Milonga por la calidad institucional y reorganización del sector energético

Están empezando a proliferar los análisis referidos a los cambios en la titularidad empresarial de las empresas energéticas españolas, quizá porque la globalidad de este fenómeno ha cobrado relevancia singular y se empieza a tener una perspectiva completa de la transformación operada y pendiente. Y, especialmente, en la medida en que nuestro país contaba (y cuenta) con un conjunto de buenas empresas energéticas, eficientes, que, por unos motivos o por otros, han sido colocadas en el punto de mira de estas operaciones empresariales, con resultados o consecuencias que indican que el futuro será, al menos, diferente para el sector.

En los análisis más recientes que podemos leer en los medios de comunicación suelen ser recurrentes varios argumentos. El primero, el riesgo de que las empresas españolas pasen a manos de accionistas foráneos. El segundo es que este cambio de propiedad se está realizando a “golpe de talonario” (en el fondo, como se realizan todos los cambios de propiedad porque cabría preguntase, ¿cómo se puede hacer un cambio de propiedad sin comprar la forma en que se materializa, es decir las acciones de las empresas? Otra cosa es que se haya abaratado el coste de las operaciones por motivos relativos a la inseguridad jurídica y regulatoria en la que vive el sector). El tercero es que alguna de esas empresas, que alguna vez fueron públicas en España y posteriormente privatizadas en nuestro país, ha pasado a estar bajo la órbita de la titularidad pública de otros países. El cuarto, es que la mayor parte de estas operaciones se realizan “sin dinero”, con un fuerte apalancamiento (y que, por tanto, se van pagando a través de sus dividendos, algo que también suele pasar en casi todas las operaciones). El quinto, es la existencia de plusvalías fruto de las compraventas ocurridas (lo cual parece algo pecaminoso), lo que además sirve para inyectar nuevamente “gasolina” a otras operaciones.

En esos análisis y relatos, suelen aparecer las historias, más o menos “truculentas”, de los principales actores que han protagonizado en los últimos años estos distintos episodios, todo ello alimentado por el morbo, como en el caso de la batalla entre Florentino Pérez e Ignacio Sánchez Galán en el caso de Iberdrola. En otros casos, estos análisis tienen que ver con la política estratégica de las empresas: por ello, se cuenta cómo algunas empresas (protagonistas) procedentes del sector de la construcción e inmobiliario buscan en el sector energético diversificar sus inversiones, un sector que tiene la garantía de sus ingresos recurrentes y una tendencia incrementalista más o menos asegurada (algo que no está del todo claro dadas las caídas en demanda tanto de consumidores finales como industriales que estamos conociendo en este principio de 2009).

Lo que parece menos habitual en estas crónicas es el escenario de falta de calidad institucional y regulatoria que podemos describir como caldo de cultivo en el que se han dado todas estas operaciones, con sus legítimos intereses empresariales (nacionales o extranjeros, de constructoras o de cajas de ahorros, cada una en su propia circunstancia dentro de este momento económico financiero). Por ello, y en este caso particular, es especialmente paradójico el exquisito trato que han tenido nuestras autoridades, reguladores y supervisores, apareciendo siempre en un inexplicable segundo plano, cuando han tenido que ver enormente en lo que ha ocurrido en el sector y en cómo se ha producido.

Ha sido obvia (e incluso, desgraciadamente, descuidada) la influencia de las sacristías de la Moncloa (sobre todo en la anterior legislatura) en estas operaciones e incluso con responsabilidad referida a los distintos pares y nones vigentes en el Ministerio de Industria y Secretaría General de Energía. Tanto es así, que se puede afirmar que todo lo que ha venido después tuvo como elemento de disparo, como forma de levantar la liebre en el ojeo, la operación que lanzó Gas Natural sobre Endesa. A partir de ahí, de ubicarnos en la escena en primer plano, lo que se ha desatado en el panorama energético español ha sido una difícil sucesión de secuencias que aún no ha finalizado, como todo el mundo sabe.

También podemos comprobar que, cuando se han querido acelerar estas operaciones desde instancias políticas, se ha hecho todo lo posible para hacerlo. Del mismo modo, cuando se ha querido entorpecer o bloquear una operación, no se ha reparado en modificar ad líbitum la legislación (el oprobio de la función 14 de la CNE ha sido un ejemplo de esto). De todo esto tenemos suficientes y probadas muestras en los sucesivos ejecutivos y conformaciones de la Administración, órganos gubernamentales, organismos de control político y gubernamental. Nadie se ha quedado sin su cuota en parte de la polémica en todo este tortuoso proceso: ni la CNMV, ni la CNE, ni la Oficina Económica del Presidente, ni el Ministerio de Industria o el de Economía.

Y también, parece que las consecuencias de este tipo de operaciones no han sido medidas. Por ejemplo, la operación recientemente en vías de liquidación para la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural ha acabado por configurar un cuasimonopolio en el aprovisionamiento de gas en nuestro país y de solapamiento de redes de distribución de gas y electricidad que, en nada, van a ayudar al desarrollo de la competencia. Y ello se ha realizado con todos los parabienes (CNE, CNC y Ministerio de Hacienda) y todos los silencios más allá del seguimiento diario de la trama y de los “sucedidos diarios” que ha dado de sí la operación. Incluso, esta operación se lanzó sin hacerla pasar por la función 14, sin análisis del efecto sobre las inversiones en las actividades reguladas.

Podemos señalar, por tanto, cómo una baja calidad institucional puede influir en que las operaciones que se están produciendo en el sector energético español nos lleven adonde no queremos. Más allá de proteccionismos o de la retórica de los campeones nacionales que fue exhibida en momentos puntuales y ocultada en momentos oportunos, también los cánticos a la libertad de mercado y de las empresas en determinadas operaciones fueron blandidos con convicción astuta, momentánea o voluble.

En todo caso, no es momento de lamentarse por lo perdido a lo Boabdil, o buscar culpables en los adquirentes, en su nacionalidad o en sus plusvalías. Si nos vamos a la figura retórica del tango, el argumento suele ser un lamento por una pérdida o por la nostalgia del pasado. Hoy no nos podemos quejar de lo que ha pasado en el sector, fruto de nuestra mala cabeza y de la dejación del funcionamiento institucional, manifiestamente deficiente. Lo demás son milongas.

Milonga por la calidad institucional y reorganización del sector energético

Están empezando a proliferar los análisis referidos a los cambios en la titularidad empresarial de las empresas energéticas españolas, quizá porque la globalidad de este fenómeno ha cobrado relevancia singular y se empieza a tener una perspectiva completa de la transformación operada y pendiente. Y, especialmente, en la medida en que nuestro país contaba (y cuenta) con un conjunto de buenas empresas energéticas, eficientes, que, por unos motivos o por otros, han sido colocadas en el punto de mira de estas operaciones empresariales, con resultados o consecuencias que indican que el futuro será, al menos, diferente para el sector.

En los análisis más recientes que podemos leer en los medios de comunicación suelen ser recurrentes varios argumentos. El primero, el riesgo de que las empresas españolas pasen a manos de accionistas foráneos. El segundo es que este cambio de propiedad se está realizando a “golpe de talonario” (en el fondo, como se realizan todos los cambios de propiedad porque cabría preguntase, ¿cómo se puede hacer un cambio de propiedad sin comprar la forma en que se materializa, es decir las acciones de las empresas? Otra cosa es que se haya abaratado el coste de las operaciones por motivos relativos a la inseguridad jurídica y regulatoria en la que vive el sector). El tercero es que alguna de esas empresas, que alguna vez fueron públicas en España y posteriormente privatizadas en nuestro país, ha pasado a estar bajo la órbita de la titularidad pública de otros países. El cuarto, es que la mayor parte de estas operaciones se realizan “sin dinero”, con un fuerte apalancamiento (y que, por tanto, se van pagando a través de sus dividendos, algo que también suele pasar en casi todas las operaciones). El quinto, es la existencia de plusvalías fruto de las compraventas ocurridas (lo cual parece algo pecaminoso), lo que además sirve para inyectar nuevamente “gasolina” a otras operaciones.

En esos análisis y relatos, suelen aparecer las historias, más o menos “truculentas”, de los principales actores que han protagonizado en los últimos años estos distintos episodios, todo ello alimentado por el morbo, como en el caso de la batalla entre Florentino Pérez e Ignacio Sánchez Galán en el caso de Iberdrola. En otros casos, estos análisis tienen que ver con la política estratégica de las empresas: por ello, se cuenta cómo algunas empresas (protagonistas) procedentes del sector de la construcción e inmobiliario buscan en el sector energético diversificar sus inversiones, un sector que tiene la garantía de sus ingresos recurrentes y una tendencia incrementalista más o menos asegurada (algo que no está del todo claro dadas las caídas en demanda tanto de consumidores finales como industriales que estamos conociendo en este principio de 2009).

Lo que parece menos habitual en estas crónicas es el escenario de falta de calidad institucional y regulatoria que podemos describir como caldo de cultivo en el que se han dado todas estas operaciones, con sus legítimos intereses empresariales (nacionales o extranjeros, de constructoras o de cajas de ahorros, cada una en su propia circunstancia dentro de este momento económico financiero). Por ello, y en este caso particular, es especialmente paradójico el exquisito trato que han tenido nuestras autoridades, reguladores y supervisores, apareciendo siempre en un inexplicable segundo plano, cuando han tenido que ver enormente en lo que ha ocurrido en el sector y en cómo se ha producido.

Ha sido obvia (e incluso, desgraciadamente, descuidada) la influencia de las sacristías de la Moncloa (sobre todo en la anterior legislatura) en estas operaciones e incluso con responsabilidad referida a los distintos pares y nones vigentes en el Ministerio de Industria y Secretaría General de Energía. Tanto es así, que se puede afirmar que todo lo que ha venido después tuvo como elemento de disparo, como forma de levantar la liebre en el ojeo, la operación que lanzó Gas Natural sobre Endesa. A partir de ahí, de ubicarnos en la escena en primer plano, lo que se ha desatado en el panorama energético español ha sido una difícil sucesión de secuencias que aún no ha finalizado, como todo el mundo sabe.

También podemos comprobar que, cuando se han querido acelerar estas operaciones desde instancias políticas, se ha hecho todo lo posible para hacerlo. Del mismo modo, cuando se ha querido entorpecer o bloquear una operación, no se ha reparado en modificar ad líbitum la legislación (el oprobio de la función 14 de la CNE ha sido un ejemplo de esto). De todo esto tenemos suficientes y probadas muestras en los sucesivos ejecutivos y conformaciones de la Administración, órganos gubernamentales, organismos de control político y gubernamental. Nadie se ha quedado sin su cuota en parte de la polémica en todo este tortuoso proceso: ni la CNMV, ni la CNE, ni la Oficina Económica del Presidente, ni el Ministerio de Industria o el de Economía.

Y también, parece que las consecuencias de este tipo de operaciones no han sido medidas. Por ejemplo, la operación recientemente en vías de liquidación para la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural ha acabado por configurar un cuasimonopolio en el aprovisionamiento de gas en nuestro país y de solapamiento de redes de distribución de gas y electricidad que, en nada, van a ayudar al desarrollo de la competencia. Y ello se ha realizado con todos los parabienes (CNE, CNC y Ministerio de Hacienda) y todos los silencios más allá del seguimiento diario de la trama y de los “sucedidos diarios” que ha dado de sí la operación. Incluso, esta operación se lanzó sin hacerla pasar por la función 14, sin análisis del efecto sobre las inversiones en las actividades reguladas.

Podemos señalar, por tanto, cómo una baja calidad institucional puede influir en que las operaciones que se están produciendo en el sector energético español nos lleven adonde no queremos. Más allá de proteccionismos o de la retórica de los campeones nacionales que fue exhibida en momentos puntuales y ocultada en momentos oportunos, también los cánticos a la libertad de mercado y de las empresas en determinadas operaciones fueron blandidos con convicción astuta, momentánea o voluble.

En todo caso, no es momento de lamentarse por lo perdido a lo Boabdil, o buscar culpables en los adquirentes, en su nacionalidad o en sus plusvalías. Si nos vamos a la figura retórica del tango, el argumento suele ser un lamento por una pérdida o por la nostalgia del pasado. Hoy no nos podemos quejar de lo que ha pasado en el sector, fruto de nuestra mala cabeza y de la dejación del funcionamiento institucional, manifiestamente deficiente. Lo demás son milongas.

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