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Las renovables aportaron 9.304 millones al PIB en 2017 y generaron puestos de trabajo gracias a las últimas subastas del Gobierno

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Europa Press. – El sector renovable contribuyó con 9.304 millones de euros al PIB español en 2017, representando el 0,8% de la economía nacional, y volvió a generar empleo, con la creación de 4.101 puestos de trabajo, impulsado por la reactivación que produjeron las últimas subastas de potencia ‘verde’ del Gobierno.

Específicamente, las renovables aportaron 1.089 millones de euros en fiscalidad neta y establecieron un nuevo récord de exportaciones, alcanzando los 4.564 millones de euros, que arrojó una balanza comercial positiva de 3.117 millones de euros, según datos del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España presentado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).

En otro sentido, ese aumento en el empleo, que estuvo principalmente afianzado en el crecimiento en las tecnologías eólica y solar por las subastas de renovables de 2016 y 2017, lleva la cifra del sector a los 78.667 puestos de trabajo, la más alta desde 2013. A este respecto, el director general de la asociación, José María González Moya, ha considerado que este incremento se mantendrá «el próximo año».

En relación a esto, González Moya ha apuntado que la transición energética podría representar para el sector energético unas inversiones de unos 100.000 millones de euros, de los que unos 30.000 o 40.000 millones de euros serían para las renovables, y una generación de empleo cercana a los 130.000 nuevos puestos de trabajo.

 

Descendieron los ahorros en el mercado eléctrico

Si se habla de los ahorros producidos en el mercado eléctrico por las renovables, en 2017 cayeron a prácticamente la mitad con respecto al ejercicio anterior, hasta los 2.584 millones de euros, debido a la menor producción renovable, principalmente hidráulica, así como al comportamiento de las nucleares francesas.

Así, el año pasado el precio medio del mercado eléctrico se situó en 52,24 euros por megavatio hora, mientras que de no haber tenido la aportación renovable en el mercado habría sido 10,23 euros por MWh más caro.

Un dato destacable es que las energías renovables evitaron en 2017 las emisiones de 56,85 millones de toneladas de CO2, valoradas en 332 millones de euros.

En otro sentido, APPA ha advertido que en 2017 España ha sufrido un cambio en la tendencia que se venía registrando en los últimos años y se «ha alejado» de los objetivos del 20% de renovables para 2020. Esto fue debido a  la baja producción hidráulica, consecuencia de la sequía que sufrió el país el pasado ejercicio, lo que lastró la generación renovable, que cayó un 16,4%, y que, al no haberse incorporado apenas nueva potencia ‘verde’ para sustituir esa disminución situó el porcentaje de renovables sobre energía final bruto en el 16,7%, «prácticamente en tasas del año 2012», ha asegurado González Moya.

Por su parte, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, ha insistido en la necesidad para el sector de contar con un marco regulatorio «estable» para acometer las inversiones y  una ha pedido una fiscalidad que recoja el principio de «quien contamina paga».

Respecto a la revisión que se aplicará a la rentabilidad razonable para el sector para el periodo regulatorio que se iniciará en 2020, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone que sea recortada a entre el 7,04% y el 7,18%, frente al 7,5% actual, Villarig se mostró «preocupado».

Sin embargo, el presidente ha mostrado su «esperanza» en que el actual Ejecutivo cumpla el compromiso de mantenerla que hizo previo a ser titular del Gobierno y cuando estaba en la oposición.

 

El sector renovable ve con esperanza el futuro tras el objetivo del 32% fijado a nivel europeo para 2030

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EFE.- Los promotores de renovables y las industrias ligadas al sector en España miran con esperanza al futuro tras el acuerdo alcanzado para que la cuota de renovables en la Unión Europea en 2030 sea del 32%, cuyo cumplimiento requerirá grandes inversiones.

Las renovables españolas encaran un horizonte más despejado después de los años de moratoria que el Gobierno del PP impuso a la instalación de nuevas renovables a partir de 2012 y que duró hasta enero de 2016, cuando se rompió con la convocatoria de una primera subasta de 700 megavatios (MW) a la que luego siguieron en 2017 otras dos.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea cerraron un acuerdo que superaba el conservador objetivo del 27% de renovables que defendían inicialmente los países pero que tampoco llegaba al 35% propuesto por la Eurocámara, aunque con la posibilidad abierta de que en 2023 se revise al alza. España e Italia, que estrenaron recientemente nuevos Gobiernos, fueron claves en el cambio de postura de los países, al defender unos objetivos más ambiciosos. También el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, veía factible ampliar la cuota renovable al 30%.

Según los datos facilitados por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) referidos a 2016, en España las renovables aportaron unos 8,5 millones de euros al PIB ese año, un 3,3% más que en 2015 al reactivarse algunos sectores tecnológicos por la celebración de las subastas de nueva capacidad. El sector de las renovables perdió, no obstante, en 2016 un total de 2.760 puestos de trabajo. Empleó ese año a 74.566 personas, cifra que es casi la mitad de las que trabajaban en 2008, cuando empleaba a 142.940 personas.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que apostó por el objetivo del 35% defendido por el Parlamento Europeo, destacaba al conocerse el acuerdo que se abría una gran oportunidad para los profesionales e industrias de un sector que tuvo que explorar nuevas vías fuera de España en los «momentos más duros de la crisis y la recesión antirenovable».

También agentes del sector esperan que la directiva de renovables dé un nuevo impulso ya que se requerirán inversiones para llegar a ese mínimo del 32% en 2030, aunque el objetivo sea vinculante a nivel comunitario. Por ejemplo en la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), su director general, José María González Moya, estima que el objetivo fijado del 32% podría suponer unas inversiones en España de entre 80.000 y 100.000 millones de euros.

En el sector, organizaciones como APPA o la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) confían en que la cuota de renovables para 2030 pueda verse ampliada al 35% en la revisión que se haga en 2023. Antes de ello, en España tienen que estar ejecutados los 8.000 megavatios (MW) renovables adjudicados en subastas y que deben estar terminados antes de finalizar 2019 y con los que el anterior Gobierno consideraba que prácticamente alcanzaría el objetivo de 2020 de que las renovables sean el 20% del consumo final de energía en el país.

La concentración en poco espacio de tiempo de la ejecución de todas esas instalaciones va a poner a prueba la capacidad del sector en España, aunque la ministra para la Transición Ecológica espera que se cumpla el objetivo del 20%. No obstante, ha subrayado que habrá que repasar con detalle en qué situación está España y detectar las «lagunas» que habrá que cubrir en un plazo «relativamente corto» para cumplir con los objetivos a 2020.

Iberdrola celebra el acuerdo europeo de renovables y la patronal APPA habla de una inversión de 100.000 millones en España

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Europa Press / EFE.- El director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, augura que la cuota del 32% de renovables que fijó la Unión Europea para 2030 podría suponer unas inversiones en España de entre 80.000 y 100.000 millones de euros. Por su parte, Iberdrola ha aplaudido «la ambición» demostrada por los países europeos y considera que representa una «muy buena noticia para la industria y la economía española y europea».

La energética también valora el compromiso de los países para «desplegar mecanismos y decisiones concretas» para avanzar en el proceso de descarbonización y electrificación de la economía y aprovechar «todas sus oportunidades». Subraya que con este acuerdo, alcanzado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea sobre la directiva de renovables, «se abren nuevas oportunidades en términos de generación de empleo y riqueza en un sector en el que las empresas españolas y europeas están muy bien posicionadas«.

Además, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán considera que el objetivo mínimo del 32% de energía renovable para 2030 es «alcanzable y está sustentado en la evolución que han experimentado las tecnologías renovables, que ha hecho posible disponer de una energía competitiva, segura y asequible«. Para Iberdrola, decisiones como esta «permiten actuar contra los efectos del cambio climático, apoyar una transición justa y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que se reduce paulatinamente la dependencia energética exterior de nuestra economía».

APPA ve bien el objetivo

Al margen de la millonaria inversión prevista en España, González Moya ha indicado que para APPA el acuerdo es una «muy buena noticia», así como que se haya conseguido antes de que cambiara la presidencia de la Unión Europea, que actualmente ostenta Bulgaria. El responsable de APPA ha considerado un «éxito» la negociación, aunque cree que se podía haber sido «un poquito más ambicioso», ya que el 32% acordado se sitúa entre el 27% que pedían inicialmente los países y el 35% que reclamaba la Eurocámara, si bien en 2023 podrá ser revisado al alza.

Por eso, ha señalado que APPA está «razonablemente» satisfecha con el acuerdo y ha añadido que ahora habrá que ver cómo se asume por los países ese objetivo medio de un mínimo del 32% para la Unión Europea en 2030, para lo cual habrá que esperar a los planes nacionales de energía y clima que los países tendrán que presentar antes de que acabe el año. No obstante, ve esa cuota como un «buen empujón» para la industria nacional de renovables, pues a partir de ahora todo lo que se haga en energía será renovable.

«Insuficiente» para la Fundación Renovables

Por su parte, la Fundación Renovables ha valorado «el esfuerzo negociador» del Parlamento Europeo para aumentar el objetivo de renovables al 32% para 2030, desde la propuesta de partida «ridícula y exigua» del 27%, aunque ha considerado que el acuerdo finalmente adoptado por el trílogo se trata de «una meta poco ambiciosa e insuficiente para combatir el cambio climático y la dependencia energética en la Unión Europea». La Fundación señala también que, al no ser un objetivo vinculante, cada Estado puede aumentar el porcentaje indistintamente de esta meta, «ya que al final lo que contará es un cómputo de la cobertura con renovables en el conjunto de la Unión Europea».

En este sentido, considera positivo que el texto aprobado por el trílogo introduzca una cláusula de revisión exclusivamente al alza en 2023. Asimismo, insiste en que es «imprescindible» actuar sobre la demanda electrificándola de manera generalizada y en un objetivo de que el 80% de la electricidad en España se genere con renovables para el 2030, lo que permitirá cumplir el objetivo acordado en la Unión Europea de alcanzar el 32% de cobertura de demanda final de energía prácticamente sólo a través del consumidor eléctrico.

2021 sin cargos al autoconsumo

Por otra parte, la Fundación Renovables aplaude que el texto de la revisión de la directiva de renovables incluya la eliminación de los peajes de acceso (cargo fijo y cargo transitorio), el impuesto al sol que en España se aplica a las instalaciones de autoconsumo mayores de 10 kW, si bien abre la puerta a un posible establecimiento a futuro de un peaje para autoconsumos de más de 25 kW.

Además, la Fundación Renovables agradece la labor realizada por el eurodiputado José Blanco, ponente de la propuesta de revisión de directiva de renovables del Parlamento Europeo, así como el trabajo desempeñado por el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Finalmente, valora «el último impulso» que ha supuesto el cambio de posicionamiento del Gobierno con la incorporación de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Las asociaciones de renovables esperan que los grupos parlamentarios elaboren una norma que acabe con la revisión retributiva de 2020

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EFE.- Asociaciones de renovables esperan que, pese a que se haya rechazado en el Senado una enmienda del PP para que no se revise la retribución a las instalaciones renovables de menos de 300 kilovatios (KW), en el futuro salga adelante una medida similar y que afecte a todas las plantas.

La Mesa de la Comisión de Presupuestos rechazó esa propuesta del PP por un defecto de forma, al considerar que las enmiendas a los Presupuestos sólo pueden modificar ésta y no otras normas, como sería la Ley del Sector Eléctrico. En este sentido, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha indicado que espera que en el futuro salga adelante una propuesta «más completa» y que no afecte sólo a instalaciones de menos de 300 KW pues «se tiene que devolver la seguridad jurídica a todos».

También el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, José María González Moya, ha considerado una «lástima» que haya sido ahora cuando el PP defienda lo que ha venido siendo una demanda del sector. González Moya ha señalado que el sector pide que se respete la rentabilidad razonable, que, según la vigente Ley del Sector Eléctrico podría revisarse para el sexenio que comenzará en 2020 para todas las instalaciones y no sólo para las de menos de 300 KW. Moya ha pedido al PP que se ponga de acuerdo con el resto de partidos para poder sacar una iniciativa que garantice y mantenga sin cambios la retribución para todas las plantas.

La Ley del Sector Eléctrico introdujo las revisiones de los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución y producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran régimen retributivo. La ley establece que los parámetros se fijarán teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para dichas actividades por períodos regulatorios con una vigencia de 6 años. Los parámetros pueden revisarse antes del comienzo de cada período regulatorio y, si no se hace, quedan prorrogados para todo el período siguiente.

La ley preveía que en la revisión de cada período regulatorio se podrían modificar todos los parámetros retributivos y, entre ellos, el valor sobre el que girara la rentabilidad razonable en lo que reste de vida regulatoria de las instalaciones. La enmienda del Grupo Popular establecía que no sería revisable el valor sobre el que girará dicha rentabilidad para las instalaciones que, a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, tuvieran una potencia de menos de 300 KW y reconocida retribución primada.

Además, modificaba uno de los apartados de la Ley del Sector Eléctrico, que establecía que la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida regulatoria de la instalación girará sobre el rendimiento medio de las obligaciones del Estado a 10 años en el mercado secundario, incrementada en 300 puntos básicos. La enmienda del PP añadía a esa disposición que ese valor no sería revisado durante la vida útil de las instalaciones que tuvieran una potencia inferior a 300 KW.

Si se aplicara la fórmula contenida en la disposición, como era partidario el exministro de Energía, Álvaro Nadal, para el período regulatorio que comienza en 2020, la actual rentabilidad, del 7,4%, se quedaría en estos momentos en torno al 4,5%, por el descenso del interés del bono a diez años. La otra enmienda rechazada perseguía la supresión de la figura del gestor de carga para prestar servicios de recarga a vehículos eléctricos, y establecía que cualquier consumidor pudiera prestar el servicio cumpliendo los requisitos técnicos y de seguridad exigidos, con el fin de facilitar el despliegue de puntos de recarga y fomentar la movilidad eléctrica.

El sector de las renovables desea alcanzar un gran consenso sobre el futuro mix energético para avanzar en la descarbonización

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EFE / Europa Press.- El director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, cree que «estaría bien» que hubiera cierto consenso en el país para decir a que mix energético se quiere ir y que «no sólo sea fruto de un Gobierno que dure un año o dos, o los que sea».

González Moya ha señalado que espera también que el Gobierno tenga dentro de sus prioridades el problema de la dependencia energética en España, que ha recordado que nunca ha estado en el debate político y cuesta «muchos millones» al año, al tiempo que ha advertido de que España seguirá teniendo ese problema, pues no tiene gas ni otras fuentes de energía autóctonas, sólo las renovables. Por eso, alerta de una excesiva gasificación de la economía durante el proceso de transición energética, pues aunque el gas puede ayudar a cumplir los objetivos ambientales, puede perjudicar la consecución de los objetivos macroeconómicos.

En este sentido, ha recordado que el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, cifró en 6.000 millones de euros el coste que tendría para el país una subida de los precios del petróleo. Ha señalado también que España tiene que sustituir la generación con carbón y la de las centrales nucleares, que los socialistas proponen clausurar a los 40 años. González Moya reconoció que en España se han cometido errores en renovables «derivados de decisiones políticas», pero también en el gas, con una sobrecapacidad del sistema que hace que no se utilice en su totalidad.

El director general de APPA señaló que la eólica «será fundamental en la transición energética, al haber alcanzado su competitividad con los precios actuales de mercado». Así, González Moya valoró que el potencial que tiene España en términos de recurso, tejido industrial o capacidad exportadora «la convierten en una de las principales protagonistas del sector energético durante la próxima década».

Ha criticado también el parón que le supuso a la industria renovable la moratoria que aprobó el anterior Gobierno y ha dicho que «es un milagro que el sector siga vivo y siga exportando tecnología y conocimiento, y que sea un sector netamente exportador«. También considera «un error y un desastre» que no haya una planificación en la implantación de nuevas instalaciones renovables y que, con las subastas que se hicieron en poco espacio de tiempo, vaya a hacerse en año y medio lo que no se hizo en 6.

Por su parte, el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, consideró que los próximos años supondrán «una revolución para el sector de la energía desde el punto de vista de la producción y el consumo». De esta manera, indicó que, con la puesta en marcha de 5.000 megavatios (MW) de nueva potencia eólica en 2020, las emisiones del sector eléctrico podrían disminuir en un 13% para entonces respecto a 2017.

Por ello, afirmó que a medio y largo plazo es necesario establecer unos objetivos de futuro acordes con el reto de descarbonizar el consumo energético español, y planificar el despliegue de las energías renovables. «Para lograr una transición energética y cumplir con nuestro compromiso con el Acuerdo de París, es urgente tomar medidas en aquellos sectores que pueden reducir sus emisiones como el sector eléctrico, pero también el sector transporte y el residencial. En este sentido, la electrificación tanto del transporte como de la climatización tienen que empezar a avanzar con solidez«, añadió al respecto.

Asimismo, Márquez cree que España tiene que decidir qué posición quiere tener en el mercado mundial de las renovables: lo que «hay que ver es si España quiere ser comprador de tecnología o un desarrollador y constructor de tecnología«. En su opinión, «pagar curvas de aprendizaje bien planificadas» es beneficioso y una de las consecuencias es que en España la energía eólica es la segunda tecnología del mix energético, es sostenible y gana en competitividad.

Márquez se ha referido a los retos que tiene por delante la sociedad en el ámbito energético y, entre ellos, ha señalado que el del operador del sistema o el Ministerio tiene que ser ver qué medidas se necesitan para que la transición sea viable, con políticas de innovación e industriales que aseguren que los objetivos pueden conseguirse en un número determinado de años. No obstante, ha señalado que el gran reto será que los consumidores de energía cambien su modelo para consumir mayoritariamente electricidad.

Márquez, que ha señalado que por ese motivo los grandes ayuntamientos tendrán un papel más determinante que los gobiernos, también indicó que lo de las renovables «ya no es sólo cuestión de los históricos» de este sector. En este sentido, recordó que la petrolera Cepsa en sus perspectivas energéticas a 2030 es la que dio mayor de previsión de crecimiento a la eólica dentro de los numerosos estudios que se han hecho sobre transición energética.

Márquez concluyó que para que la eólica se siga desarrollando hace falta que no haya cambios legislativos que se trasladen a riesgos en la inversión, que las subastas de renovables cuenten con mecanismos que luego permitan a los adjudicatarios acudir a entidades a financiarse, así como con mecanismos de estabilidad que garanticen un rango de ingresos. También espera que en España haya una regulación más sencilla y que se introduzcan cambios en el mercado eléctrico.

APPA ve “desafortunado” el concepto de impuesto al sol puesto que transmite que los cargos establecidos hacen inviable al autoconsumo

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Europa Press.- APPA Renovables ha lanzado una sección de Autoconsumo, que agrupa a 8 empresas fundadoras y busca conseguir mejoras en la regulación y «desmitificar ideas preconcebidas para que el autoconsumo se desarrolle correctamente en España«. En concreto, esta nueva sección de APPA Renovables cuenta como socios fundadores con las compañías Ampere Energy, Bornay, Contigo Energía, GAMO Energías, GFM Fotovoltaica, Grupo JAB, Nexus Energía y Yingli Solar.

La asociación indicó que APPA Autoconsumo busca «huir de una confrontación política que se ha trasladado a la sociedad, dañando la imagen de esta modalidad de generación renovable». El director general de APPA Renovables, José María González Moya, señaló que «el desafortunado término impuesto al sol ha trasladado a la opinión pública que el autoconsumo no es viable y esto ha perjudicado sustancialmente su desarrollo«.

Las energías renovables aportaron 8.511 millones de euros al PIB en 2016 y abarataron el sistema eléctrico en 10 millones

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Europa Press.- El sector renovable contribuyó con 8.511 millones de euros al PIB nacional en 2016, un 3,3% más que en 2015, fruto de una mayor actividad ligada fundamentalmente a la puesta en marcha de nuevas subastas, como la realizada el año pasado de 500 megavatios (MW) de eólica y 200 MW de biomasa, y el anuncio de las nuevas subastas que ya se realizaron este año.

Presentando el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), el director general de la asociación, José María González Moya, señaló «la paralización» que sufrió el sector en 2016, en el que la potencia permaneció prácticamente estancada, con solo 43 nuevos MW. En el periodo, el sector aportó 1.000 millones de euros en fiscalidad neta y mejoró su balanza comercial con un saldo exportador neto de 2.793 millones de euros, según datos del informe.

Por su parte, el empleo, al contrario que el PIB, sufrió un retroceso y se situó en 74.566 puestos de trabajo, 2.760 menos que el año anterior, situándose en su nivel más bajo de empleos en toda la serie analizada, con un descenso cercano al 50% respecto al 2008, cuando el sector empleaba a 142.940 trabajadores. Este descenso se debió al «fuerte» ajuste de los empleos de las instalaciones en funcionamiento, derivado de la reforma eléctrica y, particularmente, en las tecnologías más asociadas a la bioenergía, más intensivas en empleos.

Ahorraron 10 millones al sistema

En lo que se refiere a los ahorros producidos en el mercado eléctrico por las renovables, ascendieron a 5.370 millones de euros, cifra superior a la retribución específica percibida de 5.360 millones de euros. Además, evitaron la emisión de 52,2 millones de toneladas de CO2, lo que supuso ahorros en derechos de emisión por valor de 279 millones de euros. Este valor fue anormalmente bajo debido al descenso del 30% en el precio de la tonelada de CO2, indicó APPA.

Por otra parte, la asociación se mostró especialmente crítica con la normativa que establece la retribución para el sector ya que en el primer semiperiodo regulatorio, finalizado en 2016, se han perdido 574 millones de euros «que no se recuperarán nunca». «Creemos que es necesario mejorar los marcos normativos», aseguró el presidente de APPA, José María Villarig, quien recalcó que la reforma energética que se llevó a cabo en 2013 «fue injusta y recayó sobre unos más que sobre otros». Además, Villarig se ha mostrado confiado en que se ganará el recurso presentado contra el impuesto del 7% sobre la generación. «No es un tema defendible y acabáremos ganando», auguró.

En lo que respecta al autoconsumo, APPA mostró su sensación de que se producirá un cambio en el actual marco normativo por parte del Gobierno que permita su desarrollo. Así, González Moya destacó que en las conversaciones con el Ministerio de Energía se traslada el mensaje de que en autoconsumo «hay algunas condiciones de mejora, especialmente en temas administrativos». Finalmente, respecto a la posibilidad de una integración con la patronal eléctrica Unesa, Villarig subrayó que «no piensan en procesos de fusión, otra cosa es que podamos hablar y haya reivindicaciones del sector que sean confluyentes».

La patronal renovable APPA pide en la Ley de Transición Energética una fiscalidad que penalice a las tecnologías más contaminantes

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Europa Press / EFE.– Mientras el Grupo Español para el Crecimiento Verde propone un decálogo para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera necesario que la futura legislación introduzca una fiscalidad que penalice las tecnologías más contaminantes y beneficie a la generación renovable. La patronal considera que, hasta el momento, la fiscalidad energética recae en mayor parte sobre las tecnologías renovables «con una finalidad recaudatoria y no dirigida a favorecer la transición energética».

Esta petición está recogida en la contribución que presentó APPA a la consulta pública de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Las externalidades de las energías han de ser tenidas en cuenta, hasta ahora no se han dado señales de precio ni fiscales que reflejen cuál es el impacto real de las tecnologías contaminantes más perjudiciales para el medioambiente», indicó el director general de APPA Renovables, José María González Moya, quien subrayó que «si se hubiera establecido una fiscalidad que recogiese el principio de que quien contamina, paga, el desarrollo de las renovables habría sido una consecuencia directa de los propios mercados».

Por otra parte, APPA considera que la normativa debe establecer un marco regulatorio «estable y predecible» que permita acometer la transición energética y pide que se contemple un escenario de protección para las inversiones en renovables «para que no se repitan errores del pasado y los cambios legislativos retroactivos». En este sentido, la entidad considera que «se deben abordar los sectores difusos», estableciendo metas vinculantes, ambiciosas y alcanzables en climatización y transporte, «para que no se vuelquen todos los objetivos en el sector eléctrico», pues consideran que los esfuerzos deben ser distribuidos «de forma proporcional» entre los diferentes sectores económicos «para no perjudicar a ninguno«.

Por ello, APPA ha solicitado una planificación energética vinculante que contemple la entrada de nueva generación renovable y un calendario de cierre de centrales que sea compatible con los objetivos de reducción de emisiones. La asociación también ha resaltado la necesidad de que la futura ley produzca una armonización territorial y de las administraciones públicas «que evite la doble imposición y que existan diferentes situaciones según las distintas comunidades autónomas». La consulta previa de la Ley tiene el objetivo de que la preparación de esta norma recoja el mayor número de propuestas de los diferentes sectores de la sociedad para la elaboración de la legislación.

Un decálogo para la Ley

La descarbonización de la economía española en el horizonte de 2050 o la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte son algunas de las propuestas que el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) ha presentado en su decálogo para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así, las empresas que componen la entidad han reclamado la creación de un órgano de la Administración que se encargue de coordinar todo el proceso de elaboración de esta Ley.

Además, el GECV ha solicitado un reequilibrio del marco fiscal basado en el principio de quien contamina, paga, que promueva la acción climática de forma eficiente al mínimo coste y que contribuya, a través de la recaudación, a financiar el cumplimiento de los objetivos propuestos. En este sentido, el grupo ha solicitado que se aplique «un gravamen relacionado directamente con el nivel de emisiones de dióxido de carbono», para así asegurar «un reparto equilibrado del esfuerzo en materia de mitigación de manera viable y proporcionada».

De igual forma, considera indispensable la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte, el fomento del uso de vehículos menos contaminantes con un aumento de la electrificación del los vehículos, con energía de origen renovable y un mayor uso de combustibles alternativos de bajas emisiones. Asimismo, «la Ley deberá incorporar la creciente concienciación de los mercados financieros internacionales sobre riesgos asociados al cambio climático por su impacto sobre los estados financieros» y por la necesidad de «mayor transparencia y dinamismo» en este ámbito.

En sus propuestas el GECV también ha subrayado que la transición energética requiere de «un marco estable y predecible» para la inversión privada, «necesario para incentivar el esfuerzo inversor para el proceso de descarbonización«. Por ello la entidad se presenta como interlocutor de referencia del sector empresarial con las administraciones públicas, así como con las asociaciones empresariales y profesionales, ya que «las oportunidades económicas y de inversión deben pasar por la participación de los agentes implicados, para generar alianzas público-privadas».

El Supremo admite a trámite el recurso de APPA contra la orden que revisa los parámetros retributivos a las renovables

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra la orden ministerial de actualización de los parámetros retributivos de las instalaciones de energías renovables para el semiperiodo regulatorio 2017-2019, que comenzó el 1 de enero, por considerar que reduce los ingresos que deberían percibir. La Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió el recurso, presentado por la firma Holtrop SLP Transaction & Business Law, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Ley del Sector Eléctrico establece periodos regulatorios de seis años, tras los cuales se pueden revisar diferentes parámetros retributivos, pero también semiperiodos de tres años, el primero de los cuales finalizó en 2017, al término de los cuales se revisan las previsiones de ingresos por la venta de energía en el mercado. Esa primera revisión al cumplirse los primeros tres años la llevó a cabo el Ministerio de Energía en febrero de este año, para lo cual fijó unos precios esperados para los años 2017, 2018 y 2019 de entre 41 y 43 euros el megavatio hora (MWh), que luego para 2020 en adelante sitúa en 52 euros, un 25% más que los estimados para antes de esa fecha.

En el cálculo de la retribución que perciben como complemento a los precios las instalaciones de energías renovables, para las que la Ley del Sector Eléctrico garantiza una rentabilidad razonable del 7,4%, se tiene en cuenta el precio de mercado previsto, que se basa en los futuros de OMIP. Si los precios previstos son más altos que los reales, la retribución que reciben las instalaciones será menor lo que, según el director general de APPA, José María García-Moya, hará que el sector deje de percibir 600 millones de euros sobre lo que considera que les correspondería en el semiperiodo 2017-2019.

García-Moya explica que ello se debe a que cómo la estimación que recoge la orden es que a partir de 2020 cobrarán 52 euros por MWh, en el semiperiodo de tres años, en que los ingresos previstos son de 42,84 euros/MWh en 2017; 41,54 euros/MWh en 2018 y 41,87 euros/MWh en 2019, no hay que retribuirles para complementar el precio, ya que en el futuro aumentarán sus ingresos. De hecho APPA subraya que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya denunció esta distorsión, remarcando la «inconsistencia» y la «abierta contradicción» que supone incrementar el precio previsto del mercado a partir del año 2020 en más de un 24% respecto a las estimaciones consideradas en otras órdenes.

APPA destaca que el recurso tiene «una importancia capital» para la viabilidad de las empresas del sector renovable, que en el primer semiperiodo regulatorio ya dejaron de ingresar 930 millones de euros, de los cuales 574 millones «los han perdido de forma definitiva». La asociación considera que esto supone quitarles a las renovables lo que tenían reconocido y les detrae ingresos, al tiempo que reclama un sistema que dé a la industria renovable mayor certidumbre y que las revisiones sean «más armonizadas». Sin embargo, el Ministerio de Energía esgrimió que la revisión de los parámetros supondría un incremento de la retribución para estas instalaciones de unos 600 millones al año.

Prado subraya que las renovables necesitan una regulación «adecuada» mientras el sector eólico advierte de la «complejidad» de la subasta

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Europa Press.- El director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, ha advertido de que la «complejidad» del sistema establecido para la próxima subasta de renovables puede abocar a procesos judiciales. En este sentido, el presidente de Endesa y Enerclub, Borja Prado, indicó que para incentivar el desarrollo de las energías renovables necesarias para que España cumpla con los objetivos marcados en la cumbre de París se necesita contar con un marco regulatorio «adecuado».

Prado subrayó el papel «cada vez más relevante» de las renovables en el mundo, convirtiéndose en 2016 en la fuente con mayor potencia instalada en el mundo, «tras superar al carbón», a lo que contribuye el «respaldo político y económico» al desarrollo de estas tecnologías, especialmente en países como China, Estados Unidos o México. Sin embargo, aseguró que para alcanzar los objetivos de descarbonización marcados en París, el papel de las renovables debe ser «aún más relevante», tanto en el sector eléctrico como en el del transporte y la edificación.

Prado destacó que las renovables continuarán siendo la fuente de generación de «mayor crecimiento» en los próximos años, después de haberse vuelto competitivas en los últimos años, como demuestra el hecho de que la eólica haya reducido sus costes de generación en un tercio entre 2011 y 2016 o la fotovoltaica lo haya hecho en dos tercios. Asimismo, el presidente de Endesa valoró la ambición de Europa de ser «líder mundial en estas tecnologías», algo rubricado en los objetivos marcados en el llamado paquete de invierno de la Unión Europea.

AEE advierte de procesos judiciales

Por su parte, en relación con la próxima subasta de energías renovables, Juan Virgilio Márquez defendió un sistema de subasta con cupos a las tecnologías, frente a la neutralidad establecida finalmente, ya que así se habrían «evitado ciertas interpretaciones que pueden llevar a procesos judiciales» y se habría garantizado una «mayor igualdad». Así, el directivo de la patronal reconoció tener «sentimientos encontrados» con esta nueva subasta, tras la realizada en 2016, ya que «es una buena noticia y genera esperanza, pero hay una visión cortoplacista».

«Está diseñada sin un diálogo previo con los actores implicados, no se ha tenido en consideración a la industria eólica, que somos un player importante a nivel internacional y queremos seguir jugando en ese nivel», subrayó. Asimismo, lamentó que no se trate de un modelo de subasta que «genere confianza y atraiga la inversión», como ocurre en otros países, y subrayó que la variabilidad de la rentabilidad razonable «preocupa a los inversores». «Preocupa el marco regulatorio en el que se integra esta subasta. Según nuestra opinión, no tiene lógica», añadió.

En este sentido coincidió el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, que advirtió que es «un gran error» llevar a cabo una subasta que enfrenta a las distintas tecnologías, por lo que espera que no sirva para «abrir una guerra» entre las distintas tecnologías, ya que son «complementarias y susceptibles de combinarse«. Para González, existe «una falta» de planificación energética por parte del Gobierno y consideró «una lástima» que se base la subasta en los costes. «Al final, como país y sector, se paga caro», dijo.