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APPA aplaude «la coherencia de la estabilidad retributiva» propuesta por el Gobierno para las energías renovables

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha valorado «positivamente» el anteproyecto de Ley que refleja las tasas de retribución a las energías renovables para el periodo 2020-2025, ya que considera que supone «la estabilidad retributiva y regulatoria que lleva meses exigiendo». La asociación destaca que el anteproyecto mantiene la actual tasa de retribución (7,39%) para las instalaciones anteriores al Real Decreto Ley 9/2013, fijando «un marco retributivo estable a las instalaciones afectadas por el decreto y dotando de seguridad jurídica al sistema».

Así, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, valora «positivamente la coherencia del Gobierno, que ha respetado la posición que tenía sobre este asunto su grupo parlamentario cuando estaba en la oposición«. APPA recuerda que las empresas del sector deberán acometer en la próxima década gran parte de los 100.000 millones de euros necesarios para cambiar el modelo energético, por lo que subraya que «se necesita una alta dosis de predictibilidad dado su gran volumen«. De esta manera, tras la aprobación de la Directiva Europea de renovables, APPA señala que el sector «comienza a ver más claro su futuro».

APPA pide que la Ley de Cambio Climático dé estabilidad regulatoria y una planificación energética a medio y largo plazo

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) expresó su confianza en que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética «siente las bases de una necesaria estabilidad regulatoria y marque una planificación a medio y largo plazo» para el sector de las renovables.

En este sentido, la asociación considera que tanto la Directiva Europea de Renovables, que fija el objetivo europeo del 32% de renovables en el mix energético europeo en 2030, como la Ley de Cambio Climático en España, que pretende marcar una meta en 2030 de un 35% de renovables, representan un «impulso al sector renovable nacional». No obstante, reclamó predictibilidad en la transición energética, dado el volumen de inversiones superiores a los 100.000 millones de euros que deberá acometer el sector privado en la próxima década «para dar respuesta a los objetivos fijados para 2030».

El presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, cree que el anuncio de que habrá un mínimo anual de 3.000 megavatios (MW) de nueva potencia en concurrencia competitiva «es positivo para dotar de seguridad al sector». Así, subrayó que la planificación energética «es fundamental» para acometer las inversiones y considera que «es mucho más importante hacer bien la transición energética que tener objetivos”. «Debemos hacer grandes esfuerzos en electrificación y en los sectores difusos, especialmente en penetración de renovables, para satisfacer nuestras necesidades de usos térmicos y transporte», añadió Villarig.

APPA pide al Gobierno un «papel clave» para los biocarburantes en el Plan Nacional de Energía y Clima a 2030

Europa Press.- APPA pide al Gobierno «un papel clave» para los biocarburantes en el futuro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en el marco de alcanzar «unos objetivos de energías renovables y de descarbonización en el transporte ambiciosos y robustos».

La asociación considera que, aun cumpliéndose «el ambicioso» objetivo de electrificación avanzado por el Gobierno de llegar a los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, un 70%-80% del parque de vehículos ligeros previstos en España para ese horizonte seguirá funcionando con motores de combustión. Así, señala que los biocarburantes serán «la única opción renovable, al igual que para la aviación, la navegación marítima y los vehículos pesados de carretera». Además, recuerda que los biocarburantes ahorran hasta un 80% de emisiones de gases invernadero en relación con los combustibles fósiles.

Las renovables aportaron 9.304 millones al PIB en 2017 y generaron puestos de trabajo gracias a las últimas subastas del Gobierno

Europa Press. – El sector renovable contribuyó con 9.304 millones de euros al PIB español en 2017, representando el 0,8% de la economía nacional, y volvió a generar empleo, con la creación de 4.101 puestos de trabajo, impulsado por la reactivación que produjeron las últimas subastas de potencia ‘verde’ del Gobierno.

Específicamente, las renovables aportaron 1.089 millones de euros en fiscalidad neta y establecieron un nuevo récord de exportaciones, alcanzando los 4.564 millones de euros, que arrojó una balanza comercial positiva de 3.117 millones de euros, según datos del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España presentado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).

En otro sentido, ese aumento en el empleo, que estuvo principalmente afianzado en el crecimiento en las tecnologías eólica y solar por las subastas de renovables de 2016 y 2017, lleva la cifra del sector a los 78.667 puestos de trabajo, la más alta desde 2013. A este respecto, el director general de la asociación, José María González Moya, ha considerado que este incremento se mantendrá «el próximo año».

En relación a esto, González Moya ha apuntado que la transición energética podría representar para el sector energético unas inversiones de unos 100.000 millones de euros, de los que unos 30.000 o 40.000 millones de euros serían para las renovables, y una generación de empleo cercana a los 130.000 nuevos puestos de trabajo.

 

Descendieron los ahorros en el mercado eléctrico

Si se habla de los ahorros producidos en el mercado eléctrico por las renovables, en 2017 cayeron a prácticamente la mitad con respecto al ejercicio anterior, hasta los 2.584 millones de euros, debido a la menor producción renovable, principalmente hidráulica, así como al comportamiento de las nucleares francesas.

Así, el año pasado el precio medio del mercado eléctrico se situó en 52,24 euros por megavatio hora, mientras que de no haber tenido la aportación renovable en el mercado habría sido 10,23 euros por MWh más caro.

Un dato destacable es que las energías renovables evitaron en 2017 las emisiones de 56,85 millones de toneladas de CO2, valoradas en 332 millones de euros.

En otro sentido, APPA ha advertido que en 2017 España ha sufrido un cambio en la tendencia que se venía registrando en los últimos años y se «ha alejado» de los objetivos del 20% de renovables para 2020. Esto fue debido a  la baja producción hidráulica, consecuencia de la sequía que sufrió el país el pasado ejercicio, lo que lastró la generación renovable, que cayó un 16,4%, y que, al no haberse incorporado apenas nueva potencia ‘verde’ para sustituir esa disminución situó el porcentaje de renovables sobre energía final bruto en el 16,7%, «prácticamente en tasas del año 2012», ha asegurado González Moya.

Por su parte, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, ha insistido en la necesidad para el sector de contar con un marco regulatorio «estable» para acometer las inversiones y  una ha pedido una fiscalidad que recoja el principio de «quien contamina paga».

Respecto a la revisión que se aplicará a la rentabilidad razonable para el sector para el periodo regulatorio que se iniciará en 2020, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone que sea recortada a entre el 7,04% y el 7,18%, frente al 7,5% actual, Villarig se mostró «preocupado».

Sin embargo, el presidente ha mostrado su «esperanza» en que el actual Ejecutivo cumpla el compromiso de mantenerla que hizo previo a ser titular del Gobierno y cuando estaba en la oposición.

 

El sector renovable ve con esperanza el futuro tras el objetivo del 32% fijado a nivel europeo para 2030

EFE.- Los promotores de renovables y las industrias ligadas al sector en España miran con esperanza al futuro tras el acuerdo alcanzado para que la cuota de renovables en la Unión Europea en 2030 sea del 32%, cuyo cumplimiento requerirá grandes inversiones.

Las renovables españolas encaran un horizonte más despejado después de los años de moratoria que el Gobierno del PP impuso a la instalación de nuevas renovables a partir de 2012 y que duró hasta enero de 2016, cuando se rompió con la convocatoria de una primera subasta de 700 megavatios (MW) a la que luego siguieron en 2017 otras dos.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea cerraron un acuerdo que superaba el conservador objetivo del 27% de renovables que defendían inicialmente los países pero que tampoco llegaba al 35% propuesto por la Eurocámara, aunque con la posibilidad abierta de que en 2023 se revise al alza. España e Italia, que estrenaron recientemente nuevos Gobiernos, fueron claves en el cambio de postura de los países, al defender unos objetivos más ambiciosos. También el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, veía factible ampliar la cuota renovable al 30%.

Según los datos facilitados por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) referidos a 2016, en España las renovables aportaron unos 8,5 millones de euros al PIB ese año, un 3,3% más que en 2015 al reactivarse algunos sectores tecnológicos por la celebración de las subastas de nueva capacidad. El sector de las renovables perdió, no obstante, en 2016 un total de 2.760 puestos de trabajo. Empleó ese año a 74.566 personas, cifra que es casi la mitad de las que trabajaban en 2008, cuando empleaba a 142.940 personas.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que apostó por el objetivo del 35% defendido por el Parlamento Europeo, destacaba al conocerse el acuerdo que se abría una gran oportunidad para los profesionales e industrias de un sector que tuvo que explorar nuevas vías fuera de España en los «momentos más duros de la crisis y la recesión antirenovable».

También agentes del sector esperan que la directiva de renovables dé un nuevo impulso ya que se requerirán inversiones para llegar a ese mínimo del 32% en 2030, aunque el objetivo sea vinculante a nivel comunitario. Por ejemplo en la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), su director general, José María González Moya, estima que el objetivo fijado del 32% podría suponer unas inversiones en España de entre 80.000 y 100.000 millones de euros.

En el sector, organizaciones como APPA o la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) confían en que la cuota de renovables para 2030 pueda verse ampliada al 35% en la revisión que se haga en 2023. Antes de ello, en España tienen que estar ejecutados los 8.000 megavatios (MW) renovables adjudicados en subastas y que deben estar terminados antes de finalizar 2019 y con los que el anterior Gobierno consideraba que prácticamente alcanzaría el objetivo de 2020 de que las renovables sean el 20% del consumo final de energía en el país.

La concentración en poco espacio de tiempo de la ejecución de todas esas instalaciones va a poner a prueba la capacidad del sector en España, aunque la ministra para la Transición Ecológica espera que se cumpla el objetivo del 20%. No obstante, ha subrayado que habrá que repasar con detalle en qué situación está España y detectar las «lagunas» que habrá que cubrir en un plazo «relativamente corto» para cumplir con los objetivos a 2020.

Iberdrola celebra el acuerdo europeo de renovables y la patronal APPA habla de una inversión de 100.000 millones en España

Europa Press / EFE.- El director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, augura que la cuota del 32% de renovables que fijó la Unión Europea para 2030 podría suponer unas inversiones en España de entre 80.000 y 100.000 millones de euros. Por su parte, Iberdrola ha aplaudido «la ambición» demostrada por los países europeos y considera que representa una «muy buena noticia para la industria y la economía española y europea».

La energética también valora el compromiso de los países para «desplegar mecanismos y decisiones concretas» para avanzar en el proceso de descarbonización y electrificación de la economía y aprovechar «todas sus oportunidades». Subraya que con este acuerdo, alcanzado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea sobre la directiva de renovables, «se abren nuevas oportunidades en términos de generación de empleo y riqueza en un sector en el que las empresas españolas y europeas están muy bien posicionadas«.

Además, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán considera que el objetivo mínimo del 32% de energía renovable para 2030 es «alcanzable y está sustentado en la evolución que han experimentado las tecnologías renovables, que ha hecho posible disponer de una energía competitiva, segura y asequible«. Para Iberdrola, decisiones como esta «permiten actuar contra los efectos del cambio climático, apoyar una transición justa y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que se reduce paulatinamente la dependencia energética exterior de nuestra economía».

APPA ve bien el objetivo

Al margen de la millonaria inversión prevista en España, González Moya ha indicado que para APPA el acuerdo es una «muy buena noticia», así como que se haya conseguido antes de que cambiara la presidencia de la Unión Europea, que actualmente ostenta Bulgaria. El responsable de APPA ha considerado un «éxito» la negociación, aunque cree que se podía haber sido «un poquito más ambicioso», ya que el 32% acordado se sitúa entre el 27% que pedían inicialmente los países y el 35% que reclamaba la Eurocámara, si bien en 2023 podrá ser revisado al alza.

Por eso, ha señalado que APPA está «razonablemente» satisfecha con el acuerdo y ha añadido que ahora habrá que ver cómo se asume por los países ese objetivo medio de un mínimo del 32% para la Unión Europea en 2030, para lo cual habrá que esperar a los planes nacionales de energía y clima que los países tendrán que presentar antes de que acabe el año. No obstante, ve esa cuota como un «buen empujón» para la industria nacional de renovables, pues a partir de ahora todo lo que se haga en energía será renovable.

«Insuficiente» para la Fundación Renovables

Por su parte, la Fundación Renovables ha valorado «el esfuerzo negociador» del Parlamento Europeo para aumentar el objetivo de renovables al 32% para 2030, desde la propuesta de partida «ridícula y exigua» del 27%, aunque ha considerado que el acuerdo finalmente adoptado por el trílogo se trata de «una meta poco ambiciosa e insuficiente para combatir el cambio climático y la dependencia energética en la Unión Europea». La Fundación señala también que, al no ser un objetivo vinculante, cada Estado puede aumentar el porcentaje indistintamente de esta meta, «ya que al final lo que contará es un cómputo de la cobertura con renovables en el conjunto de la Unión Europea».

En este sentido, considera positivo que el texto aprobado por el trílogo introduzca una cláusula de revisión exclusivamente al alza en 2023. Asimismo, insiste en que es «imprescindible» actuar sobre la demanda electrificándola de manera generalizada y en un objetivo de que el 80% de la electricidad en España se genere con renovables para el 2030, lo que permitirá cumplir el objetivo acordado en la Unión Europea de alcanzar el 32% de cobertura de demanda final de energía prácticamente sólo a través del consumidor eléctrico.

2021 sin cargos al autoconsumo

Por otra parte, la Fundación Renovables aplaude que el texto de la revisión de la directiva de renovables incluya la eliminación de los peajes de acceso (cargo fijo y cargo transitorio), el impuesto al sol que en España se aplica a las instalaciones de autoconsumo mayores de 10 kW, si bien abre la puerta a un posible establecimiento a futuro de un peaje para autoconsumos de más de 25 kW.

Además, la Fundación Renovables agradece la labor realizada por el eurodiputado José Blanco, ponente de la propuesta de revisión de directiva de renovables del Parlamento Europeo, así como el trabajo desempeñado por el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Finalmente, valora «el último impulso» que ha supuesto el cambio de posicionamiento del Gobierno con la incorporación de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Las asociaciones de renovables esperan que los grupos parlamentarios elaboren una norma que acabe con la revisión retributiva de 2020

EFE.- Asociaciones de renovables esperan que, pese a que se haya rechazado en el Senado una enmienda del PP para que no se revise la retribución a las instalaciones renovables de menos de 300 kilovatios (KW), en el futuro salga adelante una medida similar y que afecte a todas las plantas.

La Mesa de la Comisión de Presupuestos rechazó esa propuesta del PP por un defecto de forma, al considerar que las enmiendas a los Presupuestos sólo pueden modificar ésta y no otras normas, como sería la Ley del Sector Eléctrico. En este sentido, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha indicado que espera que en el futuro salga adelante una propuesta «más completa» y que no afecte sólo a instalaciones de menos de 300 KW pues «se tiene que devolver la seguridad jurídica a todos».

También el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, José María González Moya, ha considerado una «lástima» que haya sido ahora cuando el PP defienda lo que ha venido siendo una demanda del sector. González Moya ha señalado que el sector pide que se respete la rentabilidad razonable, que, según la vigente Ley del Sector Eléctrico podría revisarse para el sexenio que comenzará en 2020 para todas las instalaciones y no sólo para las de menos de 300 KW. Moya ha pedido al PP que se ponga de acuerdo con el resto de partidos para poder sacar una iniciativa que garantice y mantenga sin cambios la retribución para todas las plantas.

La Ley del Sector Eléctrico introdujo las revisiones de los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución y producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran régimen retributivo. La ley establece que los parámetros se fijarán teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para dichas actividades por períodos regulatorios con una vigencia de 6 años. Los parámetros pueden revisarse antes del comienzo de cada período regulatorio y, si no se hace, quedan prorrogados para todo el período siguiente.

La ley preveía que en la revisión de cada período regulatorio se podrían modificar todos los parámetros retributivos y, entre ellos, el valor sobre el que girara la rentabilidad razonable en lo que reste de vida regulatoria de las instalaciones. La enmienda del Grupo Popular establecía que no sería revisable el valor sobre el que girará dicha rentabilidad para las instalaciones que, a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, tuvieran una potencia de menos de 300 KW y reconocida retribución primada.

Además, modificaba uno de los apartados de la Ley del Sector Eléctrico, que establecía que la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida regulatoria de la instalación girará sobre el rendimiento medio de las obligaciones del Estado a 10 años en el mercado secundario, incrementada en 300 puntos básicos. La enmienda del PP añadía a esa disposición que ese valor no sería revisado durante la vida útil de las instalaciones que tuvieran una potencia inferior a 300 KW.

Si se aplicara la fórmula contenida en la disposición, como era partidario el exministro de Energía, Álvaro Nadal, para el período regulatorio que comienza en 2020, la actual rentabilidad, del 7,4%, se quedaría en estos momentos en torno al 4,5%, por el descenso del interés del bono a diez años. La otra enmienda rechazada perseguía la supresión de la figura del gestor de carga para prestar servicios de recarga a vehículos eléctricos, y establecía que cualquier consumidor pudiera prestar el servicio cumpliendo los requisitos técnicos y de seguridad exigidos, con el fin de facilitar el despliegue de puntos de recarga y fomentar la movilidad eléctrica.

El sector de las renovables desea alcanzar un gran consenso sobre el futuro mix energético para avanzar en la descarbonización

EFE / Europa Press.- El director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, cree que «estaría bien» que hubiera cierto consenso en el país para decir a que mix energético se quiere ir y que «no sólo sea fruto de un Gobierno que dure un año o dos, o los que sea».

González Moya ha señalado que espera también que el Gobierno tenga dentro de sus prioridades el problema de la dependencia energética en España, que ha recordado que nunca ha estado en el debate político y cuesta «muchos millones» al año, al tiempo que ha advertido de que España seguirá teniendo ese problema, pues no tiene gas ni otras fuentes de energía autóctonas, sólo las renovables. Por eso, alerta de una excesiva gasificación de la economía durante el proceso de transición energética, pues aunque el gas puede ayudar a cumplir los objetivos ambientales, puede perjudicar la consecución de los objetivos macroeconómicos.

En este sentido, ha recordado que el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, cifró en 6.000 millones de euros el coste que tendría para el país una subida de los precios del petróleo. Ha señalado también que España tiene que sustituir la generación con carbón y la de las centrales nucleares, que los socialistas proponen clausurar a los 40 años. González Moya reconoció que en España se han cometido errores en renovables «derivados de decisiones políticas», pero también en el gas, con una sobrecapacidad del sistema que hace que no se utilice en su totalidad.

El director general de APPA señaló que la eólica «será fundamental en la transición energética, al haber alcanzado su competitividad con los precios actuales de mercado». Así, González Moya valoró que el potencial que tiene España en términos de recurso, tejido industrial o capacidad exportadora «la convierten en una de las principales protagonistas del sector energético durante la próxima década».

Ha criticado también el parón que le supuso a la industria renovable la moratoria que aprobó el anterior Gobierno y ha dicho que «es un milagro que el sector siga vivo y siga exportando tecnología y conocimiento, y que sea un sector netamente exportador«. También considera «un error y un desastre» que no haya una planificación en la implantación de nuevas instalaciones renovables y que, con las subastas que se hicieron en poco espacio de tiempo, vaya a hacerse en año y medio lo que no se hizo en 6.

Por su parte, el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, consideró que los próximos años supondrán «una revolución para el sector de la energía desde el punto de vista de la producción y el consumo». De esta manera, indicó que, con la puesta en marcha de 5.000 megavatios (MW) de nueva potencia eólica en 2020, las emisiones del sector eléctrico podrían disminuir en un 13% para entonces respecto a 2017.

Por ello, afirmó que a medio y largo plazo es necesario establecer unos objetivos de futuro acordes con el reto de descarbonizar el consumo energético español, y planificar el despliegue de las energías renovables. «Para lograr una transición energética y cumplir con nuestro compromiso con el Acuerdo de París, es urgente tomar medidas en aquellos sectores que pueden reducir sus emisiones como el sector eléctrico, pero también el sector transporte y el residencial. En este sentido, la electrificación tanto del transporte como de la climatización tienen que empezar a avanzar con solidez«, añadió al respecto.

Asimismo, Márquez cree que España tiene que decidir qué posición quiere tener en el mercado mundial de las renovables: lo que «hay que ver es si España quiere ser comprador de tecnología o un desarrollador y constructor de tecnología«. En su opinión, «pagar curvas de aprendizaje bien planificadas» es beneficioso y una de las consecuencias es que en España la energía eólica es la segunda tecnología del mix energético, es sostenible y gana en competitividad.

Márquez se ha referido a los retos que tiene por delante la sociedad en el ámbito energético y, entre ellos, ha señalado que el del operador del sistema o el Ministerio tiene que ser ver qué medidas se necesitan para que la transición sea viable, con políticas de innovación e industriales que aseguren que los objetivos pueden conseguirse en un número determinado de años. No obstante, ha señalado que el gran reto será que los consumidores de energía cambien su modelo para consumir mayoritariamente electricidad.

Márquez, que ha señalado que por ese motivo los grandes ayuntamientos tendrán un papel más determinante que los gobiernos, también indicó que lo de las renovables «ya no es sólo cuestión de los históricos» de este sector. En este sentido, recordó que la petrolera Cepsa en sus perspectivas energéticas a 2030 es la que dio mayor de previsión de crecimiento a la eólica dentro de los numerosos estudios que se han hecho sobre transición energética.

Márquez concluyó que para que la eólica se siga desarrollando hace falta que no haya cambios legislativos que se trasladen a riesgos en la inversión, que las subastas de renovables cuenten con mecanismos que luego permitan a los adjudicatarios acudir a entidades a financiarse, así como con mecanismos de estabilidad que garanticen un rango de ingresos. También espera que en España haya una regulación más sencilla y que se introduzcan cambios en el mercado eléctrico.

APPA lamenta que los expertos no valoren plenamente el potencial renovable y UNEF celebra el protagonismo augurado para la fotovoltaica

Europa Press / EFE.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera que el informe de la comisión de expertos sobre transición energética constata un futuro «más renovable, con una adecuada fiscalidad energética», aunque ha lamentado que los escenarios planteados no tengan en cuenta «el valor del potencial renovable o la capacidad industrial nacional de distintas tecnologías ya desarrolladas como la eólica», donde considera que es «poco ambicioso».

APPA ha recordado que el desarrollo de la eólica en España ha sido un caso de éxito, por lo que considera que los expertos no han valorado suficientemente su importancia, el potencial exportador de España y el alto grado de desarrollo alcanzado en la I+D+i de esta tecnología. Además, apunta que echa en falta que no se haya tenido en cuenta la complementariedad entre las distintas tecnologías renovables y el potencial de recurso eólico que hay en la Península y que se ha constatado en el primer trimestre del año.

Respecto a la fotovoltaica, APPA destaca que se valora muy positivamente en todos los escenarios del informe, que propone tanto el desarrollo de grandes plantas como del autoconsumo y considera necesaria una regulación específica para que se desarrolle. APPA lamenta que el informe no haya tenido en cuenta la generación eléctrica con biomasa, pese a que habla de su capacidad de respaldo, y considera importante plantear subastas específicas por tecnologías que reconozcan las distintas características de las tecnologías renovables. APPA recuerda que la generación con biomasa tiene un potencial de 8.000 megavatios (MW) adicionales y aportaría al mix nacional capacidad de gestión, firmeza y garantía de la seguridad del suministro.

La asociación subraya que el informe propone una reforma fiscal energético-ambiental que recoge el principio de «quien contamina, paga» y constata «la existencia e importancia de los ahorros de las renovables en el mercado mayorista de electricidad». «Si la transición energética es un objetivo real, es importante mandar una señal de precios clara al mercado. Llevamos muchas décadas en las que la contaminación no se ha internalizado en el coste energético», indicó el presidente de APPA Renovables, José María Villarig, que considera que los expertos deberían haber considerado la complementariedad de las distintas tecnologías y la capacidad industrial existente en el país como base para el desarrollo del sector renovable.

Sin embargo, considera necesario que los escenarios contemplados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital «sean consecuentes» con los objetivos de renovables que se están debatiendo en la Unión Europea, que se sitúan entre el 27% y el 35%. «Llama la atención que algunos de los escenarios presentados por la Comisión no tengan esos objetivos como mínimo y, sin embargo, se planteen escenarios alejados de nuestras posibilidades como la instalación de 124.500 MW de renovables, más acordes con un ejercicio teórico que un planteamiento factible», añade la asociación.

APPA destaca que en los escenarios planteados, el autoconsumo y la generación distribuida tienen «una gran importancia en la futura transición energética», así como las renovables térmicas (la biomasa, biogás o geotérmica), «que serán fundamentales para alcanzar los objetivos en los sectores difusos». Sin embargo, en lo que se refiere a la biomasa, que cuenta en España con uno de los mayores recursos europeos, lamenta que no se haya tenido «apenas en cuenta» y haya quedado fuera del escenario base.

En el caso del transporte, APPA apunta que el informe de los expertos ignora el papel que deben jugar los biocarburantes convencionales y los avanzados para conseguir los objetivos de descarbonización y renovables previstos para 2030 en la Unión Europea, especialmente en sectores de difícil electrificación como la aviación y el transporte de mercancías por carretera. Además, critica la falta de consideración mostrada por la comisión sobre el grave impacto que podrían tener sus propuestas en la supervivencia de la industria española de biocarburantes y sobre la importancia de disponer de un mix diversificado de fuentes renovables en el transporte.

Asimismo, APPA indica que el informe no tiene en cuenta tecnologías renovables en fase de investigación y desarrollo, como la minieólica o las energías marinas, que la Unión Europea considera que podrían aportar en torno al 15% de la electricidad en 2050. Por otra parte, la asociación afirma que no baraja la posibilidad de que las renovables instaladas en el pasado se financien con cargo a los Presupuestos del Estado, independientemente de que se produzca una reforma fiscal en el sector energético, ya que si el ahorro que generan en el mercado mayorista se refleja en el sistema, también sus costes deben imputarse al mismo.

“Papel central” de la fotovoltaica

Por otro lado, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) valora «positivamente» el «papel central» que el informe de los Expertos concede a la fotovoltaica en la transición energética como una tecnología competitiva «y que ya no necesita primas ni subvenciones». En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, considera que la previsión de un aumento «considerable» de la potencia fotovoltaica instalada en 2030, que se multiplicaría por 10 con respecto a los niveles actuales, «supone una oportunidad clave para permitir que los ciudadanos tengan acceso a una energía más barata y para alcanzar un modelo de desarrollo más estable, en contraste con el acelerón-frenazo-acelerón que caracterizó los últimos años».

No obstante, la patronal subraya que los objetivos para la próxima década, que representan además una «importante oportunidad» de generación de empleo, hacen «necesario» eliminar tanto los obstáculos al crecimiento del autoconsumo, especialmente los de tipo administrativo y económico, «como las barreras al desarrollo de las grandes plantas». Asimismo, pide reformar el sistema de definición de los precios del mercado eléctrico, «para que dé una señal de precio adecuada para atraer las inversiones dentro de un marco competitivo caracterizado por una alta penetración de energías renovables». Además, UNEF lamenta que el escenario base de penetración de renovables recogido en el documento (29,7%) no haya estado en línea con el 35% propuesto por el Parlamento Europeo.

La biomasa podría aumentar su producción eléctrica un 23% si se eliminaran sus limitaciones regulatorias, según la patronal renovable APPA

Europa Press.- La biomasa podría incrementar un 23% su producción eléctrica si se eliminase la limitación regulatoria de 6.500 horas de funcionamiento al año, según datos de APPA Biomasa. La asociación señala que la biomasa, el biogás y la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU) son renovables gestionables que pueden generar electricidad las 24 horas, 365 días al año, pudiendo así superar las 8.000 horas de uso anual de las instalaciones.

Por ello, el presidente de APPA Biomasa, Jordi Aguiló, considera que, ante un escenario de cierre de centrales térmicas, «el Gobierno debería reconsiderar la limitación de horas de generación eléctrica con derecho a percibir retribución a la operación», ya que las instalaciones de biomasa tienen capacidad «para aportar gestionabilidad y estabilidad en el sistema, además de poder producir en punta igual que lo hacen las térmicas». Así, la asociación subraya que «la biomasa debe tener un mayor protagonismo» en el mix energético como complemento a la solar y la eólica, «garantizando la transición energética en España sin recurrir a tecnologías fósiles que comprometen los objetivos de descarbonización y de renovables».