Federales contra confederados en las renovables

El desenlace de determinados acontecimientos en el sector energético empieza a dar signos de que el sudoku tiene difícil encaje, o más bien que hay más piezas del puzzle que las que se pueden colocar. Estamos, por tanto, asistiendo a una ofensiva multilateral por tecnologías para ocupar un espacio, el de la generación eléctrica en estado de saturación por la caída de la demanda. Caída de la demanda que amenaza con recrudecerse en términos de volumen, prolongarse en términos de tiempo y agravarse por las decisiones administrativas asociadas desequilibrantes.

Ninguna acción ya en este contexto es inocente: el impulso a la generación de electricidad mediante la quema de carbón nacional (el Decreto de Energía Insostenible) se come tarifa, derechos de emisión, contaminación, expulsa tecnología de generación y provocará más desconexiones en los parques eólicos alterando las bases de su régimen retributivo. La semana pasada podíamos leer en El País, cómo en breve podría sobrar producción de energía renovable. Por eso, podemos comprobar cómo no hay día en el que un sector u otro levante el dedo y manifieste su papel y su contribución al sector energético español.

El hecho es que podemos comprobar cómo desde hace unos días el torrente de informaciones es incesante al respecto de las diversas tecnologías de generación eléctrica. Todas ellas, con legítimo interés, postulándose ante este escenario contractivo. Y, por ello, hemos podido comprobar, sobre todo en el ámbito del sector renovable una realidad convulsa y contradictoria. En esa realidad convulsa y contradictoria aparece dos fuerzas centrífugas: las que cuestionan las primas a las renovables y las que las defienden. Una confrontación que se libra en los medios de comunicación, en el espacio público de construcción de la opinión, casi en términos de derby, forofismo, con todo su aparataje y forma retórica. El problema es reconocer que el debate hoy está construido en unos términos en los cuales es inexistente de forma que puede llegar a establecerse una partida de damas en las que un jugador juega en las casillas blancas y otro en las negras.

Son varios los argumentos recurrentes a la hora de colocarse en la posición favorable: el primero tiene que ver con generación de empleo, actividad, tecnologías, reducción de emisiones de dióxido de carbono y del volumen derechos de emisión a adquirir. Pocos argumentos parten de su incardinación directa en el sector eléctrico. Con esa pléyade argumental, cualquier decisión sobre el futuro renovable debería tener cabida: inclusive primas y volúmenes, muy generosos cuya contribución en términos de prima, megavatios de generación sea muy descompensada (situación recientemente evidenciada en el caso de la tecnología termosolar cuya irrupción masiva por decisiones administrativas ha derivado en sus consecuencias en términos de hipoteca futura: drenaje de la capacidad de producir más energía renovable con menos incentivo económico a cargo de los consumidores).

Los más avanzados, de este primer grupo favorable a las renovables, son conscientes de que las peores decisiones son las que contravienen el desarrollo futuro del sector. Es decir, las que se pasan de frenada. Y, por tanto, mantienen un cierto escepticismo con una adhesión sin reparos al desequilibrio retributivo, sin visión global. En este entorno, se participa de la confianza del desarrollo de las tecnologías, comparten la necesidad de comprender cada una de ellas y sus características diferenciales y comprenden la necesidad de aproximarse a la rentabilidad y a los precios de mercado, bien por ganancias de eficiencia, bien por relación de precios comparativos, o por las dos cosas a la vez. Son conscientes de la necesidad de que los incentivos económicos a las renovables no sean sine die, se integren y sean sostenibles en el sistema eléctrico y la tarifa, y por tanto, los proyectos no sean fuente de especulación, sino que sirvan a la inversión en capacidad de generación eléctrica.

Segunda línea: los ligados al colectivo desfavorable a las renovables tienen que ver con la negación del cambio climático o la evolución del impacto de las renovables en la tarifa eléctrica, magnificando su efecto (sin descontar los beneficios económicos y medioambientales) y amplificando los errores de bulto del pasado. Este grupo se ve alimentado por decisiones administrativas y regulatorias que han provocado que el sector de generación eléctrica mediante tecnología renovable no participe de la conformación del sector eléctrico y del mercado en términos de relación oferta/demanda. Un buen marco regulatorio y retributivo mal acabado, digamos. Con este tratamiento, se han producido importantes burbujas que buscan apropiarse de unas plusvalías cuasi-inmobiliarias. En suma, por un cúmulo de decisiones que han sumido en un descontrol a la Administración en este camino, cuya respuesta acaba siendo una reacción de impotencia: desplegar inspecciones de dudoso resultado, una vez que se han desbordado las aguas en lo económico. En ese tráfago, además las Comunidades Autónomas y determinados sectores concretos han encontrado puntos débiles y cierta volubilidad en sus coyunturas.

¿De dónde viene esta confrontación abierta? Primero, de un hueco, de una carencia trágica generada por los responsables de la regulación y de la planificación de los sectores energéticos, al no ser capaces de proporcionar una respuesta sostenible y global y actuar de manera parcial a intereses momentáneos relacionados con cada sector de generación. Y en esto se demuestra que el orden de las decisiones no será inocuo: decisiones sobre energía nuclear, carbón y renovables no son independientes. Segundo, que el debate desde las autoridades no se construya en el espacio público en el que se deberían configurar las coordenadas del mismo, cuestión que se produce por evidente esquivamiento de la responsabilidad central. El tablero de la generación eléctrica, régimen general y especial, se tienen que centrar en el modelo de generación, de mercado y de tarifa eléctrica, como ejes fundamentales. Cuestión que requiere una respuesta global, conjunta, tanto desde el punto de vista de sostenibilidad económica, como medioambiental y de la tarifa eléctrica como resultante. Por tanto, hay que volver a la ortodoxia: colocar las piezas en el mismo tablero y en las casillas del mismo color para evitar veleidades derivadas de intereses espurios y de la cizaña que puede surgir de su abandono. Todo ello, para no hacernos los dedos huéspedes y contaminar objetivos de política energética y eléctrica con cuestiones e intereses de otra índole (legítimos, eso sí), industriales, de empleo, o de ayuda a sectores improductivos, tomando decisiones insostenibles.