¿Hay relación entre la investigación de la CNC en UNESA y el decreto para priorizar la generación eléctrica mediante el carbón nacional?

Ayer comentábamos que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) está participando en una ceremonia antiempresarial y antimercado, impropia de su función y cometido. Por ello, bajo ese contexto, este escenario sería uno de los elementos episódicos de la misma. Hoy buscaremos una interpretación más concreta a los últimos acontecimientos relacionados con el comportamiento de este organismo en relación al sector eléctrico, sobre todo en lo relacionado con la propuesta de aumentar la producción de energía eléctrica mediante carbón nacional.

Por ello, intentaremos señalar hechos, relaciones y casualidades (o causalidades) que se han producido en los últimos tiempos en el sector energético, desde la atención minuciosa de la realidad y con perspectiva histórica, cercana y lejana de la situación de partida. Son mecanismos más o menos evidentes, o que al menos transparentan comportamientos. Pero también son mecanismos que contienen elementos narrativos elípticos, basados fundamentalmente en relaciones y capicúas, en la existencia de hechos más o menos coincidentes y en declaraciones de intenciones explícitas.

La pregunta que deberíamos hacernos es si existe alguna relación entre la medida propuesta para aumentar la generación de electricidad mediante el carbón nacional y el hecho de que los investigadores de la CNC hayan entrado en la sede de la patronal eléctrica Unesa a la búsqueda de pruebas previa a la incoación de un expediente. Sobre todo en la medida en que la CNC desde el principio del proceso (y de forma cronológica) ha estado como una sombra, detrás (o delante, quién sabe) del sector eléctrico, reuniendo en este momento sus «ententes» pasadas para servirlas de manera acumulada.

Primero: el aviso y el primer anuncio de la investigación.

Al principio de este proceso, tuvimos información de que la CNC iba a vigilar muy de cerca la propuesta que el Ministerio de Industria para garantizar el suministro eléctrico, propuesta en forma de Real Decreto, y cuyo mecanismo servirá para incentivar la producción mediante la quema de carbón nacional acelerada y preferente. Una intervención en el mercado que parte de una reclamación de los sindicatos y patronales mineras en Rodiezmo y que Moncloa reelabora para que se atienda desde el sector eléctrico, con impactos generalizados sobre el mercado, sobre las empresas, sobre la tarifa y sobre las emisiones contaminantes. Algo que hubiera sido más fácil articular de forma directa, pero que la actuación política se encargó de complicar.

De manera coincidente con esas declaraciones, y a principios de todo este proceso, la CNC hizo pública una investigación al sector eléctrico, en términos de «totum revolutum», que englobaba todo lo pasado: desde cuestiones relativas al mercado de restricciones técnicas, suposiciones relativas a las casaciones al amparo del derogado Real Decreto 3/2006, cuestiones no avaladas por las investigaciones de la CNE sobre denuncias relativas a la concertación de precios en el OMEL, y remontándose hasta cuestiones bastante creciditas en edad, etc…. Todo bastante nebuloso e inconcreto pero contado con mucha salsa, como un «thriller». Hay que valorar, por ello, este primer dato: justo en el principio del lanzamiento de este proceso, Competencia dijo que iba a estar «vigilante» sobre el comportamiento de las eléctricas ante esta medida. Y, claro, no iba a estar vigilante, sobre la medida.

Segundo: el escándalo, un escenario que se complica.

Por otra parte, parece que la medida del futuro Real Decreto ha levantado fuertes y dolorosas ampollas en muchos sectores y sus efectos son más intensos y generalizados de los que se preveían en un primer momento. Se ha generado una fuerte controversia de proporciones mucho mayores que lo estimado y que, en algún caso, se quiere paliar por la vía de la demagogia y la retórica de la «justicia social» manipulada. Es innegable su acción intervencionista, como es innegable que los perjuicios de la misma van más allá de lo solicitado inicialmente por los propios agentes mineros, sobre todo por la obcecación con intervenir el mercado eléctrico. Hay escándalo e incluso riesgo de que se compliquen hasta las votaciones en el Consejo de la CNE.

El escándalo, empieza a trascender en lo que se refiere a los costes, más de 4.750 millones de euros. Además, la distribución de su efecto va por barrios, en función de la estructura de generación que tiene cada empresa, los contratos de suministro de gas y carbón extranjero que tengan suscrito, las consecuencias medioambientales en materia de emisiones y derechos de emisión absolutamente ninguneadas y, finalmente, el efecto expulsión presente y futuro sobre otras tecnologías de generación. Es serio y la atención que empieza a prestar el mundo financiero desde el exterior sobre esta medida incluso asusta en determinadas instancias económicas.

Tercero: la persecución de la CNC a las eléctricas y el uso de la propaganda.

Ahora es conveniente echar la vista atrás y recordar. Y es que a la CNC, hasta el momento, no se le han dado bien los expedientes a las eléctricas, y eso que lo ha intentado con insistencia: todo lo que ha iniciado se ha quedado en cuestiones postergadas en el tiempo, ha sido cuestionado judicialmente, no ha sido avalado por los datos de la CNE, o del OMEL y lo restante, que es bastante poco, es pura bisutería denunciatoria, intentonas golpistas, por mucho que se quiera practicar el arte de la hipérbole.

Por otra parte, no hay que pasar por alto que la CNC tiene tendencia a utilizar la «pena del Telediario y de la nota de prensa» de forma especialmente frecuente, es decir, que tiene una tendencia a la utilización de métodos trotskistas de difusión y propaganda, método que alimentan de forma entrópica las investigaciones, y que se aprovecha del clima de escándalo permanente que vive el país, que «surfea» en la ola gracias a la presunción de culpabilidad y descrédito instalada en la sociedad española. Por eso, ahora se conoce que los investigadores han estado en la sede de la patronal Unesa, algo que de puro «naif» debería escandalizar.

Cuarto: la CNC, sus comportamientos liberalizadores y promercado peculiares y las relaciones entre sus protagonistas.

Hay que recordar que la CNC, en su actuación, no parte de una idea clara de lo que significan los mercados libres y eficientes. Sólo hay que echar un vistazo a la gran variedad de sus cuadros intervencionistas. Además, la CNC parece que parte de la convicción de que las empresas son intrínsicamente perversas e infractoras. Recordemos la reciente sentencia contra los métodos de captura de información indiscriminada de la CNC y la débil calidad (y recursos) de las investigaciones del organismo.

Asimismo, no podemos olvidar que la CNC es, en este momento, el martillo neumático del sector energético español con sus métodos de amasar expedientes y generación de sospechas. Y que su presidente, Luis Berenguer, (hombre cercano a Pedro Solbes y cuya salida le ha dejado sin referentes), el consejero de la CNE y ponente del informe que se elaborará en el regulador sobre el Plan del Carbón, Jaime González (leonés, del ala intervencionista y anti mercado eléctrico, cercano al Presidente del Gobierno y se dice también cercano a la propuesta de medida para fomentar la generación mediante carbón nacional con cargo a las empresas eléctricas) y Pilar Núñez (ex Red Eléctrica de España) mantienen una relación directa y estrecha entre si.

Y no podemos olvidar el interés de la CNC en suplantar y superponerse a la CNE en determinadas asuntos, cuestión que gira de forma casi obsesiva estos días en los medios de comunicación como medida incluida en la reforma de los órganos reguladores tomando la palabra y los deseos de Berenguer.

Por otra parte, para testar el cariz liberalizador de este organismo, su «independencia» y su vinculación con «instancias más altas», hay que recordar que la CNC consintió la creación de un monopolio en el aprovisionamiento de gas con su actuación en la operación de adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural. Una resolución que ya perseguirá a este organismo y a sus autores materiales. Precisamente, es en este tipo de actuaciones donde el organismo tendría que mostrar su ejercicio sin mácula. ¿Cómo es compatible una actuación tan asimétrica y desequilibrada en términos de la «supuesta defensa de la competencia»? ¿Está legitimado, por tanto, el organismo en estas condiciones a actuar así?

Y hay que recordar la falta de análisis respecto a cuestiones como los márgenes que pueden establecer las tarifas de último recurso para la competencia o las limitaciones que provocan las redes de transporte a la competencia, al suministro o la evacuación de energía, creando precisamente restricciones técnicas y encarecimiento de la energía.

Colorarios y reflexiones más allá de las teorías conspiratorias: nada es casual.

Vivimos en los tiempos de las ficciones y capicúas. Seguramente se trata de una ficción que esté a punto de hacerse realidad en forma de intervención de mercado y que determine una producción obligatoria, a un precio fijo y que, por ello, establece unos mecanismos de compensación por lucro cesante. ¿Qué posición tiene la CNC, sobre la naturaleza y sentido de la medida? En realidad, ¿esto no es lo que es antimercado de todo lo que se propone? ¿Esto no es lo que debería investigar y reprender la CNC, es decir, las agresiones al mercado que parten del regulador? ¿Hay que aceptar sin discusión esta medida? ¿Cómo puede ser, si el carbón nacional es menos «competitivo», que la CNC no denuncie la práctica de priorizarlo artificialmente?

Por su parte, el Real Decreto de marras se denomina Real Decreto de Garantía de Suministro, cuando la garantía de suministro realmente se produciría si en estos momentos no se quemara el carbón (económicamente no es competitivo, como todo el mundo sabe) y se guardara para momentos en los que se produzca un alza de los precios del petróleo y de la energía, aumentando la oferta en momentos de encarecimiento. Otra ficción.

Como reflexión final, hay que señalar que lo bonito de las teorías conspiratorias es que permiten simplificar la realidad, sobre la base de intentar construir las relaciones causa-efecto o, lo que es lo mismo, que pueden proporcionar una explicación más o menos sencilla a problemas complejos. Lo que pasa es que esta conspiración no es sencilla, sino todo lo contrario, es muy compleja, tanto por sus protagonistas como por sus comportamientos, afanes e intereses. Y es también muy compleja, cómo no, en sus consecuencias.

Seguramente sólo sean capicúas todas estas relaciones personales entre los protagonistas. Probablemente, la aparición en la agenda pública de esta investigación sólo sea también otro capicúa más de la actualidad, más que un nuevo intento de campaña de disuasión hacia el sector eléctrico.

En todo caso, que ahora entre en liza la Comisión Nacional de Competencia en el sector eléctrico, oportunamente, por este procedimiento no deja de ser chocante y paradójico. A lo mejor no es una conspiración y sólo una alineación de los astros. Aunque, realmente, nada es casual.

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