Ducha escocesa a cuenta de Garoña

Una argumentación construida para los jóvenes cachorros que reciben cursos de oratoria en Galapagar, minuciosa y rocosamente elaborada por la fontanería de la Moncloa fue su «storytelling» argumental: la sobrecapacidad de generación eléctrica, el falaz concepto de amortización técnica, el tamaño en términos de potencia y producción de la planta, además de la tendencia del gobierno Zapatero a utilizar el riego por aspersión para ciertas tecnologías de régimen especial, ocultaban tanto el efecto marginal en el mercado de generación, como la propia cultura de seguridad de la central burgalesa. La orden de cierre (o de no prolongación de su vida útil) estaba servida y «vendida» con gran eficacia de comunicación política.

Por su parte, el Partido Popular hizo «bandera electoral» de la recuperación de Santa María de Garoña para el sistema eléctrico español en los siguientes comicios, asegurando que iban a retroceder la decisión del gobierno Zapatero respecto a esta central nuclear. Asimismo, hubo una fuerte preocupación también en el Ejecutivo autonómico de Valladolid ante la deriva que cobraban los acontecimientos, por los efectos en Burgos y su comarca.

Una vez en el gobierno, el Ejecutivo popular, con José Manuel Soria en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, comenzó a abordar el problema del déficit tarifario acumulado (y también creciente), a su manera, por el procedimiento de meterlo debajo de las alfombras y sin negociación con los sectores concernidos. Así, el Gobierno actual decide, un día de diciembre hace año y medio, colocar un impuesto a la generación y a la gestión de residuos nucleares, que hacen incompatible de la noche a la mañana la posibilidad de las nuevas inversiones requeridas a Garoña para prolongar su vida útil.

Por su parte, la decisión empresarial de los titulares de la central, a la vista de los nuevos impuestos, es proseguir con el proceso de cierre inicialmente ordenado por el Estado, haciéndolo efectivo por causa de los efectos económicos sobre sus accionistas. Las autoridades energéticas populares consideran la decisión un desplante y distribuyen la idea en los medios de comunicación de que esa decisión empresarial por motivos económicos es, en realidad, un «tour de forcé», partiendo de una concepción de la articulación de la economía de que las empresas son un instrumento que debe estar al servicio de la «política». El Gobierno, por su parte, perfila un modelo energético que, en realidad, para el mercado es un modelo fiscal y de detracción de ingresos dependiendo de filias, fobias e intereses y, para el resto de actividades, es un modelo de retribución regulada muy sui generis y sin parangón en Europa sobre la base del concepto de «rentabilidad razonable».

A partir de ahí, Soria y Nadal incitan un proceso de negociación gestual en el que Garoña entra como señuelo y moneda de cambio en la mal llamada reforma energética, tensando y soltando con suerte desigual según el momento. A la vez, y de vez en cuando, difunden interesadamente nuevos rumores que apuntan al propio endurecimiento de la fiscalidad nuclear para atender los posibles rebrotes del déficit.

Ahora, la Comisión Nacional de Competencia y Mercados (CNMC) sanciona a la empresa titular de Santa María de Garoña por la decisión de continuar con el proceso de cierre, dado que supuso una retirada de potencia del sistema, sin seguir el procedimiento de autorización correspondiente, con el contrafuerte argumental del efecto marginal en los precios de casación del mercado eléctrico (en realidad, es una consecuencia económica de las decisiones fiscales del Gobierno). Recordemos que el precio al que entran las ofertas de producción nuclear en el mercado es cero, aceptando el precio resultante y bajando el precio medio en términos de reducción conjunta del precio del «pool» por su inclusión en la oferta.

Hasta aquí, el relato es totalmente previsible por parte de los actores implicados y por la diferente longitud de onda en que se mueven los protagonistas y decisiones empresariales, frente a decisiones políticas que, por otra parte, tratan de evadir su coste y sus consecuencias.

Evidentemente, el modelo de comportamiento institucional y de política energética español no se caracteriza por el debate global y abierto, por su visión de conjunto, en términos de eficiencia económica o medioambiental y de garantía de suministro, con la existencia de un «pool equilibrado» de generación, asumiendo las restricciones técnicas, económicas o medioambientales que se definen por una gobernanza fiable del sector energético en los mercados.

Por tanto, más que debate, lo que existen son controversias interesadas y partidas de mus, con jugadas muy fuertes desde las instancias políticas. La partida de Garoña con sus duchas escocesas ha conducido a decisiones empresariales de desinversión. La segunda derivada es tal tecnología, con sus reverberaciones frente a tal otra o frente a las demás. Y, cuando no, los diseños de traje a medida por compañías y sectores. Y así sucesivamente. Y, como si tal cosa, con sus decisiones casuales y oportunas, en el proscenio o presentes, la CNMC y REE.