Operación ‘Novecento’

Bernardo Bertolucci, uno de los cineastas italianos más representativos actualmente, rodó una película 1900 (Novecento) en la que trataba los primeros cincuenta años de la historia de Italia, desde dos perspectivas completamente opuestas de dos protagonistas, con orígenes sociales contrapuestos. La película aborda sucesivos hechos históricos de la historia italiana, desde el fascismo y el comunismo, la revolución partisana, en la república transalpina y cómo, tras esa sucesión de hechos y ‘revoluciones’, la frase que acrisola el devenir de lo ocurrido y la evolución social que presenta la película es ‘todo tiene que cambiar para que todo permanezca igual’. Frase lapidaria que entronca con los modos latinos de entender las reformas, desde una perspectiva más intervencionista.

Así, la culminación del proceso seguido contra España por parte de la Unión Europea, finalizando en condena por no aplicar las directivas europeas a tiempo, según se pudo conocer ayer, nos devuelve a la realidad regulatoria por la vía de los hechos consumados y de la llamada al orden desde las autoridades comunitarias. Una sombra que se desliza sobre las autoridades españolas en el ámbito energético y que, en un ejercicio de gimnasia sueca, la escapatoria es una misión a cumplir desde tiempos de Montilla. Una cuestión evidentemente no pacífica, dados los movimientos pendulares de este ejecutivo en materia de europeísmo. Caso E.on, enfrentamiento. Caso Enel, europeísmo. Aplicación de normativa europea sobre sector eléctrico, una versión “personalizada” y “selectiva” a la realidad española, por Clos y Nieto, al papel que quiere seguir jugando el Ministerio en este caso. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario.

En días pasados, veníamos informando en Energía Diario, y también a partir de las declaraciones de la entrevista de Xabier Albistur de la particular, arbitrariamente selectiva aplicación de la Directiva Europea en materia de electricidad que se ha realizado con la reforma del sector eléctrico: no configuración de los reguladores con la necesaria autonomía e independencia, no incorporación de las tarifas entre sus funciones (promesa inverosímil de incorporar en el decreto de tarifas nuevas funciones, aunque no definitivas en esta cuestión para la CNE), configuración de un monopolio en las redes con la determinación del transportista único a favor de Red Eléctrica, interposición de problemas para el ejercicio de los derechos de acceso a la red como han denunciado los propios consejeros de la CNE, etc.. Por tanto, se trata de una transposición ‘de aquella manera’, y que ahora esgrime el Ministerio ante la opinión pública para zafarse de la condena nefanda recibida por parte de la Comisión. El pretexto es que hay una normativa aprobada apresuradamente ¡hace una semana! y, justo ayer, llega la sentencia desde que se inició el proceso.

Por otra parte, y es otro ejemplo representativo, casualmente conocido esta semana, la propuesta de orden de servicios de gestión de la demanda, parece que cumple con un patrón semejante: una modificación legislativa para replicar el esquema retributivo actual (otro capicúa; también cuestionado por otro conflicto jurídico en Europa, esta vez por las ayudas de estado y la posible existencia de subsidios cruzados entre tipos de consumidores), una vez que desaparezcan las tarifas. Búsqueda de una solución cosmética para ‘resolver’ el problema (antes de que haya otra sentencia) y, consecuentemente, otra cuestión que puede acabar mal en los tribunales europeos y que puede seguir alimentando la imagen de reguladores correosos en el sector energético. Y todo ello, para garantizar mecanismos de intervención y la adecuada gestión de los intereses existentes en cada momento.

Ese frenesí consistente modificación permanente de la normativa para que nada cambie, sometimiento regulatorio a la evolución y comportamiento de las redes eléctricas, búsqueda de fórmulas legales ‘emboscadas’ en las que no se avance en el proceso de liberalización del sector eléctrico (en tobogán de bajada desde el gran impulso de los primeros años) que incluso recoge tintes involucionistas debe hacer recapacitar sobre la imposibilidad de sostener un modelo de estas características, en la perspectiva de futuro de entrada de operadores extranjeros, comportamientos empresariales y de mercado de los operadores, necesidad de inversión, reformas económicas y estabilidad regulatoria en un entorno multilateral cada vez más abierto.

Hoy vivimos nuestro propio ‘novecento’ energético y, a día de hoy, ya estamos en el siglo XXI.