El Castor y su pecado original

La solución prevista incorporaría la reversión al Estado de la infraestructura construida (a través de la SEPI o de Enagas), así como la asunción de los costes de mantenimiento del mismo. En total, las cifras rondan los 1.400 millones de euros de la obra añadiendo el incremento de coste de 200 millones de euros por el cambio de sistema de financiación de la misma, a lo que habrá que añadir los costes de mantenimiento para evitar su deterioro.

En este caso, financieramente la operación prevista pasaría por la titulización y el aval del Estado de la deuda, de forma que las empresas recuperasen la inversión más sus intereses en un plazo de 15-20 años. Las cuotas se incluirían dentro de la factura gasista, por tanto sería pagado por los consumidores en sus recibos, y la operación ha sido diseñada en el plano financiero de forma muy semejante a la denominada «moratoria nuclear».

En todo caso, el esfuerzo del Gobierno por comunicar que es una operación semejante a la moratoria nuclear es innegable, lo cual es una «verdad a medias», dado que si bien la estructura financiera de la operación lo es, las causas que derivaron la inclusión de esta instalación en la planificación energética, en su momento, no lo son.

Decir que el almacenamiento subterráneo Castor es equivalente a las centrales nucleares construidas en los años 80 y no puestas en operación es el aprovechamiento de una verdad aparente, porque causa y efecto no son semejantes. Evidentemente, lo único que comparten es la necesidad de que las empresas recuperen los costes que han incurrido en su construcción.

En realidad, con un sistema gasista como el español, altamente eficiente, derivado de la combinación del aprovisionamiento por gaseoductos, junto con GNL transformado en las plantas de regasificación, la decisión de desarrollar una instalación como el Castor sólo incidía en la inflación de infraestructuras inducidas en su momento desde los propios gestores técnicos del sistema, existan ahora seísmos o no.

La aplicación de unos ratios de almacenamiento de gas de países sin esta estructura gasista, está detrás de la justificación de su construcción y forma parte de su pecado original. Al mismo tiempo, el crecimiento de los costes de la misma de acuerdo con la previsión inicial de la obra también ha hecho que se proyectaran sombras sobre la propia actuación y vigilancia de las autoridades energéticas en este período.

Queda además el hecho de que este tipo de «errores» de planificación, con previsiones de demanda sobredimensionadas, sea el detonante o la justificación de una supuesta e innecesaria «reforma gasista». Realmente, lo que se requiere es otra cosa. Entre otras cosas, atajar y depurar las causas que llevan a un desmán como éste, ya que la pregunta es, dado que este almacenamiento hoy resulta «peligroso» por los seísmos, ¿se necesitaría en su sustitución, por motivos de seguridad de suministro, construir otro? Seguramente a nadie se le pasa por lo ocurrido.

Pues, entonces, levántese acta de lo ocurrido, porque la solución es en una parte ortodoxa, pero por otra, se necesitan aprendizajes.