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La Eurocámara pide elevar al 55% el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030

Europa Press.- La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha abogado por elevar al 55% el objetivo de reducción de emisiones efecto invernadero para 2030 en comparación con los niveles registrados en 1990, frente a la meta del 40% que tiene la Unión Europea en la actualidad.

En una resolución no legislativa, aprobada con 49 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, los eurodiputados han advertido que es necesario aumentar la ambición actual para poder conseguir en 2050 una economía europea sin emisiones efecto invernadero. En este contexto, la comisión europarlamentaria ha pedido a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que apoyen este incremento del nivel de ambición durante la cumbre que mantendrán en Sibiu (Rumanía) el 9 de mayo.

Los eurodiputados han subrayado que el PIB de la Unión Europea crecería a un mayor ritmo con escenarios más ambiciosos de reducción de emisiones de gases invernadero, aunque de manera desigual entre los distintos Estados miembros. Además, han destacado que una transición «justa» hacia un escenario de emisiones netas nulas podría suponer la creación de puestos de trabajo siempre que se gestione «de forma adecuada» y apoyando a las regiones, sectores y ciudadanos que se viesen más afectados. En este sentido, los eurodiputados han pedido tanto a las capitales como a la propia Unión Europea que tengan en cuenta el impacto social que pueden tener las políticas climáticas que desarrollen.

Por otro lado, la comisión de Medio Ambiente ha enfatizado que la estrategia de la Unión Europea hasta 2050 debe dar prioridad a la reducción directa de emisiones y «fortalecer» las reservas y los sumideros naturales de carbono, como los bosques. Por último, ha instado a la Comisión Europea a desarrollar una estrategia industrial con políticas que permitan al sector europeo competir con sus rivales globales en igualdad de condiciones, así como a activar medidas compatibles con las normas de la OMC que eviten el riesgo de fuga de carbono.

97 millones para eficiencia energética

Por su parte, la Comisión Europea ha anunciado que invertirá 97 millones de euros en el desarrollo de proyectos que persigan mejorar la eficiencia energética de edificios tanto públicos como privados, una iniciativa que se enmarca dentro de los esfuerzo del bloque comunitario para reducir un 32,5% el consumo de energía en 2030. El presupuesto se destinará, en concreto, a la Facilidad ELENA (European Local Energy Assistance), que está gestionada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), organismo que aportará asistencia y actuará como «punto de contacto» en el proyecto.

Así, los servicios de desarrollo de proyectos se dirigirán a asociaciones de hogares y propietarios que pretendan «aumentar el confort y reducir las facturas energéticas», según el BEI. Estas ayudas, además, estarán disponibles para entidades que quieran desarrollar productos financieros o préstamos dedicados a la mejora de la eficiencia energética. «Acelerar las inversiones en eficiencia energética en edificios residenciales para reducir las emisiones de carbono y atajar mejor el cambio climático es crucial», advierte el vicepresidente del BEI responsable de Energía, Andrew McDowell. Los edificios residenciales europeos suponen el 40% de la demanda energética de la Unión Europea, que tiene el objetivo de reducir su consumo un 32,5% para 2030.

Unidos Podemos propone que la Administración sólo contrate energía de origen 100% renovable

Europa Press.- Unidos Podemos quiere que la Administración General del Estado y su sector público sólo contrate para el suministro eléctrico de sus edificios, sedes, equipamientos y otras instalaciones energía de origen 100% renovable. Su propuesta pasa por no tramitar prórrogas de los contratos de suministro eléctrico vigentes, salvo en supuestos de no concurrencia, y contratar exclusivamente el suministro con comercializadoras de Etiquetado A. Esto es, que tengan certificada su producción como limpia por el sistema de garantía de origen del organismo regulador CNMC.

Así consta en la proposición no de ley que sus diputados Jorge Luis Bail (Podemos) y Josep Vendrell (En Comú Podem) han registrado en el Congreso para su debate y votación ante el Pleno. Según recuerdan en su propuesta, ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante o Cádiz ya han abordado una contratación de suministro eléctrico 100% renovable, y creen que «resulta imperativo aprovechar al máximo» un potencial de ahorro energético en un inventario que en 2016 sumaba 2.142 edificios de más de 250 m2 útiles.

Es más, consideran que además de una compra verde, la Administración también puede aprovechar las cubiertas de sus edificios para generar energía renovable, con el fin de satisfacer en todo o en parte sus necesidades energéticas, y también verter a la red energía limpia. Así, piden poner en marcha medidas en estas instalaciones e instalar de forma progresiva sistemas de generación renovable. Actualmente, critican, sólo 4 de los 15 edificios ministeriales cuentan con energía solar. Según los estudios de Greenpeace, citados por Luis Bail y Vendrell, la Administración podría producir 93.457 GWh/año en sólo 917 de sus edificios, lo que supondría un ahorro de más de 320 millones de euros en una estimación a 25 años para las cuentas públicas.

El Consejo General de la Arquitectura Técnica y la Plataforma de Edificación Passivhaus formarán a los profesionales en este estándar

Europa Press.- El Consejo General de Arquitectura Técnica de España (CGATE) y la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) firmaron un convenio de colaboración para contribuir a la formación sobre el estándar Passivhaus, de construcción energéticamente eficiente, entre los profesionales de la arquitectura.

La plataforma PEP ofrecerá jornadas o talleres de formación sobre el estándar Passivhaus a los colegios que integran la organización de profesionales de la arquitectura técnica, con el objetivo de contribuir a una mayor responsabilidad ambiental. Los asistentes recibirán un certificado de aprovechamiento avalado por su realización. Como ha explicado Adelina Uriarte, presidenta de PEP, la firma de este convenio «es una muestra del compromiso por avanzar en el cumplimiento de las exigencias europeas en materia de construcción de edificios más eficientes y menos contaminantes».

Han resaltado que los edificios de viviendas, de oficinas o los centros de estudio “son responsables de alrededor del 40% de la energía que se consume, por lo que hay que apostar por casas y edificios energéticamente eficientes, «bien mediante obra de nueva construcción o bien mediante la ejecución de una rehabilitación que garantice esa eficiencia hacia el consumo casi nulo«. De su lado, el presidente del CGATE, Alfredo Sanz, comentó que «la arquitectura técnica quiere mostrar con acciones como ésta su responsabilidad con la edificación responsable en materia energética», mediante «la disposición de las herramientas necesarias para prestar el mejor servicio a la sociedad».

CC.OO. urge al Gobierno a reformar «en profundidad» el bono social de la electricidad

Europa Press / EFE.- CC.OO. ha instado al Gobierno a que revise «con urgencia y profundidad» el bono social eléctrico, porque el actual es «inoperante» ante la escalada de precios que experimenta la electricidad, según afirmó el sindicato. Para la organización que lidera Unai Sordo es necesario que se implanten medidas «más amplias y estructurales», empezando por la aprobación de la ley integral sobre pobreza energética y estableciendo un bono social energético que incorpore «coordinadamente» a las distintas medidas de lucha contra la pobreza energética.

En concreto, el sindicato considera que esta normativa debería complementarse con la reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad, que «ahora solo beneficia a las compañías eléctricas y que es la principal causa del aumento de los precios», e impulsando la rehabilitación energética, estableciendo desde la acción pública medidas concretas y amplias para el aislamiento térmico de viviendas de consumidores vulnerables. Ante la proximidad del vencimiento de plazo para solicitar un nuevo bono social, CC.OO. ve preciso prorrogar el plazo para que «nadie con derecho a él esté excluido por cuestiones burocráticas» ya que sus efectos no han llegado a todos sus potenciales beneficiarios, lo que, en su opinión, pone de manifiesto las carencias de la normativa.

Hasta el 8 de octubre

La nueva normativa fijó un plazo para adaptar el nuevo bono social que finaliza el 8 de octubre y hasta ahora solo la cuarta parte de los actuales beneficiarios se han acogido al nuevo bono, que establece descuentos en el recibo eléctrico de entre el 25% y el 40% según sean consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión. Así, ve necesario que todos los consumidores estén plenamente informados de las condiciones que les dan derecho a la prestación del bono social y que haya un asesoramiento acerca de medidas de eficiencia energética, «especialmente relevante para los consumidores vulnerables».

No obstante, CC.OO. considera que el bono social no resuelve los principales problemas de la pobreza energética y apuesta por medidas «más amplias y estructurales». En este contexto, reclama considerar la extensión de la protección al conjunto de suministros energéticos de los hogares (butano o gas) y que tenga en cuenta criterios similares para la concesión de la protección. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, en 2015 el gasto en electricidad supuso un 62% del gasto energético de los hogares.

La comisión de expertos propone subir un 28,6% el gasóleo, un 5,8% el gas y bajar un 6,8% la luz

Europa Press.- La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética apuesta por un encarecimiento del gas del 5,8% y también de los derivados del petróleo, especialmente del gasóleo, que subiría un 28,6%, frente a un alza del 1,8% en la gasolina, a la vez que aboga por abaratar el precio de la electricidad en un 6,8% para el consumidor doméstico.

La comisión, que ha presentado las conclusiones de su trabajo al Gobierno, considera que estas modificaciones de precios son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual. El documento, entregado por el presidente de la comisión, Jorge Sanz, al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha contado con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que puede convertirlo en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el cambio climático.

El informe apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por España con la Unión Europea en materia de cambio climático. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales bajo el axioma de que el que contamina, paga. El documento incluye 3 límites en la implantación de esta medida, como son evitar la deslocalización de la industria sometida a competencia internacional y los efectos negativos sobre otros colectivos sensibles, como agricultores y profesionales del transporte; evitar la pérdida de recaudación de las administraciones públicas y no elevar la presión fiscal.

Propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). También sugiere que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, para la electricidad y el gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A).

En ausencia de una fiscalidad distorsionadora, España se convertiría en un exportador neto de electricidad a Francia «ya que la mayor penetración renovable en nuestro país permite un diferencial de precios eléctricos estructural a favor de España», explica Sanz, presidente de la comisión de expertos. El informe apunta a que el gas natural jugará un papel importante en 2030, pero su importancia se reducirá en 2050, año en el que la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento.

En lo que respecta a la generación eléctrica con carbón, el informe apunta a que con los precios de los combustibles del escenario central y el precio del CO2 de 50 euros por tonelada previsto en el mismo, la participación de esta tecnología en el mix eléctrico sería nula, por lo que prevé la desaparición del carbón en el mix eléctrico en el año 2030.

Mejor fijar pagos por capacidad

El informe también contempla la puesta en marcha de mecanismos de capacidad destinados a garantizar a las centrales eléctricas la recuperación de sus costes fijos y la posibilidad de hibernar centrales de generación «que, pudiendo ser redundantes actualmente, podrían necesitarse cuando se recupere la demanda de electricidad«. Esto podría ser una opción menos costosa para el consumidor que construir centrales nuevas dentro de unos años.

La comisión apunta también a una revisión de los peajes de acceso «para evitar que la electricidad siga siendo artificialmente cara» respecto de otras fuentes energéticas alternativas (gas natural y derivados del petróleo) y sea posible avanzar hacia la electrificación de la economía y, con ella, hacia una mayor penetración de las energías renovables. Según su análisis, el actual diseño de peajes incentiva ineficientemente el autoconsumo eléctrico, debido a que una parte importante de los costes fijos del sistema eléctrico se recupera a través del peaje variable de la electricidad. En consecuencia, los autoconsumidores dejan de contribuir a la financiación de dichos costes fijos, que habrán de ser soportados por los consumidores que no pueden instalar paneles en sus tejados.

«Ello supone una subvención implícita al autoconsumo que puede dar lugar a transferencias de renta regresivas, debido a la diferente capacidad adquisitiva entre los consumidores que pueden instalar paneles en sus tejados y los que no pueden, y a inversiones ineficientes, ya que la generación solar fotovoltaica es más eficiente hoy que la distribuida, gracias a las economías de escala», apunta Sanz. Por ello, la Comisión propone que se revisen los actuales peajes de acceso (fuente de la distorsión) y, al mismo tiempo, se suprima el actual peaje de respaldo.

Con respecto a las emisiones, los expertos destacan el alto grado de cumplimiento de los límites de emisiones referenciados a 2005 y el elevado grado de cumplimiento del objetivo de eficiencia energética. Sin embargo, respecto al objetivo de renovables, su cumplimiento dependerá del grado de electrificación de la economía que se alcance. «Por ello, es fundamental abordar de forma urgente la reforma de la fiscalidad ambiental en el sector energético y la reforma de los peajes de acceso, de manera que los agentes económicos respondan a las señales de precio correctas que permitan la electrificación de la economía», explica Sanz.

De no alcanzarse el suficiente grado de electrificación, será preciso impulsar medidas de eficiencia energética adicionales (por ejemplo, en aislamiento térmico de edificios) e incluso potenciar las renovables no eléctricas (solar térmica o biocarburantes) a pesar de que son más caras que las renovables eléctricas. Para alcanzar en 2050 un alto nivel de descarbonización, será necesaria la reconversión energética del parque de edificios, así como políticas públicas de apoyo al ahorro energético en la industria.

El informe recomienda igualmente considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un bono social energético, pero financiado desde los Presupuestos. También ve conveniente garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no sólo a los severos), «siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas», con la colaboración de todas las administraciones públicas competentes. Por último, la comisión propone contar con un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático.

La Fundación Renovables propone que todas las centrales nucleares estén cerradas en 2024 y las térmicas de carbón en 2025

EFE / Europa Press.- La Fundación Renovables plantea que todas las centrales nucleares estén cerradas en 2024 y las térmicas de carbón en 2025, según el documento presentado Hacia una transición energética sostenible, con 200 medidas «urgentes e ineludibles» para realizar la transición energética en España. La Fundación propone un plan de cierre progresivo de las centrales de carbón que comience en 2018 y que culmine en 2025, así como la eliminación de todas las subvenciones a la minería y al uso del carbón.

Además, propone que no se den pagos por capacidad a las centrales de carbón que emitan más de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora (Kwh) y un plan de «transición justa» para las zonas afectadas por la desaparición del carbón. José Luis García Ortega, patrono de la Fundación, ha denunciado que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, está empeñado en que las plantas de carbón no se cierren y ha pedido a los grupos parlamentarios que no apoyen la proposición de ley que se va a presentar en el Congreso para ampliar los criterios a tener en cuenta para el cierre de centrales valorando la posibilidad de mantener una central si su cierre incrementara los precios de la electricidad.

En cuanto a las centrales nucleares, la Fundación Renovables propone un cierre programado a medida que vayan expirando las licencias actualmente en vigor, con lo que la última cerraría en 2024. También pide que los costes de desmantelamiento de las centrales y el tratamiento de los residuos los asuman las empresas. Además, reclama que el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos de Villar de Cañas (Cuenca) siga paralizado hasta que no haya un plan de cierre de todas las nucleares.

El presidente de la Fundación, Fernando Ferrando, considera que se trata de una propuesta «proactiva, justa, viable económica y tecnológicamente, es global, es estructural y no oportunista» que parte del convencimiento de luchar contra el cambio climático y contra «las graves disfunciones del sistema energético» en España, así como para lograr una significativa reducción de las emisiones. Por ello, ve imprescindible electrificar la demanda de manera generalizada, por eficiencia y por emisiones cero en consumo. La propuesta parte de que la ciudad es el escenario del cambio energético, ya que en ellas reside el 80% de la población y consumen el 75% de la energía.

El documento, que plantea un escenario hasta 2030, gira en torno a desincentivar el consumo de combustibles fósiles. Actualmente, el 50% de esa demanda de energía en España corresponde a productos petrolíferos, frente al objetivo de la Fundación Renovables para 2030 de que el 50% se cubra con renovables, multiplicando su peso por tres. Por tanto, aboga por reducir el petróleo del 50% al 22% a 2030; reducir la dependencia del 83% al 50% y frenar las emisiones un 59%, pasando de las 255 mtn de CO2 de 2015 a 104 Mtn. Ese objetivo supondría que la electrificación de la demanda pasara de un 25% en 2015 a un 50% en 2030 y que la generación renovable llegara al 80%.

Cuota del 10% en autoconsumo

La Fundación Renovables, que propone anular las medidas retroactivas en la retribución de estas energías y la repotenciación de 15.000 MW hasta 2030, calcula que habría que instalar 85.000 megavatios (MW). La Fundación Renovables exige derogar el decreto de autoconsumo, simplificar los procedimientos administrativos y fomentar la incorporación de baterías y el desarrollo del autoconsumo compartido con el fin de que en 2030 la generación distribuida alcance el 10% de cobertura de la demanda de la electricidad. Asimismo, propone que no se limite la potencia de estas instalaciones y que se permitan las compras y ventas de energía entre particulares.

El documento recoge también propuestas para erradicar la pobreza energética. La Fundación considera ineficaz el actual bono social y propone una tarifa social. La Fundación Renovables propone rehabilitar 500.000 viviendas al año para mejorar su eficiencia energética, lo que representa el 3% del parque actual. De esta forma, en 2030 estarían adaptadas todas las que lo necesitan. También se propone actuar en los edificios públicos, rehabilitando el 5% de ellos cada año. Plantea eliminar el consumo de combustibles fósiles con sistemas de alta eficiencia como la bomba de calor. Por ello, propone prohibir las calderas de carbón a partir de 2021 y las calderas de gasóleo a partir de 2025.

En materia de movilidad, la Fundación Renovables propone prohibir la circulación de vehículos diesel en las ciudades en 2025, que en 2030 el 60% de los nuevos vehículos sean eléctricos, lo que supondrá alcanzar una cuota del 30% de los vehículos en circulación (5 millones de vehículos eléctricos) con una reducción del parque automovilístico de un 15%. Asimismo, pretende minimizar las necesidades de transporte por servicios de cercanía, con prácticas de mínimo consumo y emisiones y abandonar progresivamente los vehículos de combustión interna. «Apostamos por la peatonalización, el fomento del uso de la bicicleta y del transporte público y la implantación del vehículo eléctrico», comenta.

Por otro lado, otra de las prioridades de la Fundación Renovables es la reforma urgente del sector eléctrico con la corresponsabilidad de los sectores del petróleo y del gas en soportar los costes de los cumplimientos de los objetivos a 2020, modificar la retribución de la distribución y el transporte por la energía verdaderamente distribuida y transportada en lugar de por las inversiones, se propone que la tarifa eléctrica debe ser monómica y progresiva, de forma que su precio horario se defina solo en función de la electricidad que se consuma, transformando los costes fijos en variables. En materia regulatoria, pide sacar de la tarifa las políticas industriales y territoriales.

Entre otras propuestas plantea actuar de forma prioritaria sobre la demanda sobre la vía para mejorar la gestión del sistema eléctrico y una reforma de la política fiscal como herramienta «fundamental» mediante, por ejemplo, la incorporación en el IBI de las ineficiencias energéticas de los edificios. En su contribución al debate nacional sobre la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Fundación Renovables señala que «para alcanzar en 2050 la descarbonización no solo de nuestro sistema energético sino de la economía en general, es fundamental pisar el acelerador desde el momento actual y no dejar el esfuerzo principal para el final».

En el ámbito de la fiscalidad, propone que esta se dirija a fomentar y penalizar las prácticas que se quieran limitar. Por ejemplo plantea modificar el Impuesto Especial de Hidrocarburos y aumentar el gravamen de los combustibles derivados del petróleo líquido (5 céntimos por litro) y del gas natural (1 euro por MWh). Con esta medida calcula que recaudarían aproximadamente 3.500 millones de euros que se destinarán a planes urbanos, rehabilitación de viviendas, sustituir calderas por bomba de calor, mejorar la domótica o instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Aragón permite que la certificación energética de inmuebles se pueda solicitar por vía telemática, reduciendo a 3 meses la tramitación

EFE.- Los técnicos competentes y los propietarios/promotores de los inmuebles que aspiran al certificado de Eficiencia Energética de Edificios podrán presentar toda la documentación mediante certificado electrónico reconocido a través de la nueva versión del REGCEE. El Boletín Oficial de Aragón publicó la orden que regula los procedimientos de inscripción en el registro de Certificación de Eficiencia Energética y su tramitación telemática, según el Ejecutivo autonómico.

Esta posibilidad telemática permitirá la simplificación del procedimiento y una agilidad en la tramitación, con una reducción de los plazos de resolución de 6 a 3 meses. Únicamente las personas físicas que no sean técnicos competentes, como propietarios, pueden presentar un Anexo I (solicitud de inscripción) de forma presencial, si bien la Dirección General de Energía y Minas recomienda otorgar la representación a los técnicos que realicen los certificados. A través de la aplicación REGCEE, una vez cumplimentados los datos requeridos y como resultado final, se generan documentos con los datos del certificado y la solicitud de inscripción del certificado.

Además, se crea la Sección Segunda del Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de Aragón con el fin de divulgar a la ciudadanía los datos de contacto de empresas y profesionales dedicados a realizar certificados de eficiencia energética de edificios, de forma que tengan acceso a un registro actualizado periódicamente de técnicos y empresas. La inscripción en esta sección es voluntaria y deben cumplir los requisitos de ser técnico competente o empresa que se dedique a esta labor dentro de su objeto social.

Será posible la consulta y descarga de la etiqueta energética de todos los certificados y se podrán consultar los técnicos y empresas inscritos para que la ciudadanía pueda ponerse en contacto y contratar los servicios ofertados. El certificado de eficiencia energética contiene información sobre la calificación de eficiencia energética de un inmueble; puede referirse a la fase de proyecto, edificio terminado o edificio existente. Es obligatorio en los casos de nueva construcción, venta o alquiler de un inmueble o local.

La Comisión Europea insta a España a trasponer la nueva normativa comunitaria sobre eficiencia energética y emisiones de los combustibles

EFE.- La Comisión Europea insta a España a trasponer a su legislación nacional en los próximos dos meses la nueva normativa comunitaria en materia de eficiencia energética y de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles, según indicó la propia Comisión Europea.

En el primero de los dos dictámenes motivados, el segundo paso del procedimiento de infracción de la Comisión Europea, el Ejecutivo comunitario solicita a España la «transposición correcta de los requisitos sobre contadores individuales en edificios de pisos, establecidos en la Directiva sobre eficiencia energética». Dicha directiva exige la instalación de contadores de calefacción y de agua caliente en todos los edificios, en aquellos casos en que sea rentable y técnicamente factible, mientras que las medidas de transposición nacionales establecen esta obligación solamente para los edificios construidos después de 2007.

En octubre de 2017, Bruselas remitió a las autoridades españolas una carta de emplazamiento y ahora la Comisión Europea avanza hacia la siguiente fase del procedimiento de infracción. «Las autoridades españolas disponen de 2 meses para subsanar las deficiencias señaladas en el dictamen; de lo contrario, la Comisión puede llevarlas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea«, indicó.

En cuanto al segundo punto, relativo a la calidad del combustible, la Comisión Europea remitió un dictamen motivado a España y otros 9 Estados miembros (Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia, Letonia, Rumanía y el Reino Unido) por no incorporar la normativa de la Unión Europea sobre la calidad de la gasolina y el gasóleo a su ordenamiento jurídico. Las reglas europeas establecen normas para calcular y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y de otros tipos de energía procedentes de fuentes no biológicas.

Dicha regulación tiene por objetivo «obtener información con un nivel suficiente de exactitud, de forma que la Comisión pueda evaluar el comportamiento de los suministradores de combustible a la hora de cumplir sus obligaciones a tenor de la directiva sobre la calidad del combustible», señaló la Comisión Europea. La directiva aspira a conseguir una reducción del 6%, como mínimo, de la intensidad en gases de efecto invernadero del combustible y la energía suministrados de aquí a 2020, agregó la Comisión. En este caso, los países también disponen de dos meses para transponer la normativa comunitaria.

El Ayuntamiento de Cáceres evalúa el potencial solar de 15.200 edificios con el objetivo de impulsar la generación eléctrica renovable

EFE.- El Ayuntamiento de Cáceres ha evaluado el potencial de generación de energía solar de unos 15.200 edificios, incluidos 70 públicos, mediante un estudio «pionero a nivel institucional» con el objetivo de implantar en la ciudad las energías renovables y difundir su rentabilidad entre la población.

Así lo ha explicado la alcaldesa, Elena Nevado, en la presentación del informe Potencial Solar Fotovoltaico de las cubiertas de la ciudad, elaborado conjuntamente con la Universidad de Extremadura (UEx) y el Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal. Ha señalado que Cáceres tiene un gran potencial para el uso de la energía solar a la hora de generar energía, incluso superior al estimado, ya que las cubiertas pueden llegar a producir 7 kilovatios por hora (kw/h) por metro cuadrado. Nevado precisó que un microondas consume de media 0,6 kw/h y que esto da una idea del ahorro significativo que puede haber en la factura eléctrica al utilizar los tejados como fuentes de producción de energía.

El estudio, que nace de un convenio con la UEx, utiliza parámetros como la orientación, la sombra y la inclinación de los edificios para obtener la información, y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha cedido datos diarios de la radiación solar, “un parámetro muy importante a la hora de estudiar el cálculo», subrayó la coordinadora del proyecto, Elia Quirós.

El estudio ya se puede consultar a través de la web del SIG, donde se ha incorporado un visor que ofrece información exacta del potencial solar de los edificios donde la población y las empresas del sector podrán constatar la radiación media diaria por meses que recibe cada inmueble. Esta radiación se interpreta a través de una escala cromática que ofrece información al ciudadano que se decida apostar por la energía solar; además de ofrecer la mejor colocación para los captadores de energía que podría colocar en el edificio. El objetivo es «apostar por una energía limpia y alternativa, y reducir la dependencia de otro tipo de energías», aseveró Nevado.

Microsoft firma en Singapur su primer contrato de energía renovable en Asia con la empresa local Sunseap

EFE.- El gigante tecnológico Microsoft anunció en Singapur un acuerdo con la empresa local Sunseap Group que supone su primer contrato de energía renovable en Asia, dentro de su plan de que la mitad de sus centros usen energía limpia en 2018. Microsoft comprará durante los próximos 20 años el 100% de la energía que produzca Sunseap, líder de la energía renovable en Singapur, en un proyecto de plantas solares en los techos de los edificios de la ciudad-Estado.

Microsoft no reveló el coste de la operación. «Este acuerdo es el primero de energía renovable de Microsoft en Asia y es nuestro tercer anuncio mundial de energía limpia, tras los dos acuerdos eólicos anunciados en Irlanda y Holanda en 2017″, apuntó el gerente general de estrategia en la nube de Microsoft, Christian Belady. «Estamos en camino de superar nuestro objetivo de abastecer el 50% de nuestra demanda de centros de datos globales con energía renovable este año», añadió Belady.

La compañía que fundara Bill Gates se comprometió a alimentar sus centros de datos con energía limpia y a incorporar fuentes de energía renovable en las comunidades en las que operara. El director y cofundador de Sunseap, Lawrence Wu, destacó la importancia del contrato por el impulso que Microsoft imprime a la industria de la energía renovable y por el ejemplo que ofrece a las demás empresas locales para que apuesten por la energía limpia.