Gila y la CNMC

El ya desaparecido Miguel Gila, en uno de sus famosos sketch, aludía a la forma con la que detuvo a Jack el Destripador. Lo hizo, insinuándose. Es decir, por “indirectas”. Se dirigía al sospechoso de aquella serie de crímenes en Londres y afirmaba “alguien ha matado a alguien” o “alguien es un asesino”. Y así, por insistencia y presión psicológica, el humorista logró que confesara.

Esa fórmula abstracta e indefinida se concretó en el informe de la CNMC con la expresión ambigua e inconcreta de “circunstancias atípicas”, expresión utilizada como técnica semántica por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) para la anulación de la subasta, intervención del ministro incluida, de forma que al final la CNMC trató de salvar la cara entre la medida dictada por el Gobierno y avalada ad libitum por el organismo en un comportamiento inédito en una economía y sociedad occidental, que finalmente dio lugar a la abolición gubernamental definitiva de las subastas.

Ahora, siete meses después, la CNMC viene a actualizar su informe inicial, supuestamente con los datos recibidos de la CNMV, señalando que los agentes tenían incentivos para el aumento de los precios en sus ofertas. Y así continúa con la lógica del informe anterior, para seguir con las conjeturas de que, si se hubieran dado validez a estas subastas, en las que sus participantes incluían la cobertura de riesgos en sus ofertas de precios, el resultado hubiera sido más caro para el consumidor, concretamente en 392 millones de euros, que el sistema finalmente ideado por el Gobierno en su lugar. Como si lo estuvieran viendo.

Para ello, la CNMC ahora enuncia una nueva serie de circunstancias técnicas: elevados niveles de concentración, reducidas presiones a la baja o valores anómalos en algunos diferenciales y precios en estos mercados. Así pretende “concluir”, si se puede decir así, que los agentes participantes pudieron tener «incentivos a la elevación continuada de precios» de uno de los contratos cerrados en estos mercados previos a la subasta. Eso sí, la CNMC se trata de cuidar, evitando cualquier zafarrancho jurisdiccional y diciendo en el informe de forma seráfica, que no se observan estrategias coordinadas para la elevación de precios por parte de las empresas «con mayores cuotas en las posiciones abiertas».

Por tanto, ¿qué encuentra la CNMC diferente a las dinámicas existentes en los mercados, que justifique una intervención de tales proporciones, conducente a un cambio legal completo y de sistema de cálculo de precios de la energía en las subastas? Pues seguramente nada más que lo que se deriva de las técnicas justificativas de la comunicación política, bastante ininteligibles, más que de las procedentes del análisis, del refinamiento regulatorio, supervisor o inspector.

Algo que, de forma inquietante, viene a confirmar que cualquier suposición acerca de “circunstancias atípicas” justificaría la intervención del Gobierno, basada en la pena del telediario, la inflamación de supuestos daños a los consumidores y la generación de todo tipo de sospechas sobre los operadores. Y, también, que cualquier medida así recibiría su aval desde la CNMC y de los instrumentos institucionales económicos que se pusieran por delante.

Y, ahí es donde radica, el gran parecido adicional entre la CNMC con el propio Gobierno y con el Ministerio de Industria, por si había pocos capicúas: en la utilización del lenguaje y de los eufemismos justificativos de la acción política como “rentabilidad razonable”, en el caso de la justificación de la retroactividad en la retribución de actividades reguladas, “circunstancias atípicas”, en el caso de la intervención y abolición de las subastas Cesur, o “urgente incorporación para la garantía de suministro”, en el caso de la expropiación de Chira-Soria a favor de REE.

Cuestión de lenguaje y de comunicación política.