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El Gobierno lanzará un plan de incentivos para mejorar la eficiencia energética en empresas dotado con 307 millones de euros

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Europa Press.- El Gobierno lanzará un nuevo programa de incentivos para actuaciones de eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas (pyme) y la gran empresa industrial, dotado con 307,6 millones de euros provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética de 2018 y de remanentes de años anteriores.

El Ministerio para la Transición Ecológica lo comunicó en la Conferencia Sectorial de Energía, principal órgano de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de energía. El presupuesto de las ayudas cuenta, además, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Hasta el momento, el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial 2014-2020, que gestiona el IDAE, ha realizado dos convocatorias, dotadas respectivamente con 115 y 168 millones de euros.

Asimismo, la Conferencia acordó la propuesta de reparto de las ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), dotado con 45 millones de euros para 2019. En el encuentro también se informó de la próxima convocatoria de un programa de ayudas para proyectos singulares en materia de movilidad sostenible, que cuenta con 15 millones de euros, con lo que se eleva a 60 millones de euros la dotación para movilidad sostenible.

En concreto, el programa Moves está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo. Pueden ser beneficiarios de las ayudas profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.

Las comunidades y ciudades autónomas deberán ahora realizar la correspondiente convocatoria de ayuda en sus respectivos territorios. El presupuesto asignado deberá repartirse de acuerdo a los criterios establecidos. Así, entre un 20% y un 50% de la partida asignada irá a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30% y un 60% a la implantación de infraestructuras de recarga. De este último porcentaje, un mínimo del 50% ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida. Por otro lado, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer ente un 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar entre un 0% y un 10%.

El decreto también fija los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos, que oscilan entre los 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros. En paralelo, como incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible, se exigirá a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de 1.000 euros en la factura, excepto para cuadriciclos y motos.

En lo que respecta a los incentivos para vehículos de gas, se reservan para camiones y furgones. En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros. Finalmente, se fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.

En lo que se refiere a los 15 millones adicionales que el programa Moves dirige a proyectos singulares de movilidad sostenible en Ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación, municipios ubicados en islas o iniciativas de innovación en electromovilidad, el gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que en estos momentos se están preparando las bases del programa, que será gestionado por el IDAE en concurrencia competitiva a fin de poder incentivar proyectos piloto ambiciosos en las áreas descritas en la convocatoria.

Las empresas del sector energético aportarán más de 203 millones de euros en 2019 al Fondo de Eficiencia Energética

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Europa Press.– Las empresas energéticas aportarán en 2019 más de 203 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de los cuales la mayor parte corresponderán a Repsol, Endesa y Naturgy, las tres compañías que mayor volumen de energía venden en España.

En concreto, Repsol, a través de todas sus filiales, aportará más de 39 millones de euros al Fondo, mientras que Endesa contribuirá con casi 28 millones de euros y Naturgy con más de 22 millones de euros, según la propuesta de orden que establece las obligaciones de aportación al Fondo para el próximo año. Además de estas tres compañías, destaca la aportación al Fondo por parte de Cepsa, con casi 22 millones, Iberdrola, con más de 15 millones, BP, con más de 11 millones, y Galp, con casi 9 millones.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto el trámite de audiencia de la propuesta de orden ministerial por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo para 2019, paso previo a aprobarse y que sea definitiva. La aportación obligatoria al Fondo, creado en 2014, se establece, conforme a la metodología diseñada por el Gobierno, en proporción al volumen de ventas de energía. En la propuesta de orden, para el año 2019 se establece un objetivo de ahorro agregado de 262 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) o 3.046,51 gigavatios (GWh). Así, la equivalencia financiera para el 2019 se establece en 0,789728 millones de euros por ktep ahorrado, o 67.916,58 euros por GWh ahorrado.

En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida al nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores durante 2017. Las empresas del sector energético obligadas a realizar estas aportaciones han venido recurriendo ante el Tribunal Supremo, por separado o a través de asociaciones empresariales, las cantidades que se les ha obligado a aportar al fondo en los últimos años.

Podemos propone abaratar la factura de la luz reduciendo el coste fijo y el IVA de los consumidores vulnerables

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Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con un paquete de 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz, entre las que incluye una reducción del coste de la parte fija del recibo, una bajada del IVA para los consumidores vulnerables y una reforma del bono social eléctrico, junto con la creación de un bono social gasista cuyo único criterio de adjudicación sea la renta del hogar.

La citada PNL será debatida en la comisión de Transición Ecológica y expone que el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Recuerdan que también la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kilowatios hora mensuales de consumo han pasado de los 48,95 euros al mes del año 2007 a los 75,52 euros al mes del año 2017. Lo que supone, según recuerda el partido morado, una subida de un 50% con respecto a la tarifa de hace 10 años.

En este sentido, exponen que los incrementos de precio tienen «como principal motor» además de la subida de los peajes y la presión impositiva, «el componente de energía cuyo precio se fija en el mercado mayorista«. Así, exponen que el sistema por el que se fijan los precios determina que el precio del megavatio hora pueda ser igual para la hidroeléctrica que para una central térmica «a costa de las personas consumidoras y del tejido productivo español».

Por ello, plantean como «ineludible» la necesidad de «intervenir y modificar la formación de los precios de la energía en España» ya que consideran que con el actual sistema se ha producido una reducción del margen de actividad para las pymes, una desprotección de los consumidores y un aumento de las reclamaciones convirtiendo así a los ciudadanos y al tejido empresarial en «rehenes del mercado eléctrico».

Para hacer frente a esta situación, el Grupo de Unidos Podemos propone 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz. Así, plantea una reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por el hecho de estar disponibles.

Recuerdan que la reforma del bono social de octubre de 2017 puede dejar en riesgo de pobreza energética a 1,7 millones de personas por el complicado proceso de solicitarlo. Por ello, plantean una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista para que, en ambos casos, su solicitud sea automática, que el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar y que sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial.

A estas medidas se suma la propuesta de reducir el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables. «Una reforma así, garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual», apostillan en el texto.

Junto con estas propuestas, proponen recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.

Además, plantean reformar el mercado eléctrico, del tal forma que se apruebe un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, con el fin de «acabar con los beneficios caídos del cielo«.

También piden ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador y modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El partido morado quiere que se impongan nuevas obligaciones a las empresas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de los consumidores; que se apoyen reformas normativas para eliminar las trabas al autoconsumo, derogando el «nefasto» Real Decreto 900/2015, que recoge el llamado impuesto al sol e implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.

A todo ello, añaden una propuesta para desarrollar los certificados de ahorro energético para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente están repercutiendo en factura a los consumidores.

Para Podemos es importante también introducir modificaciones normativas encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacia las empresas energéticas y también realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional. De esta forma se podrían determinar los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.

Finalmente, proponen realizar una «reforma de calado» que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Dicha reforma debería buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismos tiempo que incremente la progresividad fiscal».

El Ayuntamiento de Valencia ahorrará un 85% de su consumo energético y un millón de euros al cambiar 8.100 farolas

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EFE.- El Ayuntamiento de Valencia tiene previsto intervenir en 8.098 farolas, para eliminar más de trescientas «innecesarias» y sustituir el sistema de iluminación del resto por led, con el fin de reducir el consumo energético un 85%, neutralizar la contaminación lumínica y lograr un ahorro económico de más de un millón de euros anuales.

Así se contempla en el segundo plan de intervención en el alumbrado público (IDAE II), que cuenta con un préstamo reembolsable de cuatro millones del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con un interés del 0%, un plazo máximo de vigencia de 10 años y una máximo de doce meses de carencia para empezar a pagar.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, han dado a conocer la iniciativa y han hecho balance del primer plan IDAE, concluido a finales de 2017, también con cuatro millones y que ha permitido cambiar 31.274 luminarias, más de 30% del total, y ahorrar más de 1,9 millones de euros.

En esta segunda intervención se actuará en 6.156 farolas del modelo Valencia, de doble brazo, de las que se eliminarán 312 por «innecesarias» y se sustituirá el sistema de iluminación por led en las 5.844 restantes, y sobre 1.942 del modelo Ferran VII, porque son las de mayor contaminación lumínica.

Ribó ha subrayado que desde 2014, han rebajado un «23,3% el consumo total de electricidad, lo que supone un ahorro muy importante de 4,6 millones y muchos megavatios dejados de consumir, algo muy positivo desde el punto de vista de la sostenibilidad».

«Ya eliminamos los puntos de luz en forma de chupa chup y ahora queremos eliminar las bolas que están provocando mucha contaminación lumínica en los primeros pisos de muchas viviendas. Además de que ganamos eficiencia, disminuimos las molestias al vecindario y conseguimos también un importante ahorro económico«, ha defendido.

El segundo plan IDAE supondrá la reducción del consumo actual en un 85%, con un descenso de 3.276,83 kilovatios a 490,39 kw, lo que supondrá un ahorro estimado anual de 1.022.777,38 euros al pasar del gasto actual de 1.199.540,17 euros a 176.892,09.

Campillo ha explicado que las farolas que van a ser renovadas son «las que más contaminación hacia arriba producen» y que ahora se recomienda que enfoquen hacia abajo y ha resaltado que se cambiarán las placas pero no la farola porque son «monumentales, con una corona y el escudo de la ciudad».

Ha asegurado entre fondos propios, proyectos de participación, inversiones financieramente sostenibles o créditos del IDAE, el actual gobierno ha invertido en iluminación y eficiencia energética 14,4 millones, que han permitido cambiar el 50% del alumbrado público.

Ribó ha destacado que con el ahorro de más de un millón al año, amortizarán los 4 millones del segundo IDAE en 3 años y 11 meses, a partir de los cuales todo será ahorro para el consistorio.

Dentro de la intervención ha destacado que está prevista la telegestión de unos 3.000 puntos de luz, lo que permitirá realizar un mantenimiento más eficaz y eficiente, además de mayor agilidad en la gestión, con una permanente comunicación telemática «que abre infinitas posibilidades y permite informar en tiempo real de cualquier incidencia».

El operador petrolífero Disa recurre ante el Tribunal Supremo su aportación obligatoria al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para 2018

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Europa Press,– El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos presentados por Disa, a través de diferentes filiales, en contra de la orden ministerial en la que se fijan las obligaciones de aportación de cada empresa al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para 2018. Según consta en el Boletín Oficial del Estado, la compañía ha presentado recurso-contencioso administrativo a través de sus filiales Disa Península, Disa Red de Servicios Petrolíferos, Disa Gas y Disa Retail Atlántico.

La aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética correspondiente al grupo Disa asciende, entre todas sus filiales, a un importe total de unos 4,7 millones de euros. Las empresas energéticas aportarán este año más de 204 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de los cuales la mayor parte corresponderá a Repsol, Endesa y Gas Natural Fenosa, las tres compañías que mayor volumen de energía venden en España.

En concreto, Repsol, a través de todas sus filiales, aportará en torno a 40 millones de euros al fondo, mientras que Endesa contribuirá con unos 29 millones de euros y Gas Natural Fenosa con más de 28 millones de euros, según la orden del Ministerio de Energía, en la que se fijan las obligaciones de aportación al Fondo. Además, de estas compañías, destaca la aportación al fondo por parte de Cepsa, con unos 23 millones de euros, e Iberdrola, con unos 15 millones de euros.

La aportación obligatoria al fondo, creado en 2014, se establece, conforme a la metodología diseñada por el Gobierno, en proporción al volumen de ventas de energía. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida a nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales.

Para realizar la asignación, Energía ofrece un desglose de la energía vendida por cada empresa, así como su porcentaje sobre las ventas totales. A partir de ese criterio, se reparte entre las distintas empresas el coste total del Fondo. Las empresas del sector energético obligadas a realizar estas aportaciones ya habían venido recurriendo ante el Tribunal Supremo, por separado o a través de asociaciones empresariales, las cantidades que se les ha obligado a aportar al fondo en los últimos años.

Una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala el fondo nacional de eficiencia energética de España

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Europa Press / EFE.- Una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha determinado que la ley española que obliga a empresas a abonar contribuciones a un fondo de ahorro energético sin darles la alternativa de cumplir ellas mismas con los objetivos de ahorro es compatible con el Derecho comunitario.

En las conclusiones que presentó, la abogada Juliane Kokott también ha señalado que es conforme con la directiva europea imponer obligaciones de eficiencia energética sólo a determinadas empresas de una cadena de suministro y no a otras de la misma cadena, pero siempre que la selección responda a criterios objetivos y no discriminatorios. En cualquier caso, las conclusiones de Kokott son preliminares y no vinculan a la futura sentencia que tendrá que dictar un juez del tribunal con sede en Luxemburgo en los próximos meses. Aunque suele seguir el criterio del Abogado, el TUE no está vinculado por el mismo.

La abogada general respondió así a la pregunta planteada por el Tribunal Supremo por la impugnación presentada por Saras Energía contra la normativa española que fija las obligaciones de aportación al Fondo, al defender que la legislación española es incompatible con la directiva europea al obligar a cumplir con las obligaciones de ahorro energético mediante contribuciones a un fondo de eficiencia energética sin permitir hacerlo mediante medidas de ahorro. La firma también denuncia que se imponga esta obligación a las empresas comercializadores de gas y electricidad y a los mayoristas de productos petrolíferos y de gases licuados de petróleo, dejando al margen los distribuidores de gas y electricidad y los minoristas de productos petrolíferos y de gases licuados de petróleo.

La normativa española establece que a las empresas del sector energético se les asignará «una cuota anual de ahorro energético de ámbito nacional, denominada obligaciones de ahorro». La principal forma de cumplimiento de esas obligaciones de ahorro es el abono de una contribución financiera anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Como única alternativa se plantea la posibilidad de que el Gobierno español establezca un mecanismo de acreditación de que se ha conseguido un efectivo ahorro energético pero hasta la fecha el Ejecutivo no ha hecho uso de esa opción.

En el procedimiento han presentado observaciones escritas Acciona, Endesa, Engie España, Fortia Energía, Saras Energía, Viesgo, Villar Mir Energía y Enérgya VM Gestión de Energía. Sobre la primera cuestión, la letrada considera que la obligación de contribución sin alternativa es conforme a la directiva europea porque es una opción que encajaría entre las actuaciones que ésta recoge para lograr los objetivos de ahorro energético. En este sentido, Kokott subraya que esta obligación sin ofrecer alternativa forma parte de un instrumento financiero destinado a crear un marco de apoyo e incentivos, puesto que «es de suponer que los recursos del Fondo se utilizan para incentivar medidas que mejoren la eficiencia energética».

Sin embargo, la abogada general del TUE puntualiza que esta normativa será compatible con la legislación comunitaria siempre y cuando garantice un nivel de ahorro equivalente al del sistema de eficiencia energética previsto por la Directiva y se cumplan los requisitos establecidos. Sobre la segunda pregunta, Kokott asegura que es legal imponer estas obligaciones de eficiencia energética sólo a determinados eslabones de una cadena de suministro y no al resto, pero siempre que la selección de las empresas «responda a criterios objetivos y no discriminatorios». En ese contexto, añade que deberá ser el Tribunal Supremo español quien examine los requisitos procedimentales y materiales de la obligación de contribución sin alternativa.

El Fondo Nacional de Eficiencia recibirá este año más de 204 millones de euros de las empresas del sector energético

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EFE.- La contribución de las empresas obligadas a hacer aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2018 por el reparto del objetivo de ahorro ascenderá a 204,91 millones de euros, según la orden del Ministerio de Energía que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a establecer un sistema de obligaciones de eficiencia energética por el que los distribuidores de energía y las empresas minoristas de venta de energía están obligados a alcanzar en 2020 un objetivo de ahorro mediante la consecución anual a partir de 2014 de un ahorro equivalente al 1,5% de sus ventas anuales de energía. Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, los sujetos obligados deben realizar una contribución financiera anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Los porcentajes de ahorro y la contribución al fondo para 2018 se fijaron a partir de los datos de ventas de energía correspondientes a 2016.

La orden fija un objetivo de ahorro agregado de 3.046,51 gigavatios hora (GWh) para 2018 y una equivalencia financiera de 67.916,58 euros por GWh, referencia utilizada para el cálculo de la aportación. Entre las compañías que harán mayores aportaciones están Repsol, con 40,42 millones; Endesa, con 29 millones; Cepsa, con 23,18 millones; Gas Natural Fenosa, con 28,08 millones, Iberdrola, con 15,153 millones; BP, con 10,28 millones; Galp, con 8,7 millones.

El Gobierno eleva en 104 millones de euros las ayudas a la eficiencia energética para pymes y grandes empresas

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), amplió en 104,4 millones de euros el presupuesto del Programa de Ayudas a la Eficiencia Energética para actuaciones en pymes y grandes empresas del sector industrial. Esta segunda convocatoria de ayudas, vigente desde julio, contaba con un presupuesto inicial de 63,7 millones de euros que ya se agotaron. Del total de 168,1 millones, un 40% irá a pymes y el resto a grandes empresas.

Con el objeto de cubrir un mayor rango de proyectos, a partir de ahora se incrementa la inversión máxima por expediente de 6 millones a 50 millones de euros. Otra novedad es que los beneficiarios podrán contar con un anticipo, de hasta el 40% de la ayuda concedida, que podrán solicitar conforme se establece en el procedimiento de ayudas. El Ministerio ha recordado que el objetivo de esta convocatoria es la reducción del consumo de energía final y las emisiones de CO2 mediante la mejora de la eficiencia energética a través de mejoras tecnológicas y de sistemas de gestión energética.

Por otro lado, el IDAE ha ampliado hasta el 30 de abril de 2018 el plazo para solicitar ayudas en eficiencia energética en el sector ferroviario y en desalación, por no haberse agotado la cuantía presupuestada. Para el sector ferroviario se reservaron 13 millones de euros y 12 millones para la desalación. El presupuesto de todos estos programas proviene del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pudiendo ser cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La gestión del mismo está asignada al IDAE. Los programas de ayudas se inscriben dentro del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020.

BP recurre la aportación al Fondo de Eficiencia Energética para este año

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos presentados por BP oil España y Bon área de energía en contra de la orden ministerial por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2017.

En concreto, los recursos presentados por las compañías ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera del Alto Tribunal fueron admitidos a trámite por diligencia de ordenación el pasado lunes, 6 de noviembre, según consta en una resolución del Ministerio de Energía publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La aportación al Fondo de Eficiencia Energética para 2017 ya ha sido también recurrido por Repsol, Gas Natural Fenosa, Cepsa, Galp Energía, Disa, Shell, Tamoil, Audax Energía o Fortia Energía, entre otros.

Las empresas energéticas aportarán este año más de 205 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de los cuales la mayor parte corresponderá a Repsol, Endesa y Gas Natural Fenosa, las tres compañías que mayor volumen de energía venden en España.

Por su parte, Disa Retail y Disa Red han interpuesto recursos contencioso-administrativos ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, contra la desestimación presunta de los recursos de reposición interpuestos contra la obligación de contribución al Fondo de Eficiencia Energética correspondiente a la segunda cuota para el año 2017.

La aportación obligatoria al fondo, creado en 2014, se establece, conforme a la metodología diseñada por Industria, en proporción al volumen de ventas de energía.

En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida a nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales durante el año 2015.

Energía concederá ayudas de 100 millones de euros para impulsar la eficiencia energética en la hostelería, industria y comercio

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha suscrito un convenio de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para conceder ayudas por importe de hasta 100 millones de euros para financiar actuaciones de mejora de la eficiencia energética en un Plan Renove del sector de la hostelería, con 30 millones de euros, y en las pymes y las grandes empresas industriales y comerciales, con 70 millones de euros.

El plazo para solicitar las ayudas se abrirá próximamente y deberá hacerse mediante las entidades financieras adheridas a la línea. Los proyectos en el caso de pymes y gran empresa del sector industrial y comercial deberán ejecutarse en un plazo de 24 meses y pueden ser financiados en el 100% de su inversión, con hasta un máximo de 3 millones de euros. Por su parte, los proyectos de establecimientos hosteleros deberán ejecutarse en un plazo no superior a los 12 meses y podrán obtener financiación de hasta el 100% de la inversión, con un máximo de 1,5 millones de euros.

En el caso del plan específico para la hostelería, que ya fue firmado mediante un convenio entre el Ministerio de Energía y la Federación Española de Hostelería (FEHR), en colaboración con el ICO, el objetivo es mejorar la eficiencia energética del sector. El Plan Renove en hostelería servirá para promocionar medidas de ahorro energético, elaborar un catálogo de medidas de ahorro y eficiencia energética que resulten financiables a través de la línea ICO-IDAE y poner en marcha acciones de promoción y asesoramiento técnico, así como contabilizar el ahorro energético obtenido.

Entre las medidas que pueden llevarse a cabo destacan la rehabilitación energética de la envolvente, la mejora de las instalaciones de climatización, ventilación y agua caliente sanitaria, la mejora de las instalaciones de iluminación, la renovación de generaciones de frío y cámaras frigoríficas, la mejora de las instalaciones eléctricas, la implantación de sistemas inteligentes de gestión y la renovación del equipamiento hosteleros y de muebles frigoríficos de conservación y congelación.

El convenio contempla que el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) asuma con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética el 50% del riesgo de las operaciones financiadas, mientras que las entidades financieras participantes asumirán la otra mitad. Por su parte, el ICO ha firmado un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para proveer de fondos la línea de financiación para las inversiones de las pymes que deseen renovar sus procesos productivos o, en el caso de cafeterías, bares y hoteles, sus equipamientos por otros más eficientes en el consumo de energía y menos contaminantes.