindible cambio de modelo energético», para lo cual apuesta por dejar «de aplicar la política de la avestruz» y avanzar en la dirección marcada por la Unión Europea, «un eje de innovación y modernización».

Sin mencionar ninguna propuesta concreta, la ministra expresó la necesidad de revisar y replantear las funciones de los operadores del sistema, la comercialización y distribución, con el fin de estudiar «cómo reorganizar en un esquema de gobernanza de la energía que se corresponda con los tiempos actuales y no de hace 20 años» y que el Gobierno debe «ir introduciendo».

Ribera señaló que considera como «ventaja» que el sistema eléctrico español cuente con una capacidad de generación «tan grande», pues cree que permite «solapar razonablemente» la entrada y salida de actores, como un mayor peso de las renovables o el cierre de centrales, «sin que eso impacte, o minimizando el impacto al máximo, en cuestiones como la seguridad de un suministro de calidad y la estabilidad y la previsibilidad de cara a inversores y costes«.

En este sentido, ha indicado que estos costes «tienen mucho que ver con el marco que ordena cómo se establecen esos precios», por lo que ha apostado por «revisar en su conjunto» la regulación eléctrica, si bien a renglón seguido ha contenido su apuesta: «No sé hasta qué punto podremos avanzar en esa modificación de la Ley del Sector Eléctrico».

En todo caso, ha apuntado que estas modificaciones deberán abordar el funcionamiento del mercado, «quién y cómo se fija esa capacidad de tarifas, y qué y cómo se incorpora en la determinación que ha de contemplarse a la hora de reconocer costes». Precisamente, ha puntualizado que estos cambios no deberán realizarse al margen de los reguladores que, a su juicio, «han de evaluar, incorporar y señalar los costes que, con arreglo al marco regulatorio nacional, debe reconocer el sistema», así como sin tener en cuenta las directivas comunitarias ni «a capricho del ministro de turno«.

La cogeneración expresa su satisfacción

Por su parte, la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha valorado «muy positivamente» que la ministra Ribera haya aludido en el Congreso a la necesidad de revisar y actualizar la cogeneración como una de las cuestiones prioritarias. Para la patronal del sector, los cogeneradores necesitan una regulación que permita a las plantas continuar su operación al concluir su vida útil regulada y que fomente nuevas inversiones y, por ello, reclaman un nuevo marco regulatorio. «Centenares de industrias clave para el país no pueden seguir en esa injustificada incertidumbre sobre su futuro y el de las positivas contribuciones que realizan a los sistemas energéticos», explica Acogen.

Los cogeneradores piden al Gobierno que adecúe la regulación del sector para poder reinvertir y renovar las instalaciones

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EFE.- El presidente de la Asociación para la Promoción de la Cogeneración (Cogen), Julio Artiñano, ha reclamado al nuevo Gobierno una adecuación regulatoria del sector para que pueda hacerse el proceso de reinversión necesario, que tiene que pasar por la renovación de las instalaciones.

Artiñano ha indicado que el nuevo Ejecutivo tiene por delante hacer adecuaciones de la regulación eléctrica para que el país se adapte a los nuevos objetivos de eficiencia energética.

Julio Artiñano ha recordado que el sector de la cogeneración lleva años reclamando a los reguladores que se adopten medidas para que pueda haber una reinversión en el sector, que pasa por renovar instalaciones y también por que arranquen las que están paradas en espera de esa nueva regulación que les permita volver a hacer las inversiones necesarias.

El presidente de Cogen ha afirmado que en el sector de cogeneración están convencidos de que la adecuación de la normativa «se tiene que dar ya» para hacer frente al final de la vida de instalaciones que se va a dar hasta 2021 y a cubrir las necesidades de los que hicieron inversiones en cogeneración sin ver una compensación.

Ha añadido que el sector que va a tirar más en cogeneración es la industria, que supone el 90% de la cogeneración, y tendrá que hacer las inversiones que no ha podido hacer en los últimos seis años.

El director general de la Asociación Española de Cogeneración, Acogen, Javier Rodríguez, que ha intervenido en sustitución del presidente, Antonio Pérez Palacio, ha indicado que para España es bueno mantener y aumentar la cogeneración, pues ahorra en emisiones de CO2, en infraestructuras, tiene beneficios para el mercado eléctrico, ayuda a mantener la calidad de suministro en las zonas donde está implantada y mejora la eficiencia energética.

Por eso, se ha mostrado convencido de que «se van a tomar decisiones muy pronto» para adecuar la regulación de la cogeneración.

También Juan Antonio Alonso, de Cogen y que ha moderado una mesa redonda sobre transición energética y cambio climático, ha pedido un cambio normativo que propicie las inversiones en cogeneración y cuente con un marco para ello como tuvo anteriormente.

Los cogeneradores piden al Gobierno la continuidad de las plantas hasta 2030

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Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha reivindicado la necesidad de que el Gobierno dote a las plantas de un marco de continuidad hasta 2030. El presidente de Acogen, Antonio Pérez Palacio, explicó que ya durante este año 48 industrias cogeneradoras con 470 MW de potencia están en «plazos límite» para planificar anticipadamente y decidir las inversiones que aseguren su funcionamiento. En 2020, estarán en la misma situación 1.200 MW en otras 141 industrias, y en 2025 las cifras alcanzarán los 2.800 MW en más de 300 industrias.

Entre 2017 y 2025 el 60% del parque cogenerador finalizará su vida útil regulada, y Acogen ha advertido de que la ausencia de un marco para la continuidad congela inversiones en cogeneración y en ampliación de industrias. Según la asociación Acogen, los análisis coste-beneficio confirman que es más positivo y cuesta menos mantener en operación la cogeneración y seguir aprovechando sus contribuciones que dejarla cerrar por ausencia de un marco regulatorio y tener que pagar más cara la energía. En opinión de Acogen, sólo ya la gran contribución que supone la generación distribuida a los objetivos de eficiencia y ahorro de emisiones justifica su continuidad.

Sistema retributivo reconocido por Bruselas

La Comisión Europea constató recientemente la conformidad del sistema español de apoyo a las energías renovables, cogeneración y residuos con las directrices europeas de ayudas de Estado en materia de medioambiente y energías renovables. Acogen ha celebrado el expreso reconocimiento a la contribución de la cogeneración, que facilita las fórmulas para desarrollar el marco cogenerador, impulsando los objetivos de energía y cambio climático y preservando al mismo tiempo la competencia.

Los futuros incrementos de las interconexiones son otra razón más para extender la operación de las plantas, aportando estabilidad y seguridad al sistema eléctrico, según Acogen. La cogeneración es la térmica de base con alta eficiencia del futuro, puesto que abastece a la industria intensiva en calor. «La cogeneración es un agente clave para hacer la transición energética sin merma de la competitividad de la industria intensiva en calor», resaltó.

Los operadores petrolíferos ven un «impuesto encubierto» en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética

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Europa Press / EFE.- El director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, considera que el Fondo Nacional de Eficiencia Energética diseñado por el Gobierno es una «mala transposición de las directivas» europeas que, a efectos prácticos, funciona como un «impuesto encubierto». «Hay bastante coincidencia en los bufetes de los afectados», indicó Mazarrasa, que recordó que la regulación sobre el Fondo de Eficiencia «es una de las más recurridas por los agentes económicos del sector», que aportan más de 200 millones de euros anuales.

«Creemos que no es la mejor forma de mentalizar a la sociedad acerca de la necesidad del ahorro y la eficiencia. Los minoristas deberían ser los sujetos obligados, pero el Ministerio optó por la vía fácil, con lo que la señal de concienciación social queda diluida», señaló, antes de recordar que el sector petrolífero debe aportar el 50% del fondo. Mazarrasa hablaba así del fondo, creado en 2014 para desarrollar medidas de mejora de la eficiencia en diversos sectores, al que tienen que hacer aportaciones las comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos y los de gases licuados del petróleo al por mayor, cuyo reparto se hace en función de las ventas de energía de los sujetos obligados.

Mazarrasa señaló que los operadores petrolíferos están muy concienciados sobre la importancia de la eficiencia energética, pues en un sector donde el 60% de los costes de transformación son energéticos y en el que, si no se es eficiente, «estás muerto». Las órdenes ministeriales en las que se fija el reparto de aportaciones al fondo, ante las que el director general de la AOP dijo sentir «indefensión», son recurridas por empresas como Repsol, Engie (GDF Suez), Gas Natural Fenosa, Fenie Energías, Nexus, Viesgo, Grupo Villar Mir, BP, Repsol, Cepsa o Disa, entre otras. En su análisis de las denuncias, el Tribunal Supremo acordó plantear una cuestión prejudicial sobre la normativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, aseguró que las eléctricas han contribuido «de manera muy amplia» a los planes de ahorro y eficiencia, hasta el punto de que, en el periodo comprendido entre 2006 y 2017, han aportado 2.250 millones de euros. Montes se mostró partidario de avanzar en el desarrollo de iniciativas como las de empresas de servicios energéticos o programas adecuados de financiación de proyectos de este tipo.

Montes indicó que la eficiencia energética «es uno de los pilares fundamentales para la descarbonización de la economía», junto a las energías renovables, que el año pasado ya representaron el 39% de la producción de electricidad. Además, ha apostado por la electrificación de la economía en general», pero especialmente en el transporte, tanto en ferrocarril como en automóviles, para seguir avanzando en eficiencia en España.

También se anunció el lanzamiento, por parte del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, de una convocatoria de 220 millones de euros destinados a proyectos de ahorro y eficiencia energética, cuyos fondos provendrán en buena parte del Fondo de Eficiencia Energética, según el director de la división de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, Pedro Antonio Prieto. Prieto destacó la amplia acogida de la convocatoria anterior para el desarrollo de proyectos del mismo tipo, en la que se ofrecieron estímulos por valor de 200 millones de euros y que, en la mayor parte de los casos, se encontró con solicitudes muy superiores al importe de la convocatoria.

Dentro de la nueva convocatoria, 29 millones de euros se destinarán a actuaciones de alumbrado, que se sumarán a los 65 millones comprometidos en la primera convocatoria, en la que se presentaron proyectos valorados en más de 100 millones. El IDAE calcula que la media de estos proyectos de alumbrado, mucho de ellos relacionados por municipios, ronda el millón de euros, y que el ahorro energético alcanza tasas del 65%. En lo referido a actuaciones de carácter industrial, se prevé una convocatoria adicional de 64 millones, que se sumará a los 195 millones incluidos en el anterior programa de estímulos.

Otro de los ámbitos en los que se centrará la convocatoria será el de los edificios. Si la edición anterior estaba dotada con 200 millones, para los que se recibieron solicitudes por importe de 250 millones, en esta convocatoria las ayudas serán de 125 millones. En este caso, los proyectos incluyen ayudas a fondo perdido equivalentes a entre el 20%-30% del proyecto, mientras que el resto se articula a través de financiación en condiciones ventajosas.

Por otro lado, el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, aludió a la importancia de reducir la dependencia energética y se mostró partidario de incluir una nueva fiscalidad orientada al principio de que «quien contamina paga». También reclamó una transposición urgente de las directivas europeas sobre la materia y un «papel ejemplarizante» de las administraciones públicas. «Lo más eficiente al margen del ahorro es consumir lo nuestro, que es gratuito», señaló, en alusión a las renovables. Asimismo, apuesta por el autoconsumo eléctrico, pendiente de que se regule por ley en España.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez Palacio, defendió la cogeneración como tecnología caracterizada precisamente por su alta eficiencia. La cogeneración es «el calor de la industria» y ahorra un 2% de la energía del país, al tiempo que procura a nivel europeo el 10% de la electricidad y se desarrolla, en el caso español, en instalaciones que aportan el 20% del PIB. Joaquín Carrasco, presidente del Comité de Promoción del Uso del Gas (Prodigas), dependiente de la patronal gasista Sedigas, que ha recordado que sólo el 30% del territorio español está gasificado, ha señalado que los sistemas de calefacción por gas jugarán un papel importante en la mejora de la eficiencia energética.

Acogen asegura que el sector acometerá las inversiones «que hagan que el Gobierno confíe en la cogeneración»

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Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez Palacio, asegura que el sector va a presentar soluciones y a acometer inversiones que hagan «que el Gobierno confíe en la cogeneración». Pérez señala que mejorarán la eficiencia energética de 2.500 megavatios (MW) de cogeneración en funcionamiento y, posteriormente, considera que hasta 2030 se podrán añadir 1.800 MW de nuevas cogeneraciones, mayoritariamente en el sector terciario, que serán fundamentales para cumplir los objetivos nacionales de eficiencia energética.

Así, consideró que sería razonable desarrollar el 50% del potencial económico identificado hasta 2030, que supone implantar unos 250 MW adicionales de nueva cogeneración en la industria, y 1.550 MW de nueva cogeneración en el sector terciario. Además, Pérez insistió en que la cogeneración habla de soluciones con una fórmula «sencilla y factible» que propicia más eficiencia, menores emisiones y mayores ahorros. Pérez destacó que la cogeneración es un indicador del compromiso para lograr, con un marco propio, «mayores metas para que el país sigan contando con un aliado fiable con aportaciones tangibles a la reindustrialización, la eficiencia energética y la acción por el clima«.

Acogen recurre la orden con el recorte de 290 millones a la retribución de la cogeneración

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Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha presentado un recurso contencioso-admnistrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la orden ministerial en la que se fijan los valores retributivos a la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre.

En concreto, el Supremo ha admitido a trámite a mediados de este mes el recurso presentado por la patronal contra la orden ministerial, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El pasado mes de julio, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo aprobó la orden ministerial en la que se fijan los valores retributivos a la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre y que, según el sector, conlleva un recorte adicional a esta tecnología de 287 millones de euros.

La Ley del Sector Eléctrico, la 24/2013, contempla que, al menos de forma anual, se revisarán los valores de retribución a la operación para las tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, como es el caso de la cogeneración.

Acogen dirigió a comienzos de ese mes de julio una carta a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que le pedía que actuase y apoyase a la industria que cogenera y que, según sus datos, supone en España el 20% del PIB industrial que fabrica sus productos con cogeneración.

El borrador de la orden, en su fase de informe en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), suscitó un fuerte rechazo entre las empresas cogeneradoras y sus industrias asociadas por la envergadura del recorte adicional que comporta.

La cogeneración lamenta que el borrador de retribución no cumpla sus objetivos de reindustrialización

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Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) lamenta que el borrador con la revisión de la retribución a las renovables y la cogeneración en 2017 propuesta por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no incluya las propuestas reclamadas por el sector para impulsar la reindustrialización del país.

«Lamentablemente la nueva propuesta retributiva aplica el marco establecido sin incluir los ajustes que los cogeneradores venimos reclamando para lograr una retribución más razonable en línea con los estándares y objetivos europeos y con las necesidades de reindustrialización y eficiencia energética de nuestro país», afirma el director general de Acogen, Javier Rodríguez, en el último boletín de la asociación.

Rodríguez indica que el «ajuste razonable» que reclaman los cogeneradores parte de tres puntos que vengan seguidos de un plan de inversión. Estos puntos consisten en aplicar los estándares europeos de alta eficiencia, promocionar la competitividad del calor suministrado a las industrias a semejanza de la de otros países y subsanar la minusvaloración de los costes de mantenimiento.

De esta forma, señala el director general de Acogen, se crearía «un clima de confianza» sobre el que pueda ponerse en marcha el Plan de Renovación Tecnológica del sector, conocido como ‘renove’ y establecido en la Ley del Sector Eléctrico 24/2013. El Gobierno, indica, mantiene desde hace cinco años la «moratoria» sobre esta actividad.

«Los que conocemos y amamos la industria somos conscientes del lastre que supone un parón de un lustro para industrias que necesitan invertir para actualizar, mejorar, ajustar, flexibilizar y ganar competitividad en sus instalaciones de cogeneración», afirma, antes de urgir a Energía a tomar medidas para superar la «crudeza» de la situación actual.

Acogen califica de «terrible» para la cogeneración el balance del primer semiperiodo regulatorio 2013-2016. De las 1.067 plantas, entre el 35% y el 38% están paradas, al tiempo que el 25% de la potencia de cogeneración se ha detenido y se ha perdido entre el 15% y el 19% de su producción eléctrica.

Estas cifras, asegura, equivale a decir que la cogeneración ha dejado de producir con la reforma eléctrica un 2% de la electricidad nacional y minorado un 3% en la demanda nacional de gas natural.