“La liberalización es positiva para la generación de nuevos servicios energéticos”

Para Nexus Energía, el 2008 que termina ha sido un año de vértigo. Pero el año 2009 promete, si cabe, ser más intenso. Pasar a administrar el grueso de la gestión de la energía fotovoltaica en el mercado eléctrico, siendo representante de más de 20.000 instalaciones solares, ha sido dar un importante salto cualitativo en la configuración de una empresa de servicios energéticos.

La valoración que se hace de este asunto desde el propio sector solar es particulamente positiva, en la medida que mejora las condiciones que establecía el R.D. 661/2007. Algo que empezó con un acuerdo el pasado 1 de julio, a raíz de la alianza alcanzada con la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y que desde ese momento no ha hecho nada más que crecer. De hecho, Nexus Energía ya está gestionando más de 20.000 instalaciones, con 600 MW de potencia y se ha planteado un objetivo de llegar a los 1.000 MW.

Unido a esta labor en el plano de generación y su asesoramiento y acercamiento al mercado (que Jordi Sarrías, director general de Nexus Energía, señala que es extensible a otras formas de producción de energía, como las renovables), la compañía tiene ante sí varios retos añadidos más: el primero, el desarrollo del mercado en el ámbito de la comercialización, pieza pendiente, consecuencia de la liberalización inacabada y tan postergada del sector eléctrico. Y, por otro, que se resuelva finalmente la definición del Comercializador de Ultimo Recurso (CUR) que amenaza a un número importante de distribuidoras y con las que la Nexus trabaja para ofrecer una opción que gestione esta actividad.

Por este motivo, la conversación se centra en la propuesta de tarifas de último recurso elaborada por Industria y contestada por la Comisión Nacional de Energía.

En general, Jordi Sarriás reconoce que «desarrollar todo el proceso de liberalización pendiente exige y está requiriendo mucho trabajo desde el Ministerio de Industria». Asimismo, admite que «la interlocución es positiva», pero aprecia mucha precipitación en todo el proceso, partiendo de que hoy “el precio del kilowatio es un precio político”. Y que, fruto de esta precipitación es el hecho de que haya tenido que retrasarse la entrada en vigor de la liberalización. Sarrías además constata que desde el equipo actual se está dando pasos para dar mayor espacio a la comercialización.

Nexus es una sociedad que está formada por 40 accionistas, distribuidores de la denominada DT-11, cuya actividad ahora mismo afecta a más de 1.000.000 de consumidores, por lo que la limitación de la actividad de comercialización que propone el Ministerio de Industria a cinco comercializadores es una cuestión que Sarrías señala, especialmente, entre sus reivindicaciones, y que el informe aprobado por la Comisión Nacional de Energía reconoce.

El director general de Nexus considera que «no tiene sentido que los pequeños distribuidores no puedan realizar la actividad de comercialización», de forma que también puedan establecerse, fórmulas de integración a medio plazo para realizar esta actividad.

De hecho, esta es uno de los vectores del modelo de negocio de Nexus, ofrecer fórmulas a estas distribuidoras para mantener en gran parte su actividad, adhiriéndose a este proyecto, de forma que se puedan crear comercializadoras.

Sobre las negociaciones que mantiene el Ministerio de Industria con las cinco grandes eléctricas para abordar la cuestión del déficit tarifario, Sarrías reclama «una mayor transparencia» en la medida que considera que detrás de las Tarifas de Último Recurso (TUR) se están negociando más cosas. Y de hecho, estima que la postura de “laminar el déficit”, generando más déficit tarifario añadido, en un período transitorio, es una cuestión contradictoria.

Finalmente, Jordi Sarriás aboga por que la tarifa de los comercializadores de ultimo recurso sea “máxima y fija” como dice la CNE, de forma que no se permita hacer descuentos a los comercializadores (como algunos casos en Levante) dirigidos a segmentos concretos de clientes para deteriorar la acción de los nuevos entrantes como comercializadores.

En este sentido, y en un contexto de crisis económica, considera que «existen determinados servicios energéticos que pueden ser muy útiles para las empresas», como son las auditorias para reducir el coste energético que soportan las organizaciones. Y, también alternativas como «adquirir la energía en el mercado mayorista a través de una entidad como Nexus y optimizar el consumo energético». Pone por ejemplo, como en el caso del colectivo de regantes han logrado adquirir la energía en momentos en que la energía está en el entorno de los 10-15 euros MW/h, efectuando los bombeos de forma nocturna y, realizando el riego por gravedad en otros horarios.

Sarrías identifica un «amplío abanico de nuevos servicios» que se pueden articular sobre la base de la competencia. En ese espectro, sitúa a los consumidores con una potencia contratada de más de 15 kW/h y estipulados hasta 5 GW (dónde evidentemente señala que la competencia para desarrollar su actividad será más hostil). Y, considera que se pueden enriquecer estos servicios con asesoramiento sobre electricidad y gas, junto con asesorías eléctricas y energéticas globales.

Por otra parte, Sarrías señala los servicios que se pueden ofrecer al cliente productor, consistentes en «gestionar la electricidad en el mercado mayorista, asesorándole ante cambios legislativos o los propios procesos de acción de la explotación, con el conocimiento del funcionamiento del mercado y la posibilidad de arbitrar con el modelo retributivo de cada tecnología, fundamentalmente la renovable».

El director general de Nexus, afirma que esta propuesta puede aportar “más liquidez” al mercado eléctrico y profesionalizar el mundo de la producción de electricidad en estas tecnologías, mejorar la previsión y todos los procesos asociados al mismo. Pero liquidez cierta, no como en el caso de las subastas en el mercado energético.

De hecho considera que las subastas de capacidad, las famosas VPP’s, en combinación con las subastas CESUR, en el fondo se han convertido en un producto financiero, de forma que se “compran VPP y se venden CESUR”.

«Se valorará el estado de cada central nuclear de cara a decidir sobre la prolongación de su vida útil»

PREGUNTA. En este escenario, se plantea cual va a ser el marco del futuro del sector energético español, a través de lo que se denomina la Prospectiva 2030, en la que habría que mostrar una “hoja de ruta” respecto de las líneas a seguir, sobre todo de cara a que sea una factura que equilibre cuestiones de dependencia, cuestiones de costes y eficiencia del mix energético, así como los precios de la energía.

RESPUESTA. Un documento como la Prospectiva lo que hace es identificar lo que tenemos, perfilar hacia donde queremos ir y marcar cual sería la secuencia y el camino que tendríamos que seguir hasta llegar allí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en una sociedad como la nuestra, en la que las cosas cambian de una manera tan rápida, esa Prospectiva 2030 puede ser que se replantee pronto. Considero que es un estudio interesante y necesario y por ello ha sido reclamado por todos los grupos políticos en la pasada legislatura. De hecho, el avance de la Prospectiva 2030 se va a presentar antes de final de año, como ya anunció el secretario general de Energía, lo que empezará a despejar alguno de los interrogantes que me planteaba.

PREGUNTA. ¿Cual es su posición sobre el papel que desempeña la energía nuclear en nuestro país? ¿Qué opina respecto a la cuestión abierta de la prolongación de la vida útil de las centrales?

RESPUESTA. La posición de mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, del presidente del Gobierno, del ministro de Industria y del secretario general de Energía, respecto a la energía nuclear está clara y es la que se lleva manifestando desde hace tiempo, es decir, que no se van a abrir nuevas centrales nucleares y que se va a revisar la vida útil de las que haga falta hacerlo. Para ello, contamos con un organismo regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuya misión es realizar un informe vinculante sobre el estado de todas las centrales, sobre su estado, su mantenimiento y su capacidad. En todo caso, la decisión última corresponde al Gobierno en el sentido de prolongar la vida útil, después de conocer si las condiciones de seguridad y rendimiento son aceptables o bien dictaminar el cierre y desmantelamiento de las mismas.

Recientemente estuvo en el Senado Carmen Martínez Ten, presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear y trató en su intervención sobre las centrales de Ascó y de Vandellós (ambas en Tarragona), pero sobre todo de Santa María de Garoña (Burgos), que es la que está más cercana al fin de su periodo de vida útil, y que es una de las más eficientes de Europa. Martínez Ten comentaba, y con razón, que no es tan importante el tiempo que lleva funcionando una central, sino cómo se realiza su mantenimiento, cómo se preocupan por su actualización tecnológica en términos de seguridad, así como las nuevas inversiones. En este caso, la central de Santa María de Garoña, estando al final de su vida útil, ha dado muchos menos problemas que otras que llevan una vida media, como Ascó o Vandellós.

Precisamente, también ha entrado en el Senado una moción sobre la central de Santa María de Garoña y en la que ya se conoce la postura del PNV que ha solicitado que no se den nuevos periodos de actividad. Nuestra posición será la de que sea el órgano regulador, el CSN, el que opine cómo está esa central, si tiene las condiciones de seguridad necesarias y si puede seguir funcionando, después de la realización de unos informes e inspecciones muy exhaustivos. No hay que olvidar, una cuestión adicional, dado que hablamos desde una zona minera y que las localidades que viven de una central nuclear o de una central térmica, se preguntan que pasará si se cierra y se desmantela y las consecuencias desde el punto de vista del desarrollo local. Todo eso, también hay que tenerlo en cuenta.

PREGUNTA. La posibilidad de sustitución de las centrales en los mismos emplazamientos donde ya hay una nuclear que se vaya a desmantelar, ¿es una posibilidad factible?

RESPUESTA. La legislatura pasada hubo una mesa sobre legislación de la energía nuclear y esa postura la planteaban, sobre todo, los alcaldes de las zonas donde existen esas centrales y creo que hay que valorar esa posibilidad, por el mismo motivo que también le comentaba anteriormente. Nuestra posición, como digo, en todo caso, es clara. Durante esta legislatura no se van a crear nuevas centrales nucleares y lo demás, razonablemente, habrá que estudiarlo caso por caso, teniendo en cuenta todos los factores que entran en juego a la hora de tomar esta decisión.

En cuanto a las energías renovables, nos gustaría saber qué opinión le merece la ley que se aventura sobre energías renovables y eficiencia energética, dos cuestiones diferentes que van a estar reguladas dentro de la misma ley. ¿Dará la seguridad jurídica que es necesaria para que exista inversión y que parece que ha estado cuestionada en los últimos tiempos?

Efectivamente, esta ley dotará de la seguridad jurídica necesaria al sector, en mayor medida que los desarrollos reglamentarios realizados hasta el momento. Las carencias que había en esta materia han sido escuchadas por el Ministerio que está actuando para resolverlo y también mejorar los aspectos en materia de seguridad jurídica, como en el caso del nuevo real decreto sobre la fotovoltaica. De hecho, una de las cosas que piden los inversores es que puedan estimar con precisión los ingresos de estos activos, con retornos en un periodo de tiempo razonable. Creo que los últimos pasos dados desde el gobierno confirman este compromiso y esta voluntad, teniendo en cuenta que hemos hecho uno de los desarrollos en materia de energías renovables único en el mundo.

PREGUNTA. ¿Qué valoración tiene de la directiva de energías renovables que está a punto para la creación de mecanismos de los certificados de origen y de las vías que instrumenta para el cumplimiento de los objetivos en materia de estas energías para 2020? ¿Qué cambios nos va a traer en este sentido la directiva, que se desarrollará en paralelo con la ley de energías renovables? ¿Va a suponer que se solapen ambos procesos?

RESPUESTA. Todavía es prematuro sin conocer la configuración final de esta normativa, saber como va a influir en la nueva legislación y en su transposición al caso español. No me atrevo en este caso, incluso por motivos de calendario a decir en qué medida influirá en esta normativa en ciernes, que por otra parte quiere tener una visión global e integradora de este sector en el que nuestro país ha hecho un importante avance. Del mismo modo, todavía no se conoce el alcance de esta ley, que como sabe, el compromiso del gobierno es presentar un primer documento antes de final de año. Por otra parte, a mi juicio, creo que es positivo la implantación del mecanismo de los certificados de origen, así como las fórmulas de transferencia y cumplimiento de los objetivos europeos y por países, en materia de energías renovables dado que permitirá flexibilidad y facilitará el cumplimiento de los compromisos medioambientales y el desarrollo sectorial. Lo razonable, es que por el propio calendario parlamentario, sean procesos sucesivos y no simultáneos.

PREGUNTA. Recientemente se ha aprobado la nueva normativa de biocombustibles y biocarburantes, en la que cabían tres opciones: la de establecer un porcentaje diferenciado de cumplimiento y semejante para bioetanol y biodiésel, la de fijar un 5,83% que se pudiera conseguir en términos conjuntos y una última en la que se exigía un mínimo de bioetanol y otro mínimo de biodiésel, con una perspectiva tendencial de consecución de los objetivos de manera conjunta. ¿Cual es su opinión sobre el resultado final de todo el proceso?

RESPUESTA. En ese proceso estuve directamente involucrada en la legislatura pasada, aunque finalmente se ha resuelto ya en ésta. Estuve en contacto contínuo con los representantes del sector y yo creo que los fabricantes de biocombustibles han acogido con satisfacción la configuración de esta regulación, tras una importante demora. Personalmente, me gusta la opción por la que se ha optado, que es fijar mínimos para los dos tipos de biocombustibles y mecanismos de compensación, razonables.

PREGUNTA. ¿Cómo valora el cumplimiento de los objetivos medioambientales desde el punto de vista energético?

RESPUESTA. Sinceramente, en primer lugar hay que afirmar, que nos planteamos unos objetivos que, a lo mejor, no eran asumibles o que eran demasiado ambiciosos. Teniendo en cuenta el marco donde nos encontramos y las posibilidades que tenemos, considero que no se está haciendo mal, en la medida de nuestras posibilidades. No obstante, creo que hay que preguntarse si ¿eran posibles los objetivos tal y como nos los planteamos? Sin embargo, creo que, en términos generales el desarrollo que hemos hecho es bueno, con independencia de que los indicadores de cumplimiento no sean del todo positivos y puedan ofrecer una visión distorsionada de la realidad.

En el ámbito de energías renovables somos una potencia mundial, pero en el ámbito del cumplimiento de los objetivos referidos a la emisión de gases de efecto invernadero, lo resultados son mejorables. Eso es evidente. Pienso que también se pueden mejorar los planes nacionales de asignación, pero el problema no es como se ha planteado, focalizado en las centrales térmicas, puesto que los sectores afectados por las directivas sobre comercio de emisiones, son más. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta otros factores como la hidraulicidad o la climatología, que se escapan incluso a la acción institucional y que han incidido en los resultados de los últimos años.

PREGUNTA. ¿Cual es el futuro del carbón en estos momentos, tanto desde el punto de vista de senadora y vicepresidenta de la Comisión de Industria, como desde el punto de vista de alcaldesa del Ayuntamiento de Villablino (León)?

RESPUESTA. Yo lo veo con futuro. Desde hace tiempo llevo diciendo que el papel del carbón en el mix energético no estaba terminado, aunque había posiciones en este sentido. Lo mantengo y creo que la evolución de los acontecimientos me está dando la razón. Lo decía como senadora pero, fundamentalmente, como alcaldesa del Ayuntamiento de Villablino. Aquí tenemos unos yacimientos de carbón muy importantes que podemos considerar una “reserva estratégica”. De hecho, considero que el papel del carbón, va a estar presente mucho más tiempo del que se había pensado y va a cumplir un papel tanto en el mix energético nacional, como a nivel internacional.

¿Qué falta por resolver? Pues el desarrollo de tecnologías que aseguren que utilizar el carbón para el proceso de generación de energía, no resulte tan perjudicial para el medio ambiente. En este sentido, nuestro carbón, el denominado carbón nacional, tiene una ventaja competitiva, que no tiene apenas azufre, lo que combinado con las técnicas de utilización de carbón limpio y secuestro del CO2, puede ser en el medio plazo un valor ganador y de participación en el mix de generación con todas las garantías medioambientales. Por ese motivo estamos apostando fuerte por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) en el Bierzo leonés, para que sus actividades vayan hacia adelante rápidamente y, lo resultados de los procesos de las investigaciones que promueven, sean transferibles cuanto antes a los procesos industriales de generación de electricidad.

PREGUNTA. ¿Cómo valora el desarrollo del Plan del Carbón y la gestión de los fondos Miner?

RESPUESTA. Tanto el plan anterior como el actual Plan se prevén una serie de mecanismos para que la transición de uno a otro no se realice de forma traumática, unido a los programas de jubilaciones y ayudas, además de hacer rentable la extracción del carbón y que sea competitivo en el mix energético.

Por otra parte, existe un plan de desarrollo alternativo a las comarcas mineras donde se dota de una serie de fondos para ir desarrollando alternativas productivas en estas comarcas. Y ahí llega el problema, fundamental, de dotar adecuadamente y utilizar bien estos fondos. porque estos fondos alternativos para las comarcas mineras tendría que servir para realizar un tejido empresarial e industrial alternativo, algo que no ocurre en todos los casos. En muchos, está sirviendo para hacer obras, acondicionamientos e infraestructuras que se tenían que haber hecho igual, porque todos los pueblos y ciudades van evolucionando, con o sin fondos del plan del carbón. Así, se acometen acciones como la renovación de las pavimentaciones, instalación de mobiliario urbano o canalizaciones.

Lo que está pasando es que a las comarcas mineras llegan exclusivamente los fondos del plan del carbón y los fondos adicionales a los que pone la propia comunidad autónoma (en nuestro caso, los procedentes de la Junta de Castilla y León) no llegan. En nuestro caso, lo más importante que tenemos incluido en este plan es la autovía, con un apoyo decisivo de los sindicatos, sin cuyo apoyo nunca se hubiera conseguido y es la actuación más importante que se ha promovido en esta comarca.

«Serán necesarios dos o tres años para un ajuste tarifario completo»

Tenemos esta entrevista en su despacho en el Ayuntamiento de Villablino, unos días antes de que comience, probablemente uno de los momentos históricos para el sector energético español, la última fase de la liberalización y la necesidad de abordar políticamente el déficit de las tarifas eléctricas, en estos momentos, galopante. En esta entrevista repasa la actualidad y el pasado más cercano del sector energético español.

PREGUNTA. Para comenzar, queremos conocer su opinión sobre las posibilidades y políticas a seguir para acabar con el déficit tarifario, en el marco de la transición a la liberalización completa que establece la Unión Europea.

RESPUESTA. Hace un tiempo hubo una moción en la Comisión de Industria del Senado sobre la modificación de tarifas eléctricas, cuyo punto de partida era proponer que las tarifas se matuvieran como como estaban. Como era lógico salió en el debate el tema del déficit tarifario. Al hilo de esta moción, acabé haciendo una reflexión sobre la importancia de no subvencionar la energía desde el punto de vista del miedo a abordar su ajuste con la realidad. Esa postura sólo favorece a los que más tienen y a los que más consumen, que en definitiva, son los que más gastan y que, por tanto, son los que mejor hubieran podido sufragar este ‘déficit de tarifa’ durante estos años.

En mi opinión, desde la actual Administración el problema se está enfocando de una manera adecuada, aunque se va a tardar cierto tiempo en resolverse completamente, dado que lo razonable es articular un régimen de transitoriedad. Y, le puedo asegurar, que tanto el gobierno como la oposición, aunque no lo diga claramente, sabe que es un problema que no se puede prolongar en el tiempo. No se puede, ni se debe seguir endeudando a generaciones futuras, porque al final alguien tendrá que pagar el montante de este déficit que hemos generado en los últimos años.

Este hecho se agrava si tenemos en cuenta que la crisis que ha afectado a los mercados financieros, ha incidido en que en las dos últimas subastas de déficit tarifario fueran declaradas desiertas o se colocase muy poco de este activo…

Efectivamente, la situación actual del déficit de tarifa se ha visto agravada por las dificultades en la colocación de este activo, principalmente derivada de los problemas en los mercados financieros. Pero, no tenemos que olvidar que el volumen del déficit ha alcanzado unas cotas desorbitadas (la cifra total es cercana a los 13.000 millones de euros). Por eso es impensable ir más allá.

En este sentido, creo que se está haciendo una política adecuada para solucionar este problema, sin olvidar que no es un problema de fácil resolución y que va a requerir esfuerzos por parte de todos. Particularmente es interesnate la línea que apunta continuamente el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en torno a lo que son las políticas de ahorro y eficiencia energética. Hay que “enseñar” a los ciudadanos que la energía es un bien escaso, que es caro y que, además, es un bien que hay que utilizar de una manera adecuada y racional. No podemos seguir despilfarrando energía.

PREGUNTA. Además de la política de eficiencia energética, un elemento clave es estipular que los precios de la energía sean acordes con la realidad de sus costes y de la relación oferta y demanda, sobre todo en un país en el que no tenemos energía propia y nos vemos abocados a exportar fuentes energéticas.

RESPUESTA. España tiene un problema de dependencia energética, eso es evidente y también es preciso que se pague por la energía lo que cuesta en realidad, cuestión que desde hace años no es así. Y también hay que tener en cuenta el hecho de que la tarifa eléctrica cada vez absorba más conceptos que lo que es el suministro eléctrico. Por ejemplo, en una reciente comparecencia en el Senado del secretario general de Energía, Pedro Marín, se habló del déficit tarifario y también de las primas a la energía solar, con motivo del nuevo Real Decreto de energía solar fotovoltaica, cuando había una demanda importante de elevación de las mismas. En este caso, a mi juicio, Marín también llamaba a la sensatez y hacía una reflexión sobre la forma en que se financian las primas a estas energías, dado que también se integran en el déficit de tarifa que ahora tenemos. De eso, hasta el momento tampoco se ha sido consciente.

PREGUNTA. En el momento actual existe un debate sobre si las primas a las energías renovables deben ir contra los Presupuestos Generales del Estado y ser financiados por el Impuesto sobre la Renta o el Impuesto de Sociedades, o bien deben mantenerse, dentro de la tarifa eléctrica, como parte del proceso de que el ajuste tarifario sea menor.

RESPUESTA. A título personal soy partidaria de que las primas a las energías renovables se mantengan dentro de la tarifa, me parece que es lo mejor para el sistema. No obstante, hoy no le puedo asegurar cual será la conformación definitiva de la tarifa y sus componentes.

PREGUNTA. Desde el punto de vista del proceso de liberalización al que estamos abocados el próximo 1 de enero, surge como nudo gordiano la fijación de una tarifa de último recurso para aquellos consumidores que no elijan un comercializador de energía. ¿cómo se debe articular esta tarifa y cuáles deben ser sus fines?

RESPUESTA. Respecto a esta cuestión yo estoy totalmente de acuerdo, tanto con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, como con el secretario general de Energía, Pedro Marín. La tarifa de último recurso tendría que cumplir una doble función. Una primera, sería social, a la vez que debería permitir que se complete el proceso de liberalización y, una segunda que establezca ofertas competitivas entre los comercializadores. Creo que, aunque aún está por definir cómo se llevará a cabo finalmente, acertaremos con la idea que subyace detrás de este proceso, si logramos equilibrar estas dos funciones del marco tarifario y de precios futuro.

PREGUNTA. La clave puede estar en cómo articular los plazos de este proceso de liberalización y cómo llegar a un acuerdo para ir elevando esa tarifa de manera razonable…

RESPUESTA. Lo que está claro es que de aquí a enero no va a ser posible, no es probable, ni deseable, un ajuste duro y dramático. Calculo que, como mínimo, serán necesarios dos o tres años para poder instaurar estas nuevas tarifas y ajustar la diferencia tarifaria actual. Si en ese periodo tenemos el problema enfocado, creo que habremos hecho un buen trabajo. Habría que sacar la tarifa del debate político, tarea nada fácil, puesto que hasta el momento ha dado mucho juego en el marco de la controversia política, puesto que es un tema que concita y atrae mucha atención.

Recuerdo como la moción en el Senado sobre las tarifas eléctricas tuvo una gran repercusión, cuando lo normal es que este tipo de cuestiones no se sigan con demasiado interés. En esa ocasión, se podía comprobar como desde la oposición se estaban realizando críticas sin argumentos sólidos de base, porque hay que reconocer que demagógicamente es un asunto muy jugoso. Soy optimista y creo que llegaremos a un acuerdo razonable en esta materia.

PREGUNTA. La operación por la que Gas Natural quiere adquirir Unión Fenosa ha puesto de manifiesto un problema de corte institucional, al poner sobre la mesa las funciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Tras la sentencia del Tribunal Europeo sobre la revisión de la función 14 en la que se elimina la ampliación de poderes de la CNE, ¿cómo cree que se deberían articular las revisiones de estas operaciones en el sector energético?

RESPUESTA. Cuando se produce la ampliación de funciones de este regulador, hoy derogadas por la jurisdicción europea, las posiciones políticas eran abiertamente contrarias y existía un enfrentamiento político de primera magnitud. Ahora nos encontramos con un momento en que sería precioso conseguir un consenso para estabilizar el papel del organismo y la actuación desde la Administración española ante este tipo de operaciones. A mi juicio, la CNE tiene que mantener un papel en la supervisión de las mismas, por lo que parece más razonable que se pudiera volver a una situación muy cercana a la anterior a la ampliación de funciones que, además no estar cuestionada por el ordenamiento europeo, constituía una vía de supervisión de estas operaciones dentro de lo razonable.

PREGUNTA. La polémica sobre la ampliación de poderes de la CNE junto a la demora a la hora de sustituir a los consejeros que tienen su puesto vencido desde el pasado mes de abril, ¿no plantea, realmente, la posibilidad de que se realice una revisión del organismo, más allá del hecho de cambiar a los consejeros?

RESPUESTA. La situación actual del organismo, efectivamente, plantea una revisión completa del mismo. Es necesario y hace falta abordar esa reforma orgánica y operativa de la CNE, como estoy de acuerdo, en la necesidad de mejorar el funcionamiento de los órganos reguladores, de forma que se pueda articular un funcionamiento serio y riguroso, que en este caso debe jugar un papel fundamental en el sector energético. Este tipo de organismos debe tener un papel muy relevante y, es preciso, que sus integrantes sean independientes, de prestigio. Creo que se debe realizar una reformulación del mismo en un momento en que el entorno de negociación política entre grupos y partidos lo haga posible.

PREGUNTA. Desde la CNE también se han emitido informes en los que se insta a cambiar las reglas del funcionamiento del sector eléctrico, sobre todo, afectando a determinadas tecnologías, yendo a modelos que serían de costes reconocidos y que alterarían el funcionamiento del mercado, e incluso, al modelo de liberalización. Esto supone, como dijo el secretario general de Energía, que habría que cambiar la ley del sector eléctrico. ¿Alguna reflexión sobre este asunto?

Simplemente, un apunte. Tanto el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, como el Secretaría General de Energía Pedro Marín, se han referido a esta cuestión en alguna ocasión y no están cerrados a reflexionar sobre cualquier tema referido al funcionamiento del sistema eléctrico en su conjunto. Incluso, en el Senado se ha planteado una moción al respecto, en lo que concierne al funcionamiento del sector eléctrico. En todo caso, hay un marco legislativo vigente, así como, el propio contexto fijado en las Directivas Europeas sitúa esta posible reflexión en un contexto muy delimitado.

PREGUNTA. Sobre la ley de sector eléctrico, en la cual se incluye el cambio del transportista único, en este caso Red Eléctrica de España (REE), existe una consideración más técnica que funcional, que son las redes de alta tensión o la puerta que se deja abierta para que diversos tramos de distribución pasen a las distribuidoras en función del informe de las Comunidades Autónomas y de la CNE. En este sentido, la CNE tiene hasta el momento una parada en cuanto a los procesos de decisión, debido a que hasta el momento no se ha dotado de criterios a la hora de distinguir lo que es distribución, de lo que es transporte. ¿Cómo valora esta situación?

RESPUESTA. Es una situación complicada. Se va a tardar en resolver el problema que plantea la cuestión que me indica y que recientemente se ha conocido publicamente. Pero este problema no sólo se refleja en el colapso de la CNE, sino también en la existencia de un fuerte escepticismo, no por parte de los grandes distribuidores, sino por todas las comercializadoras y distribuidoras de un tamaño más pequeño, sobre el futuro de la actividad.

PREGUNTA. ¿Fue una buena decisión hacer transportista único y remonopolizar a REE en torno a la actividad de transporte, por la vía de una definición de las redes como la que se ha realizado? Sobre todo, y usted es una responsable de la Administración Local, con los importantes problema de coordinación que ha planteado esta cuestión en determinadas ciudades.

RESPUESTA. En mi opinión no fue una buena decisión. En la actualidad existen demasiados conflictos entre las autoridades locales, los distribuidores y REE. La decisión del permiso de determinados tramos a las distribuidoras puede ser una manera de salvarlo, pero veremos si eso no genera más problemas de los que pretende evitar. Desde luego, espero que esa decisión sirva para solucionar problemas.

PREGUNTA. El Presidente del Gobierno, en su momento, cuando presentó el primer paquete de medidas anticrisis el pasado junio, hablaba de la resolución de determinados procesos que entorpecían o están siendo muy lentos en el funcionamiento de la Administración General del Estado como en el caso de los informes medioambientales para determinadas inversiones energéticas o el hecho de que desde la CNE en estos momentos estén paradas las respuestas a las distribuidoras en la calificación de determinados tramos de 220 kV como distribución. ¿Cree que se está asumiendo este compromiso del presidente del Gobierno de mejorar la propia administración para ser más ágiles?

RESPUESTA. Esta cuestión es un empeño personal del Presidente del Gobierno que quiere tener una Administración mucho más ágil y que comparto al cien por cien, pero tanto en la Administración General, la autonómica y la local. En lugar de ser instrumentos que ayuden a desarrollar determinadas cosas, nos paramos y es imposible seguir adelante y bloqueamos el sistema. En estos momentos, y como administración local, es una cuestión que a mi también me preocupa, la lentitud con la que se abordan determinados procesos que son interminables y que desaniman la iniciativa y la inversión.

En este sentido, el empeño del presidente del Gobierno es total y se está trabajando en ello, pero no es fácil. A nivel del sector energético, en aquellos procesos que tienen que ver con las inversiones en este sector parece que las cosas empiezan a moverse porque la sensación anterior era de enorme quietud. Ahora, la sensación de los promotores ha mejorado y se empiezan a valorar estos esfuerzos. En este sentido, hay que reconocer que estos colapsos o cuellos de botella afectan a la inversión, en la medida que hay que tener tanto pulmón económico, financiación y moral para seguir adelante, porque los retrasos pueden provocar problemas serios para el buen desarrollo de los proyectos.

Mañana segunda parte de la entrevista a Ana Luisa Durán Fraguas dónde abordamos la Prospectiva 2030, la energía nuclear, las energías renovables y el futuro del carbón.

“Las primas a la energía fotovoltaica son devueltas con creces a la sociedad”

PREGUNTA. ¿Cómo se ha incorporado AEF a las conversaciones con el Ministerio de Industria de cara al nuevo Real Decreto? ¿En qué punto y cómo se encuentran las negociaciones en este momento?

RESPUESTA. Nosotros hemos trasladado nuestras propuestas al Ministerio en varias reuniones y seguimos manteniendo la postura de dar a conocer nuestro punto de vista, así como la realidad que existe detrás de todo esto. En este sentido, se ha hablado mucho de la energía solar fotovoltaica. No ha habido día en que un periódico informara de una inauguración de un nuevo huerto solar y, sin embargo, nos hemos encontrado con el desconocimiento absoluto, de algo tan sustancial como es la realidad industrial que hay detrás de este sector.

Desde AEF intentamos hacer ver al Ministerio de Industria que España tiene una oportunidad importante para consolidarse como país líder en esta tecnología, al igual que ocurre con la energía eólica. Especialmente porque las condiciones y ventajas naturales de España frente a Europa nos convierten en una industria impulsora de esta energía y eso debemos aprovecharlo. Compañías importantes, compañías tradicionales y compañías de nueva creación apuestan por proyectos muy interesantes que van a cubrir casi la totalidad de la cadena de valor de la industria fotovoltaica y esto tenemos que seguir impulsándolo, porque tenemos una oportunidad ante nosotros.

PREGUNTA. De seguir en marcha el actual borrador de Real Decreto y su, más que inminente, aprobación al comienzo del curso político, ¿cuál cree AEF que será el futuro de la industria fotovoltaica? En especial, después de ver reacciones como la de Siliken, que ya ha anunciado una posible reducción de sus inversiones futuras en España.

RESPUESTA. Efectivamente, Siliken (que forma parte de AEF) ha anunciado que, de mantenerse esta situación, tendría que expandirse más en el extranjero y retirar inversiones en España.
Desde nuestra Asociación creemos que estamos, con esta propuesta, frente a un mercado muy acotado, no sólo para el año 2009, sino también para años sucesivos, con una cuota de mercado que se irá reduciendo a medida que la inflación vaya aumentando año a año. La filosofía de la propuesta establece que la tarifa por el cupo arroje como resultado una cantidad constante. Esta cantidad es la que marca la inversión del sector, por lo que si el precio es constante a medida que los años vayan pasando, el tamaño del mercado real irá disminuyendo.

Ante este panorama, España no podrá ser un país líder en energía solar fotovoltaica y el desarrollo industrial se congelará, mermando sus posibilidades. Si esto ocurre, se seguirá instalando fotovoltaica, pero continuaremos importando energía como hacemos en la actualidad, con el 80% de la que consumimos.

PREGUNTA. Ante tal perspectiva, ¿AEF considera que todavía queda margen de maniobra y recorrido para continuar la negociación con el Ministerio de Industria?

RESPUESTA. Claro que si. Nosotros seguimos pensando que hay margen para continuar el diálogo con Industria y llegar a un acuerdo favorable. Aún así, hay varios mensajes que consideramos que debemos lanzar. Uno de ellos es pedir un marco pactado hasta 2015, año en el que estimamos que no necesitaremos subvenciones. Eso sí, en condiciones normales, en las que los combustibles fósiles no continúen su escalada. Existen otras valoraciones que piensan que este nivel de estabilidad se podría conseguir antes, incluso en 2012, aunque a nosotros nos parece muy pronto. Sea como fuere, a partir de 2015 podremos seguir desarrollándonos sin las primas actuales, por lo menos en la parte sur de España.

Otro mensaje importante, y complementario al anterior, que ya hemos remitido a Industria a través de numerosos estudios, es que las primas de la fotovoltaica están siendo devueltas con creces a la sociedad, ya sea mediante el impuesto de sociedades, el impuesto del IRPF o a través de contribuciones a la Seguridad Social y, por supuesto, en el ahorro tanto en emisiones como en importaciones de combustibles fósiles. Todo este conjunto da un balance positivo para el Estado.

En este sentido, nuestra propuesta de aquí al año 2015, la fijamos en unos 1.000 millones de euros positivos. Este beneficio se daría en un escenario que es más o menos plano. Si, por el contrario, los combustibles fósiles tuvieran un comportamiento más inflacionista, el beneficio todavía sería mayor. En cualquier caso, el desarrollo de las energías renovables, quita presión sobre la evolución de los combustibles fósiles. Esto, junto a la buena imagen y oportunidades que tiene España en renovables, favorece la construcción de un sector muy potente a nivel tecnológico. Además, la fotovoltaica es una industria que lleva muchos años demostrando su capacidad para reducir costes.
Por todo ello, los que formamos AEF creemos que el Ministerio de Industria debe reflexionar sobre el borrador, realizar sus valoraciones y proponer un marco que permita el desarrollo pleno de la industria fotovoltaica.

PREGUNTA. ¿Cuál considera que es el proceso que más les ha perjudicado desde que se ha puesto en marcha el borrador del Real Decreto: el crecimiento del déficit tarifario o la regulación del 661/2007 que abocaba a una espiral en el sector de cara a septiembre?

RESPUESTA. A nuestro entender, principalmente, es el desconocimiento que hay y que nos hemos encontrado sobre esta tecnología. Es cierto, que se ha crecido más de lo que se esperaba, sin embargo podría ser aprovechado en el futuro como algo positivo, no nos cabe duda. Es decir hay que señalar que el proceso inversor ha sido intenso. Hoy es un problema, pero mañana puede ser una virtud si lo administramos bien. Este exceso ha provocado que se hayan traído inversiones y se haya puesto el foco sobre nosotros y es lo que nos permitirá ser un país líder, si los recursos son bien administrados.

El verdadero problema del déficit tarifario no es la fotovoltaica, son fundamentalmente los precios de los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas o el carbón, que se han disparado en este último año. A esto hay que añadir la subida de los costes de la energía y que nuestro mercado regulado no lo ha hecho en la misma y, lógicamente, ha generado déficit. Esto supone un parámetro en las conciencias del regulador y le impide entender un desarrollo como el que pedimos, si se mira a corto plazo. No obstante, desde un punto de vista de medio plazo, lo que harán las energías alternativas es que tengamos marcos más predecibles y que tengamos menos dependencia de los combustibles, que son los verdaderos engrosadores de nuestros costes energéticos. Lo que se debe hacer es buscar soluciones y ésta es una de ellas.

“Proponemos que no haya cupos para el sector fotovoltaico”

PREGUNTA. ¿En qué momento y por qué motivo nace la Asociación Empresarial Fotovoltaica?

RESPUESTA. Nosotros nacemos en un momento delicado, marcado por la revisión, absolutamente necesaria e imprescindible, de sacar un nuevo Real Decreto que regule la energía solar fotovoltaica. En este contexto, observamos la aparición de mensajes y propuestas erráticas que, las compañías que formamos AEF, no acabamos de comprender. Esto se une a que entendemos la importancia que tiene para nuestro sector la nueva propuesta de Industria de reordenar la regulación de esta energía. Aunque nosotros la entendemos a medio y largo plazo, puesto que las inversiones de las empresas fotovoltaicas son inversiones que se amortizan con un mercado de tamaño determinado, ya que son inversiones de tipo industrial. Estas razones nos hicieron pensar que teníamos que defender estos intereses en primera persona y, de ahí, que nazca la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF).

PREGUNTA. ¿Cuál es la valoración de AEF ante el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Industria y, en especial, después de que la Comisión Nacional de Energía haya remitido un informe favorable sobre este borrador?

RESPUESTA. Tanto el borrador del Real Decreto propuesto por Industria, como el informe elaborado por la Comisión Nacional de Energía, que he podido leer junto a dos de los votos particulares de sus consejeros, tienen cosas positivas, pero también tiene dos importantes ‘handicaps’ para el desarrollo del mercado fotovoltaico.

En primer lugar, el límite o tope de 300 MW anuales de potencia a instalar. En segundo lugar, la tarifa que se quiere imponer. Desde AEF, estimamos que la suma de ambos puntos reduciría cinco veces la cuota de mercado respecto al volumen generado en 2008. Incluso distaría bastante de la realidad y dinámica de nuestro sector.

Todo ello nos hace evaluar y reflexionar sobre el desarrollo del sector fotovoltaico, por lo que desde AEF mantenemos la esperanza de que nuestro mensaje sea entendido y, por tanto, sea corregido. Pensamos que el Gobierno, teniendo en sus manos la tarifa, pueda regular perfectamente el desarrollo del mercado a base de una tarificación previsible, sin necesidad de que se pueda provocar que el desarrollo del sector se dispare. Lo que ha ocurrido en 2008 tiene unas razones evidentes y, es algo que hay que evitar, pero no creemos que una política de cupos de racionamiento sea la solución adecuada.

PREGUNTA. Centrándonos en las propuestas de AEF, ¿cuál es, en concreto, lo que plantea en cuanto a cupo, distribución techo/suelo y retribución frente a lo marcado por el Ministerio de Industria?

RESPUESTA. Queremos un mercado que no tenga cupos, pero que esté regulado únicamente a través de la tarifa. Para AEF la tarifa si debe tener unos objetivos específicos, que nosotros ciframos en unos 800 MW anuales de potencia instalada, que es la capacidad de producción de módulos fotovoltaicos en España para este año. ¿Cómo se regularía esto? Una vez alcanzado el objetivo, la tarifa disminuiría automáticamente. Incluso si el objetivo se alcanza antes del plazo previsto, habría una reducción adicional porque el desarrollo del mercado se estaría produciendo más rápido de lo que la planificación energética permite. Esta es una de las claves de nuestra propuesta, un mercado en que no estén cerradas las puertas ni de la tarifa, ni del volumen, sino que tiene una de ellas abierta y tiene la otra como variable de regulación.

Otra de los elementos que establece nuestra propuesta es la apuesta por la calidad, que AEF considera muy importante. No queremos que ocurra lo sucedido en 2008. Ha habido una fecha límite, con unas condiciones excepcionales y, por ello, ha habido un desconocimiento de lo que iba a ocurrir después. Todo esto ha generado una tensión en el mercado que ha provocado que se aceleren todos los planes para llegar con su proyecto antes del 29 de septiembre. Lo que se iba a hacer en un año, se ha hecho en seis meses. Por eso este año ya se habla de una potencia que oscila entre los 900 y los 1.000 MW instalados, muy por encima de lo que sería la planificación más adecuada. Por consiguiente, claves para AEF, es que no exista cupo y el desarrollo se realice en un marco de calidad.

En cuanto a las primas, nosotros hemos estimado que para tener una zona media buena de insolación, entre 1.300 y 1.400 horas netas, la tarifa tiene que estar en torno a los 35 céntimos de euro, ofreciendo unas tasas de retorno del 8 %, que es a lo que aspira cualquier proyecto de inversión privada en mercados regulados.

PREGUNTA. ¿Cuáles son los elementos diferenciales de su propuesta?

RESPUESTA. En primer lugar, nosotros entendemos que no deben existir cupos, frente a otras posiciones sectoriales. Una estructura tarifaria eficiente es suficiente para conseguir todos estos efectos, sin necesidad de acotar el sector.

Por otra parte, no estamos conforme con propuesta que apunten a la discriminación en el tratamiento a las pequeñas instalaciones y al tratamiento a las instalaciones más grandes, en cuanto al escalado en función de la potencia de instalación se refiere. Nosotros creemos en la segmentación del mercado, no en las instalaciones grandes y pequeñas, sino en las instalaciones en edificios, en cubiertas y en suelo. Por tanto, entendemos que no debe haber discriminación por el tamaño de las mismas.

AEF cree que las instalaciones en suelo deben buscar la eficiencia y cuanto más baratas puedan ser, mejor. Además, hay que desarrollar el mercado de instalaciones en los tejados en España, cuestión todavía muy incipiente en la actualidad, eso está claro. No será tan fácil como en Alemania, donde la orientación es mucho mejor y los tejados están mejor preparados para soportar pesos, debido a que nieva con abundancia.

“La regulación tiene que ser neutral”

PREGUNTA. ¿Cuáles son los efectos de mantener unos precios para los consumidores inferiores a los reales, dificulta la creación de una competencia real y efectiva al impedir la entrada de nuevos entrantes en el mercado eléctrico? ¿En concreto, como afecta al mercado eléctrico esta situación y a los comercializadores?

RESPUESTA. Cuando las tarifas se establecen sin tener en cuenta el comportamiento de los precios del mercado, no se puede desarrollar la actividad de comercialización en competencia. Además, resultará un efecto gravoso para los consumidores en el futuro, porque el déficit al final se incluye en la tarifa, va creciendo y requiere ser financiado en lo que ya constituye un monto significativo. Y, finalmente, tampoco permite que el consumidor tenga una conducta racional ante la variación de los precios reales, porque no los conoce.

Lo deseable sería que se resolviese esta situación con la mayor rapidez, con el calendario previsto para completar el proceso de liberalización, dejando de aplicar en primer lugar la tarifa de alta tensión y que se establecieran unas tarifas de ultimo recurso que recogieran los precios de la energía y que permitan el funcionamiento del mercado de acuerdo con la normativa europea, de forma que la gestión de la demanda vía precios resultara viable.

PREGUNTA. ¿Cuál es la relación con los organismos y mecanismos de supervisión del mercado?

RESPUESTA. La regulación en el sector eléctrico determina una responsabilidad de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Comisión Nacional de Competencia (CNC). Nuestro papel en esta configuración de mercado, de ordenación y de supervisión, es colaborar activamente con las autoridades de supervisión del mercado a través de los cauces institucionales de coordinación. Así, de acuerdo con lo que está previsto legalmente, se remite una información mensual tanto a la CNE como al Ministerio de Industria sobre un conjunto amplio de datos que permiten seguir el comportamiento de los agentes. También, con carácter semanal enviamos a la Comisión Nacional de Energía, información complementaria, que puede ser útil para la función supervisora del regulador.

Desde OMEL uno de nuestros empeños es configurarnos como una institución muy abierta a la hora de dar información, mantener un régimen de transparencia en nuestra actuación y difundir de forma amplia información sobre el mercado. Por ejemplo, a los tres meses de cada resultado de casación se ponen a disposición de cualquier interesado todos los datos a través nuestra página Web. El Ministerio de Industria y la Comisión Nacional de Energía pueden acceder a estos datos desde el día siguiente.

Además, por otra parte, colaboramos con la Asociación Europea de Operadores de Mercado, en todas las cuestiones en materia de transparencia que surgen en el seno de ERGEG y con la Comisión Europea. Somos, por ello, muy favorables a promover la transparencia, con la única excepción de las medidas que incorporen efectos perjudiciales a la competitividad en el mercado.

PREGUNTA. ¿Cómo valora la fijación de cuotas de participación máxima en el mercado como mecanismo para controlar el poder de mercado de los agentes?

RESPUESTA. En cuanto al establecimiento de cuotas de participación en el mercado, ya ha existido alguna experiencia en este sentido. En el año 2000, se fijaron restricciones para la realización de nuevas inversiones, pero no pudieron aplicarse de forma efectiva, dado los problemas existentes de escasa reserva de generación para la seguridad de suministro. En ese momento eran muy necesarias las inversiones en generación y esta limitación afectaba negativamente a la seguridad de suministro. Pensamos, por ello, que a las inversiones hay que darles la bienvenida. Que el mercado proporcione incentivos a los nuevos entrantes que realicen inversiones también es una cuestión muy importante para los mercados.

Lo que resulta clave es configurar una legislación neutral que de las mismas oportunidades a los grandes que a los pequeños a la hora de participar en el mercado. Consideramos que una de las más altas responsabilidades de los reguladores y de las instituciones es garantizar la accesibilidad en los mismos términos para todos agentes.

PREGUNTA. ¿Considera importante la configuración de un mercado de electricidad a plazo? ¿Cuáles serían los objetivos de este mercado? ¿Cuál sería el modelo de organización de ese mercado más racional?

RESPUESTA. Es muy interesante que se desarrolle un mercado de contratación a plazo. Pero, sobre todo, es más importante que los mercados se desarrollen para satisfacer las necesidades de los agentes que participan, dentro de un régimen general de competencia, más que desarrollar un instrumento u otro. El funcionamiento general del mercado tiene que guardar esa coherencia global y, por ello, que un instrumento en concreto, no tenga éxito o por el contrario sea útil para los operadores, junto con el principio de igualdad y accesibilidad al mercado, son principios básicos. En ese escenario es muy importante también asegurar y proporcionar la liquidez del mercado spot o aumentarla a través de las interconexiones.

Por otro lado hay que tener en cuenta el marco europeo. La nueva directiva sobre los mercados financieros, la denominada MIFID que desarrolla instrumentos como mercados de futuros o de derivados, no recoge sin embargo los mercados spot. Los mercados spot de acuerdo con la normativa europea están llamados a que configuren un precio europeo de carácter zonal, como el que se forma actualmente en el área de Nordpool, en Centroeuropa y en la frontera hispano-portuguesa.

PREGUNTA. ¿Cómo valora el cambio en el procedimiento de liquidación de los mercados de restricciones técnicas con la participación de REE en esta operación? ¿Cuál es la posición de OMEL en este sentido?

RESPUESTA. Creo que es una cuestión a tratar también en el ámbito europeo. El tercer paquete legislativo, que se está debatiendo en la Unión Europea, incide explícitamente en la especialización desde el punto de vista de las funciones que se ejercen en el mercado. Como muestra, el debate sobre el ‘unbundling’. Así, los gestores de las redes se deben centrar en los aspectos técnicos y de seguridad y el Consejo de reguladores establecer las normas y las propuestas de los operadores de las redes y de los gestores del mercado, evitando que los operadores de las redes hagan normativa.

En el ámbito español, la especialización incorpora un valor en términos de transparencia muy importante. En este punto, la especialización debería ser una cuestión básica a respaldar desde la regulación por nuestras autoridades. Nosotros gestionamos y liquidamos los mercados diarios e intradiarios, procurando que resulte una operación fácil para todos los participantes. ¿Cómo lo hemos hecho? Acortando el período de proceso de cobros y pagos, mediante la elaboración de facturas semanales y, en el caso de los productores pequeños, adaptándonos en el caso del régimen especial a la facturación a través de representantes o de forma directa, según lo decida el agente. A nuestro juicio, el concepto de factura única ayuda a la participación de los agentes en los mercados, lo que facilita el acceso de agentes más pequeños

PREGUNTA. ¿Cuáles deben ser los papeles y la relación entre OMEL y los reguladores principal e independiente?

RESPUESTA. Lo razonable es que la regulación sea estable y predecible y que las relaciones con los reguladores estén presididas por el respeto institucional. Por ello, los operadores de mercado y de sistema deben estar supervisados por los reguladores. Los operadores del mercado y del sistema tienen que tener una función de ejecución de las normas y de disponer los medios necesarios para realizar cada una de sus actividades de manera eficaz y eficiente. Si cada uno ejerce sus funciones de esta manera se genera confianza en el mercado.

PREGUNTA. ¿Cómo va a cambiar el mercado eléctrico el progresivo desarrollo del MIBEL? ¿Cuál es la contribución del OMEL?

RESPUESTA. Hemos extendido el mercado spot a Portugal. Con ello, lo que hemos hecho es una parte de la tarea que tenemos que realizar en Europa de cara a una determinación zonal de los precios, es decir conformando un mercado regional. Para ello hemos incorporado el método de market splitting al mercado spot y podemos decir que el mercado funciona bien, forma precios del sistema español y del sistema portugués, de forma eficiente, llenando la capacidad comercial de las interconexiones y produciendo, cuando se presentan congestiones, el ‘splitting’ del mercado.

Este método permite que el precio que se forme emita señales eficientes a todos los agentes. Esto se aprecia porque el flujo de energía va del sistema eléctrico más barato al más caro. Cuando el precio es más caro en Portugal, lo que señala es que son necesarias más interconexiones y más capacidad de generación en dicho sistema, lo que proporciona más posibilidades de inversión a nuevos productores e incide en la necesidad de configurar nuevas interconexiones. Cuando no existe congestión los precios en ambos sistemas eléctricos son iguales.

La liquidez del mercado spot ha aumentado en torno a un 20 % y se sirve toda la demanda a precios de mercado. Desde el punto de vista de la configuración del mercado spot del MIBEL, podemos decir que se ha completado.

Este procedimiento de formación de precios existe también en otros mercados zonales europeos como el de Francia, Bégica y Holanda y en el de NordPool. Además, los agentes portugueses operan igual que los españoles, en virtud del acuerdo que hemos suscrito con REN para asegurar el funcionamiento de las entregas físicas de energía que se determinan en el mercado.

El reto siguiente es contribuir a construir el mercado europeo como integración de los mercados regionales, de manera que se consiga un sistema de formación de precios común mediante la metodología de precios zonales.

PREGUNTA. ¿Cuáles son los principales aspectos de mejora, más urgentes en el mercado eléctrico?

RESPUESTA. En primer lugar, una vez que dejen de aplicarse las tarifas a los consumidores de alta tensión, se trata de definir el esquema de la tarifa para el resto de consumidores, con una tarifa de ultimo recurso que favorezca el mercado, la comercialización y emita señales de precios.

En este sentido, y no tanto como aspecto de corto o largo plazo, es preciso atender el lado de la demanda, dar la oportunidad a los consumidores de ser sensibles a los precios y además y avanzar, por ello, con las medidas en esta línea: certificación, información al consumidor, contadores inteligentes, capacidad de cambio de suministrador, etc. Ello permitirá que se diversifiquen las ofertas a los clientes. En definitiva que la regulación vaya a favor de facilitar la participación en los mercados en el sentido de que todos los participantes tengan el mismo tratamiento.

Por otra parte, tampoco hay que dar por supuesto que las infraestructuras de redes son las mejores que puede haber, tanto en transporte como en distribución. Cualquier cuello de botella o retraso en las redes que pueda afectar a la realización de inversiones es negativo. Un tramo de red puede resultar muy costoso en determinadas condiciones, pero hay que ver las consecuencias de que ese tramo no exista y sus efectos en términos de deseconomías en el mercado en su conjunto.

Los avances tecnológicos, en materia de redes inteligentes, pueden permitir aprovechar las ventajas de la generación distribuida y avanzar en la seguridad de suministro y en el funcionamiento de las mismas. Por ello, cuantas menos restricciones se produzcan en las redes, mayor será la seguridad de suministro y mejor funcionará el mercado, formando los precios de manera más eficiente.

Finalmente, cabe resaltar la necesidad de reforzar el funcionamiento institucional del mercado y del propio operador del mercado, afianzando y concretando sus competencias de gestión económica en el ámbito del sector energético y garantizando un funcionamiento eficiente.

«Nuestros precios eléctricos son semejantes a los de Europa»

PREGUNTA. ¿Cuál es el papel del mercado dentro del sector eléctrico español? ¿Cómo valora el grado de liberalización del sector energético español?

RESPUESTA. En el caso de España, la liberalización del sector eléctrico y el inicio del funcionamiento del mercado han sido paralelos, desde hace algo más de diez años, en la medida que están basados en la misma ley. La liberalización en su conjunto ha supuesto un avance que se puede calificar como positivo y el mercado ha contribuido con sus resultados a respaldar de forma nítida el proceso de liberalización.

El objetivo básico de OMEL, desde el primer momento, fue lograr un mercado accesible desde el punto de vista tecnológico a todo tipo de agentes, pequeños y grandes, que desearan participar en él. De hecho, al comienzo en el mercado actuaban las compañías que venían operando tradicionalmente en España. Hoy tenemos más de 600 agentes participando en el mercado, de muy diferentes tamaños, con un papel cada vez más destacado de nuevos entrantes españoles y extranjeros.

Un aspecto que consideramos muy destacable es el proceso de inversión, muy relevante, que se viene produciendo a raíz de la liberalización, hasta el punto de que el parque eléctrico de generación tiene un mix de producción muy diferente al que existía hace sólo cinco años. Es una evolución muy, muy visible. Este proceso de inversión que comenzó a materializarse a finales del año 2001, ha permitido la entrada en producción de más de 23.000 MW de ciclos combinados de gas natural desde ese momento. Este proceso de inversión también ha supuesto un notable empuje a la incorporación de generación a partir de energías renovables, en este momento hay más de 15.000 MW de energía eólica. Todo esto unido a las tecnologías preexistentes: carbón, nuclear, hidráulica ha diversificado considerablemente el mix de generación. Por tanto, el ‘test de la inversión’ que es muy importante para los mercados, y que se suele tomar como un indicador del correcto funcionamiento de los mismos, se ha cumplido con creces. Hay que tener en cuenta que en el año 2001, el margen de generación existente era muy ajustado en términos de exceso de capacidad de producción, con evidentes riesgos para la seguridad de suministro. En este sentido, se puede señalar que ha sido mayor la inversión en generación que la inversión en redes de distribución y de transporte.

PREGUNTA. Podría describir las principales características de este mercado e hitos de este mercado agentes, volumen negociado, participación de tecnologías, tipo de transacciones, etc…

RESPUESTA. El mercado nació, desde sus inicios en 1999, con una vocación de accesibilidad a agentes no residentes (externos). Desde ese año, hemos tenido a las principales empresas europeas operando en España. En 2006, se crea un mercado forward en Portugal (OMIP) y en OMEL lo que hicimos fue adaptar nuestro mercado diario para que fuera punto de entrega física para aquellas empresas que quisieran contratar a plazo con entrega física. Para ello las posiciones abiertas se integran como ofertas precio aceptantes en las curvas de oferta y demanda horarias.

En 2007, se producen una serie de modificaciones para incorporar la contratación forward en España. El Gobierno decidió realizar subastas de distribución, las denominadas CESUR y las subastas de emisiones Primarias de Energía, las denominadas VPP. Con objeto de que pudieran acudir a esas subastas el mayor número de agentes posibles se preparó una nueva adaptación del mercado diario para que los participantes pudieran comprar y vender la energía que les permitieran cumplir sus compromisos y así se pudieran concebir esas subastas como una cobertura de riesgo.

En esa misma fecha, se extiende el mercado spot a Portugal de forma que, simultáneamente, en el mercado diario se determina el precio para los mercados español y portugués, con un procedimiento acorde con lo dispuesto en el Reglamento Comunitario de Intercambios, siendo hoy ya la tercera experiencia de mercados regionales europeos funcionando en Europa.

Se puede concluir que el resultado de la evolución del mercado ha sido positivo, en términos de participación de agentes, de inversión en generación, de incorporación de energías renovables, de adaptación del mercado spot a la contratación a plazo y por la extensión de dicho mercado al ámbito ibérico según los objetivos y la reglamentación comunitaria. También se ha avanzado notablemente en los grados de concentración empresarial en el mercado, cuya mejora es patente conforme a los criterios de la Comisión Europea.

PREGUNTA. ¿Cómo evolucionan los precios de la energía en España? ¿De qué dependen fundamentalmente?

RESPUESTA. Los precios de la energía evolucionan en función de la oferta y de la demanda en el mercado, como en todos los mercados. En el mercado eléctrico, existen variaciones de precios importantes en función de factores como la laboralidad, la meteorología, la temperatura e incluso a lo largo del día o en función de las estaciones del año.

Desde el lado de la demanda, es relevante analizar si la demanda es sensible a los precios o no. En nuestro país sólo determinados consumidores son sensibles a la evolución de los precios. Por ello, hoy, con una situación tarifaria como la actual, una tarea pendiente es trasladar los precios del mercado a todo tipo de consumidores, para que tengan las señales necesarias para que puedan reaccionar de acuerdo a la evolución de los mismos.

Desde el lado de la oferta, en primer lugar, influye la reserva de capacidad de generación. Cuanto menor sea, el mercado será menos líquido, funcionará peor y los precios serán más volátiles. La escasez es mala para los mercados y, por ello es importante el proceso de inversión y en un sector como el eléctrico más: el exceso de oferta de energía proporciona seguridad al suministro y permite que los precios se formen mejor. También tienen influencia los precios de los combustibles que se utilizan para producir electricidad así como el comercio internacional de energía (algo muy limitado en nuestro país por la poca capacidad de interconexión con Centroeuropa).

En términos de precios por megavatio hora, si comparamos los precios que se producen en el mercado de OMEL con respecto a los que existen en los principales mercados de Europa, actualmente nuestros precios son muy similares. Existen algunas diferencias en el comportamiento general por tramos horarios con respecto a algunos mercados: en horas valle tenemos precios más altos que Francia por la mayor base de energía térmica que tenemos en España y en horas punta tenemos precios más bajos. Con una perspectiva integrada en el precio de las materias primas energéticas, a finales del año 2005 y en 2006, con precios muy altos del gas, del carbón y del uranio ha existido una correlación muy directa entre ellos con los precios que ha tenido la energía eléctrica en el mercado español y en los otros mercados europeos.

PREGUNTA. ¿Cómo afecta al medio ambiente y a la seguridad de suministro la evolución de la oferta y demanda en el mercado?

RESPUESTA. Tradicionalmente, se ha pensado que existe un ‘trade-off’ entre seguridad de suministro y mercado y también entre energía y medio ambiente. Y, eso no siempre es así y en el caso español lo hemos podido comprobar a través de los beneficios de las nuevas centrales de generación de ciclo combinado de gas y de energías renovables.

El hecho de que este aumento de capacidad de generación se haya realizado mediante centrales de gas, de ciclo combinado, con mayores rendimientos que las centrales de carbón, disminuye las emisiones. También, la energía eólica está exenta de emisiones y ahora ya representa el 10 % de la demanda de electricidad, lo que unido a la energía hidroeléctrica o nuclear, mejora los impactos de la producción de electricidad y reducen comparativamente las emisiones de efecto invernadero.

PREGUNTA. Las dos principales empresas eléctricas de España, Iberdrola y Endesa, poseen un 47% del mercado eléctrico, lo que ha suscitado críticas por que pueda suponer una situación de poder de mercado excesivo. ¿considera que esas críticas proceden de situaciones de mercado no tan reciente en dónde el poder de mercado era más alto? ¿Cree que los operadores están utilizando indebidamente esa cuota de mercado? ¿Cómo valora esta situación en el contexto del sector energético europeo?

RESPÙESTA. Para enmarcar la cuestión de la concentración, tenemos que tener en cuenta que en marzo del año 1999 solamente operaban 5 agentes productores. Hoy ha crecido notablemente el número de agentes productores, más de 540, y también ha aumentado de manera significativa el número de empresas que operan en el mercado y tienen menos de un 1% de cuota de mercado.

Así, se puede comprobar como los productores tradicionales de energía, las empresas eléctricas, han aumentado su capacidad de generación incluso en el régimen especial. Y, eso no ha impedido que entren otras empresas de generación que no estaban en el mercado con anterioridad, tanto españolas (p.e. Gas Natural) como empresas filiales de otras empresas europeas. En todo caso, el principio del que debe partir la regulación del mercado es la neutralidad y debe fijar condiciones de igualdad para los potenciales entrantes. Por ello, el mercado se ha configurado para que sea lo más accesible posible.

En términos de poder de mercado ha mejorado notablemente el nivel de concentración. Hace años, al principio de funcionamiento del mercado, los índices que se publicaban señalaban que los dos primeros agentes, sumaban más del 80 % de la cuota de mercado. Eso ya no es así, estos dos agentes agregados están en este momento en alrededor del 42%. De hecho, los índices que define la Comisión Europea en materia de concentración han mejorado en nuestro caso, y en Francia o en Italia, e incluso en Alemania permanecen en niveles similares a los de hace algunos años.

PREGUNTA. De vez en cuando se realizan críticas al funcionamiento del mercado mayorista de la electricidad ¿Comparte las críticas al funcionamiento del mercado eléctrico? ¿no considera que estas críticas inciden en aspectos que legitiman la intervención en el mismo y que incluso provocan distorsiones sucesivas en su funcionamiento, que justifican nuevas intervenciones regulatorias?. Incluso hay quien apunta que habría que volver a un modelo semejante al Marco legal Estable consistente en retribuir cada tecnología en función de sus costes.

RESPUESTA. En los procesos de liberalización a veces se producen críticas que, aunque señalan que es insuficiente el grado de liberalización existente, en realidad pretenden que no se avance en el régimen de mercado.

Algunos analistas o expertos han utilizado el término ‘marginalista’, con respecto al mercado, dando un contenido peyorativo a ese término, cuando todos los mercados son marginalistas por su propia naturaleza.

Hay que confiar en que los resultados y la realidad acaben por poner las cosas en su sitio. En el caso del mercado español el test de la inversión ha sido positivo. Supongamos que en el año 2001 y en el año 2002, al tener unos precios tan altos, en comparación con los otros mercados europeos, se hubiera caído en la tentación de intervenir para bajarlos. Lo que hubiera pasado es que probablemente se hubiera frenado el proceso de inversión. Ese es el riesgo que siempre existe cuando se decide intervenir y es un riesgo que afecta además a la seguridad de suministro, por que se disminuye el margen de capacidad de generación libre del sistema. Y además si, esa intervención, se produjese en momentos de crecimiento de demanda, las consecuencias y peligros de esta acción se agravarían.

PREGUNTA. Un ejemplo de intervención fue el RDL 3/2006 y su interés intervencionista para reducir los precios en el mercado mayorista a través de las operaciones bilaterales asimiladas (operaciones de compra de energía entre empresas del mismo grupo empresarial) ¿cuáles fueron los efectos del Real Decreto Ley 3/2006 sobre los precios y sobre el mercado?

Se trataba de una regulación que no era positiva para el mercado. Fundamentalmente sus efectos consistieron en fijar de forma provisional un ‘cap’ indirecto al precio de mercado, que no era real; ni coincidía con el precio en el mercado español, ni en otros mercados, ni se correspondía con la evolución de los precios de las materias primas. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo que ocurrió es que se desplazo la contratación de energía en el mercado hacia la contratación bilateral y hacia los servicios complementarios del operador del sistema, que son las subastas destinadas a los ajustes (en estas subastas participan menos agentes –se aprecia de forma nítida el efecto escasez- y configuran precios más caros, en lugar de más baratos). Por ello, no se produjo el efecto que se pretendía de aminorar los costes para disminuir la tarifa.

Desde OMEL aplaudimos las medidas del Ministerio incorporadas en el Real Decreto de tarifas para 2007 en la que se deja sin efecto ese precio provisional de la generación, lo que permitió recuperar la liquidez del mercado y una formación correcta del precio.

«En el mercado del petróleo los problemas de oferta y de demanda se complementan»

España acogerá entre el 29 de junio y el 3 de julio el 19 Congreso Mundial del Petróleo, un evento que reunirá en Madrid a los principales agentes del sector en un momento en el que el precio del crudo se encuentra en máximos históricos, una tendencia que no tiene visos de invertirse.

El presidente del Congreso, Jorge Segrelles (Madrid, 1952), coincide con los análisis que opinan que estamos al final de la era del petróleo barato, aunque no descarta una tregua en la escalada de precios, si cae la demanda y aumenta la sensación de que hay crudo suficiente.

– PREGUNTA: Aunque no es un asunto específico del Congreso, será inevitable que el precio del petróleo ocupe un espacio. ¿Cómo ve la situación del mercado?

– RESPUESTA: En todas las materias primas estamos viendo una evolución al alza de precios. En el caso concreto del petróleo, el anuncio de Arabia Saudí de que aumentará su producción puede ayudar a mejorar un poco la percepción de disponibilidad de producto en el mercado. Además, hay un componente especulativo de refugio frente a la depreciación del dólar y muchos fondos de inversión han tomado posiciones en estos mercados.

Algunos estudios sostienen que esta situación podría cambiar, si no este verano, por la punta de demanda de gasolina en EEUU, probablemente al inicio del otoño. Yo no me atrevo a tanto, pero existen fundadas esperanzas de que el precio pudiera tender a la baja.

– P: ¿Estamos ante un problema de oferta o de demanda?

– R: Creo que las dos se complementan. La demanda ha aumentado por la incorporación de países como China e India. Sobre esta evolución hay muchos análisis: algunos creen que la moderación económica actuará de freno de la demanda y que podríamos ver cómo el precio del crudo se modera en los próximos meses.

– P: ¿Es ésta una crisis del petróleo como las que conocemos? ¿Tras los máximos veremos fuertes correcciones de los precios?

– R: No me atrevo a hacer predicciones, pero parece que existe un consenso entre los analistas en que la era del crudo barato se acabó y que vamos a ver un cierto sostenimiento de precios. Si va a estar en 100 en 85 o en 125 dólares es muy difícil porque influyen aspectos externos, políticos o climáticos.

– P: ¿Hasta qué punto los altos precios pueden influir en el incremento de reservas?

– R: Es indudable que precios de este tenor suponen un estímulo para acometer inversiones de más riesgo que pueden significar a medio plazo un aumento de las reservas disponibles. Todos conocemos los últimos éxitos recientes de Petrobras y Repsol YPF en aguas profundas de Brasil y en el Golfo de México.

– P: ¿En qué consiste el Congreso Mundial del Petróleo?

– R: Es una reunión de todos los colectivos interesados en el mundo energético y en los del petróleo y el gas en particular, un foro de diálogo de los sectores implicados: países productores, países consumidores, representantes de instituciones, ONG, ecologistas.

Asistirá el secretario general de la OPEP, Abdalla Salem El-Badri, la presidenta de Transparency International, Huguette Labelle, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Nobou Tanaka, el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, así como varios ministros de Energía de países productores y directivos de algunas de las petroleras más importantes del mundo

– P: ¿Qué puede ofrecer al sector?

– R: Es una oportunidad para que en las actuales circunstancias de incertidumbre sobre la evolución de los precios y la preocupación existente en el mundo por esta fuente de energía, los distintos colectivos puedan encontrar puntos de acuerdo, discutir sobre el uso racional y sostenible del petróleo y el gas.

También se analizará el problema de los derechos humanos y de la implicación de las compañías energéticas en el desarrollo de los principios democráticos de los países en los que operan.

– P: ¿Cómo se puede atraer la atención del público no especializado hacia un evento así?

– R: En paralelo habrá una exposición de casi 15.000 metros cuadrados sobre la evolución del sector desde el punto de vista industrial, pero también con espacio para mostrar el impacto en la sociedad o los esfuerzos relacionados con la sostenibilidad.

“Entre competencia con supervisión, o intervención, mejor siempre competencia”.

PREGUNTA.- Sobre las cuestiones más recientes que en el ámbito energético, referidas a la competencia, se apunta hacia la concertación de precios de carburantes en determinados ámbitos geográficos, o incluso las acusaciones veladas de concertación en el mercado eléctrico, sobre todo en algunos mercados de restricciones, como el mercado de desvíos. ¿Qué valoración hace usted al respecto de esta cuestión?

RESPUESTA.- Sobre esta cuestión se discute desde hace tiempo. Se sospecha acerca de posibles actuaciones anticompetitivas. Pero las sospechas no sirven. Lo que debe hacerse es acreditar, lo que no es fácil. En los medios de comunicación aparecen periódicamente noticias acerca de concertaciones de precios. Veremos lo que dirán, en su momento, los Tribunales.

También es verdad que se ha hablado de imperfecciones o de conductas colusivas en algún mercado mayorista de electricidad. Es en estos casos cuando deben intervenir los órganos supervisores, la CNC y la CNE: cuando hay sospecha o evidencia de conductas colusivas debe intervenirse inmediatamente y con contundencia. Pero hasta que no haya sentencias definitivas debemos guiarnos por la prudencia y no emitir juicios de valor.

PREGUNTA.- Los expertos en competencia opinan que hay dos formas de articular el funcionamiento de un mercado. Una es un mercado con reglas claras y mecanismos de supervisión muy eficientes, que detecten estas situaciones. La otra consiste en aceptar que existen estos problemas en los mercados y, por tanto, se decida introducir restricciones, es decir intervención. Si tuviéramos que elegir una de las dos alternativas, ¿cuál defiende Vd.?

RESPUESTA.- Me quedo con la competencia. Competir supone estar en presencia de mercados transparentes en que los diversos operadores económicos confrontan sus intereses y sus habilidades respectivas sobre la base de la eficiencia. Esto es lo mejor que le puede ocurrir al consumidor. Los consumidores están muy satisfechos de lo que ha ocurrido en los mercados de las telecomunicaciones o del transporte aéreo. Si en estos momentos se les plantease la posibilidad de que hubiera otra vez tarifas reguladas en el transporte aéreo, sin descuentos, preferirían la situación actual. Sucedería lo mismo en el caso de las telecomunicaciones.

En mercados de características similares a los mercados energéticos, cuando ha tenido lugar la liberalización e introducción efectiva de la competencia, los resultados han sido positivos para los clientes y para los mercados. Los únicos perjudicados han sido los operadores ineficientes. Y esto es bueno.

En otros mercados, como el de la distribución de carburantes, la competencia es reducida. Sin embargo, se cuenta con alguna excepción, como las gasolineras ubicadas en grandes superficies. Este pequeño oasis de competencia refleja que hay margen para bajar los precios. Al consumidor no le produce ninguna insatisfacción la existencia de descuentos. Cuando hay margen para competir, lo mejor es hacerlo. Con competencia se gana en eficiencia y gana el consumidor. Nadie duda que Telefónica es más eficiente hoy que hace veinte años, cuando no había competencia.

PREGUNTA.- Como Vd. sabe, el sector eléctrico actualmente está en una situación de tarifa topada, que impide el proceso de comercialización. Es necesario asistir a un proceso de liberalización completa de la tarifa, que se tiene que completar para la tarifa de alta tensión en el mes de junio, para las empresas, fundamentalmente, y el año que viene para los consumidores residenciales. Parece que existe la tentación de que la tarifa de último recurso pueda ser lo suficientemente baja como para reproducir incluso el esquema actual. ¿Cómo valora la existencia de este tipo de tarifa y cuáles son los pasos que hay que dar?

RESPUESTA.- La tarifa topada da tranquilidad al consumidor pero es una tranquilidad aparente. Al final todo se paga. O se paga directamente en función del consumo o se paga a través de compensaciones posteriores. Ante esta situación no hay nada mejor que la transparencia. Pagar a través de tarifas es transparente; cada uno sabe lo que está pagando. Pagar indirectamente introduce opacidad desde la perspectiva del consumidor. Y la opacidad beneficia a unos y perjudica a otros. El consumidor quiere transparencia.

Aceptando la posibilidad de períodos de transición, introduzcase competencia y déjese que el mercado fije los precios en competencia. Esta es la condición necesaria. No podemos creer en una competencia parcial; creer que el mercado funciona para unas cosas y no funciona para otras. Este criterio siempre da malos resultados. Si se acepta el mercado debe aceptarse con todas las consecuencias. Y la competencia debe extenderse a todos los mercados: desde las tiendas de farmacia hasta el mercado del tabaco, por poner sólo dos ejemplos.

PREGUNTA.- Las tarifas energéticas para grandes consumidores empresariales. Hay quien sostiene que existe un subsidio cruzado entre las tarifas que pagan los consumidores y las tarifas que pagan los consumidores empresariales, como la G4.

RESPUESTA.- En su día, el Tribunal de Defensa de la Competencia propuso que la G4 fuera eliminada. En realidad, se trata de un subsidio cruzado que beneficia a unas empresas en detrimento de otras empresas o de los consumidores. De nuevo cabe afirmar que la transparencia es el mejor instrumento para asignar mejor los recursos. La G4 puede esconder ineficiencias que deberían desvelarse.

El asunto afecta a un conjunto de países. En estos casos la UE debería ser más ágil. De la misma forma que sigue sin resolverse el asunto de las importaciones paralelas de medicamentos hay muchos aspectos del mercado de la energía que quedan por resolver; entre ellos el planteamiento general y decidido de un mercado europeo de la energía. En ocasiones las autoridades comunitarias no son eficientes.

Hay áreas donde puede producirse energía a un coste más razonable y otras donde es más difícil. Por tanto, con un mercado único se podrían dar grandes pasos en relación con un bien básico como la energía. Califico a la energía como un bien básico porque, directa o indirectamente, se utiliza en todas las actividades. Lo que ocurre en el mercado energético repercute sobre todas las actividades. Por tanto, tiene todo el sentido incrementar la eficiencia en este sector. Y la eficiencia exige competencia. Quien no tiene competencia se adormece. Vive en el paraíso de la “vida tranquila”.

PREGUNTA.- El kilovatio tiene un precio indiferenciado, aunque se producen con tecnologías diferentes con precios diferentes. No se puede distinguir el kilovatio que llega en un momento determinado, pero los costes de cada uno de los agentes son muy dispares.

RESPUESTA.- Las ayudas públicas que disfrazan los costes reales de la energía deberían eliminarse o hacerlas transparentes. Con transparencia, la discusión sobre la energía nuclear, por ejemplo, discurriría por otros derroteros. En muchos casos existen costes disfrazados, subvencionados u ocultos, que los operadores económicos conocen perfectamente pero no los conoce el consumidor. Se paga la electricidad según el recibo, pero hay otros costes que no se conocen pues se pagan a través de subvenciones. Es necesario que se haga la luz sobre estas cuestiones.

El criterio debe ser la transparencia para que el ciudadano sepa lo que están pagando realmente. Ese es el gran problema de determinados tipos de ayudas públicas: hacen opaco lo que debería ser transparente. A veces se tiene la percepción de que algo es barato cuando en realidad no lo es. El asunto es tan complejo que, por ese mismo motivo, el debate queda reducido a cenáculos de expertos. Si se hiciera una encuesta entre los ciudadanos preguntando qué opinan sobre este tipo de cuestiones, la respuesta más abundante sería el “no sabe, no contesta”. Esto no es bueno para el mercado. Cuando la respuesta es ésta, refleja que el mercado no funciona. Y es misión de las autoridades hacer que el mercado funcione.

PREGUNTA.- Hablemos del contexto europeo. Recientemente hemos recibido un importante varapalo derivado de la denominada Ley Rato, el hecho de que existan limitaciones a que empresas públicas de otros países quisieran participar en nuestro mercado adquiriendo empresas que ya estuvieran privatizadas de sectores en los que nosotros hubiéramos hecho ese proceso de liberalización. Por otro lado, se está manteniendo una simetría en los comportamientos de los sectores públicos y de los sectores energéticos de países como Francia, Italia, Alemania… ¿Cómo valora esa sentencia en esta situación asimétrica?

RESPUESTA.- Personalmente, no la comparto. Los torneos deben apoyarse en el principio de igualdad de armas. Por ejemplo, ¿Qué ocurriría si IBERDROLA anunciara que quiere hacer una OPA sobre Electricité de France? La respuesta inmediata sería: “no puede” porque se trata de una empresa pública. Pero en cambio, la empresa pública sí puede adquirir una empresa privada, incluso de otro país, con todo un arsenal de ayudas públicas. Esto no es un combate en igualdad de condiciones. Por tanto, no debería aceptarse. Y si se acepta, refleja que el árbitro no es imparcial.

En Inglaterra, por ejemplo, se ha aceptado el principio de que “mientras funcione la competencia, no importa que la empresa sea pública o privada”. Este principio incluye una asimetría que, es inaceptable pues va contra la propia esencia del mercado. No entiendo por qué los británicos, a mi juicio, han hecho dejación de los principios inspiradores de la competencia.

Los mercados deben funcionar de acuerdo con las propias reglas del mercado. Esta es la cuestión fundamental que debería haberse tomado en consideración. Lo que no debería existir son las empresas públicas. Lo que deberían hacer nuestros vecinos del norte es privatizar. Les ha faltado coraje para enfrentarse con los sindicatos y con aquellos que tienen intereses directos en las empresas públicas.

Por lo tanto, el primer paso debe ser privatizar; el segundo, preparar el torneo con igualdad de armas y, el tercero, asegurar que la competencia con igualdad de armas sea la que ilustre el funcionamiento de los mercados y sus resultados.

PREGUNTA: ¿Cómo valora las subastas de capacidad como herramienta para la reducción del poder de mercado en el sector energético? ¿Cómo valora la fijación de un porcentaje de poder de mercado como referente máximo de participación en el mercado eléctrico?

RESPUESTA.- En la actualidad el grado de concentración y de poder real de mercado está disminuyendo por varios motivos: desde los nuevos operadores a las energías renovables. En mi opinión, las subastas son un artilugio sutil para reducir la cuota real de mercado sin que ninguna empresa tenga que desconcentrar su actividad o vender activos. Es lo que buscaba el Libro Blanco de José Ignacio Pérez Arriaga.

Volvamos al principio de nuestra entrevista. La cuestión fundamental no son las cuotas de mercado. Sirven para dar una idea del poder de mercado. Pero el poder de mercado depende de otras cuestiones, como las barreras de entrada y las barreras administrativas. Con cuotas de mercado bajas y con barreras administrativas muy altas se tiene mucho poder de mercado. Y con cuotas de mercado muy elevadas pero con ausencia total de barreras, el poder de mercado se reduce. La noción de poder de mercado es compleja. Depende del tipo de producto, de su elasticidad, de la fuerza de quien compra. Esto, por ejemplo, se ve muy claro en las empresas automovilísticas: muchas empresas suministradoras tienen cuotas de mercado muy altas pero las relaciones contractuales hacen que el poder de mercado recaiga en el fabricante.

La cuota de mercado es un indicador; pero sólo un indicador. Hay que introducirse en el mercado y en sus entrañas para ver si funciona de forma competitiva. Me interesan mucho más aquellas cuestiones que tienen que ver con la competencia efectiva y con las barreras de entrada -sobre todo las administrativas- que con la cuota. Decir que un 10% supone que un operador es dominante está muy bien como elemento orientador, pero ninguna decisión puede tomarse exclusivamente sobre la base de este argumento.

PREGUNTA.- ¿Hasta cuándo es razonable utilizar la fórmula de las subastas de energía?

RESPUESTA.- Cuando el mercado deja de funcionar y se interpone un regulador, un interventor, surge el riesgo de discrecionalidad. No hay principios universales, válidos en todo tiempo y lugar. Lo que hoy es positivo, mañana puede parecer de otra forma. Si partimos de la desconfianza no llegaremos nunca a buen puerto. Hay que tener órganos reguladores fuertes que sean realmente independientes y que tomen sus decisiones con criterios exclusivamente técnicos. Si se equivocan, ya serán criticados pero si utilizan esos elementos como referencia, el margen de error es muy reducido. Quienes trabajan en los órganos reguladores sólo deberían entrar en contacto con los regulados colegialmente. Tampoco deberían hablar con el poder ejecutivo si no es de forma colegiada. Y si hacen daño deberían indemnizar.

En relación con los mercados energéticos, se trata de mercados muy complejos en los que los distintos actores se están moviendo continuamente. Si lo que se hace es fijar un algoritmo, los operadores actuaron en consecuencia; no es difícil. Cualquier operador económico dedica mucho tiempo a conocer el funcionamiento de su mercado. Cada uno quiere ser mejor que su competidor y querría prescindir de su competidor. Lo que ocurre es que el competidor piensa lo mismo. Ahí es donde está la grandeza del mercado; intentando hacer las cosas mejor que el competidor se gana en eficiencia y en competitividad. Al final, resultan ganadores las empresas eficientes y los consumidores. Por eso creo que muchas de las interferencias públicas no conducen necesariamente a buenos o a mejores resultados. La energía tiene espacios abrigados de la competencia y, posiblemente, una buena parte de los consumidores prefiere esta situación a una situación alternativa. Aunque les perjudique. No lo comprendo, pero las cosas como son y no como quisiéramos que fueran.

Los cambios deben hacerse poco a poco; con tiempo. En ocasiones es necesario mucho tiempo para hacer una transición correcta. Imponer un cambio radical a veces provoca costes que pueden ser evitados cuidando la transición.

Recuerdo que bajo la presidencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en el Tribunal de Defensa de la Competencia nos dedicábamos a explicar sin descanso las ventajas de la competencia. Estábamos en una situación de tránsito, en la que se hablaba de introducir competencia en sectores que habían estado secularmente regulados. Pensemos en la energía, las telecomunicaciones, las funerarias, los aeropuertos, la formación, los libros, correos, el transporte, los puertos, .… Las regulaciones ineficientes sólo se puede romper con paciencia, tenacidad y tiempo.

En relación con el sector eléctrico el debate sobre los costes de transición a la competencia fue un debate agrio porque suponía un cambio en la interpretación de las condiciones de la regulación. Los operadores económicos habían tomado decisiones en un marco regulatorio que luego cambió. Si las condiciones regulatorias cambian y el cambio supone costes debe haber una compensación, lógicamente ajustada,

PREGUNTA.- Como sabe, se acaba de reformar en junio la ley del sector eléctrico, en la que se ha establecido que el operador del sistema, RED ELÉCTRICA, pase a ser monopolio en la red de transporte, de forma que las redes que tenían una función compartida en las ciudades pasan a ser redes de alta tensión. El hecho de configurar un monopolio en este sentido, ¿cómo afecta al mercado, especialmente en un momento en que la distribución resulta ser lo más descuidado regulatoriamente en el sector eléctrico?

RESPUESTA.- Tiene sentido en aquellos casos en que, inequívocamente, se dan las condiciones de monopolio natural. RED ELÉCTRICA, en este contexto, tiene que encargarse de construir redes, ponerlas en funcionamiento, mantenerlas, transportar la electricidad. Y actuar con neutralidad. Debe ser eficiente y optimizar sus resultados. En este punto termina su misión fundamental. Lo mismo es válido para ENAGAS.

Pero el principio de monopolio natural no es un principio universal. He conocido casos en que, en función de los precios, un operador manifestó su deseo de construir su propia red. El problema reside en el cálculo económico: si se demuestra que una nueva red es más eficiente que seguir en el “monopolio natural”¿para qué oponerse?. ¿Por principios?. No vale.

PREGUNTA.- Realmente, por ejemplo, lo que debería primar es un principio de cercanía del consumidor final al distribuidor, que es el que conoce las necesidades de consumo de una zona concreta, y por ello, establecen necesidades de inversión en redes para esta función…

RESPUESTA.- Tenemos que pensar en las funciones genuinas de las redes. Como vecino de Gerona he vivido los apagones. La causa ha residido en la falta de inversión, que se transformó en una barrera a la entrada. La red no había sido ni ampliada ni cuidada. La ineficiencia era la norma. Los responsables públicos tampoco fueron eficientes. Y cuando ha habido problemas no siempre hemos conocido sus causas.

En relación con el apagón que tuvo lugar en Barcelona es increíble que hubiese tanta indeterminación y tanta discusión acerca de quién fue el responsable. También en este caso ha habido ineficiencia. ¿Qué pasó realmente?.

PREGUNTA.- En su momento la Comisión Nacional de Energía, en función de la responsabilidad de los apagones, de la sucesión de acontecimientos, de los usuarios afectados y su incidencia, dictaminó una responsabilidad sobre RED ELÉCTRICA de más del 98% frente a la distribuidora (FECSA ENDESA).

RESPUESTA.- Eso quiere decir que hay elementos susceptibles de mejora. Y, más allá de otras cuestiones, cada uno tiene su propia función con sus derechos y sus obligaciones. REE tiene una función; el regulador tiene otra. También ENAGAS tiene la suya. Cada operador debe hacer lo que tiene que hacer sin caer en la tentación de ampliar innecesariamente sus funciones.

“Mas importante que las cuotas de mercado es garantizar que existe competencia real en el mercado”.

PREGUNTA: ¿Qué valoración puede hacer del grado de liberalización del sector energético español, que seguramente sea diferente en el ámbito del gas y en el de la electricidad?

RESPUESTA: Abordar esa cuestión exige considerar de dónde venimos. Venimos de un pasado imperfecto donde casi todo estaba sometido a regulación. Poco a poco, el mercado se ha liberalizado, lo que no supone necesariamente que haya competencia en los mercados liberalizados -la liberalización es una condición necesaria, pero no suficiente-. Y al amparo de la liberalización ha surgido una constelación de órganos administrativos que participan en la organización y funcionamiento del mercado: la CNE, RED ELÉCTRICA, la Secretaria de Estado de Energía, Direcciones Generales de las Comunidades Autónomas. Muchos, demasiados, órganos que intervienen en una realidad compleja.

A la hora de hacer una valoración conjunta, creo que se ha avanzado, sobre todo en el en mercado mayorista, aunque los consumidores casi no notamos los efectos de la competencia, fundamentalmente por la situación tarifaria. Si analizáramos las denuncias o conociésemos las insatisfacciones de los clientes, nos daríamos cuenta de que la arena competitiva no refleja el efecto de la liberalización. Además, queda una cuestión políticamente difícil de resolver porque, con toda probabilidad, la liberalización de las tarifas se traduciría en subida de precios. Se trata de que el precio sea la referencia de la cantidad demandada. Pero para que haya libertad de tarifas tiene que estar totalmente consolidada la competencia. No vale dejar libertad de precios sin una competencia firme. Estamos ante una situación compleja en la que no vale hacer planteamientos parciales. Si queremos libertad de tarifas tiene que haber competencia suficiente.

Si se liberaliza totalmente el mercado, éste encontrará su punto de equilibrio. Además, si la competencia es efectiva, la regulación debe ser cada vez menos relevante y los órganos reguladores deberán perder peso con el consiguiente ahorro para los consumidores.

PREGUNTA.- ¿Cuáles son los elementos que hacen que todavía el grado de liberalización sea imperfecto? ¿Existe mucha concentración de los agentes en el sector? ¿Existen barreras para nuevos entrantes, como se critica desde distintas instancias?

RESPUESTA.- Siempre existen barreras de entrada en un sector como el energético. El problema reside en su altura. Hay operadores económicos que pueden saltar estas barreras. Pero las barreras son altas. Pensemos que se trata de un mercado en el que la dimensión mínima óptima, en competencia, impone limitaciones al número de operadores en cada mercado relevante. Por lo tanto, el grado de concentración siempre será elevado. Se trata de una cuestión que no debe preocuparnos excesivamente. Es mejor cuatro operadores que tres o tres mejor que dos; pero lo que importa, sobre todo, es que haya competencia entre los operadores. En los mercados de bienes encontramos muchos ejemplos de actividades en las que el número de operadores es reducido -a veces dos- pero la competencia es muy intensa. Y encontramos otros ejemplos de mercados en los que el número de operadores es más elevado, pero los agentes conciertan conductas y la competencia es mucho más reducida. O la regulación ineficiente impide la competencia (libros, farmacias, por ejemplo).

Por tanto, entiendo que el mercado debe abrirse para que los operadores económicos tomen sus decisiones y los supervisores cumplan con su misión. Tal misión debe consistir, sobre todo, en no imponer o no admitir barreras artificiales y, por otra parte, vigilar para que los operadores económicos actúen en el mercado de acuerdo con los principios de la libre competencia.

PREGUNTA.- En este marco, el regulador principal – la Secretaría General de Energía- y el regulador independiente -la Comisión Nacional de Energía-, qué papel tienen hoy? ¿Qué papel y que relación deben tener? Existe una crítica muy fuerte a lo que es la conformación actual de la famosa función 14, que es una de las atribuciones de la CNE cuando hay operaciones de concentración u otras operaciones en el sector. ¿Cuál es el papel que deben tener los órganos reguladores?

RESPUESTA.- Siempre se cae en la tentación de cuestionar la independencia del regulador. A veces, con razón, pero no siempre. Pasé por esta experiencia cuando presidía el Tribunal de Defensa de la Competencia. Con frecuencia surgían voces que cuestionaban su independencia. Es verdad que todos los miembros de aquel Tribunal éramos nombrados por el Gobierno, pero bajo la premisa del nombramiento por un gobierno u otro no se debe presuponer dependencia o independencia. Hay cuestiones adicionales que deben ser consideradas. Unos somos más independientes que otros. Este hecho no admite discusión. Basta con leer los documentos.

En estos órganos, las opiniones, obviamente, son libres y la discrepancia con la mayoría puede ejercerse a través de votos particulares. Las discusiones no solamente son efecto de la libertad sino que también pueden ser convertidas en opiniones transparentes cuya consideración permita deducir los grados de dependencia o independencia de cada uno.

Esa es una cuestión que, al margen del procedimiento que se utilice para designar a los miembros de las comisiones independientes, siempre estará en los medios de comunicación. De lo que se trata es de trabajar de acuerdo con la misión genuina de los órganos independientes: enjuiciar, de acuerdo con las leyes, teniendo siempre el interés general como horizonte.

En ocasiones, acertar no es fácil porque las cuestiones sometidas a examen son complejas. Tan sólo dos referencias. En primer lugar, el conocimiento sobre lo que se estudia. En segundo lugar, la inclinación personal en relación con lo que se analiza. La síntesis de ambas cuestiones revela, con mucha frecuencia, disparidad de opiniones, Esto se puede ver si se analizan las resoluciones de los órganos independientes. No hay una interpretación única. El propio Tribunal de Defensa de la Competencia ante situaciones similares ha tomado decisiones distintas, con el consiguiente impacto sobre la seguridad jurídica de los operadores económicos.

PREGUNTA.- Sobre esta cuestión, y con el fin de potenciar la independencia de estos organismos, existen propuestas para aumentar la independencia o para reducir la discrecionalidad del Gobierno de determinar quiénes son consejeros, o de los requisitos de audiencia previa en el Parlamento de estos consejeros, a partir de una serie de mecanismos o propuestas. ¿Usted propondría algún a cuestión al respecto?

RESPUESTA.- La clave reside en buscar personas integras y realmente independientes. En EEUU se siguen otros caminos. La independencia no es del órgano sino de las personas que lo componen. Cuando se ha estado presente en las deliberaciones de un órgano colegiado se comprenden mejor estas cuestiones. El hearing contribuirá a atenuar el impacto del problema.

PREGUNTA.- Hablando de competencia, y de la conformación de los órganos de competencia ¿Cómo valora la nueva conformación del Tribunal y el anterior Servicio de Defensa de la Competencia, en la forma de Comisión Nacional de Competencia?

RESPUESTA.- Positivamente. Pedí esta integración hace muchos años. Lo hice por una razón operativa y de eficiencia. La unión de ambos organismos sólo precisa una condición: independencia de las actuaciones. Uno de los órganos debe de instruir y el otro debe decidir. Que así sea. Creo que con la nueva estructura de la Comisión, muchos de los problemas detectados en el pasado podrán ser resueltos. Ahora se podrá instruir mejor y en menos tiempo.

También se ha resuelto el problema principal del anterior Tribunal: la insuficiencia de medios. Una comparación entre el presupuesto del Tribunal de Defensa de la Competencia y el de la Comisión Nacional de la Competencia revela que el presupuesto actual es cinco o seis veces superior al de hace diez años. Este hecho debe suponer mayor eficiencia, mayor capacidad de estudio, mayor capacidad de detección y persecución de conductas contrarias a la competencia y, sobre todo, mayor capacidad de estudio y análisis. Por tanto, mayor peso en la justificación de las decisiones. El tiempo dirá como se utilizan los recursos económicos de la Comisión.

Todo esto era necesario. Vamos por el buen camino al dotar al organismo de medios y capacidad de resolución reforzados.

PREGUNTA.- ¿Cómo valora la relación existente entre los organismos de regulación y de supervisión del mercado energético con los órganos de competencia? ¿Los mecanismos son suficientes para identificar situaciones colusivas o anticompetitivas?

RESPUESTA.- Creo que sí. Acerca de las competencias del órgano de defensa de la competencia y del órgano regulador hay un espacio común que cada una de las partes desea ocupar.

El órgano regulador alega que tiene un mejor conocimiento del mercado. El órgano de defensa de la competencia estima que está más preparado para dilucidar acerca de cuestiones relacionadas con la competencia. A este problema debería de dársele solución para evitar que el mismo asunto fuera estudiado simultáneamente por diversos órganos con la consiguiente complejidad, engorro y coste para los operadores económicos afectados.

La actual ley de la defensa de la competencia, en su artículo 17, habla de la coordinación con los reguladores sectoriales y da una buena solución a esta cuestión. La Comisión puede dirigirse al órgano regulador pidiendo información y el órgano regulador también puede dirigirse al órgano de defensa de la competencia. Además, establece que, periódicamente, los responsables de estos órganos deberán reunirse para intercambiar opiniones y conocimientos sobre sus responsabilidades respectivas. El mero intercambio parece insuficiente, además es ambiguo. Pero por algo debe empezarse.

A mi juicio se ha dado un buen paso. La intención y los resultados buscados parecen correctos. Lo que no sabemos es cómo todo esto se llevará a la práctica o cómo se está desarrollando. En todo caso, la situación actual es mucho más clara. Pero siempre surgirán problemas entre las dos instancias y entre distintos órganos supervisores.

PREGUNTA.- ¿Cree que existe una cierta lucha de competencias?

RESPUESTA.- Más que una lucha, se trata del interés por hacer las cosas bien. Las opiniones no siempre son coincidentes y esto se refleja cuando, en determinados casos complejos, se comparan los documentos emitidos por el órgano supervisor y el órgano de defensa la competencia. Se detecta que existen elementos comunes y, también, elementos distintos. En estas circunstancias alguien debe tomar la decisión. Estas decisiones, con independencia de que quien decide sea el Consejo de Ministros o las instancias comunitarias, se toman sobre la base de estos estudios y posicionamientos que la experiencia ha demostrado que no siempre coinciden. También pueden no coincidir las interpretaciones finales de los órganos decisores. En estas circunstancias hay que ser muy objetivo y quien tome la decisión final debe hacerlo con eficiencia y neutralidad, asumiendo sus responsabilidades. El daño que puede hacerse, en caso de error, es considerable.