Los precios eléctricos, otra vez

Eso ha provocado, casi como un resorte preparado, una secuencia más o menos previsible de declaraciones por parte de la propia organización tratando de estirar el alcance de la subida para «venderlo» en lenguaje de comunicación, como un aumento de los precios ambiguamente «sostenido» en el tiempo, es decir, que parezca más o menos calculado que esta subida de precios va más allá del mes de enero o del propio efecto de la climatología en que la reducción de la generación eólica por motivos meteorológicos ha devenido en unos precios de mercado algo más elevados, aunque en línea con los europeos.

En consecuencia, siguiendo esta argumentación, este dato de enero sería un fracaso de la política tarifaria del Gobierno y legitimaría la intervención completa del sector en palabras propias de los representantes habituales de la asociación. Ni una palabra de los costes regulados, verdadera causa de los diferenciales con Europa, y tampoco ninguna alusión a los meses dónde ha habido descensos y, por tanto, al silencio mensual precedente.

Por su parte, el Ministro de Industria, José Manuel Soria, trató de restar importancia al dato y ha recordado que, con este sistema, unos meses es posible que la factura suba y otros que la misma baje y que lo importante es el cómputo en un período anual a efectos de lo que supone para un consumidor en sus presupuestos familiares.

El ministro, experto en escoger todas las temáticas peliagudas, ha tratado de contrarrestar el oportunismo de esta información puntual, sin negar estos datos. En todo caso, para el Gobierno, que tendría la tentación de declarar a 2015 como el año de los precios de la energía baratos en España, esta noticia intermensual, evidentemente le incomoda y más viviendo en los tiempos instantáneos de la república independiente de Twitter, con varios procesos electorales a la vista.

En todo caso, el sistema de precios ideado por Industria como ya hemos anticipado, tiene como ventaja la sujeción a unas reglas de mercado y, como inconveniente su tendencia a la politización continuada en una sociedad hipersensibilizada y con poca sofisticación para comprender estos mecanismos de precios.

Así, cada mes en que se produzca un incremento de los precios de la electricidad, se podría prever un titular con más o menos aparato propagandístico, con porcentaje de crecimiento y luego todas las sucesivas extralimitaciones intervencionistas a las que estamos acostumbrados, hasta las teorías conspirativas y retroprogresivas. Y, los meses en los que se produzcan bajadas podríamos anticipar el más atronador de los silencios, con la estrategia de estar agazapados, con la salvaguarda de que en opinión pública, las bajadas no computan para este objetivo. Y, ese ejercicio de cinismo puede ser perfectamente compatible y posible.

Probablemente, en todo caso, en referencia al sistema de precios eléctricos implantado, hubiera sido mucho más práctico abordar la liberalización completa de las tarifas, de forma que las propias ofertas de precios y la competencia evitasen este continuo sobresalto y, lo que es peor, la interpretación vitriólica con afán intervencionista y estatalista de la evolución de los precios de la electricidad, a la que, como en cualquier suministro, por otra parte, hay que acostumbrarse. En esas estamos.

Fracasos energéticos

Sirva esto para hacer recuento de la colección de fracasos, de diferentes proporciones y dimensiones (aunque ninguno pequeño) cada uno de ellos, en materia de energía y de las causas concretas de cada uno, más un motivo general. Causas, motivos y razones.

De la más reciente a la más antigua, comencemos por el fracaso de las prospecciones petrolíferas en Canarias, que ha hecho que Repsol interrumpa la búsqueda de crudo en las aguas próximas al archipiélago. Es el mito del progreso técnico, el de la creencia en el hallazgo de recursos naturales y de la independencia energética tamizado por el discurso político de la fiebre del oro, una cierta prisa y una combinación con un proceso electoral, posibles causas aparentes de este fracaso.

Seguidamente, y también muy reciente, la convocatoria de concurso eólico en Canarias, que ha evidenciado todas las carencias de la nueva regulación de los sistemas extra peninsulares, modelo que partía de una visión voluntarista de los deseos y preferencias reveladas por parte de la administración energética, en una expresión volitiva de cambio más fantasiosa que concreta, lo que conduce a la temeridad.

Otro fracaso dentro de la política del Ejecutivo, tiene que ver con el ejercicio de mutis por el foro que (con toda lógica política) ha devenido el órdago de cierre sobre la instalación del ciclo combinado de carbón en la planta de Elcogas (Puertollano). Probablemente, el error de no comprender el valor de esta planta en la comarca y el poder de una Comunidad Autónoma, cuya Presidenta es secretaria general del Partido Popular, haya influido en este fracaso. Otra instalación en la misma línea ha sido el almacenamiento subterráneo del Castor, de la que todo el mundo conoce más o menos su desarrollo episódico.

Dentro de las piezas separadas asociadas a la mal denominada «reforma eléctrica», tenemos también de reciente recuerdo, la propia forma de resolución de las subastas de interrumpibilidad, que también requirieron de una doble convocatoria recurrente, a la vista de que los resultados de la celebración de la primera, provocaban un maremoto de proporciones imprevisibles desde el punto de vista empresarial en ciertos sectores industriales, especialmente en el aluminio. El origen material de esto pudo ser un error de cálculo y una atropellada formulación de las subastas convocadas, además de la pervivencia de un mecanismo con muchas aristas.

Esta misma semana, cobraba una cierta amplificación la evolución alcista de los precios de la electricidad en el mercado mayorista en el mes de enero de 2015, anticipando lo que puede ser su impacto en los precios eléctricos, en un año (electoral) en que el Ejecutivo se ha propuesto que los precios de la energía vayan a la baja. La reforma eléctrica luchando contra los elementos y las explicaciones teóricas: la meteorología del mes de enero, la realidad, arruinando un diseño mecanicista.

Si no contamos, los conflictos internacionales acumulados y los procesos jurídicos larvados derivados de la reforma eléctrica o las consecuencias corporativas y de inversión que se verán en largo plazo, quizá el origen más profundo proviene de esa tendencia al enfoque del carpetazo expeditivo y la falta de comprensión de todas las perspectivas y elementos que intervienen e interaccionan, con una visión y una política global, es decir el mal de la simplificación de problemas complejos, sin una política y una coordinación intersectorial, económica, fiscal y completa que lo sustente, aunque exigible desde el punto de vista gubernamental.

Así, una aproximación en las medidas tomadas, evidencia que el Gobierno no ha abordado, de forma, una política energética completa, una liberalización definitiva de la tarifa eléctrica, un modelo de fiscalidad energética y medioambiental que contemple la contribución de todos los sectores, con una evaluación sobre la carga fiscal de la energía, así como, una revisión concreta y coordinada de los costes integrados en las tarifas de acceso eléctrica y gasistas para drenar sus costes ocultos o, el perfilado preciso de los papeles de los operadores de transporte y sistema eléctrico y gasista.

A cambio, asistimos a fracasos gestores que, en ocasiones pueden ser maquillados, ocultados o lo que es mejor, atribuidos, por señalamiento de culpables y, entonces se hacen sonados. Cuando no, incluso, amplificados e inflamados, como el que derivó en la intervención del Ministro de Industria en las subastas eléctricas, su abolición y el deterioro económico institucional español, supuestamente corregidos con otras fórmulas no menos improvisadas o con errores de diseño.

A la vista de este panorama, recomendamos la lectura atenta de «Instrucciones para fracasar mejor. Una aproximación al fracaso» de Miguel Albero, que nos confirma, en su metáfora, que los éxitos más o menos políticos o mediáticos son breves y efímeros y que detrás de un triunfador con su apariencia deslumbrante, se esconde un gran fracasado.

Pasar la cuenta para pedir pista

En esta misma línea, en días pasados, el periódico digital VozPopuli se hacía eco de la solicitud de cambio de destino de Alberto Nadal Belda, actual secretario de Estado de Energía. Leído de forma textual, el medio señalaba el interés del mismo por abandonar la política activa y, a la vez, su deseo de ser destinado como miembro de la delegación española en un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, siendo éste un destino muy deseado entre los funcionarios españoles.

Dicha reclamación se hace explícita (y, por cierto, tampoco ha sido desmentida hasta el momento) en una circunstancia en la que se están «rifando» las candidaturas a los comicios municipales y autonómicos del mes de mayo, con un efecto todavía no dimensionado sobre el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. Contextualizando, decíamos ayer que, según las últimas informaciones, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria estaría cuasi designado como candidato de los populares a la Presidencia del archipiélago canario (aunque fuese un poco a regañadientes).

Y es ahí donde viene la segunda parte de la historia de la demanda del secretario de Estado y sus posibles variantes. En la versión conocida y escrita, y siempre según las fuentes a las que alude Baltasar Montaño de VozPopuli, el secretario de Estado justifica su demanda en virtud de los «servicios prestados» y, principalmente, al logro de haber liquidado el déficit tarifario eléctrico como mérito sustantivo para hacerse valer de cara a esos jugosos destinos internacionales. Añadía la información que dicha absorción del déficit tarifario, además de irrogársela, se habría hecho sin que se hayan producido quiebras de empresas, aunque sí haya habido consecuencias corporativas, empresariales y sectoriales (¡!). En definitiva, se trataría de una forma muy particular de «pedir la cuenta» por los servicios prestados.

Bien es cierto que este tipo de demandas no suelen ser bien interpretadas desde el prisma de la denominada «cultura política» en el seno de las formaciones políticas, pero también es cierto que los propios códigos en los que se mueve Nadal no son «códigos» de partido, sino que están más relacionados con la propia forma de entender el mérito y su forma de administrarlo, con rapidez y audacia. Si a eso unimos su fulgurante intervención en la tertulia de La Noche de Canal 24 horas, también en términos de meritorio, es posible dudar del objetivo final de esta filtración.

Por eso, cabría que una de las posibles variantes de esta demanda podría ser una postulación para el propio nombramiento de Alberto Nadal, como futuro ministro de Industria, Energía y Turismo, en sustitución de José Manuel Soria, de forma que el actual secretario de Estado desistiese de su deseo de abandonar la política.

En resumen, con las reservas necesarias a la solución al problema del déficit tarifario (demanda, meteorología, consecuencias jurídicas, económicas, financieras, etc…), esgrimida por el secretario de Estado, hay que darle gracias de que no haya quebrado ninguna empresa. De forma meteórica, Alberto Nadal pide pista. Lo que pasa es que no da señales de cuál. O sí.

El McGuffin del petróleo en Canarias se desinfla

El viernes pasado conocíamos cómo las exploraciones petrolíferas en las proximidades de Canarias efectuadas por la compañía Repsol habían dado como resultado la existencia de cantidades no significativas de petróleo y de gas que, consecuentemente, no harían rentable su explotación.

Repsol decidía en ese momento proseguir sus tareas de exploración hacia otros países como Angola. Una actividad en la que esta compañía ha cosechado enormes éxitos, con descubrimientos en diversos países, pasando en pocos años de ser una compañía centrada puramente en el downstream a cubrir todo el ciclo de exploración, extracción, explotación y comercialización de hidrocarburos. En todo caso, las matizaciones sobre rentabilidad, costes de una futura explotación, producción, etc., no estaban en la polémica maniquea en la que se había movido esta cuestión en la arena pública.

La polémica en la que estaban envueltas estas exploraciones había saltado a la Península con momentos de gran intensidad dramática y de suspense. Este proceso de búsqueda en las inmediaciones de Canarias, en primer lugar, había sido enormemente magnificado por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con declaraciones maximalistas generadoras de expectativas y de un discurso sobre la independencia energética que casi recordaban en su expresión discursiva a la autarquía o a la organización de la economía en modo salazarista. Ese discurso, y muchos otros latiguillos sobre la forma de aproximarse a cuestiones energéticas, siguen vigentes desgraciadamente en nuestro país.

También el discurso fue incendiado por parte de las autoridades de la comunidad autónoma de Canarias y, en concreto, por su máxima cabeza visible, el presidente Paulino Rivero, que se encuentra en una crisis interna de enormes proporciones. Se pretendía colocar contra las cuerdas a José Manuel Soria como enemigo público número uno del «Canarian way of life» y del modelo turístico del archipiélago por la vía de lo medioambiental. El presidente de las islas amagó con la convocatoria de un referéndum en el mes de noviembre con una pregunta imposible que acabó siendo una patochada por Internet. Lo cierto es que sí se había logrado personificar el problema y la polémica en la figura del incombustible Soria y que el discurso del miedo había arraigado en las islas. Hoy, en todo caso, con esta resolución. se puede presentar al ministro como alguien que lo intentó y cuyos resultados, que dependen de la Naturaleza, no permitieron proseguir adelante con este tipo de maná.

El resultado ha sido un McGuffin de proporciones enormes que era conveniente ventilar más pronto que tarde. Más concretamente antes de que se entrase de hoz y coz en el proceso conducente a las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Su pinchazo despeja un problema para que el ministro de Industria vuelva a la política de las islas de cara a esta convocatoria electoral, con el mayor problema que tenía encima de la mesa pacificado.

Queda saber si el ministro está dispuesto a volver a la política canaria ya que en días pasados medios de comunicación nacionales insinuaban que no estaba muy por la labor. No sería el primer caso de político proveniente de las esferas autonómicas que, una vez conocida la política nacional, prefiere no volver a la realidad regional y de provincias, que siempre tiene menos «charm«. Pero eso será otro McGuffin.

El primero de la clase

La entrevista trataba de dar un repaso a la cuestión energética desde la perspectiva del Gobierno, lo que, dada la visión excesivamente periférica de los medios de información generalista sobre la energía, originaba que el programa estuviera muy descompensado. Se daba la circunstancia de las propias fechas de emisión del programa, post navidades y del coincidente partido de fútbol entre el Barcelona y el Elche, un partido de fútbol no excesivamente emocionante con un 5-0 a favor de los blaugranas pero, en lo que respecta a las audiencias, fútbol es fútbol. Eso sí, la tertulia nocturna de este canal se ubica en el prime time televisivo.

El secretario de Estado de Energía acudió al programa con una comunicación verbal y no verbal visiblemente optimista y satisfecha en todo momento y también con aspiraciones casi explicitas de candidarse para ser ministro. Fuertes dosis de telegenia, muchas más que las del propio ministro de Industria, Energía y Turismo pese a sus aspiraciones políticas para el Gobierno de Canarias, y a la vez, con una personificación del discurso muy clara, representando el orden y el perfecto control absoluto del sector energético.

Por su parte, la estructura de la entrevista permitió a Nadal transmitir una impresión notable de opositor que tiene preparados todos los temas para cantarlos, cosa que no nos podríamos haber imaginado con su predecesor Marti Scharfhausen en una tertulia así y respondiendo con tal soltura, como si fuera el primero de la clase, es decir, para cada cuestión que se planteaba por el conductor del programa o por los contertulios tenía su correspondiente argumentación política. Un ejercicio discursivo imparable y desbordante, rocoso y casi exhibicionista que daba los siguientes titulares.

La caída de los precios del petróleo, indudablemente beneficiosa, reduce el importe de las importaciones y, por tanto, de los pagos de la economía española al exterior. Respecto la evolución de los precios de los carburantes en España y el efecto cohete pluma, los datos dicen que estamos igual que en Europa y para eso está el Gobierno, para vigilar. Las prospecciones petrolíferas y el fracking: todos los países buscan petróleo y todos lo ansían encontrar. La crítica a la fase de incorporación de ciertas tecnologías renovables en España, especialmente la termosolar y la fotovoltaica, fue en fases de maduración tecnológica baja de su curva de aprendizaje. La intermitencia de las renovables y la necesidad de mantener una red de respaldo. La energía nuclear juega un papel en un mix diversificado. La solución al Castor, la más barata posible. La tarifa eléctrica ya no tiene déficit tarifario, indicó Nadal, que realizó una escrupulosa clasificación de los costes regulados.

De estas argumentaciones, algunas resultaron especialmente bien construidas y trabajadas como la respuesta a Victoria Lafora, que no diferenciaba en su pregunta entre impuestos y costes regulados, en relación a la tarifa de respaldo para el autoconsumo energético, actualmente en regulación. Y, así sucesivamente, con una cuidada evitación, sin alusiones, al torrente de conflictos y arbitrajes internacionales de la reforma eléctrica o a los conflictos por la interrumpibilidad.

Quizá la única cuestión en que los actos fallidos traicionaron a Alberto Nadal, todo hay que decirlo y para darse cuenta hay que ser muy exquisito o un purista, fue cuando nombra a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), dudando del nombre actual de la misma y considerándola, de facto, casi como una extensión de la política del Ejecutivo.

La forma incluso, en que los contertulios se dirigen a él durante el programa, casi es reverencial en todo momento. Cómo sería la intervención de Alberto Nadal, que en algún momento, incluso algún tuitero, una red que, en general, se caracteriza por su causticidad, utilizó el adjetivo calificativo de «magnífico» para el secretario de Estado.

Tres cuestiones que no se abordaron en la entrevista como debían: la primera, la falta de definición de una política energética más allá del cuadre contable, de la aparente solución del déficit tarifario, si la demanda lo permite, y de la maquinaria liquidatoria, con una cierta orientación futurible. Dos, la sensación de que los agentes del sistema, como sectores económicos y como empresas, pasan a ser brazos a disposición de esta forma de concepción política. Y, tercero, la impresión de que la realidad económica tiene que comportarse así porque así está el tema y tiene que encajar con los postulados del Gobierno.

En resumen, un paseo, con los contertulios del programa como acompañamiento necesario. Vamos, como el 5-0 del Barcelona al Elche.

Quiero ser como Obama: flipping con el fracking

Este movimiento se une a la revolución energética acaecida en Estados Unidos, relacionada con la hasta ahora floreciente industria del fracking, en la que a Barack Obama no le ha temblado el pulso. Un proceso que ha llevado a que la tambaleante primera potencia mundial haya reducido su dependencia exterior en materia energética, con resultado de un proceso de sobreoferta en los mercados internacionales del gas natural y la reacción actual de la OPEP de mantener/incrementar su producción para hundir los precios del petróleo incluso por debajo de los 40 dólares (atención al dato: las técnicas no convencionales sitúan su rentabilidad en precios por encima de los 80-90 dólares). Hoy, el del fracking en Estados Unidos, es un movimiento que, posiblemente, de forma dinámica, se deba ajustar momentáneamente (sin ayudas estatales) a estos precios internacionales de los hidrocarburos.

En esta línea, en España no dejan de sucederse la publicación de artículos en los medios de comunicación sobre los nuevos millonarios norteamericanos, titulares de las explotaciones de extracción con fractura hidráulica, shale gas y esquisto. Se trata de crear un marco semejante al de la fiebre del oro, pero en lo que se refiere a los hidrocarburos, en una sociedad necesitada de signos de opulencia, reminiscentes de los años de la burbuja inmobiliaria. Hoy, en nuestro país existen fuerzas encomendadas a esta labor, incluyendo una Administración energética que tiene depositada su porfía a estos hallazgos. En todo caso, se trata de introducir dosis de realismo en las expectativas, más que de aguar una fiesta que no ha comenzado.

En todo caso, más allá de la controversia medioambiental de estas técnicas (con fuertes reacciones en distintos países europeos y Estados Unidos), hay que calibrar adecuadamente el peso de esta medida en términos económicos reales para nuestro país, es decir, poder dimensionar la capacidad real de este tipo de explotaciones en nuestro país, su impacto en volumen en el abastecimiento potencial de fuentes de energía primaria, el plazo en que sería factible el mismo, los costes en los que incurrir para ello y la posibilidad de otros sustitutivos en los mercados nacionales, europeos o internacionales. Y, por supuesto, contestar a ¿qué? ¿Cuánto y cuánto cuesta? ¿Cómo? ¿Para cuándo?

Por otra parte, existen dos argumentos asociados y muy peligrosos, esgrimidos para todo este tipo de desarrollos energéticos. El primero es el de la reducción de la independencia energética, con el que se entiende que cualquier medida dirigida a la generación de energía primaria patria es aceptable, al precio que sea. Ese argumento es el que habilitó a Zapatero para crear las reservas estratégicas de «carbón nacional» o la administración de las retribuciones de determinadas tecnologías.

Con el segundo, el de las bondades del progreso técnico, se entiende que cualquier forma de generación de energía, primaria o cualquier método de trasformación en energía final, si técnicamente es posible, se puede hacer y también a cualquier precio. Estos dos argumentos combinados y su fascinación suelen ser el principio de grandes operaciones de sobreinversión y de burbujas, de despilfarro de la capacidad instalada, de medidas intervencionistas de distorsión en los mercados o de subvenciones para garantizar su viabilidad en el caso de las condiciones de mercado no proporcionen los resultados que la técnica promete.

Por tanto, hay que preguntarse qué es lo que se puede esperar de ello y qué lugar tiene el fracking para nuestro país en una política energética consistente, más allá de las declaraciones políticas y de los actos propagandísticos, de forma que no nos encontremos con otra cosa a la vuelta de la esquina.

La interrumpibiliad y su cosecha

En primer lugar, como hemos venido narrando y contextualizando en Energía Diario, la cuestión de la interrumpibilidad y sus antecedentes siempre ha estado acompañada de un cierto halo impreciso y confuso, que entremezcla la justificación teórica de este servicio con la utilización práctica del mismo, la integración a escote de su coste en el suministro y su vinculación a una supuesta política industrial básica centrada en el coste de la electricidad (que no de la energía en sentido amplio) para ciertas instalaciones productivas, incluyendo de forma oblicua merodear alrededor de la posibilidad de que, incluso, se tratase de una ayuda de Estado.

El Gobierno, en el marco de la mal llamada reforma eléctrica, persiguió acomodar el coste de este servicio a la nueva cuadratura contable del coste del suministro a efectos de evacuar el déficit tarifario. Eso sí, el método elegido, siendo “competitivo” al tratarse de una puja, mantiene su formato de “derecho”, en la medida que se desliga de su aplicación efectiva o de su valuación de su montante económico por aplicación final por invocación temporal efectiva del operador de sistema.

En todo caso, en el caso de la interrumpibilidad, también han emergido consecuencias de la reforma eléctrica fruto de tres cuestiones: la ausencia de diálogo con los sectores directa y colateralmente concernidos, su visión puramente contable de la misma, imprevisión de los efectos colaterales consecuencia de la conformación del coste del suministro eléctrico como caja de compensación de políticas públicas, problema que el Ejecutivo ha esquivado nuevamente, a base de repartir los recortes aplicando el método Aranzadi.

La piedra de toque de este proceso ha venido marcada por el hecho de que la subasta de interrumpibilidad “sorprendiera” a propios y extraños, incluyendo al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con tres efectos. El primero, los precios bajos resultantes de la misma, abaratando su coste, un beneficio “conjunto” teórico para el suministro eléctrico; el segundo, la sobredemanda del servicio, con la entrada de nuevos demandantes de interrumpibilidad, atraídos por sus beneficios para reducir el coste de la energía en sus inputs productivos; y, el tercero, con la salida de beneficiarios históricos de la misma (teórico ‘target’ beneficiario de la misma), como Alcoa (aluminio) y la siderurgia con las empresas agrupadas en Unesid, para los cuales, el efecto de no disfrutar de la misma supone un revés, con la consiguiente invocación a la deslocalización industrial.

La expresión “deslocalización industrial”, en estos momentos de “recuperación animista” de la economía española, enciende todas las alarmas, pudiendo ser un elemento “aguafiestas” que combinado con la precampaña electoral permanente en la que vivimos instalados puede ser extraordinariamente comprometida para el Ejecutivo y, particularmente, en el ámbito autonómico. En los tiempos de las redes sociales y de la sociedad líquida, tal aceleración es endiablada y una cosecha de este tipo podría ser muy peligrosa.

En todo caso, desde una posición pura energética referida al modelo de suministro eléctrico, los elementos básicos esenciales a observar respecto al servicio de interrumpiblidad, son su adecuación de esta figura, a su necesidad, factibilidad y al dimensionamiento de su coste en función de su uso efectivo. En segundo lugar, la cuestión de si existen transferencias de costes regulados entre consumidores, con aquiescencia o no de las asociaciones que agrupan a sus diferentes tipologías (misteriosamente es una cuestión silenciada). Y, además, el formato de la subasta, el montante de este derecho, el equilibrio o desequilibrio económico en el sistema que pudiera producir en el coste del suministro, también concierne a otros titulares de costes regulados, ya que todos se involucran en los derechos de cobro del sistema (hasta ahora muchos agentes podían mirar para otro lado y el ajuste de las condiciones financieras es mucho más exigente).

Y, de fondo, subyace la cuestión de la concentración de una supuesta política industrial basada meramente en demandas puntuales referidas al coste de la electricidad a determinados consumidores, al margen de que las decisiones en política energética tengan su carácter adanista y espurio. La resultante es un planteamiento muy burdo sobre la competitividad industrial que no se ha sabido resolver de forma integral dado el apresuramiento y la escalofriante esquematicidad mediática con la que se abordan estas cuestiones regulatorias.

Ejemplo de ello es que ahora la maquinaria empieza a funcionar. Lo que era conocido en los círculos sectoriales, se empieza a filtrar y a conocer con escándalo a través de los medios de comunicación: que este servicio se cobra y, a la vez, no se utiliza por sus beneficiarios. De echarse a temblar. Continuará.

Electricidad, competitividad e interrumpibilidad

Un presupuesto básico de esta relación electricidad-competitividad es que los precios de la energía que se utilizan en el proceso productivo participan en los costes de las industrias y empresas afectadas. Partiendo de ese presupuesto básico, el hecho de que el sistema de suministro (gasista o eléctrico) sea eficiente y competitivo (por barato) tiene un papel relevante para ciertas actividades económicas, especialmente las más intensivas en energía.

Otra cosa son las lecturas torcidas, contradicciones, aplicaciones y extensiones de ese presupuesto básico, cuya proceso meramente expositivo se utiliza como justificación de un número importante de medidas arbitrarias y discrecionales de intervención, cuando no, directamente de una discriminación positiva (en lenguaje políticamente correcto).

La primera contradicción proviene de la propia conformación del coste del suministro, en la medida que el crecimiento en los últimos años de los costes de acceso han inflamado los precios de la electricidad de aplicación a todos los consumidores. Eso sí, para todos, evidentemente, domésticos, industriales y empresariales.

Por tanto, el problema de los precios energéticos, de sus componentes y de sus consecuencias, es más amplio o requiere una perspectiva más abierta que las soluciones parciales (más allá de habilitar la posibilidad de la interrumpibilidad y su contraprestación) o del ajuste contable que ha supuesto la mal llamada «reforma eléctrica».

La cuestión es, si el mercado mayorista español se sitúa en la banda baja de los precios a nivel europeo ¿por qué esa diferencia comparativa en los precios finales a los consumidores? Si, en esos costes de acceso, se integran costes que no son directamente relacionados con el suministro, ¿no debería revisarse esa cuestión y separarse para facilitar que lo que pagan los consumidores se relacionara directamente con su consumo y, además, estimulase su eficiencia? Además, estos pagos, que minoran el coste de la electricidad para quien los recibe, se transforman en un mayor coste del suministro para el resto de consumidores, es decir se produce una trasferencia (justificada o no) de costes, por lo que su administración debe ser eficiente, competitiva y transparente.

En consecuencia, no se puede separar el problema de los costes de acceso, del problema más amplio del precio de la electricidad para todas las empresas y todos los consumidores. Como tampoco se puede separar del control público de los precios de la electricidad ejercido desde la Administración (que ha distorsionado la percepción de los consumidores acerca de los mismos) y de la necesidad de hacer ganancias en eficiencia tecnológica en las empresas.

La segunda contradicción, una extensión de ese presupuesto básico de partida, es la consideración de que un «input» en el proceso productivo debe ser barato para fomentar la competitividad, sin necesidad de mejoras de eficiencia o de procesos. ¿Significa esto, por ejemplo, que se debe extender ese «principio» a que la industria alimentaria para garantizar la alimentación a bajo coste de la fuerza de trabajo, baje sus precios? ¿Es aplicable a los costes de otros «inputs» como son las telecomunicaciones o a la hostelería, en caso de ser utilizada por las empresas en los desplazamientos de personal? ¿Del mismo modo, la producción siderometalúrgica cuando es un «input» para otras industrias debe ser regulada a tal efecto y sus precios fijados en pos de la competencia del sector que los transforme? ¿Hasta dónde y hasta a quien llega ese presupuesto de «arrimar el hombro» en pos de la razón de Estado o de los costes de cada sector?

Y, queda la pregunta mayor: ¿La competitividad es únicamente una cuestión relacionada con el coste de la energía? Una cuestión relevante, añadida, sería disponer de una política energética e industrial. Estudiar cómo resuelven este problema los países europeos de nuestro entorno. En realidad, lo bueno o lo malo, al menos lo equivalente, es que en nuestro país no hay política energética, pero tampoco hay política industrial.

A la vez, por ejemplo, las consecuencias de esta reforma eléctrica también se han trasladado a otros sectores industriales, como la propia industria auxiliar renovable o la cogeneración. Posiblemente, una visión global y conjunta de sus interacciones sería hoy la situación más realista y adecuada.

Por otra parte, las aplicaciones y fórmulas recientes a las que se viene recurriendo para abordar esta cuestión de la competitividad y su relación con la energía, son manifiestamente mejorables: la modificación de los tramos de las tarifas por tensiones (una medida reciente muy cuestionada también), las exenciones fiscales a los impuestos de la electricidad en los márgenes de la legislación europea y los pagos por interrumpibilidad, generadoras, por otra parte, de nuevas reclamaciones sectores en efecto dominó.

Al mismo tiempo, la situación preelectoral del país indica que ante este tipo de actuaciones y de conflictos, el Gobierno las recibe con una debilidad y con menos márgenes que los que ha empleado con los sectores afectados por la «reforma eléctrica». La amenaza de cierre, encima de la mesa, no es ninguna broma. Así, tenderá a gestionarlas con base en el aprovechamiento de la comunicación política para justificar sus comportamientos (y evitar sus costes).

Es decir, lectura politizada esquemática de la situación aprovechando las posiciones de la opinión pública respecto a la energía y el «ritornello» fácil de que los precios son altos (aunque hayan sido las propias decisiones administrativas y las políticas los que han influido en los componentes que más han crecido).

Lo que parece claro es que el Gobierno tendrá que resolverlo en poco tiempo. Sus márgenes son muy reducidos. Ya está convocada la segunda subasta de pagos por interrumpibilidad. Sólo le queda adecentarlo.

El déficit tarifario que sigue

En realidad, siendo objetivos, nunca se trató de una desaparición, puesto que nunca llegó a esfumarse, más allá de un voluntarismo o de los esfuerzos de la comunicación política. Todas las liquidaciones realizadas en lo que va de año reflejaban un déficit tarifario que, cuantitativamente, iba más allá del déficit de caja derivado de la aplicación de la recaudación de los nuevos impuestos, cuestión además, que entre los ministerios involucrados, Hacienda e Industria, se ha venido tratando con una cierta cicatería.

Por tanto, nos encontramos con la liquidación de agosto que, unida a la caída de demanda, ha hecho saltar todas las costuras de un problema que todos los expertos daban por «embalsado» y con posibilidad de que debutara con virulencia. Como venimos anunciando en Energía Diario, estamos con la «cosecha» (económica, financiera, de consumo, empresarial, inversora…) de los efectos de la normativa y la respuesta de los propios agentes a los incentivos introducidos en la misma. Además de con un número elementos relevantes de incertidumbre acerca del futuro más próximo: cómo crecerán los costes de acceso, la recaudación de los impuestos o la evolución de la demanda.

Junto a esto, el Ejecutivo coquetea con la idea de utilizar las tarifas de acceso para hacer arbitrariedades, sectoriales o territoriales, en respuesta a los acuerdos, a las demandas o al calendario de mítines de partido. El hecho de que Industria arrebate a la CNMC las competencias en materia de organización de la estructura tarifaria y de la distribución asociada de los costes de acceso, así lo acredita. Si, a eso, unimos el runrún creciente del efecto de las minoraciones de los usuarios en las potencias contratadas el panorama puede ser dantesco: más costes regulados, entre menos usuarios y/o con contratos de inferior potencia.

Además esta situación hay que encuadrarla en la dinámica política en la que está inmersa la sociedad española. Por un lado, el clima tumultuoso de los escándalos de corrupción, la irrupción de las fuerzas antisistema y antiempresa y, por el otro, entramos en período preelectoral, por lo que el escenario se complica para la próxima revisión de las tarifas de acceso, teóricamente de acuerdo a esta dinámica creciente.

De todas formas, lo que está pasando no es algo absolutamente «sorprendente» o «novedoso». Los acontecimientos respecto al déficit tarifario siguen una cierta lógica: la que se deriva de no haber abordado seriamente el problema desde la raíz unido a la cuestión intrínsecamente ligada de los precios de la electricidad y la liberalización completa pendiente, separando totalmente aquellos componentes que no forman parte intrínseca de los costes del suministro y atendiéndolos desde los Presupuestos Generales del Estado, con una concepción de política energética y económica coherente que no generase efectos perversos entre los agentes y consumidores.

Probablemente, en realidad, lo que ha pasado, es que ha reaparecido de debajo de las alfombras antes de lo esperado y, que además, lo ha hecho en el peor momento.

El gas europeo, los test de estrés y la resistencia francesa

Así, España ha ido a defender a Bruselas en el último Consejo Europeo la conexión del corredor mediterráneo del gas, con el propio Mariano Rajoy a la cabeza. El impulso de este corredor implica acelerar, mejor dicho activar, la ejecución de las interconexiones gasistas con Francia, un asunto por otra parte, sempiterno y que se sitúa en un excipiente de coagulación y empantanamiento continuado.

Un asunto en nuestras relaciones con el país vecino francés que ha encontrado siempre enormes resistencias y que su burocracia «grandeur» siempre ha conseguido torpedear de forma muy eficaz, a la vez que profesional. Se trata de una larga negociación enfangada que nuestra diplomacia, incluyendo las relaciones entre gestores técnicos transpirenaicos, que no avanza y que incluye la devaluada interconexión eléctrica aprobada y languideciente, que además se ha visto saboteada a nivel interno por incidentes en las comarcas por las que transcurre.

Este esfuerzo por la reactivación de la interconexión gasista se ha hecho más públicamente patente desde que estalló la última reverberación de la confrontación Ucrania-Rusia. El propio José Manuel Soria se apresuró a proponer la capacidad logística de nuestro país, cuyo modelo de aprovisionamiento gasista posiblemente sea el más eficiente y diversificado del mundo combinando los gaseoductos de norte de África con el sistema de regasificadoras. Por otro lado, también ofreció a Estados Unidos la capacidad española de ser «hub» para la gestión del gas procedente del fracking con destino Europa, posibilidad que adquiriría virtualidad de culminar estas conexiones, puesto que sin ellas la sobreoferta de gas doméstico sería incalculable.

Por lo tanto, el objetivo es presentarnos a Europa como posible gestor del gas y dar salida a los importantes excedentes de aprovisionamiento gasista fruto de la caída de demanda de nuestro país y de los compromisos existentes de suministro.

Complementariamente para valorar la situación, corresponde un pequeño recuento del estado de esta confrontación en la que la Unión Europea puede verse obligada a rascarse el bolsillo para aligerar la deuda de Ucrania con Rusia, bajo la amenaza de corte de suministro este invierno con efectos para media Europa central.

El escenario es complicado: Ucrania, por su parte, tiene importantes problemas económicos, caída del PIB prevista para este año de entre el 7-10% y previsión de descenso de un 19% por la ruptura del comercio ucranio-ruso hasta 2018. Por tanto, tiene graves dificultades para pagar su gigantesca deuda con Rusia además de una dependencia energética muy fuerte. Si bien los pagos inicialmente establecidos y pendientes, eran de 3.100 millones de euros, Rusia ha recalculado la deuda, reduciéndola casi a la mitad, en el entorno de los 1900 millones de euros.

¿Razones?, la economía rusa también tiene signos de recesión, aunque los vestigios imperiales lo presentan de otra forma y, a su vez, presiona con intensidad intermitente con el corte del gas como medida de fuerza. La situación tampoco es fácil para los rusos por la caída del precio del petróleo que puede golpear aún más la economía rusa (una economía en exceso de monocultivo energético) y, por ello, más vale pájaro en mano, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Por otro lado, los daños derivados de las sanciones económicas, fundamentalmente las norteamericanas (más severas, más firmes), se evalúan en 40.000-50.000 millones de euros (aunque las sanciones europeas se mantienen en un curioso ejercicio de gimnasia sueca). Vuelve la política de la tensión.

En la economía europea, los signos tampoco son mejores dada la incertidumbre: signos de estancamiento y de recesión (incluyendo Alemania), y con pocas alternativas de suministro en el corto plazo aunque hicieran caso de forma diligente a las actuales posiciones españolas y se apremiasen con la conclusión de las interconexiones gasistas.

Alemania, por su parte, mantiene una negociación pseudobilateral con Rusia aunque la ejerce en nombre de Europa, con fuertes divergencias y vaivenes como se acreditaron en la última ronda de Milán. En todo caso, en tiempos de la austeridad y con otros intereses bilaterales, esta mesa es su primer tablero (el resto de opciones son los «second best»), además de tener otros gaseoductos para el suministro como el recién estrenado gaseoducto Nord Stream. La opción española puede ser útil a efectos de amagar, eso sí.

En parte, todos estos acontecimientos en el sector gasista, retroalimentan el escenario complejo europeo en lo económico y lo político. Lo que es cierto es que la energía se ha convertido en un elemento clave para la Unión Europea. El propio Arias Cañete en su proceso de selección apeló a garantizar el suministro de gas como una de sus primeras promesas, en un continente cuya dependencia energética asciende al 53% de lo que consume y más de un 66% en el caso del gas. En medio de todo, además, la definición e indefinición de la nueva política energética comunitaria, si es que puede llamarse así.

En paralelo, como plan de contingencia, la Comisión Europea ha hecho sus propias pruebas de resistencia (un formato de test de estrés) del sector del gas, para valorar los efectos de una posible interrupción, calculada en términos tentativos en seis meses en el suministro ruso. Los países más afectados serían Estonia y Finlandia, seguidos por Bulgaria, Rumanía, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania y Croacia. Además, se ha valorado la capacidad de almacenamiento, resultando que Letonia es el país con mayor capacidad de almacenamiento (más del 160% de su demanda doméstica mensual), mientras que en sentido contrario, Hungría y Portugal tienen una capacidad inferior al 80%.

Con todo este escenario y, siguiendo todo el contexto histórico y temporal de las interconexiones con Francia, la respuesta europea, la ambivalencia germana con sus propios equilibrios geopolíticos y estratégicos, hay que preguntarse, más allá del optimismo oficial de la comunicación política española, si estas intenciones vendrán acompañadas de hechos y de resultados posteriores tangibles, más allá del voluntarismo.

¿Hasta qué punto la resolución de este último episodio con Rusia, condicionará que la opción española puede ser tomada en serio? ¿Será suficiente para levantar la costra de la resistencia francesa? El grado de convicción a posteriori de lo tratado en Bruselas tampoco invita al optimismo en términos de movilización.

Por su parte, la consistencia, seriedad y perseverancia de las políticas españolas en este campo no ha superado los test de estrés en los últimos años, así como las pruebas del tiempo y de la diplomacia económica. Comprendiendo este complejo escenario, y sus posibilidades, evalúan alternativas y las empresas prosiguen su internacionalización. Así, por ejemplo, hemos conocido cómo Gas Natural Fenosa, profundiza su expansión internacional en Latinoamérica con nuevos mercados a través de Chile.