Bernardo Bertolucci, uno de los cineastas italianos más representativos actualmente, rodó una película 1900 (Novecento) en la que trataba los primeros cincuenta años de la historia de Italia, desde dos perspectivas completamente opuestas de dos protagonistas, con orígenes sociales contrapuestos. La película aborda sucesivos hechos históricos de la historia italiana, desde el fascismo y el comunismo, la revolución partisana, en la república transalpina y cómo, tras esa sucesión de hechos y ‘revoluciones’, la frase que acrisola el devenir de lo ocurrido y la evolución social que presenta la película es ‘todo tiene que cambiar para que todo permanezca igual’. Frase lapidaria que entronca con los modos latinos de entender las reformas, desde una perspectiva más intervencionista.

Así, la culminación del proceso seguido contra España por parte de la Unión Europea, finalizando en condena por no aplicar las directivas europeas a tiempo, según se pudo conocer ayer, nos devuelve a la realidad regulatoria por la vía de los hechos consumados y de la llamada al orden desde las autoridades comunitarias. Una sombra que se desliza sobre las autoridades españolas en el ámbito energético y que, en un ejercicio de gimnasia sueca, la escapatoria es una misión a cumplir desde tiempos de Montilla. Una cuestión evidentemente no pacífica, dados los movimientos pendulares de este ejecutivo en materia de europeísmo. Caso E.on, enfrentamiento. Caso Enel, europeísmo. Aplicación de normativa europea sobre sector eléctrico, una versión “personalizada” y “selectiva” a la realidad española, por Clos y Nieto, al papel que quiere seguir jugando el Ministerio en este caso. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario.

En días pasados, veníamos informando en Energía Diario, y también a partir de las declaraciones de la entrevista de Xabier Albistur de la particular, arbitrariamente selectiva aplicación de la Directiva Europea en materia de electricidad que se ha realizado con la reforma del sector eléctrico: no configuración de los reguladores con la necesaria autonomía e independencia, no incorporación de las tarifas entre sus funciones (promesa inverosímil de incorporar en el decreto de tarifas nuevas funciones, aunque no definitivas en esta cuestión para la CNE), configuración de un monopolio en las redes con la determinación del transportista único a favor de Red Eléctrica, interposición de problemas para el ejercicio de los derechos de acceso a la red como han denunciado los propios consejeros de la CNE, etc.. Por tanto, se trata de una transposición ‘de aquella manera’, y que ahora esgrime el Ministerio ante la opinión pública para zafarse de la condena nefanda recibida por parte de la Comisión. El pretexto es que hay una normativa aprobada apresuradamente ¡hace una semana! y, justo ayer, llega la sentencia desde que se inició el proceso.

Por otra parte, y es otro ejemplo representativo, casualmente conocido esta semana, la propuesta de orden de servicios de gestión de la demanda, parece que cumple con un patrón semejante: una modificación legislativa para replicar el esquema retributivo actual (otro capicúa; también cuestionado por otro conflicto jurídico en Europa, esta vez por las ayudas de estado y la posible existencia de subsidios cruzados entre tipos de consumidores), una vez que desaparezcan las tarifas. Búsqueda de una solución cosmética para ‘resolver’ el problema (antes de que haya otra sentencia) y, consecuentemente, otra cuestión que puede acabar mal en los tribunales europeos y que puede seguir alimentando la imagen de reguladores correosos en el sector energético. Y todo ello, para garantizar mecanismos de intervención y la adecuada gestión de los intereses existentes en cada momento.

Ese frenesí consistente modificación permanente de la normativa para que nada cambie, sometimiento regulatorio a la evolución y comportamiento de las redes eléctricas, búsqueda de fórmulas legales ‘emboscadas’ en las que no se avance en el proceso de liberalización del sector eléctrico (en tobogán de bajada desde el gran impulso de los primeros años) que incluso recoge tintes involucionistas debe hacer recapacitar sobre la imposibilidad de sostener un modelo de estas características, en la perspectiva de futuro de entrada de operadores extranjeros, comportamientos empresariales y de mercado de los operadores, necesidad de inversión, reformas económicas y estabilidad regulatoria en un entorno multilateral cada vez más abierto.

Hoy vivimos nuestro propio ‘novecento’ energético y, a día de hoy, ya estamos en el siglo XXI.

Hoy se producirá previsiblemente la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la reforma de las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos. Una reforma cuyo ‘objetivo programático’ era incorporar a la legislación española las Directivas europeas 2003/54/CE y 2003/55/CE en estos dos ámbitos. El proceso de transposición de estas directivas ha sido largo y prolijo en su trámite parlamentario. Y, esta valoración, es mayor si cabe, si nos atenemos a los resultados finales de la misma.

La transposición de estas Directivas se ha realizado evitando modificar los elementos más intervencionistas de nuestra legislación. Es decir, manteniendo las capacidades de decisión del Ministerio de Industria frente a la Comisión Nacional de Energía, en una línea de configuración de los organismos reguladores subordinada a la Administración Pública y al poder político. Ello supone mantener las grandes críticas de la Unión Europea al proceso de liberalización del sector eléctrico español. Si bien es cierto que muchos países de la Unión todavía no han avanzado al nivel de la reforma del año 1998, no es menos cierto que el impulso inicial se ha diluido considerablemente por la acción legislativa de los últimos años, basada en la realización de reformas a la inversa a través de decretos y el otorgamiento de una capacidad arbitraria de intervención a la Administración energética muy perversa. Solamente los últimos ejemplos protagonizados por la Secretaria General de Energía, en materia de retribución de activos regulados gasistas, la reforma de las renovables, la contabilización del déficit tarifario, o los conflictos con la Unión Europea en materia de energía, son testimonio claro de la situación en el plano operativo de este proceso de liberalización.

De hecho, y tal y como han denunciado en estas mismas páginas, con este paso que se da hoy, consistente en la aprobación de esta reforma, se introducen elementos que van en sentido contrario al proceso de liberalización realizado en 1998 (y por cierto, ampliamente elogiado desde todas las instancias). Se introducen elementos monopolísticos como el concepto de transportista único a favor de Red Eléctrica de España, se limitan los principios de acceso a la red y los criterios de seguridad y calidad del suministro sobre la base de la actuación de este operador y su capacidad. En sentido contrario, no se incorporaran las recomendaciones sobre las funciones del regulador en materia de tarifas (que ahora, como anuncia Industria, al parecer se remodelarán por decreto¿? de una forma controlada, sacando esta cuestión del Parlamento) y de convertirse en ultima instancia en los recursos en vía administrativa (perdiendo esta potestad el Ministerio de Industria. Seguimos prefiriendo reguladores ‘bonsai’, que no se salgan de la fotografía y que no sean molestos, ni críticos con la acción política.

Se trata por tanto de una reforma escasa, parcial, arbitrariamente selectiva, interesada y que no avanza, sino todo lo contrario en la liberalización del sector eléctrico. Tal y como hemos recogido, será posible su aprobación mediante el acuerdo por debajo de la mesa de los dos grandes partidos Partido Socialista y Partido Popular, que desbarató los trabajos que se estaban realizando en la Comisión de Industria del Senado y como muy bien ha reflejado en sus palabras Xabier Albistur en la entrevista que mantuvo con este medio.

Las preguntas son obvias: ¿Cómo puede el Partido Popular siendo el autor de la reforma de 1998 apoyar esta reforma, este paso atrás en la liberalización que él mismo comenzó?. Incluso, en privado, hay miembros del Partido Popular que censuran claramente esta posición. Si además, las relaciones con el Partido Socialistas han estado fuertemente deterioradas en lo que llevamos de legislatura, con una evidente ausencia de acuerdos y pactos. ¿Cómo es posible que se produzca en este ámbito y con éste alcance? ¿Cómo tolera que se anuncie la reforma de la reforma de la reforma de las tarifas, casi a la par de la aprobación de esta ley, hurtando subrepticiamente esta medida del debate parlamentario? ¿Cómo se puede apoyar una reforma que necesariamente tendrá que volver en la siguiente legislatura a sabiendas que es incompleta y que no recoge lo nuclear de las directivas? ¿Cómo apoya la reintroducción del monopolio en el transporte? ¿Será que se han vuelto a convertir también a las fuerzas interesadas del intervencionismo y sigan prefiriendo ‘reguladores bonsai’ que no se salgan de la foto?

Sin descontar la responsabilidad del partido en el gobierno y del Ministerio de Industria (principal en este caso), urge una respuesta por parte de los responsables de economía y energía del Partido Popular, para que aclaren cuál es su modelo energético y de mercado, evitando que la acción política devore las reformas realizadas. O lo que es peor, camine en sentido contrario a los avances en materia de liberalización, conduciéndonos a la vía muerta.

La prensa catalana viene recogiendo, cada vez con mayor insistencia los problemas para la construcción de la línea de Muy Alta Tensión con Francia. Se trata de un proyecto retrasado más de diez años y del que en esta semana se ha sabido uno de los candidatos a coordinador del proyecto. El nombre que ayer apareció en los periódicos sería el de Mario Monti, ex comisario de competencia de la Unión Europea. Es preciso destacar que desde el mes de noviembre no han existido avances en la negociación con Francia y en la designación de este mediador, en un proceso ya dilatado de forma excesiva.

Al parecer Girona está ’en antena’. Se denomina “en antena” a la situación en la cual un territorio sólo puede recibir energía procedente de la red de alta tensión por un camino exclusivamente. Quiere decirse que la posibilidad de que se produzcan un ‘cero’, es decir una caída en el suministro es muy alta, al no conseguir que los ‘mallados de las redes’ permitan vías alternativas de llegar a una localización determinada. Actualmente la única línea de 400 kilovoltios que sirve a Girona es la que hay entre Vic (Osona) y Baixas. De hecho a finales del mes de abril se produjo un ‘cero’, es decir no había ninguna línea de alta tensión que suministrase energía a las comarcas de Gerona, lo que se reprodujo durante varios días. Además, y en los momentos en que se producen puntas de demanda como por ejemplo en verano, se articulan para esta provincia mecanismos provisionales de suministro y generación de energía por diesel, que encarecen notablemente el coste de su producción, según informan los medios informativos catalanes y nuestros corresponsales en Cataluña.

El hecho de que no se avance en la configuración de esta infraestructura de red, afecta tanto al suministro de la provincia de Girona (que adolece de vías alternativas que permitan asegurar la seguridad de suministro), como al desarrollo a la red necesaria para la propia conclusión y puesta en funcionamiento de la conexión ferroviaria con Francia con la línea de Alta Velocidad.

Haciendo un repaso de los actores de esta prolongada película tenemos a Red Eléctrica y al propio Luis Atienza, que no ha logrado desbloquear esta situación, dedicado en los últimos tiempos a hacer declaraciones sobre la insosteniblidad de esta situación. También intervienen la Generalitat, los Ayuntamientos de la comarca (dónde existe una fuerte resistencia justificada en motivos medio ambientales) y los gobiernos español y francés. Tampoco, desde el Ministerio de Industria, el actual Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, cuyo cuestionamiento en los círculos catalanes cercanos a la energía es cada día mayor tras sus polémicas recientes, ha conseguido algún avance significativo en este ámbito o en la resolución de los problemas de redes de Cataluña. De hecho, recientemente en una de sus presencias públicas planteaba otra posible interconexión a través de Navarra, sin que informase de ningún avance sobre la conexión a través de la frontera por Cataluña.

En todo caso, parece que las redes eléctricas se han convertido en una asignatura pendiente de la política energética española, condicionando y encareciendo el desarrollo de la generación (lo que exige un análisis inaplazable en los tiempos del déficit tarifario), limitando la evacuación de energía y su transporte a centros de suministro con puntos concretos dónde es posible la existencia de esos ‘ceros’ al estar precariamente interconectados a la red.

Disfrutaremos del fuet de Vic, mientras seguimos en antena.

La aparición en el diario Cinco Días de la noticia en que se le atribuía a Iberdrola la responsabilidad de 1.000 de los 3.500 millones de euros de déficit de tarifa de 2007, es el pistoletazo de salida para la determinación final de esta magnitud y su liquidación a las empresas eléctricas por parte del Ministerio de Industria. Cuestión que hasta el momento estaba aplazada por parte de la Secretaria General de Energía, desde que se conoció la última liquidación 2006 que elabora la Comisión Nacional de Energía y que ahora ha vuelto a la actualidad. El cumplimiento de los hitos del calendario electoral ha levantado ya todas las esclusas y puede volver esta cuestión a la actualidad económica de las empresas.

Lo paradójico del hecho es que el Ministerio de Industria haya utilizado para realizar estos cálculos a la propia Red Eléctrica de España S.A. (REE) y, al mismo tiempo, por evidente, que se haya desvelado de una forma tan desnuda, cuál va a ser el ‘quid’ de la cuestión: la distribución de las minoraciones del déficit entre las respectivas empresas y su resultado concreto para cada una de ellas. Es difícil comprender cómo, desde que se conoce la última liquidación de la CNE (mes de febrero), se demora tanto el cálculo del déficit tarifario y su aplicación a las empresas durante un período tan largo de tiempo, postergando las obligaciones mercantiles de las mismas en cuestión.

Actualmente, y en teoría, para terminar de calcular el déficit de tarifa atribuible a cada empresa, quedaba únicamente por determinar los criterios de liquidación de los derechos de emisión del CO2, cuyo paso por la CNE devolvió (en febrero) al Ministerio tres alternativas para su cálculo. Cada una de ellas, tenía efectos diferentes para las empresas eléctricas: la literal del decreto 3/2006, la concreción del decreto 3/2006 separando las operaciones bilateralizadas (propuesta por el Ministerio de Industria) o la aprobada por la Comisión Nacional de Energía. Cada una de ellas, tenía efectos diferentes, en términos de quién se beneficiaba o perjudicaba más.

En todo este asunto, particularmente grave es la utilización o participación de Red Eléctrica (empresa completamente privatizada) frente a otra empresa privada, Iberdrola. En este sentido, tenemos que subrayar una diferencia considerable de posición entre REE y el Ministerio de Industria. Red Eléctrica, hoy es una empresa privada, con sus accionistas y todo. Y, el Ministerio es el regulador, existiendo otros agentes intervinientes (y lo que es peor, responsables) dentro del sector de la energía para la determinación e individualización del déficit tarifario y sus posibles orígenes: concretamente y ejerciendo sus funciones correspondientes cada uno de los siguientes: el Operador de Mercado Eléctrico (OMEL), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el propio Ministerio de Industria.

Se confirma, por tanto, el papel de Red Eléctrica como regulador bis o brazo armado directo del Ministerio de Industria que se viene advirtiendo públicamente por varios expertos y que, en este asunto, pasa a mayores con la elaboración y difusión de este Informe. Debe ser difícil para los responsables de Red Eléctrica, sustraerse a esta tentación, cuando la confusión entre la actividad del regulador (oficial) y del transportista y operador del sistema (empresa privada), ha alcanzado un nivel de confusión como el actual. También, por otra parte, muchas decisiones concernientes a Red Eléctrica (incluyendo su organigrama) se inspiran en los deseos de los responsables de la Administración de cada momento. Si, además, atendemos a la polémica desatada recientemente en torno a la retribución del Presidente de Red Eléctrica (a todas luces de empresa privada), se podría exigir un ejercicio más propio de su posición y emolumentos.

Así las cosas, se vuelve a las andadas, la regulación se interpreta intencionalmente en cada momento como los manuscritos del Mar Muerto, prefiriéndose la componenda puntual a los mecanismos trasparentes. Las empresas, en consecuencia, deben adoptar una política de sálvese quien pueda, sometidas a un proceso de liquidación/negociación permanente que no tiene fórmulas aritméticas, sino ‘creatividad’y arbitrariedad. Las reglas del juego, de un mercado y de un sector, que deben ser claras y prededibles, se entremezclan en el cálculo político y tienen la capacidad de incorporarse a las estrategias a seguir contra/frente/a favor de los agentes más cercanos o más incómodos, según se tercie.

Y no ha hecho más que empezar.

La relación entre la política energética, las relaciones internacionales, la política económica y las relaciones empresariales, es una cuestión de plena vigencia, que actualmente está abierta en varias cuestiones en nuestro país y también en el seno de la Unión Europea. Si enumeramos las cuestiones candentes y abiertas en este momento, nos podemos dar cuenta del importante número de asuntos que tienen tintes internacionales, y en los que entra en juego la política exterior, cada vez más interconectada y multilateral a todos los niveles.

Por un lado, la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa, cuestión de amplío calado y que ya ha suscitado un número importante de valoraciones y reacciones tanto en los mercados internacionales, como en la política interna. Y, más si añadimos el largo culebrón previo de la OPA a E.ON. Lo que si es evidente es que las relaciones entre los gobiernos italiano, español y alemán, han tenido que ver en como ha sido el transcurso de los acontecimientos y es la única manera de explicar porque era necesario llegar a un acuerdo final entre las partes, cuando ya estaba todo el pescado vendido por la vía financiera.

Un aspecto no menos importante son las relaciones con la empresa Sonantrach (y con el gobierno argelino) a cuenta de la posible participación de Gas Natural en el gasoducto Medgaz. Como bien se conoce la salida de Total y de BP permitió que aumentase la participación de la argelina hasta el 36%. Actualmente, Endesa cuenta con un 12%, Iberdrola con un 20% en Medgaz y parece que el ‘síndrome de Don Tancredo’ se ha instalado en la negociación entre las partes, para permitir la entrada de Gas Natural con un presumible 10 % en esta sociedad.

Al mismo tiempo, en este momento, el Ministerio de Industria ha concedido a Sonantrach de 1 bcm, que le permite adquirir mayor volumen de comercialización gasista en España. Recordemos que Sonanctrach es una empresa pública argelina, la mayor de África y que en España ya participa en España en varias plantas de regasificación y en una comercializadora con CEPSA. Sonantrach ha empezado una importante expansión en Europa que hay que seguir con atención, en que su configuración como empresa pública procedente de un país dónde su configuración de ‘aparato estatal paralelo’, va a tener mucho que decir en las relaciones bilaterales y empresariales.

Otra cuestión de máximo interés y de la que depende la evolución de las redes de distribución de electricidad en Cataluña y la mejora en la garantía de suministro, así como el AVE es la interconexión con Francia. Un tema abierto, en el que cada cierto tiempo, se vuelven a repartir las cartas, se evalúan nuevas alternativas y localizaciones a la interconexión, pero que ya lleva más de cinco años de retraso. Su financiación, en la que también interviene la Unión Europea, las fluctuaciones de las relaciones bilaterales y la propia posición de las comarcas afectadas hayan conseguido enquistar esta cuestión hasta límites exasperantes.

También en el plano peninsular, la creación y consolidación del Mercado Ibérico (MIBEL), es un tema en el que se producen abundantes avances y retrocesos consecutivos, relacionados con la necesidad de desarrollo de infraestructuras de conexión, coordinación legislativa y regulatoria, organización de los mercados, y lo que vendrá más adelante, si realmente existe avance: las relaciones societarias y corporativas que se puedan desprender.

Y, en el plano geoestratégico, con Rusia lanzada a controlar los mercados de la energía y del gas concretamente, los intereses actuales de empresas españolas en el Caspio como Repsol o Gas Natural, adquieren un papel trascendental. Algo parecido pasa a nivel de la política latinoamericana con la situación de países como Argentina, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Colombia, donde las empresas españolas ya tienen una importante presencia en los mercados energéticos de la región.

Todo ello, sin descartar asuntos que teóricamente están reservados a la diplomacía europea como son las denuncias que tiene nuestro país en materia de competencia y el enfrentamiento abierto con la comisaria europea Neelie Kroes por el comportamiento durante la OPA de E.ON a Endesa. O, por ejemplo, la atención que las grandes empresas europeas energéticas tienen depositada en las empresas españolas, de cara a su expansión en el mercado ibérico a base de compras.

En fin, un pequeño resumen de cuestiones (seguro que no exhaustivo) a seguir con atención y a tener en cuenta de cara a la evolución del sector energético de nuestro país y sus relaciones exteriores. Podemos avanzar que la cara exterior de la economía y más concretamente de la energía española es cada vez es más importante. Se impone (y se reclama), por tanto, una visión de Estado y de política exterior en el sector energético, junto con una mayor coordinación en todos estos frentes, para superar la fuerte tendencia al estancamiento en cada una de estas cuestiones. También se precisa reconducir nuestra posición hacia dónde nunca nos deberíamos haber movido: de una posición europeísta sin atisbos de proteccionismo o de intervención en los mercados o en las empresas, que refuerce la convicción exterior en nuestros país.

En este sentido, la necesaria construcción de una administración exterior, unida a la política exterior (que son cosas diferentes), frente a posiciones cortoplacistas o poses meramente políticas, es todavía un reto abierto, un salto de nivel, en el que se exige una fuerte reflexión y un replanteamiento completo para nuestro Ejecutivo actual, siempre bajo las garantías de libertad en los mercados y ausencia de intervencionismo gubernamental.