«¿Cree usted que el proyecto de Ley tiene que ver con «medidas medioambientales», como reza el título?»

ENERGÍA DIARIO.: ¿Conoce el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética?

JORDI DOLADER.: Como el documento no ha sido publicado todavía en la página web del Congreso de los Diputados como Anteproyecto de Ley, no puedo admitir haberlo leído (la entrevista se realiza en el momento en que todavía no había sido publicado el mismo y la respuesta es, sencillamente, muy inteligente).

E.D.: ¿Cuál es su valoración general del Proyecto y qué opina sobre su gestión?

J.D.: La situación actual de España y del sector eléctrico es excepcional. No se entendería una propuesta de este tipo, y elaborada de esta manera, en cualquier otra situación. Sin embargo, me hubiera gustado que el Gobierno hubiera abordado la problemática del sector con mayor rigor, empezando su preparación, incluso antes de las elecciones de noviembre de 2011.

Una modificación de este calado requiere mayor claridad en los objetivos, más tiempo de elaboración, mayor transparencia y consistencia con el resto de la regulación. Por ejemplo, ¿cree usted que el objetivo del proyecto de Ley tiene algo que ver con «medidas medioambientales», como reza el título?

Además, todavía no está claro cómo la recaudación de los nuevos impuestos va a ir destinada a mitigar el déficit tarifario.

E.D.: ¿Cuáles eran las alternativas a una propuesta fiscal de estas características?

J.D.: No hay soluciones fáciles para terminar con el déficit de tarifa. Este déficit suma, más o menos, 5 mil millones de euros al año. Y recaudar esa cantidad para el año siguiente no es fácil. Sin embargo, en mi opinión, la elaboración de una propuesta fiscal, que no es una solución «convencional», no es la mejor alternativa.

Esta «solución» es el resultado de dos tipos de limitaciones que tiene el Gobierno. Por un lado sería ilegal incumplir la normativa actual del régimen especial con medidas retroactivas y, por el otro, el Gobierno no quiere asumir el coste político de subir los peajes de acceso, y con ellos la Tarifa de Último Recurso (TUR).

La trampa reside en esta última limitación. Estas medidas «fiscales» se trasladarán en su mayor parte al precio que pagan los consumidores por la energía, igual que si el Gobierno hubiera subido los peajes de acceso, con lo que los consumidores pagarán lo mismo. Pero ahora, el Gobierno podrá echarle la culpa a las empresas. Para evitar asumir su parte de responsabilidad, el Gobierno aprueba «un parche» que distorsiona todo el mercado de generación.

E.D.: ¿Considera que el Gobierno ha tenido un nivel suficiente de interlocución con los sectores afectados y subsectores?

J.D.: La trasparencia en el proceso de toma de decisiones es un pilar básico para que la regulación resultante sea la mejor posible. Aunque es comprensible que en la situación actual el Gobierno haya tratado de «aislarse» de la influencia de los agentes afectados, en el fondo lo que ha conseguido es que sólo se haya oído la voz de los sectores más cercanos al poder.

E.D.: ¿Cuáles considera que pueden ser los efectos de la batería de figuras impositivas en el coste del suministro y en el proceso de formación de precios en el mercado mayorista de electricidad?

J.D.: Casi todos los analistas han centrado su atención en que parte de estos impuestos se repercutirán en el precio del mercado. Esto el lógico que ocurra…, es como cuando sube el precio que Argelia nos cobra por el gas.

A mí me preocupan más los efectos a largo plazo. Una propuesta de este tipo puede ser interpretada por los inversores como un «comportamiento oportunista» del regulador, puesto que se cambian las reglas del juego una vez que ya están realizadas las inversiones, con lo que estos, ya sean nacionales o extranjeros, quedan atrapados en el país, muchas veces perdiendo dinero. La siguiente vez que necesitemos dinero de empresas extranjeras, se acordarán de este comportamiento oportunista y no van a invertir…, o nos pedirán mucho más dinero por hacerlo.

Esto es aún más grave porque el impacto en el mercado mayorista no va a ser igual para todos. Es posible que incluso algunas tecnologías se vean beneficiadas.

El impacto medio en el mercado de generación es doble, ya que el incremento del coste marginal de los CCGTs supondrá unos 4,5 €/MWh, al que habrá que sumar el 6% del impuesto. Los 4,5€/MWh de aumento por el gas es mayor que el impuesto a la nuclear, y mayor que el 6% de prima que le quitan a muchas renovables, por lo que es posible que estas tecnologías, las renovables, acaben ganando más dinero.

E.D.: ¿Cuáles serían los efectos para las principales tecnologías de generación de electricidad, incluyendo la operación de los ciclos combinados y centrales nucleares?

J.D.: Actualmente los ciclos combinados compiten esencialmente con otros ciclos combinados, y los nuevos impuestos les afectan a todos por igual, con lo que, en esencia, no cambia su situación.

El principal problema de estas centrales es anterior a esta propuesta de Ley y está en el diseño del mercado de generación. Los ciclos combinados no estaban cumpliendo los planes con los que fueron diseñados, ni en términos operativos, ni financieros. Si como argumenta el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, hay exceso de capacidad, el Gobierno debería permitir a algunas de estas centrales «pasarse a la reserva» y esperar tiempos mejores. Pero si no deja que las centrales salgan del mercado, debe permitirles recuperar su inversión.

E.D.: ¿Considera que pueden existir efectos no previstos en términos de afectación a la viabilidad de determinadas instalaciones y, en concreto, a las tecnologías inframarginales?

J.D.: Creo que el mayor riesgo es la pérdida de reputación del mercado español. Esta reputación nos afectará cuando queramos atraer nuevas inversiones, mejorar la calidad del suministro, implementar redes inteligentes…

E.D.: ¿Cuáles considera que pueden ser los efectos para el sector gasista?

J.D.: Según la versión del Anteproyecto de Ley que se ha dado a conocer, se creará un nuevo impuesto para todo el gas natural consumido en España, salvo para su uso en el transporte. Eso obviamente aumentará el coste de esta energía.

En cierta medida parece lógico que si se crean nuevos impuestos en el sector eléctrico, se haga lo propio en el sector gasista, para evitar cambiar los precios relativos entre ambos y que todos los clientes «se pasen al gas natural».

Sin embargo hay que tener en cuenta que España tiene muchas infraestructuras gasistas con un nivel de uso bajo. Al deprimir la demanda de gas natural, el coste de estas infraestructuras recae en los consumidores que quedan, aumentando lo que estos tienen que pagar. Se podría entrar en una espiral muy peligrosa que es conveniente evitar.

E.D.: Se habla enormemente sobre la traslación de los impuestos a las tarifas y precios de la electricidad. ¿Cuáles considera que pueden ser los efectos para consumidores industriales y domésticos de las distintas medidas y figuras fiscales que plantea el Anteproyecto de Ley?

J.D.: El impacto de estas medidas en el precio final será a través del aumento del precio de la energía. Sin embargo, es muy aventurado adivinar cuál será este aumento. Francia y Portugal no aplicarán estos impuestos, por lo que parte de la energía que consumirán los ciudadanos españoles vendrá de estos países, y la subida en España no será tan alta.

Además, como he dicho anteriormente, la reducción del déficit tarifario por vía de las tarifas de acceso hubiera implicado un aumento del precio final equivalente.

En el caso de Francia se dejará de exportar, lo que tiene un efecto parecido. Lo que está claro es que es muy difícil aventurar un nuevo precio medio.

E.D.: En lo que se refiere al gas natural, ¿cuáles son los efectos para el consumo final?

J.D.: El Anteproyecto de Ley prevé un impuesto equivalente a 2,34€/MWh. Esto es más o menos un 7% del precio mayorista del gas natural, pero mucho menor si se tiene en cuenta el precio final, que incluye el coste de los peajes.

«¿Cree usted que el proyecto de Ley tiene que ver con «medidas medioambientales», como reza el título?»

ENERGÍA DIARIO.: ¿Conoce el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética?

JORDI DOLADER.: Como el documento no ha sido publicado todavía en la página web del Congreso de los Diputados como Anteproyecto de Ley, no puedo admitir haberlo leído (la entrevista se realiza en el momento en que todavía no había sido publicado el mismo y la respuesta es, sencillamente, muy inteligente).

E.D.: ¿Cuál es su valoración general del Proyecto y qué opina sobre su gestión?

J.D.: La situación actual de España y del sector eléctrico es excepcional. No se entendería una propuesta de este tipo, y elaborada de esta manera, en cualquier otra situación. Sin embargo, me hubiera gustado que el Gobierno hubiera abordado la problemática del sector con mayor rigor, empezando su preparación, incluso antes de las elecciones de noviembre de 2011.

Una modificación de este calado requiere mayor claridad en los objetivos, más tiempo de elaboración, mayor transparencia y consistencia con el resto de la regulación. Por ejemplo, ¿cree usted que el objetivo del proyecto de Ley tiene algo que ver con «medidas medioambientales», como reza el título?

Además, todavía no está claro cómo la recaudación de los nuevos impuestos va a ir destinada a mitigar el déficit tarifario.

E.D.: ¿Cuáles eran las alternativas a una propuesta fiscal de estas características?

J.D.: No hay soluciones fáciles para terminar con el déficit de tarifa. Este déficit suma, más o menos, 5 mil millones de euros al año. Y recaudar esa cantidad para el año siguiente no es fácil. Sin embargo, en mi opinión, la elaboración de una propuesta fiscal, que no es una solución «convencional», no es la mejor alternativa.

Esta «solución» es el resultado de dos tipos de limitaciones que tiene el Gobierno. Por un lado sería ilegal incumplir la normativa actual del régimen especial con medidas retroactivas y, por el otro, el Gobierno no quiere asumir el coste político de subir los peajes de acceso, y con ellos la Tarifa de Último Recurso (TUR).

La trampa reside en esta última limitación. Estas medidas «fiscales» se trasladarán en su mayor parte al precio que pagan los consumidores por la energía, igual que si el Gobierno hubiera subido los peajes de acceso, con lo que los consumidores pagarán lo mismo. Pero ahora, el Gobierno podrá echarle la culpa a las empresas. Para evitar asumir su parte de responsabilidad, el Gobierno aprueba «un parche» que distorsiona todo el mercado de generación.

E.D.: ¿Considera que el Gobierno ha tenido un nivel suficiente de interlocución con los sectores afectados y subsectores?

J.D.: La trasparencia en el proceso de toma de decisiones es un pilar básico para que la regulación resultante sea la mejor posible. Aunque es comprensible que en la situación actual el Gobierno haya tratado de «aislarse» de la influencia de los agentes afectados, en el fondo lo que ha conseguido es que sólo se haya oído la voz de los sectores más cercanos al poder.

E.D.: ¿Cuáles considera que pueden ser los efectos de la batería de figuras impositivas en el coste del suministro y en el proceso de formación de precios en el mercado mayorista de electricidad?

J.D.: Casi todos los analistas han centrado su atención en que parte de estos impuestos se repercutirán en el precio del mercado. Esto el lógico que ocurra…, es como cuando sube el precio que Argelia nos cobra por el gas.

A mí me preocupan más los efectos a largo plazo. Una propuesta de este tipo puede ser interpretada por los inversores como un «comportamiento oportunista» del regulador, puesto que se cambian las reglas del juego una vez que ya están realizadas las inversiones, con lo que estos, ya sean nacionales o extranjeros, quedan atrapados en el país, muchas veces perdiendo dinero. La siguiente vez que necesitemos dinero de empresas extranjeras, se acordarán de este comportamiento oportunista y no van a invertir…, o nos pedirán mucho más dinero por hacerlo.

Esto es aún más grave porque el impacto en el mercado mayorista no va a ser igual para todos. Es posible que incluso algunas tecnologías se vean beneficiadas.

El impacto medio en el mercado de generación es doble, ya que el incremento del coste marginal de los CCGTs supondrá unos 4,5 €/MWh, al que habrá que sumar el 6% del impuesto. Los 4,5€/MWh de aumento por el gas es mayor que el impuesto a la nuclear, y mayor que el 6% de prima que le quitan a muchas renovables, por lo que es posible que estas tecnologías, las renovables, acaben ganando más dinero.

E.D.: ¿Cuáles serían los efectos para las principales tecnologías de generación de electricidad, incluyendo la operación de los ciclos combinados y centrales nucleares?

J.D.: Actualmente los ciclos combinados compiten esencialmente con otros ciclos combinados, y los nuevos impuestos les afectan a todos por igual, con lo que, en esencia, no cambia su situación.

El principal problema de estas centrales es anterior a esta propuesta de Ley y está en el diseño del mercado de generación. Los ciclos combinados no estaban cumpliendo los planes con los que fueron diseñados, ni en términos operativos, ni financieros. Si como argumenta el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, hay exceso de capacidad, el Gobierno debería permitir a algunas de estas centrales «pasarse a la reserva» y esperar tiempos mejores. Pero si no deja que las centrales salgan del mercado, debe permitirles recuperar su inversión.

E.D.: ¿Considera que pueden existir efectos no previstos en términos de afectación a la viabilidad de determinadas instalaciones y, en concreto, a las tecnologías inframarginales?

J.D.: Creo que el mayor riesgo es la pérdida de reputación del mercado español. Esta reputación nos afectará cuando queramos atraer nuevas inversiones, mejorar la calidad del suministro, implementar redes inteligentes…

E.D.: ¿Cuáles considera que pueden ser los efectos para el sector gasista?

J.D.: Según la versión del Anteproyecto de Ley que se ha dado a conocer, se creará un nuevo impuesto para todo el gas natural consumido en España, salvo para su uso en el transporte. Eso obviamente aumentará el coste de esta energía.

En cierta medida parece lógico que si se crean nuevos impuestos en el sector eléctrico, se haga lo propio en el sector gasista, para evitar cambiar los precios relativos entre ambos y que todos los clientes «se pasen al gas natural».

Sin embargo hay que tener en cuenta que España tiene muchas infraestructuras gasistas con un nivel de uso bajo. Al deprimir la demanda de gas natural, el coste de estas infraestructuras recae en los consumidores que quedan, aumentando lo que estos tienen que pagar. Se podría entrar en una espiral muy peligrosa que es conveniente evitar.

E.D.: Se habla enormemente sobre la traslación de los impuestos a las tarifas y precios de la electricidad. ¿Cuáles considera que pueden ser los efectos para consumidores industriales y domésticos de las distintas medidas y figuras fiscales que plantea el Anteproyecto de Ley?

J.D.: El impacto de estas medidas en el precio final será a través del aumento del precio de la energía. Sin embargo, es muy aventurado adivinar cuál será este aumento. Francia y Portugal no aplicarán estos impuestos, por lo que parte de la energía que consumirán los ciudadanos españoles vendrá de estos países, y la subida en España no será tan alta.

Además, como he dicho anteriormente, la reducción del déficit tarifario por vía de las tarifas de acceso hubiera implicado un aumento del precio final equivalente.

En el caso de Francia se dejará de exportar, lo que tiene un efecto parecido. Lo que está claro es que es muy difícil aventurar un nuevo precio medio.

E.D.: En lo que se refiere al gas natural, ¿cuáles son los efectos para el consumo final?

J.D.: El Anteproyecto de Ley prevé un impuesto equivalente a 2,34€/MWh. Esto es más o menos un 7% del precio mayorista del gas natural, pero mucho menor si se tiene en cuenta el precio final, que incluye el coste de los peajes.

«Primero, una política energética. Después, la regulación»

Comenzamos nuestro encuentro con Jordi Dolader, unos días después de la presentación del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenbilidad Energética. Antes de entrar en el cuestionario sobre esta norma, mantenemos una conversación en la que tratamos la situación de fondo y la trayectoria seguida por el sector eléctrico.

ENERGÍA DIARIO: ¿Qué percepción tiene usted de la situación actual que se vive dentro del sector eléctrico?

JORDI DOLADER: La situación que vivimos en la actualidad, con un déficit de tarifa de más de 24.000 millones de euros, supera ya lo sectorial y alcanza niveles macroeconómicos, además de distorsionar los mercados, porque ahora ya no hay nada más regulado que la energía ofertada en el mercado.

A mí me han llamado poderosamente la atención los silencios, que han sido abrumadores. Nadie, ni desde dentro, ni desde fuera, ha alzado la voz para denunciar todo lo que estaba pasando en el sector. Incluso, desde la Unión Europea ha existido ese silencio. Eso sí, señalamientos de culpables no han faltado.

Considero que este desastre que ahora padecemos es uno de los peores trances que hemos vivido hasta la fecha en el sector energético y que se ha generado por no tener una política definida del sector y por haber violentado unos principios regulatorios explícitos (de aditividad, de gradualidad, de suficiencia, de «unbundling», de transparencia…). Ahí está el problema para mí. Se ha mezclado todo, lo que ha provocado un problema imposible de resolver.

Sin duda estamos ante una realidad inexplicable y compleja, de la que nada bueno podemos esperar. Es una situación muy triste.

E.D.: En su opinión, ¿considera que hay responsables de esta alarmante situación?

J.D.: Claro que hay culpables que han atravesado numerosas líneas rojas, y ahora es el momento de denunciarlos. Desde el silencio no solucionamos nada, así que hay que decir alto y claro que este ministro, este otro ministro o este secretario de estado han hecho barbaridades, y que con sus acciones, estos señores, de uno u otro bando político, han provocado la situación actual, llevándonos a esta situación.

El actual gobierno está metido en una trampa que, en gran parte, le ha venido dada, pero no hay que olvidar que el concepto de déficit «ex ante» fue inventado ya hace diez años el equipo del antiguo secretario general de la Energía y hoy presidente de REE, José Folgado.

Lo que está claro es que en España hemos innovado mucho y hemos alcanzado algunos objetivos políticos, como ser los abanderados de las energías renovables, pero, ¿a qué precio? Si me apura, hemos conseguido ser eficaces al límite, pero a costa de llegar a una situación insostenible e ineficiente económicamente hablando. Hemos hecho una quijotada, por lo que no creo que sea para ponernos una medalla. Es un desastre.

E.D.: ¿Cuál es para usted la forma idónea de solucionar este caos en el que se encuentra sumido el sector?

J.D.: Para mí, la secuencia sería la suma de una política energética y una regulación. Primero una y luego otra, claro. Respecto a la política, ésta se sostiene sobre tres pilares que son: primero, el mix energético y, segundo, el modelo de gobernanza, modelo empresarial y de sector. Y una vez decidido eso, poner un punto en el triángulo de las tres sostenibilidades: el equilibrio entre la sostenibilidad económica y la medioambiental y la seguridad de suministro.

Para ser más concreto, por mix entiendo las energías primarias que queremos para el futuro, que no tienen que ser necesariamente las que existen en la actualidad. Cuando esas energías ya estén elegidas, tenemos que aceptar que se debe hacer una inversión inicial en innovación y que hay que desarrollar una política industrial asociada para conseguir este mix. Para ello, España tendría que poner parte de su economía al servicio de este mix. Mientras, la gobernanza es cómo quiero que sean mis agentes. Nos tenemos que plantear si queremos que sean públicos, privados o mixtos, si queremos que sean grandes, pequeños, procompetitivos, política de campeones nacionales, etc…. Para mí, la política consistiría en definir esos dos elementos.

Una vez definida la política, entonces tendremos que elegir qué instrumento nos va a permitir llevarla a cabo. Y esa es la regulación. En este punto es donde cometemos el error, al dejar la regulación en manos de los políticos, cuando tiene que pasar a manos de un órgano de regulación independiente. La regulación es complicada en su elaboración, porque sólo responde a los principios fijados y porque debe partir de nuestro pasado energético para caminar hacia el futuro mediante una transición posible. De hecho, el buen regulador es el que consigue una normativa económica que da las señales adecuadas para conseguir aquellos objetivos estipulados con los menores recursos posibles.

No obstante, lo mejor que podría pasar es alcanzar un acuerdo de Estado, aunque le doy todo el derecho del mundo al gobierno de turno a hacer su política, pero una vez hecha, hay que dejar al regulador independiente que haga su trabajo sobre unas líneas marcadas, para que no se meta en política, y haga una regulación eficiente y que emita señales que nos permitan conseguir lo que el país quiere y necesita. Todo ello, claro está, sin llegar a la proposición del Conde de Romanones que dijo aquello de «dejad que hagan las leyes, que yo haré los reglamentos».

Si no actuamos de este modo, no conseguiremos que la CNE vuelva a estar en «hojas cero», sobre todo si además quieren integrarla en un macroregulador «ex post» con otras especialidades que no tienen nada que ver, cuando el organismo energético es un «ex ante». De hecho, sería conveniente evitar situaciones como las que ahora ocurren, con un cuerpo técnico que lo único que puede hacer son propuestas a un consejo politizado, para que luego esta propuesta del consejo no se tenga en cuenta, porque al final el regulador es el Ministerio. Todo esto es de una ineficacia brutal que cuesta mucho dinero, puesto que no cumple el rol que le corresponde.

Por tanto, lo que nos encontramos hoy es el resultado de una chapuza y un despropósito continuado, que no responde a la traslación de política más regulación.

E.D.: ¿El anteproyecto de ley aborda un cambio de modelo energético?

J.D.: En absoluto. Ese es otro gran pecado que hemos cometido, que hay que solventar y que este anteproyecto no corrige. Nuestro modelo energético actual data del año 1998 y está basado en el europeo que se recoge en el tratado de Maastricht, que bebe principalmente de los principios liberalizadores del Congreso de Washington, y en donde se sientan las bases para declarar liberalizadas una serie de actividades que hasta entonces estaban condicionadas a la intervención.

De aquí surge el marco regulatorio actual. Por un lado tenemos actividades liberalizadas, donde el inversor analiza, invierte y explota, es decir, que tiene libre decisión pero por su cuenta y riesgo y sin capacidad para reclamar al Estado. Y por el otro, están las actividades reguladas, en donde se conceden monopolios naturales que devengan en actividades como el transporte o la distribución, con la intención de permitir duplicidades. Ese fue el espíritu del cambio del modelo del 98.

Es preocupante que un ministro puedo llegar a decir que, gracias a las leyes fiscales que está proponiendo el Gobierno, la electricidad ha bajado un 2% para el último trimestre del año. No es correcto colgarse la medalla de que la energía baja por su propuesta de cambio de modelo. Aquí, lo que ha habido es una subasta CESUR en la que se ha producido una rebaja del precio de la electricidad y nada más. Una reducción que bienvenida sea, y que se debe a que el mercado fluctúa según la época del año, no al anteproyecto de ley. Por eso, lo malo es que nadie contesta a este tipo de afirmaciones y así mal nos irá.

E.D.: ¿Cree que con la adopción de estas medidas hay ganadores y perdedores? ¿Considera que el Anteproyecto de Ley se ha elaborado con una intención verdadera de solucionar las cosas?

J.D.: No creo que haya perdedores o ganadores, como tal. Considero que hay una regulación mal hecha. De hecho, creo que esto no es una reforma en sí, es el intento de suturación de un agujero que, quizás de alguna manera, provocará que no vaya a más el déficit de tarifa, pero que no explica cómo se arregla el monto de los 24.000 millones de euros acumulados.

Además, este anteproyecto se basa en muchas falacias y falsedades, pues nos quieren hacer creer que son tasas por imposición medioambiental y sin embargo hacen más daño a las tecnologías menos contaminantes del régimen general. Incluso parapetan la norma como necesaria para obtener la sostenibilidad energética pero, a mi juicio, no es ni lo uno, ni lo otro.

E.D.: ¿Qué consecuencias negativas ve para el régimen especial después de la presentación de este Anteproyecto de Ley?

J.D.: Para empezar, con el Anteproyecto de Ley, el Gobierno ha sentenciado al sector de la cogeneración, y no olvidemos que es un elemento clave en una economía productiva. No hay cogenerador especulador, puesto que con la energía que les sobra, generan electricidad. También es cierto que este negocio marginal ha pasado muchas veces a ser el negocio principal. Sin embargo, con el impuesto a la generación del 6%, más el céntimo al gas, la producción de los cogeneradores dejará márgenes negativos y estará abocada al cierre.

En cuanto a las energías renovables, considero que las primas se han utilizado de una manera que difícilmente se pueden sostener en el tiempo. Además, este sector no ha dejado sustrato de política industrial, lo que obligó a realizar un proceso de innovación que se convirtió en un proceso especulativo en el que los que hicieron mejor negocio fueron los propietarios de los terrenos y los intermediarios de la concesión de los permisos.

En este asunto podemos diferenciar dos Españas: la que ve las renovables como un pelotazo (burbuja fotovoltaica) y los que las ven en clave de economía productiva. Ambas han chocado dentro del régimen especial y ahora se ha querido eliminar la especulación y su efecto ha ido contra el sector.

Por ejemplo, los que han hecho inversiones en termosolar se han acogido a unas señales económicas muy favorables y tienen todo el derecho a reclamar lo que invirtieron en su momento, en base a la regulación que había. Pero cuando un gobierno se equivoca y tiene que corregir, pues se hace, como ya ocurrió anteriormente en dos ocasiones, con la «moratoria nuclear» y el «costes la transición a la competencia». Quizás sea la hora de «los costes de transición por cambio climático» y haya que recomprar a los termosolares sus activos a un precio razonable, sin esperar a cambio los beneficios esperados. Esta es una hipótesis a la que no llegaremos, pero que bien podría ser una posible solución para este momento actual de replanteamiento de modelo energético.

E.D.: ¿Cómo percibe el funcionamiento del mercado eléctrico actual? ¿El anteproyecto de ley propuesto por el Gobierno propone alguna línea de mejora al respecto

J.D.: Soy de los que cree que el sistema no funciona tan mal como algunos nos quieren hacer ver. No es cierto que no exista competencia y tampoco aprecio abusos de poder en el mercado, aunque sí considero que podría haber sistemas más promercado y además existen muchas maneras de que el mercado eléctrico vuelva a recuperar este espíritu libre y competitivo que tenía.

Si se quiere una política energética concreta, pongámosla como una obligación al que vaya a acudir al mercado eléctrico. Además, habría que eliminar las primas de una vez por todas, puesto que esto distorsiona por completo el correcto funcionamiento del mercado.

Sin embargo, no hay voces que hablen de esto. Sólo se oyen propuestas sobre impuestos, de la supuesta lucha entre la triple A y Unesa, las amenazas de deslocalización de los grandes consumidores o las de los consumidores domésticos, que no entienden nada de lo que está ocurriendo. Por tanto, debo decir que mi visión no es muy optimista en este asunto.

Con estas medidas fiscales, el Gobierno está provocando aumentar la ineficacia del sector eléctrico al quitar, por ejemplo, millones y millones a la sección de distribución eléctrica, por lo que se acabó la inversión de esta actividad. Y no hablemos entonces de Smart Grid’s y de innovación.

Todos y cada uno de estos recortes repercutirá en el servicio de continuidad y en la calidad de servicio a los consumidores. Además, ante la falta de dinero, subirán los precios y se animará a la desinversión. Es triste, pero gobiernos elegidos democráticamente hacen estas cosas.

E.D.: ¿Qué posible enfoque se puede ofrecer como solución a esta rocosa situación que vive el sector energético?

J.D.: La resolución de esta situación va para largo. Arreglar esto no es una cuestión de aprobar un real decreto ley, porque esto merecería otro tipo de «approach». Ante un problema de esta magnitud hay que aplicar una terapia, incluso en este caso nos podría servir este anteproyecto de ley, aunque esta medida no solucionará el problema.

La situación se resolvería si volvemos a empezar de cero, si volvemos a los orígenes de cómo se creo todo, puesto que partimos de un problema estructural profundo. Si no hacemos esto, Europa nos reclamará una reforma, porque desde que somos socios europeos no somos libres de hacer cualquier cosa, sino que España tiene que estar en línea con las directivas marcadas desde Bruselas. Lo liberalizado con lo liberalizado y lo regulado con lo regulado. Luego cada país camina en ese filo de forma diferente, incluso lo incumple. Ahí tenemos los casos flagrantes de Francia y de Alemania.

Pero volviendo al tema principal, sólo he oído quejas en torno a que la TUR no se aguanta más, y eso va en la buena dirección. No obstante, veremos si nuestros políticos son capaces de recortar la tarifa hasta los consumos de 3 ó 5 kW, puesto que los titulares pueden ser demoledores y eso asusta a la clase poítica… Y, todo, por un consumo eléctrico que en términos medios supone gastar menos de dos euros al día en electricidad.

Además de tocar la TUR, hay otras posibles soluciones. Hagamos algo para eliminar los subsidios. Hagamos algo para que los mercados sean realmente de oferta, es decir, liberemos al inversor de cualquier otra carga que no sean los permisos medioambientales y luego que realice las ofertas que pueda y compita con el resto en el mercado. Es la única manera de generar competitividad. También se puede separar la propiedad de la distribución y que esté en manos de grupos empresariales que no tengan más de un 5% cada uno, como pasa en Enagás y REE, que además son de las empresas más eficientes que tenemos.

El «unbundling de propiedad» (separación de actividades) en España ha sido un tema tabú. Ni por asomo se nos plantean las separación de propiedad en las actividades de generacíón y distribución de las empresas. No digo que sea la madre de los huevos de oro de la competencia, pero el déficit tarifario nació y fue posible gracias a esto. La deuda proviene de una actividad regulada y se la han colocado al holding. Pues esto, señores, es lo que yo llamo incumplir el principio de «unbundling». Y estamos ante una realidad que necesita hacer cosas, pero, ¿seremos valientes para hacerlas? Tengo mis dudas.

E.D.: ¿Y existe capacidad en la administración para que se pueda afrontar este cambio?

J.D.: Ahora mismo estamos ante un momento de debilidad grandísimo, debido a que hay otras prioridades macroeconómicas encima de la mesa del Gobierno. Sin embargo, el diagnóstico debemos compartirlo y no he oído nunca que se haga una crítica a un modelo en el sentido de volver a los orígenes. Sólo se plantean chapuzas para tapar agujeros.

Seguramente, antes de sacar este anteproyecto de ley a la luz, ha habido cientos de informes previos para ver quiénes salían ganando y quiénes salían perdiendo. Lo único que ha preocupado al Gobierno es cuadrar las medidas con las cuentas de las compañías y lo único que se les ocurre decir es que han debido acertar en su elaboración porque todo el mundo se ha quejado. Esto, según ellos, es la prueba del algodón, pero mal entendida.

Creo que hay solución, pero no sé si hay gallardía para asumirla o capacidad intelectual para llevarla a cabo. De hecho, el Principio de Peter que viene a decir algo así como que «todo el mundo llega a su máximo nivel de incopetencia» se ha cumplido de una forma descarada en el sector de la energía.

E.D.: En alguna ocasión ha hablado de la hibridación en el sector energético, ¿a qué se refiere exactamente?, ¿cree que sería una posible solución?

J.D.:A grosso modo me refiero a los retazos con los que el regulador tiene que trabajar para luego sacar las cosas adelante, es decir, ¿queremos que lo regulado sea regulado?, ¿queremos que lo liberalizado siga siendo absolutamente liberalizado?, ¿queremos que se cumplan ciertos principios de sostenibilidad y que se mantengan dentro de 50 años?

Hibridar, para mí, es acudir al mercado eléctrico, ya sea mayorista o minorista o de OTC’s, siempre que en tu oferta cumplas unos requisitos y porcentajes determinados de lo que el país ha marcado como política energética. Lo que se debe hacer es obligar a un mercado que funciona a poner unas obligaciones para que el que pueda se lleve el gato al agua y oferte a precio. Al no aplicar este sistema, hemos cosechado fracasos estrepitosos en las renovables, como el caso de la fotovoltaica y de la termosolar, porque la eólica aún se salva ligeramente.

¿Es viable? Totalmente, sólo falta voluntad política. Se trata de barajar y dar de nuevo, de partir de cero, pero asegurando que los que han invertido no van a perderse. Sentemos las bases y creemos un nuevo modelo, pero respetando lo anterior y para ello habría que generar unos costes de transición al cambio climático durante unos años. También podría hacerse mediante mecanismos por certificado, aunque no es algo que me convenza después del fracaso de los certificados verdes.

Si se ponen unas reglas del juego claras para que funcione el libre mercado, seguramente los que están cobrando ahora primas se quejarán, porque dirán que se les aboca a la ruina. Pero si queremos arreglar este desaguisado, cada tecnología deberá encontrar la señal adecuada para encontrar su precio en el mercado. Otra cosa es que no creamos en él, como les ocurre a los retroprogresivos o a algunos empresarios, a los que les interesa más manipular al Ministerio que liberarse en el mercado.

La clave está en que haya actividades reguladas, pero sin intereses cruzados y que se produzca la separación de propiedad. Lo que planteo es la formación de un modelo global, pero muy simple que necesita de un desarrollo muy difícil para llevarlo a cabo. La complejidad está en tratar de armonizar el enredo actual con este fututo. Siempre los periodos de tránsito son los más complicados, pero veo perfectamente posible la aplicación de este sistema y no considero que la hibridación sea una utopía.

«Primero, una política energética. Después, la regulación»

Comenzamos nuestro encuentro con Jordi Dolader, unos días después de la presentación del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenbilidad Energética. Antes de entrar en el cuestionario sobre esta norma, mantenemos una conversación en la que tratamos la situación de fondo y la trayectoria seguida por el sector eléctrico.

ENERGÍA DIARIO: ¿Qué percepción tiene usted de la situación actual que se vive dentro del sector eléctrico?

JORDI DOLADER: La situación que vivimos en la actualidad, con un déficit de tarifa de más de 24.000 millones de euros, supera ya lo sectorial y alcanza niveles macroeconómicos, además de distorsionar los mercados, porque ahora ya no hay nada más regulado que la energía ofertada en el mercado.

A mí me han llamado poderosamente la atención los silencios, que han sido abrumadores. Nadie, ni desde dentro, ni desde fuera, ha alzado la voz para denunciar todo lo que estaba pasando en el sector. Incluso, desde la Unión Europea ha existido ese silencio. Eso sí, señalamientos de culpables no han faltado.

Considero que este desastre que ahora padecemos es uno de los peores trances que hemos vivido hasta la fecha en el sector energético y que se ha generado por no tener una política definida del sector y por haber violentado unos principios regulatorios explícitos (de aditividad, de gradualidad, de suficiencia, de «unbundling», de transparencia…). Ahí está el problema para mí. Se ha mezclado todo, lo que ha provocado un problema imposible de resolver.

Sin duda estamos ante una realidad inexplicable y compleja, de la que nada bueno podemos esperar. Es una situación muy triste.

E.D.: En su opinión, ¿considera que hay responsables de esta alarmante situación?

J.D.: Claro que hay culpables que han atravesado numerosas líneas rojas, y ahora es el momento de denunciarlos. Desde el silencio no solucionamos nada, así que hay que decir alto y claro que este ministro, este otro ministro o este secretario de estado han hecho barbaridades, y que con sus acciones, estos señores, de uno u otro bando político, han provocado la situación actual, llevándonos a esta situación.

El actual gobierno está metido en una trampa que, en gran parte, le ha venido dada, pero no hay que olvidar que el concepto de déficit «ex ante» fue inventado ya hace diez años el equipo del antiguo secretario general de la Energía y hoy presidente de REE, José Folgado.

Lo que está claro es que en España hemos innovado mucho y hemos alcanzado algunos objetivos políticos, como ser los abanderados de las energías renovables, pero, ¿a qué precio? Si me apura, hemos conseguido ser eficaces al límite, pero a costa de llegar a una situación insostenible e ineficiente económicamente hablando. Hemos hecho una quijotada, por lo que no creo que sea para ponernos una medalla. Es un desastre.

E.D.: ¿Cuál es para usted la forma idónea de solucionar este caos en el que se encuentra sumido el sector?

J.D.: Para mí, la secuencia sería la suma de una política energética y una regulación. Primero una y luego otra, claro. Respecto a la política, ésta se sostiene sobre tres pilares que son: primero, el mix energético y, segundo, el modelo de gobernanza, modelo empresarial y de sector. Y una vez decidido eso, poner un punto en el triángulo de las tres sostenibilidades: el equilibrio entre la sostenibilidad económica y la medioambiental y la seguridad de suministro.

Para ser más concreto, por mix entiendo las energías primarias que queremos para el futuro, que no tienen que ser necesariamente las que existen en la actualidad. Cuando esas energías ya estén elegidas, tenemos que aceptar que se debe hacer una inversión inicial en innovación y que hay que desarrollar una política industrial asociada para conseguir este mix. Para ello, España tendría que poner parte de su economía al servicio de este mix. Mientras, la gobernanza es cómo quiero que sean mis agentes. Nos tenemos que plantear si queremos que sean públicos, privados o mixtos, si queremos que sean grandes, pequeños, procompetitivos, política de campeones nacionales, etc…. Para mí, la política consistiría en definir esos dos elementos.

Una vez definida la política, entonces tendremos que elegir qué instrumento nos va a permitir llevarla a cabo. Y esa es la regulación. En este punto es donde cometemos el error, al dejar la regulación en manos de los políticos, cuando tiene que pasar a manos de un órgano de regulación independiente. La regulación es complicada en su elaboración, porque sólo responde a los principios fijados y porque debe partir de nuestro pasado energético para caminar hacia el futuro mediante una transición posible. De hecho, el buen regulador es el que consigue una normativa económica que da las señales adecuadas para conseguir aquellos objetivos estipulados con los menores recursos posibles.

No obstante, lo mejor que podría pasar es alcanzar un acuerdo de Estado, aunque le doy todo el derecho del mundo al gobierno de turno a hacer su política, pero una vez hecha, hay que dejar al regulador independiente que haga su trabajo sobre unas líneas marcadas, para que no se meta en política, y haga una regulación eficiente y que emita señales que nos permitan conseguir lo que el país quiere y necesita. Todo ello, claro está, sin llegar a la proposición del Conde de Romanones que dijo aquello de «dejad que hagan las leyes, que yo haré los reglamentos».

Si no actuamos de este modo, no conseguiremos que la CNE vuelva a estar en «hojas cero», sobre todo si además quieren integrarla en un macroregulador «ex post» con otras especialidades que no tienen nada que ver, cuando el organismo energético es un «ex ante». De hecho, sería conveniente evitar situaciones como las que ahora ocurren, con un cuerpo técnico que lo único que puede hacer son propuestas a un consejo politizado, para que luego esta propuesta del consejo no se tenga en cuenta, porque al final el regulador es el Ministerio. Todo esto es de una ineficacia brutal que cuesta mucho dinero, puesto que no cumple el rol que le corresponde.

Por tanto, lo que nos encontramos hoy es el resultado de una chapuza y un despropósito continuado, que no responde a la traslación de política más regulación.

E.D.: ¿El anteproyecto de ley aborda un cambio de modelo energético?

J.D.: En absoluto. Ese es otro gran pecado que hemos cometido, que hay que solventar y que este anteproyecto no corrige. Nuestro modelo energético actual data del año 1998 y está basado en el europeo que se recoge en el tratado de Maastricht, que bebe principalmente de los principios liberalizadores del Congreso de Washington, y en donde se sientan las bases para declarar liberalizadas una serie de actividades que hasta entonces estaban condicionadas a la intervención.

De aquí surge el marco regulatorio actual. Por un lado tenemos actividades liberalizadas, donde el inversor analiza, invierte y explota, es decir, que tiene libre decisión pero por su cuenta y riesgo y sin capacidad para reclamar al Estado. Y por el otro, están las actividades reguladas, en donde se conceden monopolios naturales que devengan en actividades como el transporte o la distribución, con la intención de permitir duplicidades. Ese fue el espíritu del cambio del modelo del 98.

Es preocupante que un ministro puedo llegar a decir que, gracias a las leyes fiscales que está proponiendo el Gobierno, la electricidad ha bajado un 2% para el último trimestre del año. No es correcto colgarse la medalla de que la energía baja por su propuesta de cambio de modelo. Aquí, lo que ha habido es una subasta CESUR en la que se ha producido una rebaja del precio de la electricidad y nada más. Una reducción que bienvenida sea, y que se debe a que el mercado fluctúa según la época del año, no al anteproyecto de ley. Por eso, lo malo es que nadie contesta a este tipo de afirmaciones y así mal nos irá.

E.D.: ¿Cree que con la adopción de estas medidas hay ganadores y perdedores? ¿Considera que el Anteproyecto de Ley se ha elaborado con una intención verdadera de solucionar las cosas?

J.D.: No creo que haya perdedores o ganadores, como tal. Considero que hay una regulación mal hecha. De hecho, creo que esto no es una reforma en sí, es el intento de suturación de un agujero que, quizás de alguna manera, provocará que no vaya a más el déficit de tarifa, pero que no explica cómo se arregla el monto de los 24.000 millones de euros acumulados.

Además, este anteproyecto se basa en muchas falacias y falsedades, pues nos quieren hacer creer que son tasas por imposición medioambiental y sin embargo hacen más daño a las tecnologías menos contaminantes del régimen general. Incluso parapetan la norma como necesaria para obtener la sostenibilidad energética pero, a mi juicio, no es ni lo uno, ni lo otro.

E.D.: ¿Qué consecuencias negativas ve para el régimen especial después de la presentación de este Anteproyecto de Ley?

J.D.: Para empezar, con el Anteproyecto de Ley, el Gobierno ha sentenciado al sector de la cogeneración, y no olvidemos que es un elemento clave en una economía productiva. No hay cogenerador especulador, puesto que con la energía que les sobra, generan electricidad. También es cierto que este negocio marginal ha pasado muchas veces a ser el negocio principal. Sin embargo, con el impuesto a la generación del 6%, más el céntimo al gas, la producción de los cogeneradores dejará márgenes negativos y estará abocada al cierre.

En cuanto a las energías renovables, considero que las primas se han utilizado de una manera que difícilmente se pueden sostener en el tiempo. Además, este sector no ha dejado sustrato de política industrial, lo que obligó a realizar un proceso de innovación que se convirtió en un proceso especulativo en el que los que hicieron mejor negocio fueron los propietarios de los terrenos y los intermediarios de la concesión de los permisos.

En este asunto podemos diferenciar dos Españas: la que ve las renovables como un pelotazo (burbuja fotovoltaica) y los que las ven en clave de economía productiva. Ambas han chocado dentro del régimen especial y ahora se ha querido eliminar la especulación y su efecto ha ido contra el sector.

Por ejemplo, los que han hecho inversiones en termosolar se han acogido a unas señales económicas muy favorables y tienen todo el derecho a reclamar lo que invirtieron en su momento, en base a la regulación que había. Pero cuando un gobierno se equivoca y tiene que corregir, pues se hace, como ya ocurrió anteriormente en dos ocasiones, con la «moratoria nuclear» y el «costes la transición a la competencia». Quizás sea la hora de «los costes de transición por cambio climático» y haya que recomprar a los termosolares sus activos a un precio razonable, sin esperar a cambio los beneficios esperados. Esta es una hipótesis a la que no llegaremos, pero que bien podría ser una posible solución para este momento actual de replanteamiento de modelo energético.

E.D.: ¿Cómo percibe el funcionamiento del mercado eléctrico actual? ¿El anteproyecto de ley propuesto por el Gobierno propone alguna línea de mejora al respecto

J.D.: Soy de los que cree que el sistema no funciona tan mal como algunos nos quieren hacer ver. No es cierto que no exista competencia y tampoco aprecio abusos de poder en el mercado, aunque sí considero que podría haber sistemas más promercado y además existen muchas maneras de que el mercado eléctrico vuelva a recuperar este espíritu libre y competitivo que tenía.

Si se quiere una política energética concreta, pongámosla como una obligación al que vaya a acudir al mercado eléctrico. Además, habría que eliminar las primas de una vez por todas, puesto que esto distorsiona por completo el correcto funcionamiento del mercado.

Sin embargo, no hay voces que hablen de esto. Sólo se oyen propuestas sobre impuestos, de la supuesta lucha entre la triple A y Unesa, las amenazas de deslocalización de los grandes consumidores o las de los consumidores domésticos, que no entienden nada de lo que está ocurriendo. Por tanto, debo decir que mi visión no es muy optimista en este asunto.

Con estas medidas fiscales, el Gobierno está provocando aumentar la ineficacia del sector eléctrico al quitar, por ejemplo, millones y millones a la sección de distribución eléctrica, por lo que se acabó la inversión de esta actividad. Y no hablemos entonces de Smart Grid’s y de innovación.

Todos y cada uno de estos recortes repercutirá en el servicio de continuidad y en la calidad de servicio a los consumidores. Además, ante la falta de dinero, subirán los precios y se animará a la desinversión. Es triste, pero gobiernos elegidos democráticamente hacen estas cosas.

E.D.: ¿Qué posible enfoque se puede ofrecer como solución a esta rocosa situación que vive el sector energético?

J.D.: La resolución de esta situación va para largo. Arreglar esto no es una cuestión de aprobar un real decreto ley, porque esto merecería otro tipo de «approach». Ante un problema de esta magnitud hay que aplicar una terapia, incluso en este caso nos podría servir este anteproyecto de ley, aunque esta medida no solucionará el problema.

La situación se resolvería si volvemos a empezar de cero, si volvemos a los orígenes de cómo se creo todo, puesto que partimos de un problema estructural profundo. Si no hacemos esto, Europa nos reclamará una reforma, porque desde que somos socios europeos no somos libres de hacer cualquier cosa, sino que España tiene que estar en línea con las directivas marcadas desde Bruselas. Lo liberalizado con lo liberalizado y lo regulado con lo regulado. Luego cada país camina en ese filo de forma diferente, incluso lo incumple. Ahí tenemos los casos flagrantes de Francia y de Alemania.

Pero volviendo al tema principal, sólo he oído quejas en torno a que la TUR no se aguanta más, y eso va en la buena dirección. No obstante, veremos si nuestros políticos son capaces de recortar la tarifa hasta los consumos de 3 ó 5 kW, puesto que los titulares pueden ser demoledores y eso asusta a la clase poítica… Y, todo, por un consumo eléctrico que en términos medios supone gastar menos de dos euros al día en electricidad.

Además de tocar la TUR, hay otras posibles soluciones. Hagamos algo para eliminar los subsidios. Hagamos algo para que los mercados sean realmente de oferta, es decir, liberemos al inversor de cualquier otra carga que no sean los permisos medioambientales y luego que realice las ofertas que pueda y compita con el resto en el mercado. Es la única manera de generar competitividad. También se puede separar la propiedad de la distribución y que esté en manos de grupos empresariales que no tengan más de un 5% cada uno, como pasa en Enagás y REE, que además son de las empresas más eficientes que tenemos.

El «unbundling de propiedad» (separación de actividades) en España ha sido un tema tabú. Ni por asomo se nos plantean las separación de propiedad en las actividades de generacíón y distribución de las empresas. No digo que sea la madre de los huevos de oro de la competencia, pero el déficit tarifario nació y fue posible gracias a esto. La deuda proviene de una actividad regulada y se la han colocado al holding. Pues esto, señores, es lo que yo llamo incumplir el principio de «unbundling». Y estamos ante una realidad que necesita hacer cosas, pero, ¿seremos valientes para hacerlas? Tengo mis dudas.

E.D.: ¿Y existe capacidad en la administración para que se pueda afrontar este cambio?

J.D.: Ahora mismo estamos ante un momento de debilidad grandísimo, debido a que hay otras prioridades macroeconómicas encima de la mesa del Gobierno. Sin embargo, el diagnóstico debemos compartirlo y no he oído nunca que se haga una crítica a un modelo en el sentido de volver a los orígenes. Sólo se plantean chapuzas para tapar agujeros.

Seguramente, antes de sacar este anteproyecto de ley a la luz, ha habido cientos de informes previos para ver quiénes salían ganando y quiénes salían perdiendo. Lo único que ha preocupado al Gobierno es cuadrar las medidas con las cuentas de las compañías y lo único que se les ocurre decir es que han debido acertar en su elaboración porque todo el mundo se ha quejado. Esto, según ellos, es la prueba del algodón, pero mal entendida.

Creo que hay solución, pero no sé si hay gallardía para asumirla o capacidad intelectual para llevarla a cabo. De hecho, el Principio de Peter que viene a decir algo así como que «todo el mundo llega a su máximo nivel de incopetencia» se ha cumplido de una forma descarada en el sector de la energía.

E.D.: En alguna ocasión ha hablado de la hibridación en el sector energético, ¿a qué se refiere exactamente?, ¿cree que sería una posible solución?

J.D.:A grosso modo me refiero a los retazos con los que el regulador tiene que trabajar para luego sacar las cosas adelante, es decir, ¿queremos que lo regulado sea regulado?, ¿queremos que lo liberalizado siga siendo absolutamente liberalizado?, ¿queremos que se cumplan ciertos principios de sostenibilidad y que se mantengan dentro de 50 años?

Hibridar, para mí, es acudir al mercado eléctrico, ya sea mayorista o minorista o de OTC’s, siempre que en tu oferta cumplas unos requisitos y porcentajes determinados de lo que el país ha marcado como política energética. Lo que se debe hacer es obligar a un mercado que funciona a poner unas obligaciones para que el que pueda se lleve el gato al agua y oferte a precio. Al no aplicar este sistema, hemos cosechado fracasos estrepitosos en las renovables, como el caso de la fotovoltaica y de la termosolar, porque la eólica aún se salva ligeramente.

¿Es viable? Totalmente, sólo falta voluntad política. Se trata de barajar y dar de nuevo, de partir de cero, pero asegurando que los que han invertido no van a perderse. Sentemos las bases y creemos un nuevo modelo, pero respetando lo anterior y para ello habría que generar unos costes de transición al cambio climático durante unos años. También podría hacerse mediante mecanismos por certificado, aunque no es algo que me convenza después del fracaso de los certificados verdes.

Si se ponen unas reglas del juego claras para que funcione el libre mercado, seguramente los que están cobrando ahora primas se quejarán, porque dirán que se les aboca a la ruina. Pero si queremos arreglar este desaguisado, cada tecnología deberá encontrar la señal adecuada para encontrar su precio en el mercado. Otra cosa es que no creamos en él, como les ocurre a los retroprogresivos o a algunos empresarios, a los que les interesa más manipular al Ministerio que liberarse en el mercado.

La clave está en que haya actividades reguladas, pero sin intereses cruzados y que se produzca la separación de propiedad. Lo que planteo es la formación de un modelo global, pero muy simple que necesita de un desarrollo muy difícil para llevarlo a cabo. La complejidad está en tratar de armonizar el enredo actual con este fututo. Siempre los periodos de tránsito son los más complicados, pero veo perfectamente posible la aplicación de este sistema y no considero que la hibridación sea una utopía.

«España debe tener un papel importante en la seguridad de suministro y la integración del mercado del gas europeo»

ENERGÍA DIARIO.: Sectores energéticos renovables, fundamentalmente el termosolar, les acusan de haber incurrido en un proceso de sobreinversión en nuevos ciclos combinados. ¿Existe ese proceso de sobreinversión en el parque de instalaciones de generación eléctrica mediante ciclos combinados?

ANTONI PERIS.: Partiendo de una lógica que afirma que lo que estaba antes se tiene que ir para dejar paso a lo que entra ahora, tenemos que tener en cuenta que si hablamos de instalaciones que tienen entre 25 y 30 años, estamos hablando de un tema de cambio de ciclo tecnológico y finalización de vida útil de instalaciones, algo que entra dentro de lo razonable, por ser su tecnología obsoleta e insuficiente. Pero en el caso de los ciclos combinados, el pico de la puesta en marcha de estas centrales fue entre el año 2008 y el 2009, aunque su planificación energética fuese muy anterior. Por lo tanto, estamos hablando de instalaciones muy recientes que, a su vez, coinciden con la entrada de nueva potencia renovable.

Por ello, con la crisis económica que estamos viviendo, yo me pregunto si tiene sentido que estemos infrautilizando estas centrales de ciclo combinado totalmente nuevas para poner otras en marcha que habrá que pagar en el futuro mediante una prima elevada, porque a pesar de que la energía primaria de las renovables es gratuita, el coste por MW producido es de tal nivel que cuesta hasta diez veces más que las tecnologías convencionales más eficientes.

¿Tiene sentido una entrada masiva de renovables? ¿Tiene sentido poner tantas instalaciones en funcionamiento o hubiera tenido más sentido hacerlo de forma más pausada para cumplir nuestros compromisos medioambientales y no encontrarnos con instalaciones de tecnologías que ya nadie utiliza y que vamos a tener que pagar durante 15 años?

Sin dejar de lado el respeto al medio ambiente y la innovación tecnológica, lo que tenemos que hacer es aquello que tenga cabida desde el punto de vista económico y no ir más allá de lo que realmente podemos pagar. Además, debemos sacar provecho de la curva de aprendizaje del cambio tecnológico en todas las renovables, en donde hemos ido muy por delante en su instalación y hemos instalado potencia que en este momento no está siendo lo eficiente, en términos productivos, que podría ser si las instaláramos ahora, aunque cabe destacar que el único sector dónde este alineamiento ha estado sincronizado es en el caso de las tecnología eólica.

Haber ganado tres años en el objetivo de las renovables nos ha puesto en una situación muy complicada que, además, ha exigido unas primas muy altas por esa ineficiencia que tenía la instalación. Hay que recordar que en la planificación gubernamental se habían acordado entre 400 y 500 MW de fotovoltaica y se instalaron 5.000 MW, es decir, diez veces más.

De este modo, se produjo una situación compleja y preocupante que se vuelve a repetir ahora con el desarrollo excesivo de la potencia termosolar sin tener en cuenta que, para avanzar tecnológicamente, hay que tener un Know how para que el aprendizaje tecnológico y la eficiencia vayan acompasados.

Es evidente que las energías renovables son unas tecnologías con futuro y pueden suponer una oportunidad de posicionamiento tecnológico para España, algo que no discutimos. La cuestión sería en qué plazo y cómo se debería hacer para no provocar las tensiones económicas que están generando estas instalaciones puesto que, cada mes que pasa, se incrementan los costes derivados de su ineficiencia.

La situación actual es la que es y si la miramos en términos económicos, por eficiencia y coste final, las renovables tal y como se han desarrollado no tendrían cabida en el sistema, sin embargo, tienen su papel y hay que contemplarlo como clave para entender esta situación.

E.D.: ¿Es cierto que los propietarios de las centrales de ciclo combinado se están planteando el cierre de estas centrales en vista de su escaso funcionamiento?

A.P.: Como representante de Sedigas, debo decir que los ciclos combinados no forman parte de la asociación, sino que son las empresas asociadas las que son titulares de las centrales. No obstante, el ciclo combinado es un consumo más del sistema gasista, con gran peso en el sector y que obliga a hacer inversiones, que es lo que realmente nos preocupa.

Sin embargo, entra dentro de lo razonable que alguien se cuestione detener una central si el funcionamiento de la misma y sus ingresos son cada vez menores, cuando la fuente de entrada de capital de los ciclos combinados va asociada al número de horas que funcionan. Por tanto, es lógico plantear el corte de los ingresos al no tener todos los costes operativos, incluso la posibilidad de llevarse las turbinas a otro lugar.

Por otro lado, REE siempre ha sido muy reacia a perder potencia instalada, puesto que siempre ha buscado tener más márgenes de seguridad de suministro y de disponibilidad. No contar con estas centrales existentes, mermaría la flexibilidad que proporcionan a pesar de que ahora funcionan de un modo más reducido.

E.D.: De cara a la resolución del déficit tarifario eléctrico y las informaciones que van apareciendo y que señalan, entre otras cuestiones, la modificación de la imposición a la generación, con tasas generales o selectivas, la posibilidad de reducción de costes regulados, incluyendo también el posible efecto de los pagos por capacidad de los ciclos combinados, ¿cómo valora estas medidas? ¿y qué es lo que pide al Gobierno porque, aunque se trata de una regulación para el déficit tarifario eléctrico, afecta lógicamente al sector gasista?

A.P.: Sobre las medidas específicas al sector eléctrico poco podemos decir porque Sedigas no conoce en absoluto los detalles, ni hemos estudiado la situación.

Lo único que podemos pedir, y es más un deseo que una petición, es que el Gobierno acierte tomando las medidas necesarias para que este problema, que está afectando al equilibrio del sistema energético español, se resuelva. Un déficit de más de 20.000 millones de euros es de todo, menos sano, y es obvio que es un problema que hay que resolver cuanto antes.

En lo que respecta al sector gasista, lo que nos preocupa es que las decisiones que se tomen, nos lleven a una mayor reducción en la demanda para la generación eléctrica que se produzca en el sistema gasista, una situación que puede venir por dos vías.

Por un lado, por una mayor reducción del hueco térmico que hará que cada vez funcionen menos los ciclos combinados, que no es lo deseable y lo lógico. Los ciclos son una tecnología muy eficiente y da garantías al suministro del sistema, utiliza la materia prima no renovable más eficiente y menos contaminante que hay y su coste es muy competitivo. Por eso, creemos y pedimos que el hueco térmico deje de reducirse y volvamos a recuperar parte de esa cuota que teníamos y que permitiría un mejor equilibrio en el sistema gasista.

Por el otro, todo lo relacionado con la cogeneración se ha visto afectado por la eliminación de las primas a todas aquellas instalaciones que no estén inscritas en el pre-registro, con licencia y con las condiciones impuestas por el Ministerio de Industria. La cogeneración, que tiene un impacto enorme en la competitividad de la industria española, está en una situación de in pass puesto que las instalaciones nuevas no tendrán ningún tipo de prima. Además, no podemos olvidar que el plan para renovar instalaciones de más de 15 años y que utilizan combustibles más contaminantes y menos eficientes está ahora en suspenso.

Sin entrar en valoraciones de qué medidas va a tomar el Gobierno para cada uno de los sectores y subsectores que hay en el sistema eléctrico, lo que nosotros estamos planteándole al Ministerio es que, cuando se estudien las soluciones para atajar el déficit eléctrico, no olvide que algunas de esas soluciones impactan en el equilibrio del sistema gasista y, por tanto, o bien ayudan a que la situación nuestra mejore o bien la hacen empeorar y ahí si que le pedimos que no la empeoren, claro.

E.D.: ¿Qué opina sobre el papel que puede ejercer España como país de tránsito en el transporte de gas en el conocido como corredor ibérico del gas? ¿Cómo sigue el proceso de las conexiones internacionales? ¿Han sufrido éstas inversiones algún tipo de recorte o retraso en su ejecución?

A.P.: Nosotros creemos que nuestro país tiene y debe tener un papel importante en lo que sería la seguridad del suministro europeo. A España, desde el punto de vista de la seguridad de suministro, le interesa estar lo más integrada posible en Europa. Nosotros tenemos algunos puntos fuertes y otros que no lo son tanto, como por ejemplo los almacenamientos subterráneos, que por mucho que queramos invertir, nuestro subsuelo está muy por debajo de la media europea y no llegará a la altura del subsuelo francés o alemán que tienen una capacidad de almacenamiento importante.

Por esta razón, una mayor integración de España en el sistema gasista europeo beneficiará a ambas partes, permitiendo a nuestro país integrarse plenamente y convertirse en lo que es la puerta, no sólo del gas del norte de África o del gas argelino, sino también del GNL de todo el mundo. España tiene una gran capacidad de regasificación e incluso de recarga de barcos, dando paso a la descarga de los buques más grandes del mundo en los puertos españoles e incluso a los metaneros de menor porte.

En este sentido, creemos que tenemos un papel muy importante que se va a potenciar entre 2013 y 2015 con la entrada en funcionamiento del gasoducto de Larrau (2013) y el de Biriatou (2015), que nos dará 7,5 bcm más de capacidad para exportación, que es un 20% de la demanda agregada de España, que es de unos 38 bcm, lo cual es importante. Otras decisiones que están pendientes son la interconexión del Midcat que nos daría una salida importante por toda la cuenca del Mediterráneo para acabar de perfilar el tema del hub.

También es importante que sepamos enfocar bien el esquema de los peajes de tránsito, para que realmente no mermemos la competitividad de ese gas. En este sentido, debemos saber cuál es la estrategia de precios para ser realmente competitivo y, por descontado, poder disponer de un precio de referencia del gas con materia prima vía hub, que nos ayudará a colocarnos como mercado de transacción. Es difícil consolidarse como mercado si no tienes una referencia de precios de tipo abierto público que es lo que te configura un hub.

De lo que sí estamos convencidos es de que España puede tener un papel importante en lo que sería la seguridad de suministro y la integración del mercado del gas europeo.

E.D.: Respecto al tema de la obtención de gases no convencionales, ¿cómo veis el impacto en los mercados de aprovisionamiento, los precios y las previsiones que podemos hacer sobre las primeras iniciativas en España?

A.P.: El gas no convencional es el que, en vez de estar dentro de una bolsa de gas, está entre capas geológicas y, por tanto, aunque sigue siendo metano, hay que hacer un proceso de liberación y luego, mediante un sistema mas sofisticado, extraerlo.

Con este tipo de gas se ha pasado de tener 60 años de reservas de gas convencional a más de 260 años de gas convencional y no convencional, si no recuerdo mal, por lo que hemos añadido 200 años. De este modo se incrementan las reservas de una forma exponencial y se diversifican los lugares donde hay reservas.

Hoy el gas, estando más diversificado en el mundo que el petróleo, sigue estando sesgado en aquellos países que están muy alejados de los puntos de consumo y en los que sus políticas geopolíticas no son muy estables. Sin duda, con el gas no convencional lo que se está haciendo es acercarlo a los puntos de consumo mediante asociaciones a antiguas zonas carboníferas o estructuras geológicas.

Por otra parte, en Estados Unidos han demostrado, por la vía de sus precios actuales, que el precio final del gas no convencional está alejado de los precios de los gases convencionales.

Hoy existen tres mercados en el mundo: el americano con un precio de 2 dólares el millón de BTU (Unidades Térmicas Británicas), el de la cuenca atlántica que está entre 12 y 14 dólares el millón de BTU y el asiático entre 16 y 18 dólares el millón del BTU.

Esto configura tres tipos de precios distintos y te esta diciendo que los que han podido tener reservas importantes de shale gas (no convencional) se han alejado de estos precios altos y están teniendo unos precios realmente bajos.

Entendemos que hay una oportunidad que vale la pena recorrer tanto por disponibilidad de reservas como por costes sin desconocer que es una tecnología que, como todas aquellas que empiezan, han tenido que ajustar sus condiciones de operación y de explotación para que una serie de problemas medioambientales sean resueltos. En este punto se encuentran los americanos, cuyo tipo de operaciones ya no son tan intensivas en utilización de espacio como lo eran antes y están empezando a utilizar la perforación horizontal en lugar de hacer muchos pozos verticales.

De hecho, Estados Unidos era un país que tenia que importar GNL y eso hacia que el gas no tuviera una presencia importante en la matriz energética norteamericana, porque ellos son muy celosos de depender de una energía al 100% de fuera.

A la vista de esto, en Europa hay una situación distinta. Polonia está apostando por el gas no convencional porque tiene reservas de carbón y de shale gas muy importantes, mientras que en Francia no se está permitiendo el desarrollo de esta tecnología. En España, que no es rico en hidrocarburos, hay un proyecto en marcha, en Álava, y otros proyectos en fase de estudio, por lo que habría que determinar si existe o no su potencial teórico, cuantas reservas habría y que es lo que podríamos obtener.

Desde Sedigas, creemos que cualquier proyecto que permita desarrollar la producción propia de hidrocarburos debería ser bienvenido y tenemos que impulsarlo, por lo que no podemos permitirnos el lujo de no desarrollarla. Esta tecnología podría ayudar a España, que es un país con una producción muy baja de gas, a reducir su dependencia exterior, no de forma espectacular, pero si para dar un paso a una mayor producción del gas nacional.

Hay otro tipo de gas no convencional que son los gases de síntesis, con los que se está trabajando en Europa la posibilidad de producir gas a partir de residuos o de cultivos dedicados, como hacen los alemanes y que les está permitiendo tener el llamado “gas verde” porque no emite CO2. En España está la experiencia de Valdemingómez (Madrid) que está casi en fase de puesta a disposición del gas inyectado al sistema y que es un gas que proviene de residuos.

Nacido en Barcelona (1956), Peris es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y PADE por el IESE. Se incorporó al Grupo Gas Natural Fenosa en 1984, ejerciendo cargos de responsabilidad en diferentes áreas de Catalana de Gas, hasta que en 1992 se trasladó a Argentina como director técnico de Gas Natural BAN, donde más tarde se hizo responsable de la Dirección General. Posteriormente fue nombrado country manager en las compañías del Grupo en Colombia y Argentina, y en 2005 volvió a España para ocupar la dirección general de Transporte y Distribución en España. Desde 2006 era director general de Negocio Regulado de la compañía. En 2007 fue nombrado presidente de la Asociación Española del Gas, Sedigas.

«El problema de los ciclos combinados no es su exceso de instalación, sino que su grado de utilización ha bajado un 40%»

ENERGÍA DIARIO.: Recientemente, durante la reunión anual del sector gasita, usted abogó por el desarrollo de un marco regulatorio estable, ¿con qué objetivo y qué es lo que reclama al Gobierno en este sentido?

ANTONI PERIS.: Desde nuestro punto de vista, el sector gasista tiene un sistema de funcionamiento que se ha ido manteniendo en el tiempo con los ajustes regulatorios lógicos. Por lo tanto, lo que pedimos es que, en este momento complejo para el sector energético, un sistema como el gasista, que ha funcionado razonablemente bien a lo largo de los últimos años, no se vea alterado en sus principios básicos por las medidas que tome el Gobierno, si bien es verdad que hay puntos que hay que revisar y tenemos que ver cómo se llevan a cabo ciertos ajustes.

Cuando el sector reclama estabilidad, no está pidiendo continuidad. Lo que queremos, fundamentalmente, es predictibilidad y que se tenga en cuenta que este es un sector que durante los últimos diez años ha hecho un esfuerzo de inversión muy importante a largo plazo. Dentro de lo razonable, nosotros asumimos los riesgos, pero entendemos que las decisiones gubernamentales no pueden alterar los criterios con los que se han llevado a cabo decisiones de tipo económico en el pasado.

Por este motivo, lo que estamos reivindicando es que cuando haya cambios regulatorios se tengan en cuenta los impactos que estos tienen en todas las tramas de la actividad energética y que, en nuestro caso, ha desembocado en un problema coyuntural de déficit que se espera resolver a corto o medio plazo con las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado mes de marzo y que deseamos que pongan fin a este problema para lograr un sistema de ingresos y gastos equilibrado.

E.D.: ¿Cuáles son los orígenes de este reciente déficit tarifario en el sector gasista y a qué se debe su existencia?

A.P.: Para el sector gasista, este déficit no es estructural, puesto que entendemos que se debe a una situación coyuntural y viene derivado de tres componentes.

El primero es consustancial y viene intrínseco con la fórmula de evolución de los peajes que, en el sistema gasista, tiene siempre en cuenta una previsión «ex ante» del número de clientes y ventas que habrá el año siguiente, por lo que se genera un desajuste que puede llevar a un déficit o a un superávit.

El segundo de ellos, es la reducción del hueco térmico, debido a una entrada importante de renovables y por las subvenciones al carbón nacional, y que ha provocado una reducción importante de las ventas por generación eléctrica en el mercado doméstico (que es el que más aporta a los ingresos del sistema) desde el año 2008.

Por último, no hay que olvidar la crisis económica que estamos padeciendo y que el 2011 fue un año especialmente cálido, por lo que las previsiones de ventas no alcanzaron los objetivos marcados.

E.D.: ¿En qué modo se ha visto afectado el sector del gas tras la medidas adoptadas por el Gobierno el pasado 30 de marzo?

A.P.: El sistema gasista español está integrado en el sistema energético y vinculado directamente al sistema eléctrico. Esta cercanía hace que las medidas que se están tomando para atajar el déficit de tarifa del sector eléctrico afecten a nuestro sector, a la vez que repercuten en el denominado hueco térmico.

Desde 2008, año que supuso el pico de nuestro sector en España, los ciclos combinados han bajado su demanda hasta en un 40%, que a todas luces es una cifra de consumo que está alejada del impacto de la crisis económica y que está íntimamente ligada a la producción del hueco térmico, es decir, al espacio que tienen los ciclos para actuar.

El Gobierno, con las medidas que aprobó antes de Semana Santa, lo que hizo fue detener los proyectos de transporte básico y secundario y aumentar la vida útil de los almacenamientos subterráneos, con lo que puso en revisión todo el plan de infraestructuras aprobado en años anteriores.

Además, el Ejecutivo amplió los plazos de amortización de este tipo de instalaciones con lo cual, cuando se tengan que pagar, el impacto será menor que el que había ahora, lo que reduce a futuro la tensión para el pago. De esta manera, el cobro del proyecto se realiza al año siguiente de haber puesto en servicio la instalación, mientras que ahora se hacía en el mismo año.

Se trata, por el momento, de medidas paliativas y que harán que esta tensión que teníamos se relaje y que para el periodo 2012-2013 no tengamos mayores problemas.

E.D.: ¿Existe un proceso de sobreinversión respecto a las instalaciones de transporte y almacenamiento gasista? ¿Qué tipo de soluciones ve para solventar este problema?

A.P.: No podemos decir que haya un proceso de sobredimensionamiento, ni mucho menos, porque la demanda de potencia instalada que hay en España es la del año 2008 incrementada. Lo que está ocurriendo es que los ciclos combinados funcionan un 40% menos, es decir, casi la mitad de las horas de su funcionamiento programado. Cuando lo miras con referencias medias o totales anuales, vemos que su utilización si que ha bajado y eso afecta a los ingresos, pero cuando lo miras en un día de anticiclón, toda la demanda de generación a ciclos combinados tiene que estar disponible y funcionando a pleno rendimiento por decisiones de política energética y de seguridad de suministro. Por tanto, lo que les está pasando a estas instalaciones no es un problema de exceso de instalación, sino que el grado de uso de la central ha bajado, que son dos cosas distintas.

Nosotros estamos dimensionados para que el día que los ciclos combinados funcionen a pleno rendimiento, y hay días que lo hacen al 90% de su capacidad, el sistema les pueda entregar el gas. Lo que pasa es que ahora los días que están funcionando así se han reducido a la mitad de lo que venían funcionando en su origen. Por lo tanto, tenemos un problema de cómo compensar esas menores horas de funcionamiento con otro tipo de consumos que hagan que estas menos horas de funcionamiento no produzcan tanto impacto al sector.

Lo que hay que hacer ahora es encontrar soluciones para esta demanda sobrante, porque está claro que las energías renovables están para quedarse. Otra cosa distinta es la situación del carbón, que viene derivado de un incentivo económico del Gobierno y, por lo tanto, en cuanto ese incentivo se mantenga, se elimine o se modifique, cambiará su forma de participación en la generación eléctrica. Desde luego, cualquier medida que tienda a ir reduciendo el subsidio al carbón nacional, incrementará el hueco térmico y la participación de la generación eléctrica a gas en el sistema, tanto en infraestructuras como en ingresos.

De hecho, la potencia instalada en ciclos combinados está rozando la horquilla que se realizó para la planificación 2005-2011, que contemplaba un mínimo de 26.000 MW y estamos en la actualidad en los 25.000 MW (el plan de 2008-2016 pedía un mínimo de 30.000 MW-35.000 MW).

E.D.: ¿Qué papel desempeña la puesta en marcha de las infraestructuras de transporte y almacenamiento en la generación del déficit gasista? ¿Cómo afecta al sector la suspensión en el desarrollo de estas infraestructuras?

A.P.: Para este año 2012 estaba previsto que entraran en funcionamiento una serie de infraestructuras de transporte, así como infraestructuras básicas como la planta de regasificación de El Musel en Gijón (Asturias) y el inicio y puesta en operación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor en Vinaroz (Castellón).

El problema de estas infraestructuras es que se planificaron con mucha antelación para que estuvieran disponibles cuando el sistema prevé que serán necesarias, por lo que podemos afirmar que no hay unas medidas estructurales que marcan que cada año entren en funcionamiento infraestructuras de este tipo.

Lo que ha ocurrido con las últimas infraestructuras, proyectadas hace más de seis años, es que se planificaron en un momento en el que nadie contemplaba una crisis económica como la que estamos viviendo. Entonces nadie imaginaba que aquellos proyectos iban a ponerse en marcha en pleno valle de la crisis, ni era previsible lo que ha ocurrido con el desarrollo de las renovables, que han tenido un incremento muy fuerte en estos tres últimos años, tanto es así que hemos llegado a los niveles que se nos exigía en 2020 con diez años de adelanto, con el impacto que esto está teniendo en el resto de sectores energéticos.

En este sentido, las medidas aprobadas por el Gobierno han sido paliativas dado que el déficit del sistema gasista es un problema que no crece cada año, y no está previsto que de aquí a 2015 vayan a entrar en funcionamiento más infraestructuras. Se trata de una situación muy particular.

En resumen, este desajuste del que venimos hablando se produjo cuando se sumaron la demanda y la oferta de las infraestructuras y se juntaron varias circunstancias. Por un lado, había que recuperar parte de lo que se había previsto en el año anterior y no se había producido vía ventas y, por el otro, había que absorber el efecto continuado del hueco térmico que cada año produce menos para generación eléctrica, porque cada año entran en funcionamiento más instalaciones de renovables. A todo esto añadimos la oferta de infraestructuras para 2012 que iba a suponer un incremento sustancial para el sector.

E.D.: ¿Cuál es la situación actual de la planta regasificadora de El Musel y del almacenamiento subterráneo Castor tras la entrada en vigor de las últimas normas gubernamentales?

A.P.: Por el momento, la planta de El Musel no entrará en funcionamiento, aunque se mantendrá en situación de operación mínima, cubriendo los gastos financieros y operativos, para garantizar que las instalaciones continúen en buen estado de funcionamiento, con el objetivo de que la planta esté en condiciones de operar el día que sea necesario.

Obviamente, la decisión del Gobierno provocó que no se incluyera en las tarifas el pago por la inversión efectuada con las inversiones previstas. A pesar de ello, el Ejecutivo reconoció a los inversores unas compensaciones por los costes financieros de la planta de Gijón.

En cuanto al almacenamiento de gas de Castor, el retraso de un año en su amortización, hará que el impacto de su instalación no llegue hasta el año que viene.

E.D.: ¿Qué diferencias hay entre el déficit eléctrico y el gasista?

A.P.: Nuestro déficit se debe fundamentalmente a que la curva entre la oferta de infraestructuras y la demanda se ha cruzado por debajo de donde era previsible, como decía anteriormente, a mi juicio es coyuntural. Sin embargo, el sector del gas no tiene el condicionante que tiene el sector eléctrico en el que cada mes están entrando en funcionamiento nuevas instalaciones de renovables, aunque ahora eso se ha frenado con la moratoria aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de enero.

En nuestro caso, no estamos incrementando el déficit del sector gasista. Nuestro déficit está muy acotado y muy definido y el Gobierno está trabajando para que las medidas lo encapsulen y que, a largo plazo, no generen ningún efecto perjudicial al sistema económico gasista, que es algo que ni lo quiere el Gobierno ni lo quiere el sector.

Nacido en Barcelona (1956), Peris es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y PADE por el IESE. Se incorporó al Grupo Gas Natural Fenosa en 1984, ejerciendo cargos de responsabilidad en diferentes áreas de Catalana de Gas, hasta que en 1992 se trasladó a Argentina como director técnico de Gas Natural BAN, donde más tarde se hizo responsable de la Dirección General. Posteriormente fue nombrado country manager en las compañías del Grupo en Colombia y Argentina, y en 2005 volvió a España para ocupar la dirección general de Transporte y Distribución en España. Desde 2006 era director general de Negocio Regulado de la compañía. En 2007 fue nombrado presidente de la Asociación Española del Gas, Sedigas.

Nuestros lectores podrán leer mañana la segunda parte de la entrevista a Antoni Peris

«España es el modelo de transparencia de todo el sector petrolífero europeo»

ENERGÍA DIARIO.: ¿Qué valoración hacen desde AOP sobre el informe realizado por la CNC en el que se les acusa, entre otras cosas, de tener los precios más caros de Europa?

ÁLVARO MAZARRASA: Ante todo respetamos el papel supervisor de la CNC y no queremos ver una intencionalidad de ningún tipo en las conclusiones de este informe, pero creemos que el análisis se ha limitado a recoger datos parciales y afirmaciones extraídas de otros informes (de la CNE, Banco de España o el de la Agencia Internacional en 2005) cuyo resultado final no se ajusta, en absoluto, a las realidades actuales del sector.

Muchas de las conclusiones del informe de la CNC son contradictorias con la visión de la competencia que tiene el propio regulador del sector, la CNE, que sí que tiene un conocimiento detallado y realiza un seguimiento riguroso. Aunque eso no quita que discrepemos con ellos muchas veces, en especial, con las comparativas que hacen sobre las metodologías que utilizan para elaborar el seguimiento de precios del sector.

Por ejemplo, el informe de la CNC afirma que España tiene los márgenes más atractivos de Europa y que, además, las empresas que han acudido a nuestro país tras la liberalización son expulsadas por los grandes operadores nacionales que hacen fuerza de mercado. Desde AOP consideramos que esto es un contrasentido, puesto que si nuestros operadores han salido de España será porque el negocio aquí no es lo suficientemente rentable para sus inversiones. Si realmente nuestro mercado fuese tan atractivo como dice la CNC, esas empresas se habrían quedado en España.

E.D.: En este caso, el sector ha cambiado su tradicional discreción pública para dar réplica a la CNC a través de un comunicado para defender la transparencia de sus métodos y, en especial, el trabajo del sector ¿cuál ha sido el motivo de este cambio de criterio?

A.M.: Se trata de la primera vez que salimos públicamente para contestar a un ataque y defender nuestro honor ante la inusual decisión de la CNC de publicar un informe carente de rigor y que supone una lectura simplista de la situación del sector. Sin duda, la reacción ha sorprendido a los compañeros, porque solemos ser bastante recatados. Sabemos que no tenemos buena imagen en la sociedad y que siempre somos criticados, pero entendemos que el informe desvirtúa gravemente la realidad de nuestro sector.

E.D.: ¿Cuáles son las causas de que se produzca este efecto y vuestros planteamientos para que este tipo de situaciones no vuelva a producirse?

A.M.: Echamos en falta la existencia de investigación propia. Es un informe realizado sin trabajo de campo, sin comprobaciones. El sector no es consciente de que se hayan pedido datos, informaciones u opiniones para elaborar este informe. Ni siquiera ha habido una reunión entre el sector y el organismo regulador. Por lo tanto no entendemos estas acusaciones que luego no son capaces de justificar y no se sostienen por ninguna parte.

Para compararnos bien, han cogido datos de la Oil Bulletin (el organismo encargado de hacer el seguimiento de los precios del petróleo en Europa). Sin embargo, sus datos de comparativa entre los países europeos no son homogéneos. El propio organismo asegura que no existe una metodología común entre los países, puesto que cada estado miembro manda los precios de los carburantes como puede, por lo que estos precios no se pueden tomar como referencia, al ser simplemente orientativos.

Además, tanto la CNE, como la CNC han reconocido en más de una ocasión que estos datos no son fiables, ¿entonces, por qué se afirma desde la CNC que tenemos los precios más caros de Europa en cuestión de carburantes?

La explicación es sencilla. Lo que han hecho desde la CNC ha sido coger directamente y sin análisis, el dato de la Oil Bulletin que afirma que los precios de los carburantes en España son 0,5 céntimos de euro más caros que los de la media europea. Con este dato, que de ser verdad sería insignificante, se permiten afirmar que no tenemos competencia en España.

Desde AOP pensamos que este razonamiento no es para nada coherente. Sobre todo cuando España es el país que mayor conocimiento y control tiene sobre los precios de todas las estaciones de servicio. Somos el país que tiene más transparencia de todo el sector petrolífero europeo. En esto somos modélicos y la sociedad debe saberlo.

E.D.: Sin embargo, el informe elaborado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre la política energética de España afirma lo contrario, es decir que el sector petrolero y de la distribución de hidrocarburos en nuestro país es muy competitivo…

A.M.: Efectivamente, los expertos de este organismo (que sí nos han inspeccionado) afirman totalmente lo opuesto. Entre otras cosas, la AIE asegura que la legislación española garantiza el acceso a terceras personas a las actividades del transporte y almacenamiento del petróleo mediante un proceso de negociación “objetivo, transparente y no discriminatorio”, siendo regulados estos procesos por la CNE. Asimismo, certifica que el mercado minorista español está abierto plenamente al libre mercado. Como comprenderá los argumentos de la CNC se caen por su propio peso.

E.D.: Cambiando de tema, ¿qué opinión le merece a su sector la futura implantación del coche eléctrico en España, propuesta abanderada por el Ministerio de Industria en una campaña de apoyo sin precedentes?

A.M.: Desde AOP nos parece fenomenal que se apueste por el cambio y el avance tecnológico, como es el caso de las energías renovables o el coche eléctrico. Desde luego hay un fortísimo impulso por promover el coche eléctrico (o una solución híbrida) por parte del Gobierno, al igual que sucede con la industria automovilística que también ha dado su respaldo a esta medida. Ya existen estimaciones de que en el año 2020 habrá entre un 5 y un 10% de coches eléctricos en el parque automovilístico y para ello se necesitará un cambio tecnológico importante, por lo que no dudo de que haya muchas iniciativas en torno a este mercado en los años venideros.

No obstante, hoy por hoy, todavía son vehículos caros, aunque la gente se concienciará poco a poco e irá hacia el cambio en una transición larga. Además, el usuario será el gran beneficiado pues le otorgarán numerosas ventajas fiscales y subvenciones por adquirir este tipo de vehículos y eso siempre es algo muy atractivo para los ciudadanos.

E.D.: ¿Y cuál es el futuro del sector petrolero?

A.M.: Está claro que con las políticas que se están adoptando en cuestión de carburantes en los países desarrollados, la demanda de productos petrolíferos a medio plazo no aumentará en los próximos años, y eso va a presionar los precios. Sin embargo, el despegue económico de países como China o India hará que exista un aumento del consumo. Además, con las inversiones estamos fomentando la tecnología y con esa tecnología estamos descubriendo petróleo en lugares que hace unos pocos años era impensable, como las aguas profundas. Ahora el reto es extraerlo. Eso sí, con el tema de las emisiones de CO2 la ecuación cambia, pero a pesar de ello creemos que la industria tiene todavía por delante bastantes años para participar en el cumplimiento de las necesidades energéticas esenciales.

Por otro lado, somos conscientes de que no podemos quedarnos fuera del cambio estratégico que se está llevando a cabo en el sector energético, por lo que estoy seguro de que nuestra industria acabará participando en proyectos de energía nuclear, como ya realiza Total o que haya posibilidad de recargar coches eléctricos en las estaciones de servicio. Se trata de una solución en la que los hidrocarburos van a ser un sector clave a medio plazo y que ha sabido adaptarse a los cambios y transformaciones del sector. Eso es seguro.

«Nos encontramos en una situación de incertidumbre total»

ENERGÍA DIARIO.: Como representante de un sector tan importante en el tejido industrial español como es el petrolero, háganos una valoración del sistema de certificación de los biocarburantes.

ÁLVARO MAZARRASA.: Se trata de un tema trascendental para nuestro sector, de eso no hay duda. Desde AOP creemos que la adopción de este sistema tiene lagunas muy destacadas que traerán consecuencias negativas muy importantes a nivel económico para todos los operadores petrolíferos. La precipitación de esta legislación aplicable a los biocarburantes contiene, desde luego, graves imprecisiones que conllevan un perjuicio para los sujetos obligados, así como para los sistemas de distribución y los consumidores.

La obligatoriedad de facilitar los datos de las mezclas comenzó a primeros de este mes de octubre, pero con la imposición de hacerlo efectivo desde el 1 de enero. Y sin embargo, sólo hace veinte días que tuvimos la primera reunión en la Comisión Nacional de Energía (CNE) todas las empresas, agentes y operadores a los que afecta este sistema de certificación.

Desde AOP consideramos que conocer las condiciones del mecanismo de funcionamiento del sistema de certificación de biocarburantes diez meses después de entrar en vigor la obligación es una situación propia de un país subdesarrollado, más que de un estado de derecho. Algo que, a nuestro entender, raya la inseguridad jurídica del sistema español en determinados aspectos. Lo que está claro es que esta situación no se ha dado en ningún otro país de Europa.

Por si no fuera suficiente, la orden ministerial marca aspectos generales, pero no especifica los detalles prácticos de la misma y nos encontramos con determinados puntos con los que chocamos, puesto que nuestra interpretación es totalmente diferente. Por poner un ejemplo, discrepamos de la interpretación que ha hecho la CNE sobre la conversión del poder calorífico del ETBE y el etanol, algo que esperamos se corrija en el futuro.

E.D.: ¿Cómo han sido las relaciones con Industria respecto a la elaboración de la normativa legal? ¿Han escuchado sus propuestas?

A.M.: Al principio, nuestras conversaciones con la Secretaría de Estado de Energía se desarrollaron de una manera fluida y dinámica. Expusimos nuestro punto de vista y parece ser que no les convencimos en nada, porque no han recogido ninguna de nuestras preocupaciones, algo que consideramos como una falta de sensibilidad hacia nuestro sector.

Obviamente, el Ejecutivo decide lo que cree que es mejor para el país. Y los petrolíferos tenemos la voluntad de acatar y cumplir con la obligación de la orden ministerial aunque, eso sí, con un esfuerzo verdaderamente importante por parte de los operadores que han tenido que aprender a velocidad supersónica el funcionamiento del sistema de certificados.

Desde luego, es una pena que las opiniones y criterios que ha dado nuestro sector se hayan interpretado como barreras para la negociación, cuando lo que se ha pretendido es hacer las cosas bien, de una forma sostenible y partiendo de la experiencia que tenemos en este ámbito. Sin duda alguna, no hemos tenido el respaldo del Ejecutivo por lo que nos sentimos totalmente desamparados. Nos encontramos en una situación de incertidumbre total.

E.D.: ¿Se han sentido comprendidos y arropados por la CNE a la hora de crear el sistema de certificación de biocarburantes?

A.M.: Respecto a la relación con la CNE, he de decir que el regulador ha trabajado contrarreloj para crear y diseñar la herramienta informática con la que trabajaremos a partir de ahora. Durante estos meses hemos mantenido un diálogo permanente, aunque el resultado no ha sido el que hubiésemos deseado. Es más, todas las compañías asociadas en AOP han participado activamente en este proceso, en el que la CNE se ha mostrado participativa con nuestro sector.

Sin embargo, creemos que el equipo técnico de la CNE merece una mención por el esfuerzo de crear un soporte informático desde cero. Algo fácil de escribir en una orden ministerial, pero difícil de materializar en la práctica, puesto que conlleva una problemática tremenda para los operadores, los agentes logísticos e, incluso, para el propio organismo certificador.

E.D.: ¿Qué consecuencias y efectos económicos estimáis para el sector tras la puesta en marcha del sistema de certificación? ¿Cuáles son los parámetros que creen que habría que ajustar?

A.M.: La puesta en marcha del sistema es muy reciente y aún se están resolviendo dudas sobre su funcionamiento, por lo que entendemos que los efectos prácticos de la obligatoriedad no se van a ver hasta dentro de unos meses.

Los operadores están empezando a volcar sus datos en el sistema sin tener la certeza de si van a obtener o no los certificados, puesto que podrían estar cuestionados por esta obligatoriedad de haber comenzado con fecha 1 de enero, algo que genera una situación de desconcierto entre los petrolíferos.

Si una tonelada de biocarburante es rechazada, la compañía en cuestión tendría que abonar 350 euros en concepto de penalización por no cumplir los requisitos estipulados por el sistema de certificación. Desde luego, las cantidades no son despreciables y el rechazo puede generar muchos problemas. Por esta razón, nosotros pedimos que el año 2009 sirviera de rodaje para habituarnos al cambio estructural, algo que ya existió en otros países y que hizo la transición mucho más fácil.

Esto ya venía coleando cuando se aprobó la modificación de la Ley de Hidrocarburos que fijaba la obligatoriedad para el año 2009. Desde ese momento, el ministerio era consciente de que no quedaba tiempo material para desarrollar el reglamento de la orden ministerial y poner el sistema de certificación en marcha, puesto que en realidad el año de prueba debía haber sido el 2008. Por eso, desde AOP pensamos que se han precipitado los acontecimientos y han primado los objetivos políticos sobre el pragmatismo y los intereses industriales. En cuanto comencemos a introducir los primeros datos en el sistema, se verán las carencias técnicas del mismo.

E.D.: ¿Consideran proteccionista la normativa legal?

A.M.: Desde AOP creemos que el planteamiento se hizo con la mejor de las voluntades por parte del Mnisterio, con el objetivo de desarrollar una industria española de transformación, porque materia prima apenas tenemos. Sin embargo, las señales que se mandaron al sector industrial fueron muy equivocadas.

En el sector de los biocombustibles no hay tarifas, puesto que se trata de un mercado libre. Además, el negocio de los hidrocarburos mueve grandes volúmenes y genera márgenes muy ajustados, por lo que es difícil sobrevivir. Para nosotros es un drama ver proyectos de muchos pequeños inversores, cuyas plantas no lograrán subsistir debido a una serie de costes logísticos que deben mantener a largo plazo. Muchos de ellos no pertenecen a nuestro gremio y han invertido haciendo caso de las políticas y llamadas de atención del Ministerio de Industria. Ahora, ante la pérdida de su capital, han buscado el amparo y la protección en la obligatoriedad para que sus productos sean comprados por los operadores españoles, encareciendo el sistema de manera proteccionista. Estamos en una guerra de subsidios, de un lado y de otro, y al final seremos nosotros los que suframos esta situación, junto a los consumidores, puesto que el producto se encarecerá.

Por el contrario, la industria del petróleo no ha tenido nunca subsidios y se ha mantenido mediante las importaciones (como el gasóleo) procedentes de todos los orígenes. Además, nuestro sector está más acostumbrado a trabajar con materia prima más barata, sea del origen que sea.

E.D.: ¿Qué tipo de repercusiones puede tener este sistema en el usuario final?

A.M.: Afortunadamente, el usuario final no va a percibir gran diferencia. En el tema de los combustibles nadie ha tenido problemas a la hora de acudir a las gasolineras y utilizar este tipo de carburante, salvo contratiempos puntuales o errores humanos de manipulación.

Pero en lo que respecta a la calidad, estamos muy tranquilos. De hecho, las asociaciones de consumidores no han llamado a AOP para realizar quejas en este sentido. Los productos petroleros son de gran consumo y los trastornos que pueden llegar a ocasionar si hay incidentes serían muy graves. En este sentido, tanto las negociaciones, como la implantación de la normativa y el sistema de certificación se han manejado con mucha cautela, por lo que creemos que los consumidores no van a tener preocupaciones.

E.D.: ¿En cuánto estiman la subida del precio del combustible para el usuario?

A.M.: No sabría decir exactamente. Hace poco hicimos una previsión con respecto al tema del etanol y sumando todos los extracostes de logística y las bases etanolables, estimamos el encarecimiento en un precio de 4,5 céntimos de euro. Fue el extracoste que le dimos a Industria en su momento, cuando defendíamos el ETBE frente al etanol directo. Fuera de esto, son cada uno de los operadores los que fijan los precios.

Nuestros lectores podrán leer mañana la segunda parte de la entrevista a Álvaro Mazarrasa que abordará, entre otros temas, el informe de la CNC que acusaba al sector de la elevada concentración de los carburantes de automoción en España.

«El objetivo del sector eólico es de 40.000 MW en tierra y 5.000 offshore»

ENERGÍA DIARIO: ¿Cuáles son los efectos del Real Decreto 06/2009? ¿Cuál es el grado de cumplimiento actual del objetivo fijado para la tecnología eólica? ¿Cómo se modifica el papel de las Comunidades Autónomas en la gestión de registro de preasignación?

JOSÉ DONOSO: El Real Decreto ha convulsionado un poco el sector, puesto que ha creado un precedente negativo, al ser la primera vez que el Ministerio de Industria toma una decisión de este tipo sin previa consulta o conversaciones con el sector. Se han cambiado de improviso las reglas del juego, sin que nadie haya tenido tiempo de adaptar sus estrategias y previsiones para afrontar estos cambios. Por este motivo, hemos pedido a la Secretaria de Estado que se aplique con una cierta flexibilidad, puesto que es una ley sobrevenida y puede tener repercusiones económicas, tanto para los grandes, como para los pequeños inversores.

Sin embargo, también consideramos que tiene sus elementos positivos. El 06/2009 abre un registro de preinscripciones con el que se tendrá derecho a la tarifa del R.D. 661/2007 sólo con inscribirse y tener una serie de requisitos cumplidos, sin necesidad de alcanzar la puesta en marcha del parque eólico. El modelo actual introducía posibles distorsiones en función de cuando se finalizara el mismo que en el período límite de aplicación podría introducir problemas de saber cual era la tarifa que iba a tener el parque en concreto. Mediante estas inscripciones se pretenden cubrir los 20.155 MW, que se alcanzarán en mes o mes y medio. En caso de no alcanzar esa cifra, el que primero llegue, es el primero que toma, es decir, “first arrive, first take”, hasta alcanzar el cupo.

Con el 661, la puesta en marcha definitiva del parque se tenía que realizar en el periodo de un año después de que se alcanzara el 85% de los 20.155 MW, arriesgando por tanto inversiones, puesto que si la construcción no estaba terminada en fecha, se pasaría de forma automática a la nueva retribución, lo que hoy en día es desconocido.

Por el contrario, con el nuevo Real Decreto-Ley se arriesgan papeles y se gana en estabilidad, en confianza, porque los inversores saben en qué tarifa están incluidos, borrando la incertidumbre que generaba el 661. Además, al ser un proyecto asegurado retributivamente, la financiación ya no es un problema, puesto que el 06/2009 permite la construcción del parque en 36 meses, aumentando el margen de maniobra en este sentido, algo que se había complicado en la situación actual. Sólo existe un requisito nuevo, el aval de 20.000 euros por megavatio, pero teniendo financiación para el proyecto y su retribución, el aval no debe suponer una barrera.

En cuanto al papel de las Comunidades Autónomas, a pesar de ser un aspecto polémico, tampoco cambia nada. El R.D-Ley 6/2009 mantiene que las autorizaciones administrativas las concedan las Comunidades Autónomas, por lo que siguen siendo llave a la hora de autorizar los proyectos, como ocurre con los puntos de conexión. El único cambio visible será que ahora las Comunidades Autónomas se tendrán que dar prisa en sacar a concurso sus proyectos, porque si la tendencia es que la tarifa sea decreciente como pretende Industria, habrá que correr para sacar las mejores condiciones posibles. En este sentido, también en cierto modo es positivo porque algunas Comunidades han sido más remisas en sus proyectos, llevan años prometiendo la salida a concurso de las mismas y este elemento puede desbloquear su actuación.

E.D.: Reglamentariamente, y una vez alcanzados los objetivos, se prevé la promulgación de un nuevo decreto para la energía eólica. En este sentido ¿se están llevando a cabo conversaciones con la Secretaría de Estado de Energía? ¿Qué tipo de avances puede anticipar?

J.D.: Efectivamente, estamos manteniendo conversaciones con la Secretaría de Estado de Energía y les hemos trasladado la urgencia de aprobar un nuevo Real Decreto, aunque estos primeros acercamientos están en una fase que podemos calificar de preliminar, en la que solamente se están poniendo ideas sobre la mesa y analizando si son o no aplicables. Más o menos en un periodo máximo de dos meses, el sector alcanzará el cupo de los 20.155 MW y será entonces cuando el sector se quedará parado, algo que no nos podemos permitir, puesto que creará un clima de incertidumbre enorme respecto a los proyectos puestos en marcha. Por este motivo, es muy urgente contar con ese nuevo marco regulatorio, para evitar la ralentización del sector. Lo positivo es que la Secretaria de Estado ha comprendido esta urgencia y en su espíritu prevalece la bilateralidad.

Sobre la mesa hemos puesto el objetivo marcado por el Ministro y que el mismo ha repetido en numerosas ocasiones: los 40.000 MW para el año 2020 en tierra, de los que 5.000 MW estarían orientados a la repotenciación. Además habría que sumar otros 5.000 MW para la eólica marina.

E.D.: Hablando del proceso de repotenciación, ¿cuántos MW entrarían en esa fase o serían susceptibles de ser sustituidos?

J.D.: Nosotros consideramos que deberían ser 5.000 MW hasta el año 2020, puesto que su sustitución no va a ser inmediata, porque las instalaciones de partida tienen su propio calendario y ciclo de vida. Los primeros proyectos que se amortizarán van a empezar a ser sustituidos a partir del año 2013. Debemos pensar que existen enclaves con buen recurso eólico, pero cuyos aerogeneradores están obsoletos. Por eso queremos que se realice un Plan Prever para sustituir esos aerogeneradores, a la vez que reducimos el impacto sobre el paisaje y aprovechamos la eficiencia de esos enclaves, en vez de lugares nuevos con menos viento y menos productivos.

E.D.: Respecto a la energía eólica marina, ¿qué desarrollo y posibilidades tiene ahora mismo esta tecnología en España?

J.D.: España no es el país que reúna las mejores condiciones naturales para desarrollar la eólica marica, puesto que esta tecnología necesita vientos regulares y una plataforma continental amplia (esta quizá es la cuestión más compleja). En todo caso, siempre es más caro la instalación de un parque en el mar que en tierra, por lo que para exista una competencia con la eólica de tierra, ésta debe estar muy antropomorfizada.

El paraíso natural para la marina eólica es el Mar del Norte. Contra lo que la gente piensa, el Mar Mediterráneo es un mar muy profundo, mientras que el Mar del Norte tiene una plataforma continental que va desde Escandinavia a las Islas Británicas, prácticamente unida, con lo cual es un mar poco profundo.

A pesar de ello, pensamos que existen emplazamientos en España y estimamos que habrá proyectos para 5.000 MW, estando disponibles los primeros parques entre 2013 y 2014.

E.D.: ¿Cómo valora las relaciones del sector eólico con Red Eléctrica de España sobre todo en lo que se refiere al desarrollo de las infraestructuras y la conexión de los parques? ¿Cuáles son los puntos de mejora?

J.D.: Red Eléctrica de España es nuestro socio indispensable. Necesitamos a REE para poder conectar nuestros parques, por lo que mantenemos con ellos un diálogo permanente.

Entre los puntos de mejora, queremos que se cumpla el plan de infraestructuras aprobado, pero a tiempo, porque sino eso puede generarnos cuellos de botella para el desarrollo sectorial. No estamos pidiendo nada más, sólo que se cumpla la ley, que se cumpla el plan y, a ser posible, que se cumpla el calendario para la interconexión con Francia, de forma que que pase de ser una intención política a ser una realidad. Esto sería muy positivo y nos permitiría desbloquear y facilitar la integración de la potencia de los parques.

E.D.: Háblenos del sector eólico desde el punto de vista internacional, con el «efecto Obama» como telón de fondo. ¿Cuál es la situación de esta industria exportadora y qué papel puede suponer la administración Obama para las empresas españolas?

J.D.: El sector eólico español está internacionalizado de una forma que pocos sectores de la economía española tienen, con un posicionamiento muy fuerte. Hoy en día empresas españolas trabajan desde China a Estados Unidos, desde la fabricación a la exportación de componentes, pasando por la promoción. Hay grandes promotores y fabricantes como Iberdrola, Acciona o Gamesa, pero también tenemos pequeñas y medianas empresas que están yendo a los países del este, a Estados Unidos y están desarrollando parques en Minnesota, Texas o Bulgaria. La acumulación de know how y de capital ha beneficiado el mercado español, que puede ir fuera con esa experiencia e incrementar su actividad sin complejos, lo que nos ha permitido posicionarnos internacionalmente.

Desde luego, el plan Obama presenta unas oportunidades excepcionales para las empresas españolas que están en la «pole position» pero tampoco nos engañemos, no será fácil, nadie nos regala nada y hay que competir fuertemente. Tenemos la ventaja de ser pioneros, de ser los colonos, por lo que aprovechamos el mercado desde el primer momento. Sin embargo ahora hay que ser competitivo. Ahora somos líderes, pero para seguir siéndolo hay que mantener la forma física.

E.D.: En este contexto, ¿cuáles son los países que ofrecen mayores oportunidades de negocio para el sector eólico español?

J.D.: En términos generales sería Europa Occidental, Las empresas españolas tienen una actividad muy activa en Italia, Francia, Portugal, Grecia, incluso en Alemania, Reino Unido y los países del Este. China, con todas sus complejidades también muestra oportunidades muy interesantes. En un segundo apartado y desarrollo temporal, estarían los países de Sudamérica y el Norte de África.

«Las decisiones políticas en materia de energía deben hacerse siempre mirando a largo plazo»

ENERGÍA DIARIO.: ¿Cómo dibujaría el escenario de partida del sector eólico ante la próxima celebración de la Convención Eólica 2009?

JOSÉ DONOSO.: El punto de partida es, al menos, emocionante. Estamos culminando la primera fase de desarrollo de la energía eólica en España, con casi la totalidad de los 20.155 MW previstos instalados. Nos encontramos ante el momento de rediseño del sector eólico del futuro, con un objetivo claro: los 40.000 MW instalados para el año 2020. Un objetivo que esperamos que el Gobierno mantenga, puesto que el ministro de Industria ha reiterado este dato en diferentes ocasiones.

Por tanto, estamos en el momento en que debemos rediseñar las reglas del juego, al tiempo que rediseñamos el entorno, para focalizar cómo será ese futuro del que estamos hablando. No debemos olvidar que el objetivo previsto equivale a todo lo que hemos hecho hasta la fecha y pasaremos de 20.155 MW a 40.000 MW en tierra, además de otros 5.000 MW offshore.

Por tanto, nos encontramos en un momento excitante y emocionante por ver cómo evolucionará el desarrollo del sector. Pero también estamos ante la responsabilidad de no equivocarnos en el rediseño de estas nuevas reglas, ni por nuestra parte (los responsables sectoriales), ni por la del Ejecutivo, para que la energía eólica siga manteniendo éxito como solución energética en nuestro país.

E.D.: ¿Qué aspectos incluye el programa de la Convención Eólica y qué objetvos se marca el sector ante esta reunión anual del mundo eólico?

J.D.: El espíritu de la Convención Eólica ha sido siempre el de tratar aspectos generales y convertirse en algo parecido a una asamblea del sector, en la cual se repasan los principales problemas, retos y situaciones del momento. Partiendo de la actual situación financiera en los mercados, que se ha convertido en un cuello de botella por la falta de liquidez y financiación, que ahora se muestran mucho más exigentes, selectivos, y cuyas condiciones son cada vez más duras.

El tema del tejido industrial será otro de los puntos fuertes. Sin duda, uno de los problemas más polémicos actualmente en el sector es el tema de la creación de empleo sostenible, por lo que pasaremos revista sobre el asunto y estudiaremos las posibles soluciones.

También abordaremos el papel de los retos tecnológicos como la repotenciación, el de las Comunidades Autónomas, contaremos con representantes de la Unión Europea para tratar la directiva de energías renovables y ver el impacto que esta tendrá sobre las empresas españolas.

Estará con nosotros Juan Verde del “Primate Project” y asesor de Barack Obama y que ha trabajado con él en el progama “Green Jobs”. Sin duda, aportará la visión que el sector tiene depositada en EE.UU.

En cuanto al ámbito nacional, contaremos con la presencia de partidos políticos para analizar ese plan de futuro de las energías renovables y, por otro lado, también contaremos con la visión de las diferentes asociaciones (AEE, APPA, ASIF) y el IDAE que mostrarán sus ideas sobre cómo debe ser ese plan.

En definitiva, queremos mostrar una fotografía global de cómo está la situación y cómo nos gustaría que fuera el futuro, cuáles son los problemas actuales y discutirlos allí entre todos, incentivando el diálogo, en un formato lo más abierto y participativo posible y menos doctoral.

E.D.: Como bien sabe, la caída de la demanda en el sector eléctrico es ya una realidad, ¿en qué medida está afectando este déficit al mundo eólico? ¿Se están produciendo desconexiones de los parques eólicos como se ha informado por algún medio?

J.D.: Realmente, no existen estas desconexiones. Al menos, no como se informó en algún medio de comunicación. Es rotadamente falso que existan desconexiones por la caída de la demanda eléctrica. Lo que si han existido son desconexiones parciales o puntuales, como la que hubo en noviembre del año pasado a consecuencia de un momento pico y por otras cuestiones.

Asimismo, también ha habido desconexiones puntuales motivadas por los retrasos en las infraestructuras, como es el caso de la línea de Boimente (Lugo) y algunas más. Se trata de paradas coyunturales, por no alcanzar la fecha prevista, pero nunca porque exista una sobrecapacidad instalada eólica que, unido al déficit de demanda, esté produciendo esos cortes. Esa situación no existe.

E.D.: Hasta qué punto la idea de que las diferentes tecnologías «luchen» en el mercado podría afectar a las mismas a medio o largo plazo, teniendo en cuenta que las energías renovables deben ser absorbidas por el sistema.

J.D.: Competencia entre las diferentes tecnologías siempre existe y debe existir. Quien trabaja con una tecnología cree que es la mejor, o al menos es con la que obtiene rentabilidad y objetivos y, por eso, intenta introducirla en el mercado. Sin embargo, al final son los decisores políticos los que, según criterios, convicciones, las orientaciones sociales o su posición, construyen el mapa del mercado energético. Desde luego no hablamos de un mercado de zapatos, sino de un mercado que afecta tanto a las renovables como a cualquier otro tipo de energía, en el que las decisiones tomadas dependen del poder político. Y en el sector energético hay que tener en cuenta que las inversiones son a medio y largo plazo, nunca cortoplacistas.

Lo cierto es que estamos ante una crisis como la actual, coyuntural y derivada de cuestiones que afectan a los mercados financieros, pasará en un tiempo determinado de uno, dos o tres años. Entonces volveremos a una situación de crecimiento, seguramente no tan intensa como la anterior, y países como el nuestro tendrán una recuperación más lenta que otros. Sin embargo, en ese momento, nos encontraremos con la crisis estructural, la crisis precedente a la actual. La crisis por las materias primas y, en particular, por la que produce energía. La emergencia de países como China, India, Brasil o México incrementará, de manera muy importante, la demanda sobre la energía y las materias primas.

Por ello, en nuestro sector no se pueden tomar decisiones cortoplacistas en función de la caída de la demanda eléctrica durante este año en concreto. Si esto fuera así, resultará que cuando vuelva a crecer la demanda, no estaremos en condiciones de atenderla porque necesitaremos, al menos, siete años para recuperar el nivel anterior de las inversiones.

Por todo ello, las decisiones políticas en materia de energía deben hacerse siempre, mirando el largo plazo, atendiendo a razones estructurales más que a la coyuntura. Mal haría el decisor político, si en este momento se deja llevar por unas circunstancias coyunturales para tomar decisiones a largo plazo.

Nuestros lectores podrán leer mañana la segunda parte de la entrevista a José Donoso que abordará, entre otros temas, la normativa 06/2009 recientemente aprobada.