«La orientación del mercado hacia los tejados y cubiertas dotará al sector de una estabilidad necesaria»

ENERGÍA DIARIO: ¿Cómo justifican desde ASIF la desaparición del concepto del huerto solar, básico en los últimos años?

JAVIER ANTA: Es cierto que ha sido básico durante los últimos años, tanto para lo bueno como para lo malo. Para lo bueno, porque nos ha permitido crecer. Para lo malo, porque ese concepto ha sido usado por instalaciones que no eran genuinamente un conjunto de muchos pequeños propietarios independientes unos de otros, lo que ha contribuido a un crecimiento que ha sido insostenible, y ahora lo estamos pagando. En cualquier caso, no ha desaparecido el concepto de huerto solar, aunque ya no tenga las ventajas que tenía por sus peculiaridades de multipropiedad. Las instalaciones sobre suelo, durante los próximos e inmediatos años, van a vivir un fuerte período de contracción con respecto a lo realizado en 2008, pero volverán a resurgir con muchísima fuerza cuando los costes de la tecnología estén más ajustados a los de las demás tecnologías de generación.

E.D.: ¿Cree que la energía fotovoltaica en la edificación puede realmente recoger el testigo de los huertos?

J.A.: La orientación del mercado hacia los tejados y cubiertas va a dotar al sector de la estabilidad y el crecimiento sostenible que necesitamos. No tendremos el desarrollo tan rápido y extraordinario que permiten las grandes instalaciones en suelo, pero ganaremos en solidez. El problema está en pasar de un modelo de mercado muy enfocado al suelo a otro en el que los tejados sean preponderantes, sobre todo cuando la cartera de proyectos de las empresas está mayoritariamente orientada al suelo. No obstante, a la luz de los listados de la segunda convocatoria que ha publicado el Ministerio, en el que ya se llenan los cupos para los segmentos de tejado, parece que ese cambio se está produciendo con más velocidad de la que preveíamos, lo que es una buena noticia.

E.D.: Hay quien dice que los edificios en España no están preparados para acoger a la fotovoltaica y que el desarrollo de la fotovoltaica en suelo tiene un componente más industrial que en los edificios…

J.A.: Creo que quien afirma tal cosa está equivocado. Nuestros edificios pueden acoger fotovoltaica sin ningún problema y, exceptuando algunos equipos concretos, como los seguidores, se necesita la misma industria fabricante para el segmento de suelo que para el segmento de edificación. En realidad son aplicaciones paralelas, con la salvedad de que la rentabilidad sin ningún tipo de ayudas se alcanzará antes en el segmento de la edificación, justo cuando a los consumidores nos resulte más rentable instalar una placa solar en el tejado o en el jardín que comprar la energía a la red eléctrica.

E.D.: Y, hablando de ayudas, ¿no es demasiado cara la energía solar?

J.A.: Todavía no es barata, pero al ritmo de descenso de costes al que vamos, lo será en pocos años. En el segmento del consumidor doméstico, en unos cinco años.

E.D.: ¿Y no cree que ese coste puede condicionar el desarrollo futuro de la energía solar, ahora que se empieza a trabajar en el Plan de Energías Renovables a 2020?

J.A.: Creo que no, porque el Real Decreto nos ofrece un horizonte de crecimiento a largo plazo que sólo puede incrementarse como resultado de la nueva planificación. Además, en cuanto alcancemos ese punto de competitividad que le comentaba antes, el mercado que se abre para la energía solar es inmenso. Esto es algo que la planificación debe tener en cuenta, y que avanza junto a los proyectos gubernamentales de incrementar la importancia del ahorro, la eficiencia y la gestión de la energía, así como el desarrollo del vehículo eléctrico y las redes inteligentes.

E.D.: ¿Qué opina sobre la creciente presión fiscal a escala local?

J.A.: Creo que algunos ayuntamientos han visto cómo se invertían capitales muy importantes en instalaciones renovables y quieren obtener un rendimiento significativo de ellos. El problema es que este incremento de las tasas no está previsto en la política de fomento estatal, por lo que se genera una merma de la rentabilidad de los proyectos que debe tenerse muy en cuenta. Desde ASIF estamos siguiendo esta problemática muy de cerca pues, aunque tenemos margen de maniobra, especialmente para la tecnología solar, porque no está tan condicionada por el emplazamiento como la eólica y porque una parte muy importante de su desarrollo será en los entornos urbanos, queremos solucionar esta barrera en toda España para que no tengamos que instalar energía solar solamente en aquellos ayuntamientos que no pongan trabas.

«La orientación del mercado hacia los tejados y cubiertas dotará al sector de una estabilidad necesaria»

ENERGÍA DIARIO: ¿Cómo justifican desde ASIF la desaparición del concepto del huerto solar, básico en los últimos años?

JAVIER ANTA: Es cierto que ha sido básico durante los últimos años, tanto para lo bueno como para lo malo. Para lo bueno, porque nos ha permitido crecer. Para lo malo, porque ese concepto ha sido usado por instalaciones que no eran genuinamente un conjunto de muchos pequeños propietarios independientes unos de otros, lo que ha contribuido a un crecimiento que ha sido insostenible, y ahora lo estamos pagando. En cualquier caso, no ha desaparecido el concepto de huerto solar, aunque ya no tenga las ventajas que tenía por sus peculiaridades de multipropiedad. Las instalaciones sobre suelo, durante los próximos e inmediatos años, van a vivir un fuerte período de contracción con respecto a lo realizado en 2008, pero volverán a resurgir con muchísima fuerza cuando los costes de la tecnología estén más ajustados a los de las demás tecnologías de generación.

E.D.: ¿Cree que la energía fotovoltaica en la edificación puede realmente recoger el testigo de los huertos?

J.A.: La orientación del mercado hacia los tejados y cubiertas va a dotar al sector de la estabilidad y el crecimiento sostenible que necesitamos. No tendremos el desarrollo tan rápido y extraordinario que permiten las grandes instalaciones en suelo, pero ganaremos en solidez. El problema está en pasar de un modelo de mercado muy enfocado al suelo a otro en el que los tejados sean preponderantes, sobre todo cuando la cartera de proyectos de las empresas está mayoritariamente orientada al suelo. No obstante, a la luz de los listados de la segunda convocatoria que ha publicado el Ministerio, en el que ya se llenan los cupos para los segmentos de tejado, parece que ese cambio se está produciendo con más velocidad de la que preveíamos, lo que es una buena noticia.

E.D.: Hay quien dice que los edificios en España no están preparados para acoger a la fotovoltaica y que el desarrollo de la fotovoltaica en suelo tiene un componente más industrial que en los edificios…

J.A.: Creo que quien afirma tal cosa está equivocado. Nuestros edificios pueden acoger fotovoltaica sin ningún problema y, exceptuando algunos equipos concretos, como los seguidores, se necesita la misma industria fabricante para el segmento de suelo que para el segmento de edificación. En realidad son aplicaciones paralelas, con la salvedad de que la rentabilidad sin ningún tipo de ayudas se alcanzará antes en el segmento de la edificación, justo cuando a los consumidores nos resulte más rentable instalar una placa solar en el tejado o en el jardín que comprar la energía a la red eléctrica.

E.D.: Y, hablando de ayudas, ¿no es demasiado cara la energía solar?

J.A.: Todavía no es barata, pero al ritmo de descenso de costes al que vamos, lo será en pocos años. En el segmento del consumidor doméstico, en unos cinco años.

E.D.: ¿Y no cree que ese coste puede condicionar el desarrollo futuro de la energía solar, ahora que se empieza a trabajar en el Plan de Energías Renovables a 2020?

J.A.: Creo que no, porque el Real Decreto nos ofrece un horizonte de crecimiento a largo plazo que sólo puede incrementarse como resultado de la nueva planificación. Además, en cuanto alcancemos ese punto de competitividad que le comentaba antes, el mercado que se abre para la energía solar es inmenso. Esto es algo que la planificación debe tener en cuenta, y que avanza junto a los proyectos gubernamentales de incrementar la importancia del ahorro, la eficiencia y la gestión de la energía, así como el desarrollo del vehículo eléctrico y las redes inteligentes.

E.D.: ¿Qué opina sobre la creciente presión fiscal a escala local?

J.A.: Creo que algunos ayuntamientos han visto cómo se invertían capitales muy importantes en instalaciones renovables y quieren obtener un rendimiento significativo de ellos. El problema es que este incremento de las tasas no está previsto en la política de fomento estatal, por lo que se genera una merma de la rentabilidad de los proyectos que debe tenerse muy en cuenta. Desde ASIF estamos siguiendo esta problemática muy de cerca pues, aunque tenemos margen de maniobra, especialmente para la tecnología solar, porque no está tan condicionada por el emplazamiento como la eólica y porque una parte muy importante de su desarrollo será en los entornos urbanos, queremos solucionar esta barrera en toda España para que no tengamos que instalar energía solar solamente en aquellos ayuntamientos que no pongan trabas.

«Aquellas instalaciones que se demuestren fraudulentas, no deberían acogerse a retribución alguna»

ENERGÍA DIARIO: Directamente al meollo de la cuestión Sr. Anta, ¿Existe fraude en las instalaciones fotovoltaicas?

JAVIER ANTA: Parece ser que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) detectó plantas solares inscritas en el registro de instalaciones de régimen especial antes de que caducase el Real Decreto 661/07 que no deberían estarlo, porque no se encontraban terminadas en ese momento. Esto, no cabe duda, es una irregularidad grave, puesto que esas instalaciones estarían acogidas a un régimen retributivo que no les corresponde. También podríamos considerarlo un fraude hacia los consumidores de electricidad, puesto que son ellos, al pagar los recibos de la luz, los que permiten la rentabilidad de la producción fotovoltaica.

E.D.: ¿Y quien es el responsable de estas actuaciones?

J.A.: No creo que sea cuestión de señalar con el dedo de un modo genérico, sino de identificar los casos irregulares y, posteriormente, aplicar las sanciones que sean oportunas en función de las responsabilidades concretas de cada caso. La casuística parece ser amplia, y no debemos generalizar.

E.D.: ¿Está de acuerdo, entonces, con la propuesta de decreto contra el fraude que ha elaborado el Ministerio de Industria?

J.A.: Básicamente sí. Aunque nos parece que aquellas instalaciones irregulares que se demuestren realmente fraudulentas no deberían poder acogerse al mecanismo retributivo del Real Decreto 1578/2008. La nueva norma tiene un cupo limitativo, y aquellos que han ido más allá de la legalidad no deben afectar a los que no lo han hecho, ocupando parte de ese cupo. Puede ser una medida drástica, pero es la única opción justa.

E.D.: ¿Qué opina del uso mediático que se ha dado a las acusaciones de fraude?

J.A.: Es lamentable. Entiendo que la situación es propicia para que la prensa afile la pluma y consiga titulares llamativos, pero creo que se le ha dado una trascendencia que no tiene y que nos está pasando una factura excesiva en el plano de la imagen pública. Y no sólo a la fotovoltaica; la tendencia a simplificar las cosas lleva a generalizar, y las generalizaciones son muy malas; la situación en el sector fotovoltaico no tiene nada que ver con la del sector eólico, ni con la situación de los biocarburantes. No se puede denunciar, como se ha hecho, un fraude masivo, y mucho menos en el ámbito de todas las renovables.

E.D.: En los últimos meses hemos podido comprobar el descontento existente en el sector solar con el Real Decreto 1578/2008, la nueva regulación aprobada el pasado septiembre. ¿Consideran desde ASIF que es necesario reformarla?

J.A.: Es lógico que el sector esté muy descontento, porque ha estado paralizado seis meses, debido a que la tarifa se ha reducido un 30%, porque el cupo establecido se corresponde a una quinta parte del mercado que hubo el año pasado, porque la crisis crediticia tampoco facilita las cosas… No cabe duda de que no es el marco regulatorio que nos hubiera gustado tener, pero creo que es el mejor marco regulatorio que pudimos conseguir del Gobierno de un país que planeaba conectar 80 MW fotovoltaicos durante 2008 y que conectó más de 2.500 MW en sólo nueve meses de ese mismo año.

E.D.: Entonces, ¿hay que reformarla?

J.A.: Sí. Habrá que hacerlo, porque es una norma coyuntural, fruto de la excepcionalidad del mercado solar del año pasado. Aunque es cierto que contiene elementos válidos a largo plazo, hay factores que no contempla y que son necesarios para el correcto desarrollo del Sector, como la simplificación de los procedimientos administrativos, el alcance de la paridad de la red en los próximos años, la especificidad de las tecnologías de concentración, las instalaciones sometidas al Código Técnico de la Edificación, la armonización de las normativas autonómicas… Sin embargo, estos desarrollos de la regulación pueden hacerse con otras normas, como la próxima Ley de Energías Renovables o el inminente decreto de conexión a red para las instalaciones del régimen especial. En ASIF ya estamos trabajando en todas estas cosas.

E.D.: Al parecer los listados de las distintas convocatorias no están saliendo todo lo bien que a las empresas les gustaría. ¿Qué opina de ello?

J.A.: Han salido tarde, han salido con algún error… pero están saliendo. Lo importante es que el sector vuelve a estar en marcha, aunque no sea, ni mucho menos, al ritmo que tuvo el año pasado. Creo que es cuestión de que la Administración coja el ritmo adecuado y de que los propios promotores remitan toda la documentación necesaria en los expedientes. Falta afinar el procedimiento y aclarar algunas contradicciones entre las distintas administraciones, como es el caso de que las comunidades autónomas no exijan la autorización administrativa para instalaciones menores de 100 kW, y, por lo tanto, no la concedan y que, no obstante, este mismo documento sea exigido por la Administración central para acceder a la tarifa fotovoltaica a partir de la tercera convocatoria de este año.

E.D.: ¿Y la reducción de la tarifa de una convocatoria a otra? Se suponía que iba a ser de un 2,5% como máximo y entre la primera convocatoria y la segunda va a haber una reducción del 4% en las instalaciones de suelo.

J.A.: Efectivamente, ha surgido un problema con reducción trimestral de la tarifa para las instalaciones en suelo, porque el Ministerio de Industria ha hecho una aplicación muy particular de la fórmula matemática recogida en el Real Decreto 1578/2008 que puede llevar a la reducción de tarifa hasta una magnitud del 20% este año, cuando el máximo previsto durante el alumbramiento de la norma fue de un máximo del 10% anual. Por lo tanto, en ASIF pensamos que esa interpretación no se corresponde con el espíritu de la norma, y así se refleja en sus memorias justificativas o el propio informe que sobre él realizó la CNE. Esperamos, por lo tanto, que este tema, sobre el que ya estamos en contacto con la Secretaría General de Energía, se reconduzca.

Nuestros lectores podrán leer mañana la segunda parte de la entrevista a Javier Anta que abordará temas como los precios de la fotovoltaica o su instalación en los edificios.

«Aquellas instalaciones que se demuestren fraudulentas, no deberían acogerse a retribución alguna»

ENERGÍA DIARIO: Directamente al meollo de la cuestión Sr. Anta, ¿Existe fraude en las instalaciones fotovoltaicas?

JAVIER ANTA: Parece ser que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) detectó plantas solares inscritas en el registro de instalaciones de régimen especial antes de que caducase el Real Decreto 661/07 que no deberían estarlo, porque no se encontraban terminadas en ese momento. Esto, no cabe duda, es una irregularidad grave, puesto que esas instalaciones estarían acogidas a un régimen retributivo que no les corresponde. También podríamos considerarlo un fraude hacia los consumidores de electricidad, puesto que son ellos, al pagar los recibos de la luz, los que permiten la rentabilidad de la producción fotovoltaica.

E.D.: ¿Y quien es el responsable de estas actuaciones?

J.A.: No creo que sea cuestión de señalar con el dedo de un modo genérico, sino de identificar los casos irregulares y, posteriormente, aplicar las sanciones que sean oportunas en función de las responsabilidades concretas de cada caso. La casuística parece ser amplia, y no debemos generalizar.

E.D.: ¿Está de acuerdo, entonces, con la propuesta de decreto contra el fraude que ha elaborado el Ministerio de Industria?

J.A.: Básicamente sí. Aunque nos parece que aquellas instalaciones irregulares que se demuestren realmente fraudulentas no deberían poder acogerse al mecanismo retributivo del Real Decreto 1578/2008. La nueva norma tiene un cupo limitativo, y aquellos que han ido más allá de la legalidad no deben afectar a los que no lo han hecho, ocupando parte de ese cupo. Puede ser una medida drástica, pero es la única opción justa.

E.D.: ¿Qué opina del uso mediático que se ha dado a las acusaciones de fraude?

J.A.: Es lamentable. Entiendo que la situación es propicia para que la prensa afile la pluma y consiga titulares llamativos, pero creo que se le ha dado una trascendencia que no tiene y que nos está pasando una factura excesiva en el plano de la imagen pública. Y no sólo a la fotovoltaica; la tendencia a simplificar las cosas lleva a generalizar, y las generalizaciones son muy malas; la situación en el sector fotovoltaico no tiene nada que ver con la del sector eólico, ni con la situación de los biocarburantes. No se puede denunciar, como se ha hecho, un fraude masivo, y mucho menos en el ámbito de todas las renovables.

E.D.: En los últimos meses hemos podido comprobar el descontento existente en el sector solar con el Real Decreto 1578/2008, la nueva regulación aprobada el pasado septiembre. ¿Consideran desde ASIF que es necesario reformarla?

J.A.: Es lógico que el sector esté muy descontento, porque ha estado paralizado seis meses, debido a que la tarifa se ha reducido un 30%, porque el cupo establecido se corresponde a una quinta parte del mercado que hubo el año pasado, porque la crisis crediticia tampoco facilita las cosas… No cabe duda de que no es el marco regulatorio que nos hubiera gustado tener, pero creo que es el mejor marco regulatorio que pudimos conseguir del Gobierno de un país que planeaba conectar 80 MW fotovoltaicos durante 2008 y que conectó más de 2.500 MW en sólo nueve meses de ese mismo año.

E.D.: Entonces, ¿hay que reformarla?

J.A.: Sí. Habrá que hacerlo, porque es una norma coyuntural, fruto de la excepcionalidad del mercado solar del año pasado. Aunque es cierto que contiene elementos válidos a largo plazo, hay factores que no contempla y que son necesarios para el correcto desarrollo del Sector, como la simplificación de los procedimientos administrativos, el alcance de la paridad de la red en los próximos años, la especificidad de las tecnologías de concentración, las instalaciones sometidas al Código Técnico de la Edificación, la armonización de las normativas autonómicas… Sin embargo, estos desarrollos de la regulación pueden hacerse con otras normas, como la próxima Ley de Energías Renovables o el inminente decreto de conexión a red para las instalaciones del régimen especial. En ASIF ya estamos trabajando en todas estas cosas.

E.D.: Al parecer los listados de las distintas convocatorias no están saliendo todo lo bien que a las empresas les gustaría. ¿Qué opina de ello?

J.A.: Han salido tarde, han salido con algún error… pero están saliendo. Lo importante es que el sector vuelve a estar en marcha, aunque no sea, ni mucho menos, al ritmo que tuvo el año pasado. Creo que es cuestión de que la Administración coja el ritmo adecuado y de que los propios promotores remitan toda la documentación necesaria en los expedientes. Falta afinar el procedimiento y aclarar algunas contradicciones entre las distintas administraciones, como es el caso de que las comunidades autónomas no exijan la autorización administrativa para instalaciones menores de 100 kW, y, por lo tanto, no la concedan y que, no obstante, este mismo documento sea exigido por la Administración central para acceder a la tarifa fotovoltaica a partir de la tercera convocatoria de este año.

E.D.: ¿Y la reducción de la tarifa de una convocatoria a otra? Se suponía que iba a ser de un 2,5% como máximo y entre la primera convocatoria y la segunda va a haber una reducción del 4% en las instalaciones de suelo.

J.A.: Efectivamente, ha surgido un problema con reducción trimestral de la tarifa para las instalaciones en suelo, porque el Ministerio de Industria ha hecho una aplicación muy particular de la fórmula matemática recogida en el Real Decreto 1578/2008 que puede llevar a la reducción de tarifa hasta una magnitud del 20% este año, cuando el máximo previsto durante el alumbramiento de la norma fue de un máximo del 10% anual. Por lo tanto, en ASIF pensamos que esa interpretación no se corresponde con el espíritu de la norma, y así se refleja en sus memorias justificativas o el propio informe que sobre él realizó la CNE. Esperamos, por lo tanto, que este tema, sobre el que ya estamos en contacto con la Secretaría General de Energía, se reconduzca.

Nuestros lectores podrán leer mañana la segunda parte de la entrevista a Javier Anta que abordará temas como los precios de la fotovoltaica o su instalación en los edificios.

«Es importante que Gobiernos y reguladores recuperen su credibilidad, como base para el buen funcionamiento del sector»

ENERGÍA DIARIO: Hablando de la cuestión de la liberalización, existen ciertas críticas hacia el funcionamiento del mercado eléctrico de generación, ¿por qué esta crítica a este mercado? ¿Por qué no se cree en el mercado de la energía?

IÑAKI GARAY: Tengo que decir que el problema del mercado eléctrico es ese tipo de intervención. Cuando se puso en marcha este mercado empezó a funcionar bastante bien, para ser uno de los primeros de Europa. De hecho, se viene casando en el mercado con normalidad la oferta y demanda de electricidad. En algún caso, ha aparecido alguna irregularidad en determinados “cuellos de botella” como es el mercado de desvíos y restricciones técnicas. Pero, al margen de todos los problemas que hayan podido surgir, todas estas cosas se han ido corrigiendo. Los operadores del mercado del sistema hicieron su labor en su momento, creo que los reguladores han seguido bien el tema, pero, al final, el problema no es del mercado, es de estructura final, es si existe o no competencia en este país y realmente existe muy poca en España y tiene que ver con el tope que supone la tarifa topada o intervenida.

E.D.: Una de las cuestiones que nos podemos plantear es que durante los últimos años las dos grandes operadoras, Endesa e Iberdrola, hace 6 ó 7 años estaban hablando de casi el 80% de participación en el mercado y hoy no llegan al 45%. ¿Este hecho no ha incrementado la competencia?

I.G.: Se ha ido diluyendo. Lo que ocurre no es que una compañía compita contra otra, sino que compites contra el sistema. Si las tarifas siguen topadas, da igual que haya siete o dos operadores. El problema no está en el número de operadores, sino en que haya un marco eficiente para que compitan. Eso que dicen, por ejemplo, del mercado mundial de refrescos de cola que son Coca Cola y Pepsi y que compiten “a muerte”. Como este, hay otros muchos ejemplos de mercados con un número pequeño de operadores y donde hay una gran competencia. Es cierto que los reguladores tienen que estar atentos para que no haya un pacto colusorio o un cártel. El porqué estos operadores han ido perdiendo peso, creo que se debe a que muchas veces ha sido una posición también buscada además de por la entrada de nuevos operadores y las renovables (principalmente la eólica). A medida que van diversificando su actividad en otros mercados, las empresas intentan que ese crecimiento reduzca el riesgo, por lo tanto, han buscado una mayor diversificación de inversiones y riesgos en más países.

E.D.: Sobre lo que son las operaciones corporativas, la última de UF-GN, recientemente aprobada, aunque con críticas por su resultado en el mercado de aprovisionamiento de gas y por el solapamiento de distribución eléctrica y distribución de gas. ¿Siguen existiendo condiciones para que existan nuevos procesos de reestructuración del sector energético?

I.G.: Creo que sí. Hay un proceso muy interesante que se ha dado en estos últimos años, no sólo de concentración entre las propias compañías, sino además de concentración con otras compañías europeas como se ha reflejado en el interés que han mostrado E.on o Enel a raíz de la opa de Gas Natural sobre Endesa. Esto abrió un nuevo panorama en el sector energético español. De ser una cuestión que se iba a dilucidar dentro del mercado ibérico, pasó a formar parte de un interés europeo. Posiblemente esta reordenación no era la más eficiente que se pretendía en un primer momento, entre otras cosas, porque ha sido una reordenación asimétrica: mientras en España las compañías habían sido privatizadas, en otros países europeos seguían en manos del Estado. Esas compañías, aparte de ser intocables, contaban con recursos ilimitados y muchas veces con mercados cautivos, como el caso de Francia, por ejemplo. Pero volviendo al mercado español, creo que la reordenación no se ha acabado. Han aparecido nuevos actores como las compañías constructoras que estaban mudando de un sector ya muy maduro y que incluso estaba entrando en crisis hacia otros sectores y eso ha posibilitado que algunas constructoras importantes hayan tomado posiciones en compañías eléctricas. Lo que no sé es si esas posiciones tienen un carácter permanente o más bien especulativo, o si van a ser un tránsito hacia otro modelo. En todo caso, siguen operando compañías pequeñas en este país que acabarán por integrarse en modelos más grandes. Incluso en Europa, no creo que haya más de cuatro o cinco grandes grupos energéticos en un tiempo.

E.D.: ¿Cómo valoraría el funcionamiento institucional, de los reguladores principales y de la Administración en todo este proceso?

I.G.: En el momento en que se planteó la operación de Gas Natural sobre Endesa, aquella operación que quería crear un campeón nacional, a partir de la intervención de la CNE intentando desincentivar una oferta de una compañía alemana sobre una española (E.on sobre Endesa), el organismo público perdió su credibilidad. Pasó de ser un regulador con una cierta reputación incluso de ámbito europeo a traslucir que el regulador estaba al servicio de los intereses del Gobierno en aquel momento. De esta pérdida de credibilidad no se ha recuperado. Si a esto unimos que los Gobiernos, sean del color que sean, han utilizado la energía para hacer política, unas veces interviniendo el precio de la energía y otras posibilitando uniones u operaciones corporativas que tenían unos ciertos intereses, entonces el escenario que se presenta es un poco desolador. Creo que es importante que tanto los Gobiernos como los reguladores recuperen esa credibilidad como base para un buen funcionamiento sectorial.

E.D.: ¿Es sano que la Comisión Nacional de la Energía esté sin resolver su renovación desde hace casi un año?

I.G.: Pues ciertamente no. Creo que el problema es que como gran parte de los miembros de la CNE, como los de otros muchos reguladores e instituciones de este país (la propia Justicia) se resuelven en un acuerdo político, el resultado es que las cosas funcionen mal. Lo lógico sería cambiar los elementos necesarios para que estos reguladores pudieran ser independientes del poder político. Quizás deberían ser elegidos por una mayoría parlamentaria, exigir que se trate de profesionales de reconocido prestigio, que no tengan ninguna adscripción política… En definitiva, introducir una serie de elementos que devuelvan la credibilidad a este tipo de organismos.

E.D.: Sobre las cuestiones abiertas en este momento en el sector energético español, querríamos saber su opinión sobre cuatro puntos esenciales. En primer lugar, ¿cuál es su posición sobre la reapertura del debate nuclear en nuestro país?

I.G.: La necesidad de cualquier país de mantener una estructura económica competitiva exige tener fuentes de energía que sean, como se suele decir, “buenas, bonitas y baratas”. España es un país muy dependiente energéticamente, casi el 80% de la energía que consumimos tiene que ser importada, lo cual nos sitúa en un régimen de dependencia enorme y constituye una de nuestras mayores debilidades. Hacer una apuesta por las energías renovables es interesante por que la producción de energía autóctona tiene un componente industrial, puesto que su desarrollo genera en su entorno un sector potente. Tenemos empresas muy importantes como Gamesa y otras que son modelos a nivel mundial y que exportan tecnología. Pero, al mismo tiempo, plantean problemas de costes como de seguridad en el suministro. Si queremos contar el suministro con energía barata abundante y segura, tenemos que ver en otros países qué alternativas existen. Y se mire por donde se mire, una de estas alternativas es la de la energía nuclear. Finlandia ya está construyendo nuevos reactores, el Reino Unido tiene proyectos, al igual que algunos países del Este de Europa. Alemania y Suecia se están replanteando este tema y por supuesto, Francia. Incluso en EE.UU.. Cuando Obama habla de su ambicioso plan de energías renovables, lo que no menciona es que al mismo tiempo se están licitando 23 centrales nucleares a lo largo del país. Es verdad que, desde el punto de vista político, es fácil contar a los ciudadanos todas las ventajas que tienen las energías renovables, pero la sociedad y el tejido industrial necesita unos precios de la energía que sean competitivos. En este país, por ejemplo, hay determinadas industrias que son intensivas en el consumo de energía, como los productores de aluminio, acero, el zinc, la industria química, la cementera, etc., que si no tienen un precio de la energía competitivo, se corre el riesgo de deslocalizarse. Creo que es importante que se abra un debate para ver hasta qué punto se puede ofrecer a estas industrias unos precios de la energía que les permitan seguir compitiendo en los mercados internacionales.

E.D.: ¿Qué efectos puede tener la recesión económica que estamos viviendo sobre el consumo, la demanda y la inversión en el sector energético?

I.G.: Es evidente que la recesión económica está haciendo bajar el consumo energético. Los últimos datos hablan ya de dos dígitos y muy altos de caída de la demanda, un 18%, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo. Si la demanda cae, la inversión futura lo hace también, porque con el parque que tienes instalado se cubre perfectamente la demanda. Pero además, existen otros problemas en los mercados financieros que están prácticamente cerrados, y hay demasiada deuda pública a la venta que están impidiendo a las compañías financiarse para poner en marcha nuevos proyectos. Todo esto habrá que seguirlo con el tiempo para ver cómo se sale de ello. Pero en el momento en que esto cambie, necesitaremos disponer de una infraestructura que nos permita obtener energía a buen precio para hacer frente a un nuevo crecimiento en términos competitivos.

E.D.: Sobre la integración energía y medioambiente, ¿qué propuestas y retos tiene ahora nuestro país?

I.G.: Con respecto a este tema, está en la mesa el Plan Nacional de Asignaciones. Cuando en los años 90 se empieza a hablar del protocolo de Kyoto, se hicieron unos cálculos muy ambiciosos sobre modelos que partían de una estabilidad en el comportamiento de la actividad de nuestro país. Es decir, cuando se calcularon las emisiones que España iba a tener en los años posteriores no se contó con una época de crecimiento económico como la que tuvimos. De hecho, veremos en los próximos años cómo con la recesión económica, la emisión de gases se va a corregir muchísimo. Y no es porque haya habido un esfuerzo especial por parte de los ciudadanos o las industrias. Simplemente, es porque energía y progreso están muy ligados, como he mencionado anteriormente, y cuando hay una recesión económica, el consumo de la energía cae. Pero volviendo al tema del medioambiente, es importante contar con las fuentes de energía que sean respetuosas con él pero al mismo tiempo baratas. Y volvemos en este punto una vez más al tema de la energía nuclear. Francia es uno de los países que en las reuniones de Ministros europeos cuando se hablaba de porcentajes de energías renovables, incluían a la nuclear entre ellas, porque es una energía prácticamente inagotable y libre de emisiones. Tiene, por supuesto, otros problemas que habrá que discutir como el tratamiento de los residuos, pero un país que obtiene el 70% de su electricidad a partir de la nuclear va a defenderla hasta el final.

E.D.: Sobre las políticas de impulso a las energías renovables, ¿qué opinión le merecen las ventajas fiscales y primas que se están aplicando para el desarrollo del sector?

I.G.: Ciertamente son necesarias, pero hay que buscar un equilibrio entre lo que los ciudadanos pueden pagar y lo que el sistema puede soportar. España está haciendo un esfuerzo notable en el fomento de las energías renovables, pero no sólo de renovables puede vivir un país. La cuestión de que se hayan sacado las primas a las renovables de los Presupuestos Generales del Estado que se está planteando deviene de que si las energías renovables son bien para la sociedad, por qué las deben soportar sólo los que consumen energía eléctrica. Por tanto, aunque uno no consuma, como estas energías reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera sería lógico que se cubran las primas a las renovables con los PGE. Este punto no lo veo muy claro, porque, al final, el precio de la energía también debe servir para evitar que se derroche la misma.

Nuestra eficiencia energética empeoró entre los años 90 y 2003, porque durante estos años al mismo tiempo que el precio del petróleo subía de 10 a 60 ó 70 dólares, el precio de la energía bajaba en términos reales un 30%. Si la gente no percibe que hay una penalización si se consume energía, la tendencia a consumir más es normal. Ese principio económico que dice “a precio cero, demanda infinita” se hace realidad. Cuando los precios no se perciben como una penalización, la gente tiende a consumir, a veces, mucho más de lo que necesita. Eso ha hecho que nuestra eficiencia energética fuese tan baja, puesto que para la misma producción se utilizaba mucha más energía. El hecho de utilizar el aire acondicionado o la calefacción en exceso, así como dejarse luces encendidas cuando no son necesarias, son ejemplos de consumo que no se deben primar, sino, más bien, penalizar. Pero volviendo a la cuestión de las renovables, es cierto que cada vez son más eficientes. Por ejemplo, en el caso de la energía eólica desde los primeros aerogeneradores implantados en España hace ya 25 años, hasta los generadores actuales ha habido cambios enormes: no sólo son mucho más predecibles sino que además producen una energía de mayor calidad y mejor precio que hace unos años. Por tanto, entiendo que hay que apoyar este tipo de energías porque en algún momento serán muy importantes, de hecho ya lo empiezan a ser, incluso que se incorporen al mercado cuando compitan con otras tecnologías.

E.D.: ¿Qué retos tiene el sector energético como industria?

I.G.: El reto más importante que tiene el sector como industria es seguir dando el salto de proveer de forma eficiente, de darnos la energía con la mejor calidad y el mejor precio. Eso ocurrirá si tiene cierta libertad para elegir las tecnologías que usa. Cuando un sector está encorsetado por una serie de principios gubernamentales o regulaciones, acaba siendo ineficiente. Si se hace una liberalización eficaz y efectiva, si se dan fórmulas de competencia y se deja que el sector madure sólo, al final habrá un sector eficiente y que redundará en un mejor servicio a los ciudadanos.

E.D.: ¿Cree que hay inseguridad regulatoria en el sector en nuestro país?

I.G.: Por supuesto. Ha habido una constante incertidumbre regulatoria y eso es lo que marca la diferencia entre un país que es moderno y otro que no lo es. Y hay que decir que España en este tema no ha sabido ser un país moderno. Creo que los países que tienen seguridad jurídica, que tienen “certidumbre” regulatoria son los que atraen la inversión, los que atraen el capital y las oportunidades que revierten al final en beneficio de todos los ciudadanos.

«Es importante que Gobiernos y reguladores recuperen su credibilidad, como base para el buen funcionamiento del sector»

ENERGÍA DIARIO: Hablando de la cuestión de la liberalización, existen ciertas críticas hacia el funcionamiento del mercado eléctrico de generación, ¿por qué esta crítica a este mercado? ¿Por qué no se cree en el mercado de la energía?

IÑAKI GARAY: Tengo que decir que el problema del mercado eléctrico es ese tipo de intervención. Cuando se puso en marcha este mercado empezó a funcionar bastante bien, para ser uno de los primeros de Europa. De hecho, se viene casando en el mercado con normalidad la oferta y demanda de electricidad. En algún caso, ha aparecido alguna irregularidad en determinados “cuellos de botella” como es el mercado de desvíos y restricciones técnicas. Pero, al margen de todos los problemas que hayan podido surgir, todas estas cosas se han ido corrigiendo. Los operadores del mercado del sistema hicieron su labor en su momento, creo que los reguladores han seguido bien el tema, pero, al final, el problema no es del mercado, es de estructura final, es si existe o no competencia en este país y realmente existe muy poca en España y tiene que ver con el tope que supone la tarifa topada o intervenida.

E.D.: Una de las cuestiones que nos podemos plantear es que durante los últimos años las dos grandes operadoras, Endesa e Iberdrola, hace 6 ó 7 años estaban hablando de casi el 80% de participación en el mercado y hoy no llegan al 45%. ¿Este hecho no ha incrementado la competencia?

I.G.: Se ha ido diluyendo. Lo que ocurre no es que una compañía compita contra otra, sino que compites contra el sistema. Si las tarifas siguen topadas, da igual que haya siete o dos operadores. El problema no está en el número de operadores, sino en que haya un marco eficiente para que compitan. Eso que dicen, por ejemplo, del mercado mundial de refrescos de cola que son Coca Cola y Pepsi y que compiten “a muerte”. Como este, hay otros muchos ejemplos de mercados con un número pequeño de operadores y donde hay una gran competencia. Es cierto que los reguladores tienen que estar atentos para que no haya un pacto colusorio o un cártel. El porqué estos operadores han ido perdiendo peso, creo que se debe a que muchas veces ha sido una posición también buscada además de por la entrada de nuevos operadores y las renovables (principalmente la eólica). A medida que van diversificando su actividad en otros mercados, las empresas intentan que ese crecimiento reduzca el riesgo, por lo tanto, han buscado una mayor diversificación de inversiones y riesgos en más países.

E.D.: Sobre lo que son las operaciones corporativas, la última de UF-GN, recientemente aprobada, aunque con críticas por su resultado en el mercado de aprovisionamiento de gas y por el solapamiento de distribución eléctrica y distribución de gas. ¿Siguen existiendo condiciones para que existan nuevos procesos de reestructuración del sector energético?

I.G.: Creo que sí. Hay un proceso muy interesante que se ha dado en estos últimos años, no sólo de concentración entre las propias compañías, sino además de concentración con otras compañías europeas como se ha reflejado en el interés que han mostrado E.on o Enel a raíz de la opa de Gas Natural sobre Endesa. Esto abrió un nuevo panorama en el sector energético español. De ser una cuestión que se iba a dilucidar dentro del mercado ibérico, pasó a formar parte de un interés europeo. Posiblemente esta reordenación no era la más eficiente que se pretendía en un primer momento, entre otras cosas, porque ha sido una reordenación asimétrica: mientras en España las compañías habían sido privatizadas, en otros países europeos seguían en manos del Estado. Esas compañías, aparte de ser intocables, contaban con recursos ilimitados y muchas veces con mercados cautivos, como el caso de Francia, por ejemplo. Pero volviendo al mercado español, creo que la reordenación no se ha acabado. Han aparecido nuevos actores como las compañías constructoras que estaban mudando de un sector ya muy maduro y que incluso estaba entrando en crisis hacia otros sectores y eso ha posibilitado que algunas constructoras importantes hayan tomado posiciones en compañías eléctricas. Lo que no sé es si esas posiciones tienen un carácter permanente o más bien especulativo, o si van a ser un tránsito hacia otro modelo. En todo caso, siguen operando compañías pequeñas en este país que acabarán por integrarse en modelos más grandes. Incluso en Europa, no creo que haya más de cuatro o cinco grandes grupos energéticos en un tiempo.

E.D.: ¿Cómo valoraría el funcionamiento institucional, de los reguladores principales y de la Administración en todo este proceso?

I.G.: En el momento en que se planteó la operación de Gas Natural sobre Endesa, aquella operación que quería crear un campeón nacional, a partir de la intervención de la CNE intentando desincentivar una oferta de una compañía alemana sobre una española (E.on sobre Endesa), el organismo público perdió su credibilidad. Pasó de ser un regulador con una cierta reputación incluso de ámbito europeo a traslucir que el regulador estaba al servicio de los intereses del Gobierno en aquel momento. De esta pérdida de credibilidad no se ha recuperado. Si a esto unimos que los Gobiernos, sean del color que sean, han utilizado la energía para hacer política, unas veces interviniendo el precio de la energía y otras posibilitando uniones u operaciones corporativas que tenían unos ciertos intereses, entonces el escenario que se presenta es un poco desolador. Creo que es importante que tanto los Gobiernos como los reguladores recuperen esa credibilidad como base para un buen funcionamiento sectorial.

E.D.: ¿Es sano que la Comisión Nacional de la Energía esté sin resolver su renovación desde hace casi un año?

I.G.: Pues ciertamente no. Creo que el problema es que como gran parte de los miembros de la CNE, como los de otros muchos reguladores e instituciones de este país (la propia Justicia) se resuelven en un acuerdo político, el resultado es que las cosas funcionen mal. Lo lógico sería cambiar los elementos necesarios para que estos reguladores pudieran ser independientes del poder político. Quizás deberían ser elegidos por una mayoría parlamentaria, exigir que se trate de profesionales de reconocido prestigio, que no tengan ninguna adscripción política… En definitiva, introducir una serie de elementos que devuelvan la credibilidad a este tipo de organismos.

E.D.: Sobre las cuestiones abiertas en este momento en el sector energético español, querríamos saber su opinión sobre cuatro puntos esenciales. En primer lugar, ¿cuál es su posición sobre la reapertura del debate nuclear en nuestro país?

I.G.: La necesidad de cualquier país de mantener una estructura económica competitiva exige tener fuentes de energía que sean, como se suele decir, “buenas, bonitas y baratas”. España es un país muy dependiente energéticamente, casi el 80% de la energía que consumimos tiene que ser importada, lo cual nos sitúa en un régimen de dependencia enorme y constituye una de nuestras mayores debilidades. Hacer una apuesta por las energías renovables es interesante por que la producción de energía autóctona tiene un componente industrial, puesto que su desarrollo genera en su entorno un sector potente. Tenemos empresas muy importantes como Gamesa y otras que son modelos a nivel mundial y que exportan tecnología. Pero, al mismo tiempo, plantean problemas de costes como de seguridad en el suministro. Si queremos contar el suministro con energía barata abundante y segura, tenemos que ver en otros países qué alternativas existen. Y se mire por donde se mire, una de estas alternativas es la de la energía nuclear. Finlandia ya está construyendo nuevos reactores, el Reino Unido tiene proyectos, al igual que algunos países del Este de Europa. Alemania y Suecia se están replanteando este tema y por supuesto, Francia. Incluso en EE.UU.. Cuando Obama habla de su ambicioso plan de energías renovables, lo que no menciona es que al mismo tiempo se están licitando 23 centrales nucleares a lo largo del país. Es verdad que, desde el punto de vista político, es fácil contar a los ciudadanos todas las ventajas que tienen las energías renovables, pero la sociedad y el tejido industrial necesita unos precios de la energía que sean competitivos. En este país, por ejemplo, hay determinadas industrias que son intensivas en el consumo de energía, como los productores de aluminio, acero, el zinc, la industria química, la cementera, etc., que si no tienen un precio de la energía competitivo, se corre el riesgo de deslocalizarse. Creo que es importante que se abra un debate para ver hasta qué punto se puede ofrecer a estas industrias unos precios de la energía que les permitan seguir compitiendo en los mercados internacionales.

E.D.: ¿Qué efectos puede tener la recesión económica que estamos viviendo sobre el consumo, la demanda y la inversión en el sector energético?

I.G.: Es evidente que la recesión económica está haciendo bajar el consumo energético. Los últimos datos hablan ya de dos dígitos y muy altos de caída de la demanda, un 18%, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo. Si la demanda cae, la inversión futura lo hace también, porque con el parque que tienes instalado se cubre perfectamente la demanda. Pero además, existen otros problemas en los mercados financieros que están prácticamente cerrados, y hay demasiada deuda pública a la venta que están impidiendo a las compañías financiarse para poner en marcha nuevos proyectos. Todo esto habrá que seguirlo con el tiempo para ver cómo se sale de ello. Pero en el momento en que esto cambie, necesitaremos disponer de una infraestructura que nos permita obtener energía a buen precio para hacer frente a un nuevo crecimiento en términos competitivos.

E.D.: Sobre la integración energía y medioambiente, ¿qué propuestas y retos tiene ahora nuestro país?

I.G.: Con respecto a este tema, está en la mesa el Plan Nacional de Asignaciones. Cuando en los años 90 se empieza a hablar del protocolo de Kyoto, se hicieron unos cálculos muy ambiciosos sobre modelos que partían de una estabilidad en el comportamiento de la actividad de nuestro país. Es decir, cuando se calcularon las emisiones que España iba a tener en los años posteriores no se contó con una época de crecimiento económico como la que tuvimos. De hecho, veremos en los próximos años cómo con la recesión económica, la emisión de gases se va a corregir muchísimo. Y no es porque haya habido un esfuerzo especial por parte de los ciudadanos o las industrias. Simplemente, es porque energía y progreso están muy ligados, como he mencionado anteriormente, y cuando hay una recesión económica, el consumo de la energía cae. Pero volviendo al tema del medioambiente, es importante contar con las fuentes de energía que sean respetuosas con él pero al mismo tiempo baratas. Y volvemos en este punto una vez más al tema de la energía nuclear. Francia es uno de los países que en las reuniones de Ministros europeos cuando se hablaba de porcentajes de energías renovables, incluían a la nuclear entre ellas, porque es una energía prácticamente inagotable y libre de emisiones. Tiene, por supuesto, otros problemas que habrá que discutir como el tratamiento de los residuos, pero un país que obtiene el 70% de su electricidad a partir de la nuclear va a defenderla hasta el final.

E.D.: Sobre las políticas de impulso a las energías renovables, ¿qué opinión le merecen las ventajas fiscales y primas que se están aplicando para el desarrollo del sector?

I.G.: Ciertamente son necesarias, pero hay que buscar un equilibrio entre lo que los ciudadanos pueden pagar y lo que el sistema puede soportar. España está haciendo un esfuerzo notable en el fomento de las energías renovables, pero no sólo de renovables puede vivir un país. La cuestión de que se hayan sacado las primas a las renovables de los Presupuestos Generales del Estado que se está planteando deviene de que si las energías renovables son bien para la sociedad, por qué las deben soportar sólo los que consumen energía eléctrica. Por tanto, aunque uno no consuma, como estas energías reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera sería lógico que se cubran las primas a las renovables con los PGE. Este punto no lo veo muy claro, porque, al final, el precio de la energía también debe servir para evitar que se derroche la misma.

Nuestra eficiencia energética empeoró entre los años 90 y 2003, porque durante estos años al mismo tiempo que el precio del petróleo subía de 10 a 60 ó 70 dólares, el precio de la energía bajaba en términos reales un 30%. Si la gente no percibe que hay una penalización si se consume energía, la tendencia a consumir más es normal. Ese principio económico que dice “a precio cero, demanda infinita” se hace realidad. Cuando los precios no se perciben como una penalización, la gente tiende a consumir, a veces, mucho más de lo que necesita. Eso ha hecho que nuestra eficiencia energética fuese tan baja, puesto que para la misma producción se utilizaba mucha más energía. El hecho de utilizar el aire acondicionado o la calefacción en exceso, así como dejarse luces encendidas cuando no son necesarias, son ejemplos de consumo que no se deben primar, sino, más bien, penalizar. Pero volviendo a la cuestión de las renovables, es cierto que cada vez son más eficientes. Por ejemplo, en el caso de la energía eólica desde los primeros aerogeneradores implantados en España hace ya 25 años, hasta los generadores actuales ha habido cambios enormes: no sólo son mucho más predecibles sino que además producen una energía de mayor calidad y mejor precio que hace unos años. Por tanto, entiendo que hay que apoyar este tipo de energías porque en algún momento serán muy importantes, de hecho ya lo empiezan a ser, incluso que se incorporen al mercado cuando compitan con otras tecnologías.

E.D.: ¿Qué retos tiene el sector energético como industria?

I.G.: El reto más importante que tiene el sector como industria es seguir dando el salto de proveer de forma eficiente, de darnos la energía con la mejor calidad y el mejor precio. Eso ocurrirá si tiene cierta libertad para elegir las tecnologías que usa. Cuando un sector está encorsetado por una serie de principios gubernamentales o regulaciones, acaba siendo ineficiente. Si se hace una liberalización eficaz y efectiva, si se dan fórmulas de competencia y se deja que el sector madure sólo, al final habrá un sector eficiente y que redundará en un mejor servicio a los ciudadanos.

E.D.: ¿Cree que hay inseguridad regulatoria en el sector en nuestro país?

I.G.: Por supuesto. Ha habido una constante incertidumbre regulatoria y eso es lo que marca la diferencia entre un país que es moderno y otro que no lo es. Y hay que decir que España en este tema no ha sabido ser un país moderno. Creo que los países que tienen seguridad jurídica, que tienen “certidumbre” regulatoria son los que atraen la inversión, los que atraen el capital y las oportunidades que revierten al final en beneficio de todos los ciudadanos.

«Hasta que no se liberalicen las tarifas, no existirá una competencia completa en el sector energético»

ENERGÍA DIARIO: ¿De dónde proviene este interés personal y profesional por el mundo energético?

IÑAKI GARAY: La verdad es que fue un interés casi impuesto, porque empecé a trabajar en Expansión, allá por el año 87, y al poco tiempo de llegar empecé a llevar temas energéticos y, como en otros trabajos, a medida que lo vas haciendo te va entusiasmando o te va decepcionando. A mí me entusiasmó por el hecho de que el mundo de la energía tiene muchas vertientes y un ámbito y proyección social muy importante. Por eso me ha interesado y lo he hecho durante mucho tiempo.

E.D.: ¿Cómo valora el conocimiento que tiene la sociedad española sobre el sector energético?

I.G.: Hay un desconocimiento enorme, la sociedad española sabe realmente muy poco sobre el sector energético. Por poner algún ejemplo, la mayor parte de la gente no sabe qué hay detrás del hecho de apretar un interruptor y que se encienda la luz en su casa, qué energías, ni qué capital se están moviendo, ni qué inversiones hay que realizar. Prácticamente todo eso se desconoce. Lo que es opinión de todos es que la luz es cara. Si a uno le preguntan en una encuesta si le parece que la luz es barata o cara, como se trata de un bien de consumo generalizado, siempre responderá que es cara, pero nadie sabe cuánto consume o paga de luz cada día. En el sector del petróleo pasa lo mismo. Sabemos que los precios del petróleo varían muchísimo pero el de los carburantes no lo hacen en la misma medida y eso está motivado porque gran parte de lo que pagan los consumidores son impuestos como el IVA, el impuesto sobre hidrocarburos o impuestos especiales y la gente no conoce la carga fiscal que tienen que soportar estos medios.

No hay tampoco un gran conocimiento sobre las energías renovables. Por ejemplo, se suele decir que en España hay mucho sol y que, por consiguiente, se cree que es fácil o debería ser fácil la producción de energía solar. Lo que no sabe la gente es que para obtener esta energía hay que utilizar unos paneles de silicio que son muy caros de fabricar y cuya eficiencia es muy baja comparativamente con otras fuentes. Por tanto, esa diferencia entre el coste de esos paneles y su bajo rendimiento, tiene que verse compensada para que pueda participar en la generación energética, lo que implica imputar unas ayudas complementarias, que pueden hacer que realmente esa energía sea más cara que la producida por un ciclo combinado de gas, por ejemplo.

Hay, por tanto, un escaso conocimiento sobre el sector y muchos tabúes. Sólo contar una anécdota, muy ilustrativa de esta cuestión. Cuando yo estaba en el Ministerio de Industria: en la época estaban haciendo lo que se denominaba el cable que unía eléctricamente Marruecos con España, una de las cuestiones que planteaban recurrentemente los periodistas locales era si iban a traer energía nuclear a través del cable. Este tipo de respuestas dan una idea del desconocimiento generalizado que hay sobre la energía.

Además de esto, partimos de una idea popular de que las compañías eléctricas son ricas y que están en manos de nobles. Me acuerdo de alguien que me comentó una vez “esta eléctrica es del Barón de Grado (Martín González del Valle, que era el dueño de Hidrocantábrico)” pero no era suya, claro, el Barón de Grado era el que la presidía; u otro que decía “es del Marqués de Arriluce” que es Fernando Ybarra cuando presidía Sevillana de Electricidad.

Con esto quiero decir que la gente percibe que las eléctricas eran propiedad de unos nobles, cuando la verdad es que son propiedad de millones de accionistas. Cuando se penaliza el funcionamiento de estas compañías, por ejemplo, no reconociendo los costes en que incurren, lo que pasa es que se está transfiriendo renta de estos millones de accionistas a millones de consumidores. Al mismo tiempo se perjudica la imagen del país, porque la inversión extranjera o los grandes fondos de inversión se acercan mucho a sectores como este, que son muy intensivos de capital, es decir, para montar un ciclo combinado o una central nuclear, por ejemplo, hay que invertir unos 4.000 millones de euros y eso supone que tiene que haber capital en el mundo suficiente que esté dispuesto a jugárselo en tu país y, por supuesto, tienen la intención de obtener una rentabilidad. Nadie mete su dinero en un sitio a cambio de nada o, incluso, perdiendo dinero o con riesgo de ello. Por lo tanto, cuando vemos a las compañías debemos saber que detrás de ellas hay muchos intereses, que además son intereses legítimos y que hacen un servicio a la sociedad.

E.D.: En relación a esto, la gente quiere energía barata y esto tiene un “trade off” entre si se usan o no renovables, o si se utiliza la nuclear o no, preguntas que están a menudo en el debate público. ¿Por qué la sociedad no percibe esta cuestión?

I.G.: La gente quiere la triple B sobre la energía: buena, bonita y barata. Pero pocas veces son compatibles las tres. Por poner un ejemplo, desconocen que las energías renovables que, en teoría son inagotables (el viento existe y existirá, el sol ídem) son al mismo tiempo más caras. Cuando se apuesta por un tipo de producción de energía renovables, como sociedad tenemos que hacer el esfuerzo de pagar un poco más cara la electricidad. Además de esto, la gente quiere energía segura: nadie está dispuesto a que cuando se vaya de casa se quede sin luz y que, por ejemplo, los alimentos que tienen en la nevera se pierdan. Esta seguridad de suministro requiere atender a otros factores. La eólica, por ejemplo, no da seguridad en el suministro, ya que sólo se produce cuando sopla el viento. Si uno ve los momentos en que ocurren los máximos de consumo que se han producido en este país debidos a un aumento en la utilización del aire acondicionado o de los sistemas de calefacción, se puede comprobar que, en esos momentos, quién está aportando a la red la energía para soportar todo ese consumo no es la energía eólica, puesto que cuando hay un anticiclón, haga frío o calor, el viento sopla menos. Por lo tanto, cuando no hay viento son necesarias otro tipo de instalaciones que proporcionen la electricidad para que uno pueda seguir duchándose o utilizar el aire acondicionado. En este caso son las centrales de carbón, nucleares o de ciclo combinado. Otro caso parecido es el de las hidráulicas. Cuando llueve los pantanos se llenan y, por tanto, no hay problema para obtener electricidad de la energía hidráulica, pero hay veces que hay sequías y hay que suplir este tipo de producción energética con otras, como las que he mencionado. La gente desconoce todo esto, en general. En conclusión, lo importante es tener un mix de todas estas fuentes, cada una con papeles concretos en el suministro y en el que se inlcuya el carbón (centrales térmicas), hidráulica, ciclos combinados, renovables, y, posiblemente, habría que ver si en ese mix debería participar más la energía nuclear.

E.D.: Desde los medios de comunicación, ¿cómo se trata el sector energético? ¿Existen diferencias entre medios generalistas y económicos, o incluso entre medios audiovisuales y escritos?

I.G.: Pues existe diferencia entre los medios generalistas y económicos. Estos últimos suelen ser un poco más rigurosos, suelen tener un poco más de sensibilidad con estos temas que no son tan sociales. Pero dentro de los propios medios generalistas existe una diferencia de tratamiento según la sección, si es sociedad o economía. Pienso que los redactores y periodistas que tratan estos temas tienen diferentes formaciones y un diferente acercamiento al mundo de la energía en función de la sección en la que trabajan y eso se percibe. En general, en las secciones de sociedad de los periódicos generalistas se hace bastante demagogia en torno a los temas energéticos, incluso en muchos programas de televisión se trata el tema no para informar, si no para reforzar todos los tópicos que ya existen en la sociedad. Pongamos por caso que se quiere tratar el hecho de si las líneas de alta tensión producen campos electromagnéticos. Pues siempre alguien al que se le ocurre hacer de eso un reportaje, que lo vende a algún programa de televisión buscando un contenido de interés “social” enfocado desde la alarma. No importa si hay una base científica o no detrás de eso o si los datos son fiables. Lo importante no es lo que es, sino lo que parece que es. Por lo tanto, se trata de manera bastante frívola el tema energético. Pero sí es verdad que hay medios que por estar, muy especializados lo tratan mejor, lógicamente, medios que lo tratan mejor en unas páginas que en otras y medios o que no lo tratan o lo hacen muy mal.

E.D.: ¿Cómo valora el que haya medios especializados sólo en el sector?

I.G.: Lo valoro muy positivamente. Creo que el progreso de la humanidad está ligado al consumo de energía, es decir, no hay país que pueda progresar sin aumento en su consumo de energía, por tanto, la energía es algo fundamental para el progreso de los pueblos. Antes se utilizaba la energía calorífica gracias a la combustión de la madera, después fueron apareciendo el petróleo, el gas y otros tipos de energía. Si tenemos en cuenta que hasta el año 1800, la población del planeta no supera los 1.000 millones de personas, en 1920 supera los 2.000 millones, en los años 60 no supera todavía los 3.000 millones y que desde los años 60 hasta el 2000 la población de la tierra se dobla hasta los 6.000, esto quiere decir que se van a consumir grandes cantidades de energía, porque toda la población de países con China, el Sudeste Asiático que están multiplicando sus poblaciones y tienen derecho a consumir energía. Tenemos, por tanto, que hacer una reflexión profunda de cómo se va a realizar ese proceso, qué energías vamos a consumir, como nos van a ayudar a progresar y hacer que este progreso sea compatible con que el crecimiento sea sostenible o que no se dañe al medioambiente. Todas ellas son cuestiones que se deben tratar de formar profesional y rigurosa.

E.D.: Sobre el tema del déficit tarifario, ¿existe conocimiento a nivel de calle de las consecuencias de una negociación como la que se está llevando a cabo? ¿Hay transparencia sobre el tema?

I.G.: La sociedad no tiene ni idea del problema que es el déficit tarifario. Entre otras cosas, la gente piensa que se trata de un problema de las eléctricas y, verdaderamente, puede llegar a serlo. Para explicarlo de forma fácil, el problema surge del hecho que las tarifas están intervenidas, puesto que el último que las fija es el Gobierno y, por ello, se han utilizado unas veces para controlar la inflación y otras veces no se han subido porque no convenía políticamente. Todo esto ha llevado a una dinámica perversa y es que las materias primas y el coste de producción de energía han estado subiendo mientras que las tarifas, fijadas políticamente, no reflejan esos costes de producción. Esa diferencia entre el coste real de producción y lo que paga el consumidor es el déficit de tarifa. Los políticos sabían que con los precios aplicados, las eléctricas no estaban recuperando los costes de producción. Pero, por decirlo de alguna forma, es como si los políticos estuvieran diciendo a las eléctricas “no os preocupéis, que nosotros vamos a ir subiendo la luz para que recuperéis todo lo que habéis dejado de ingresar”. El problema es que esto no se lo han dicho a los ciudadanos. Pero como el precio de la luz tenía que haber crecido mucho más y al mismo tiempo que esto ocurría, las eléctricas han estado apuntando en una cuenta una deuda que los ciudadanos debemos a las compañías. Pues esa cifra ha ido creciendo año tras año y al final de este año la deuda contraída por los ciudadanos con las eléctricas ascenderá a unos 20.000 millones de euros. El problema es doble, porque en los años pasados cuando subieron las materias primas y este país vivía una situación económica muy favorable, se daban las condiciones para que los ciudadanos hubieran podido asumir un coste mayor por el precio de la energía que estaban consumiendo en ese momento. Pero en un momento como el actual de crisis, con mucha gente que va al paro, con mucha gente que ha visto mermados sus ingresos, es difícil proponer el hecho de que paguen ahora la luz que no han pagado durante todos estos años. Todo este problema lo desconoce la sociedad y en un momento dado habrá que enfrentarse a él. A esto hay que añadir, que en la calle la gente comenta que las eléctricas ganan mucho dinero y reparten dividendos. Pero hay que aclarar en este punto que el déficit de tarifa es un apunte contable, es decir, la promesa del Gobierno de pagar esos millones que se deben a las compañías, las cantidades se están apuntando en las cuentas de resultados y, a cuenta de ese dinero debido, se están pagando dividendos, etc. Por tanto es un dinero que ya está gastado, ya cuentan con ello y que la subida de tarifas por este concepto no aumentará el beneficio de las eléctricas.

E.D.: ¿Alguien está haciendo el esfuerzo de explicar esto a los españoles?

I.G.: Es cierto que los periódicos especializados hemos escrito sobre le el tema, pero no sé hasta qué punto esta información llega a la sociedad en general. Creo que la gente del sector o de la administración (por lo menos a nivel de los ministerios implicados) conoce perfectamente el problema. Otra cosa es cómo se va a afrontar o solucionar. De todas formas hay que ser muy didáctico para explicar esto al ciudadano medio o, de lo contrario, no se entendería el problema.

E.D.: Y ahora sería ya un poco precipitado explicar todo esto porque es un problema que está ahí, que necesita una solución.

I.G.: Cierto, tiempo hay cada vez menos. Lo primero que debería hacerse es actualizar los precios de la energía para que, al menos, no se siga generando más déficit. Como ya he comentado, dentro de ese déficit estamos pagando el coste que tienen las energías renovables: las primas a la solar o la eólica y el alto coste de producción están dentro de ese sobrecoste que los ciudadanos tenemos que pagar, pero que no hemos hecho porque los políticos no han tenido en su momento la valentía de subir las tarifas o de liberalizarlas como estaba previsto

E.D.: ¿Y por qué al precio de la energía se le ha quedado ese estigma de ser un precio intervenido? Igual que pasa con las empresas eléctricas, que no son vistas como empresas sino como una especie de provisoras de un “bien público” no de un suministro.

Supongo que es por el hecho de que haya del orden de 15 ó 16 millones de contratos entre particulares e industrias en este país y que los políticos que son los que tienen la capacidad para desregular un sector y abrirlo a la competencia, etc., temen que el hecho de que los precios de la energía suban mucho y que ello les penalice políticamente. Por tanto, siempre han tenido la intención de mantener este tema bien controlado. Si, por otro lado, alguien se pregunta por qué a pesar de estar teóricamente liberalizado el sector de la energía en España no se ha incrementado la competencia, se le podría responder que hasta que no se liberalicen las tarifas, no puede existir competencia completa contra una tarifa que está fijada y que tiene un tope que, a veces, está por debajo de los costes. Ha habido intentos y proyectos, pero no hay compañías importantes que hayan venido a hacer inversión intensiva porque existía esa inseguridad de un escenario en el que habría que vender la energía por debajo del precio que me está costando producirla. Con una verdadera liberalización completada, hubieran llegado muchas más compañías, se habrían hecho muchas más instalaciones y gracias a una competencia más o menos normalizada se podrían haber obtenido precios más interesantes para el consumidor. La ley no lo impide, cualquiera puede venir a este país y montar su ciclo combinado o incluso una nuclear (si consigue superar todos los pasos anteriores), pero la liberalización en ese sentido ha fracasado.

Nuestros lectores podrán leer mañana la segunda parte de la entrevista a Iñaki Garay que abordará temas como el mercado eléctrico de generación, el funcionamiento de la CNE, el debate nuclear, las renovables, el medio ambiente o la crisis económica.

«Hasta que no se liberalicen las tarifas, no existirá una competencia completa en el sector energético»

ENERGÍA DIARIO: ¿De dónde proviene este interés personal y profesional por el mundo energético?

IÑAKI GARAY: La verdad es que fue un interés casi impuesto, porque empecé a trabajar en Expansión, allá por el año 87, y al poco tiempo de llegar empecé a llevar temas energéticos y, como en otros trabajos, a medida que lo vas haciendo te va entusiasmando o te va decepcionando. A mí me entusiasmó por el hecho de que el mundo de la energía tiene muchas vertientes y un ámbito y proyección social muy importante. Por eso me ha interesado y lo he hecho durante mucho tiempo.

E.D.: ¿Cómo valora el conocimiento que tiene la sociedad española sobre el sector energético?

I.G.: Hay un desconocimiento enorme, la sociedad española sabe realmente muy poco sobre el sector energético. Por poner algún ejemplo, la mayor parte de la gente no sabe qué hay detrás del hecho de apretar un interruptor y que se encienda la luz en su casa, qué energías, ni qué capital se están moviendo, ni qué inversiones hay que realizar. Prácticamente todo eso se desconoce. Lo que es opinión de todos es que la luz es cara. Si a uno le preguntan en una encuesta si le parece que la luz es barata o cara, como se trata de un bien de consumo generalizado, siempre responderá que es cara, pero nadie sabe cuánto consume o paga de luz cada día. En el sector del petróleo pasa lo mismo. Sabemos que los precios del petróleo varían muchísimo pero el de los carburantes no lo hacen en la misma medida y eso está motivado porque gran parte de lo que pagan los consumidores son impuestos como el IVA, el impuesto sobre hidrocarburos o impuestos especiales y la gente no conoce la carga fiscal que tienen que soportar estos medios.

No hay tampoco un gran conocimiento sobre las energías renovables. Por ejemplo, se suele decir que en España hay mucho sol y que, por consiguiente, se cree que es fácil o debería ser fácil la producción de energía solar. Lo que no sabe la gente es que para obtener esta energía hay que utilizar unos paneles de silicio que son muy caros de fabricar y cuya eficiencia es muy baja comparativamente con otras fuentes. Por tanto, esa diferencia entre el coste de esos paneles y su bajo rendimiento, tiene que verse compensada para que pueda participar en la generación energética, lo que implica imputar unas ayudas complementarias, que pueden hacer que realmente esa energía sea más cara que la producida por un ciclo combinado de gas, por ejemplo.

Hay, por tanto, un escaso conocimiento sobre el sector y muchos tabúes. Sólo contar una anécdota, muy ilustrativa de esta cuestión. Cuando yo estaba en el Ministerio de Industria: en la época estaban haciendo lo que se denominaba el cable que unía eléctricamente Marruecos con España, una de las cuestiones que planteaban recurrentemente los periodistas locales era si iban a traer energía nuclear a través del cable. Este tipo de respuestas dan una idea del desconocimiento generalizado que hay sobre la energía.

Además de esto, partimos de una idea popular de que las compañías eléctricas son ricas y que están en manos de nobles. Me acuerdo de alguien que me comentó una vez “esta eléctrica es del Barón de Grado (Martín González del Valle, que era el dueño de Hidrocantábrico)” pero no era suya, claro, el Barón de Grado era el que la presidía; u otro que decía “es del Marqués de Arriluce” que es Fernando Ybarra cuando presidía Sevillana de Electricidad.

Con esto quiero decir que la gente percibe que las eléctricas eran propiedad de unos nobles, cuando la verdad es que son propiedad de millones de accionistas. Cuando se penaliza el funcionamiento de estas compañías, por ejemplo, no reconociendo los costes en que incurren, lo que pasa es que se está transfiriendo renta de estos millones de accionistas a millones de consumidores. Al mismo tiempo se perjudica la imagen del país, porque la inversión extranjera o los grandes fondos de inversión se acercan mucho a sectores como este, que son muy intensivos de capital, es decir, para montar un ciclo combinado o una central nuclear, por ejemplo, hay que invertir unos 4.000 millones de euros y eso supone que tiene que haber capital en el mundo suficiente que esté dispuesto a jugárselo en tu país y, por supuesto, tienen la intención de obtener una rentabilidad. Nadie mete su dinero en un sitio a cambio de nada o, incluso, perdiendo dinero o con riesgo de ello. Por lo tanto, cuando vemos a las compañías debemos saber que detrás de ellas hay muchos intereses, que además son intereses legítimos y que hacen un servicio a la sociedad.

E.D.: En relación a esto, la gente quiere energía barata y esto tiene un “trade off” entre si se usan o no renovables, o si se utiliza la nuclear o no, preguntas que están a menudo en el debate público. ¿Por qué la sociedad no percibe esta cuestión?

I.G.: La gente quiere la triple B sobre la energía: buena, bonita y barata. Pero pocas veces son compatibles las tres. Por poner un ejemplo, desconocen que las energías renovables que, en teoría son inagotables (el viento existe y existirá, el sol ídem) son al mismo tiempo más caras. Cuando se apuesta por un tipo de producción de energía renovables, como sociedad tenemos que hacer el esfuerzo de pagar un poco más cara la electricidad. Además de esto, la gente quiere energía segura: nadie está dispuesto a que cuando se vaya de casa se quede sin luz y que, por ejemplo, los alimentos que tienen en la nevera se pierdan. Esta seguridad de suministro requiere atender a otros factores. La eólica, por ejemplo, no da seguridad en el suministro, ya que sólo se produce cuando sopla el viento. Si uno ve los momentos en que ocurren los máximos de consumo que se han producido en este país debidos a un aumento en la utilización del aire acondicionado o de los sistemas de calefacción, se puede comprobar que, en esos momentos, quién está aportando a la red la energía para soportar todo ese consumo no es la energía eólica, puesto que cuando hay un anticiclón, haga frío o calor, el viento sopla menos. Por lo tanto, cuando no hay viento son necesarias otro tipo de instalaciones que proporcionen la electricidad para que uno pueda seguir duchándose o utilizar el aire acondicionado. En este caso son las centrales de carbón, nucleares o de ciclo combinado. Otro caso parecido es el de las hidráulicas. Cuando llueve los pantanos se llenan y, por tanto, no hay problema para obtener electricidad de la energía hidráulica, pero hay veces que hay sequías y hay que suplir este tipo de producción energética con otras, como las que he mencionado. La gente desconoce todo esto, en general. En conclusión, lo importante es tener un mix de todas estas fuentes, cada una con papeles concretos en el suministro y en el que se inlcuya el carbón (centrales térmicas), hidráulica, ciclos combinados, renovables, y, posiblemente, habría que ver si en ese mix debería participar más la energía nuclear.

E.D.: Desde los medios de comunicación, ¿cómo se trata el sector energético? ¿Existen diferencias entre medios generalistas y económicos, o incluso entre medios audiovisuales y escritos?

I.G.: Pues existe diferencia entre los medios generalistas y económicos. Estos últimos suelen ser un poco más rigurosos, suelen tener un poco más de sensibilidad con estos temas que no son tan sociales. Pero dentro de los propios medios generalistas existe una diferencia de tratamiento según la sección, si es sociedad o economía. Pienso que los redactores y periodistas que tratan estos temas tienen diferentes formaciones y un diferente acercamiento al mundo de la energía en función de la sección en la que trabajan y eso se percibe. En general, en las secciones de sociedad de los periódicos generalistas se hace bastante demagogia en torno a los temas energéticos, incluso en muchos programas de televisión se trata el tema no para informar, si no para reforzar todos los tópicos que ya existen en la sociedad. Pongamos por caso que se quiere tratar el hecho de si las líneas de alta tensión producen campos electromagnéticos. Pues siempre alguien al que se le ocurre hacer de eso un reportaje, que lo vende a algún programa de televisión buscando un contenido de interés “social” enfocado desde la alarma. No importa si hay una base científica o no detrás de eso o si los datos son fiables. Lo importante no es lo que es, sino lo que parece que es. Por lo tanto, se trata de manera bastante frívola el tema energético. Pero sí es verdad que hay medios que por estar, muy especializados lo tratan mejor, lógicamente, medios que lo tratan mejor en unas páginas que en otras y medios o que no lo tratan o lo hacen muy mal.

E.D.: ¿Cómo valora el que haya medios especializados sólo en el sector?

I.G.: Lo valoro muy positivamente. Creo que el progreso de la humanidad está ligado al consumo de energía, es decir, no hay país que pueda progresar sin aumento en su consumo de energía, por tanto, la energía es algo fundamental para el progreso de los pueblos. Antes se utilizaba la energía calorífica gracias a la combustión de la madera, después fueron apareciendo el petróleo, el gas y otros tipos de energía. Si tenemos en cuenta que hasta el año 1800, la población del planeta no supera los 1.000 millones de personas, en 1920 supera los 2.000 millones, en los años 60 no supera todavía los 3.000 millones y que desde los años 60 hasta el 2000 la población de la tierra se dobla hasta los 6.000, esto quiere decir que se van a consumir grandes cantidades de energía, porque toda la población de países con China, el Sudeste Asiático que están multiplicando sus poblaciones y tienen derecho a consumir energía. Tenemos, por tanto, que hacer una reflexión profunda de cómo se va a realizar ese proceso, qué energías vamos a consumir, como nos van a ayudar a progresar y hacer que este progreso sea compatible con que el crecimiento sea sostenible o que no se dañe al medioambiente. Todas ellas son cuestiones que se deben tratar de formar profesional y rigurosa.

E.D.: Sobre el tema del déficit tarifario, ¿existe conocimiento a nivel de calle de las consecuencias de una negociación como la que se está llevando a cabo? ¿Hay transparencia sobre el tema?

I.G.: La sociedad no tiene ni idea del problema que es el déficit tarifario. Entre otras cosas, la gente piensa que se trata de un problema de las eléctricas y, verdaderamente, puede llegar a serlo. Para explicarlo de forma fácil, el problema surge del hecho que las tarifas están intervenidas, puesto que el último que las fija es el Gobierno y, por ello, se han utilizado unas veces para controlar la inflación y otras veces no se han subido porque no convenía políticamente. Todo esto ha llevado a una dinámica perversa y es que las materias primas y el coste de producción de energía han estado subiendo mientras que las tarifas, fijadas políticamente, no reflejan esos costes de producción. Esa diferencia entre el coste real de producción y lo que paga el consumidor es el déficit de tarifa. Los políticos sabían que con los precios aplicados, las eléctricas no estaban recuperando los costes de producción. Pero, por decirlo de alguna forma, es como si los políticos estuvieran diciendo a las eléctricas “no os preocupéis, que nosotros vamos a ir subiendo la luz para que recuperéis todo lo que habéis dejado de ingresar”. El problema es que esto no se lo han dicho a los ciudadanos. Pero como el precio de la luz tenía que haber crecido mucho más y al mismo tiempo que esto ocurría, las eléctricas han estado apuntando en una cuenta una deuda que los ciudadanos debemos a las compañías. Pues esa cifra ha ido creciendo año tras año y al final de este año la deuda contraída por los ciudadanos con las eléctricas ascenderá a unos 20.000 millones de euros. El problema es doble, porque en los años pasados cuando subieron las materias primas y este país vivía una situación económica muy favorable, se daban las condiciones para que los ciudadanos hubieran podido asumir un coste mayor por el precio de la energía que estaban consumiendo en ese momento. Pero en un momento como el actual de crisis, con mucha gente que va al paro, con mucha gente que ha visto mermados sus ingresos, es difícil proponer el hecho de que paguen ahora la luz que no han pagado durante todos estos años. Todo este problema lo desconoce la sociedad y en un momento dado habrá que enfrentarse a él. A esto hay que añadir, que en la calle la gente comenta que las eléctricas ganan mucho dinero y reparten dividendos. Pero hay que aclarar en este punto que el déficit de tarifa es un apunte contable, es decir, la promesa del Gobierno de pagar esos millones que se deben a las compañías, las cantidades se están apuntando en las cuentas de resultados y, a cuenta de ese dinero debido, se están pagando dividendos, etc. Por tanto es un dinero que ya está gastado, ya cuentan con ello y que la subida de tarifas por este concepto no aumentará el beneficio de las eléctricas.

E.D.: ¿Alguien está haciendo el esfuerzo de explicar esto a los españoles?

I.G.: Es cierto que los periódicos especializados hemos escrito sobre le el tema, pero no sé hasta qué punto esta información llega a la sociedad en general. Creo que la gente del sector o de la administración (por lo menos a nivel de los ministerios implicados) conoce perfectamente el problema. Otra cosa es cómo se va a afrontar o solucionar. De todas formas hay que ser muy didáctico para explicar esto al ciudadano medio o, de lo contrario, no se entendería el problema.

E.D.: Y ahora sería ya un poco precipitado explicar todo esto porque es un problema que está ahí, que necesita una solución.

I.G.: Cierto, tiempo hay cada vez menos. Lo primero que debería hacerse es actualizar los precios de la energía para que, al menos, no se siga generando más déficit. Como ya he comentado, dentro de ese déficit estamos pagando el coste que tienen las energías renovables: las primas a la solar o la eólica y el alto coste de producción están dentro de ese sobrecoste que los ciudadanos tenemos que pagar, pero que no hemos hecho porque los políticos no han tenido en su momento la valentía de subir las tarifas o de liberalizarlas como estaba previsto

E.D.: ¿Y por qué al precio de la energía se le ha quedado ese estigma de ser un precio intervenido? Igual que pasa con las empresas eléctricas, que no son vistas como empresas sino como una especie de provisoras de un “bien público” no de un suministro.

Supongo que es por el hecho de que haya del orden de 15 ó 16 millones de contratos entre particulares e industrias en este país y que los políticos que son los que tienen la capacidad para desregular un sector y abrirlo a la competencia, etc., temen que el hecho de que los precios de la energía suban mucho y que ello les penalice políticamente. Por tanto, siempre han tenido la intención de mantener este tema bien controlado. Si, por otro lado, alguien se pregunta por qué a pesar de estar teóricamente liberalizado el sector de la energía en España no se ha incrementado la competencia, se le podría responder que hasta que no se liberalicen las tarifas, no puede existir competencia completa contra una tarifa que está fijada y que tiene un tope que, a veces, está por debajo de los costes. Ha habido intentos y proyectos, pero no hay compañías importantes que hayan venido a hacer inversión intensiva porque existía esa inseguridad de un escenario en el que habría que vender la energía por debajo del precio que me está costando producirla. Con una verdadera liberalización completada, hubieran llegado muchas más compañías, se habrían hecho muchas más instalaciones y gracias a una competencia más o menos normalizada se podrían haber obtenido precios más interesantes para el consumidor. La ley no lo impide, cualquiera puede venir a este país y montar su ciclo combinado o incluso una nuclear (si consigue superar todos los pasos anteriores), pero la liberalización en ese sentido ha fracasado.

Nuestros lectores podrán leer mañana la segunda parte de la entrevista a Iñaki Garay que abordará temas como el mercado eléctrico de generación, el funcionamiento de la CNE, el debate nuclear, las renovables, el medio ambiente o la crisis económica.

«La inestabilidad regulatoria está influyendo en las decisiones empresariales, sobre todo a la hora de realizar inversiones»

PREGUNTA. Recientemente la CNC acaba de autorizar la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural ¿Cómo valora esta operación desde la posición de los accionistas minoritarios? ¿Pueden las condiciones impuestas por Competencia alterar el diseño de la misma?

RESPUESTA. Esta operación tiene una valoración difícil por parte de los minoritarios, pues son varios los colectivos afectados y el interés de todos ellos no es plenamente coincidente.

Por un lado está el accionista minoritario de Unión Fenosa, que debe valorar muy positivamente la operación puesto que se va a presentar una OPA en unas condiciones muy buenas respecto del valor de cotización de sus acciones en el mercado. Por el otro, nos encontramos que este sobreprecio en el mercado, sin duda, no supone una buena noticia para los accionistas de Gas Natural pues supone que estarán comprando una compañía muy por encima de su valor de mercado.

No sé si los gestores y administradores de Gas Natural han hecho sus mejores esfuerzos para corregir la desviación en el precio que el mercado ha puesto en evidencia. Lo que está claro es que la situación se agrava cuando se piensa que la financiación de la operación se hace no con recursos propios, sino con crédito de un sindicato bancario, por lo que el sobreprecio que se está pagando es aún mayor en términos de costes si lo incrementamos en los financieros.

AEMEC siempre ha considerado que debía ser el mercado el que mejor tutelase a los accionistas o a los inversores, como creemos que debe ser el mercado el que mejor tutele a los consumidores. Lo que sucede es que cuando una solución de mercado es imposible, debe ser el regulador el que fuerce estas soluciones.

Esta preocupación por el mercado explica una actuación de AEMEC en las últimas semanas respecto de la financiación de esta operación. La financiación de esta operación se le ha encomendado, como es habitual en estos supuestos, a un sindicato bancario. En este proceso interviene el Instituto de Crédito Oficial y esto nos ha preocupado y hasta sorprendido. Sorprendido no porque el ICO no haya actuado de la misma forma en otras ocasiones, sino porque consideramos que lo hace al margen de su función.

No se puede amparar el ICO en su consideración de entidad de crédito, para olvidarse que es una institución de raigambre pública cuyas actuaciones tienen que estar en consonancia con sus específicas funciones habilitantes de su proceder. No entenderlo así nos parece una soberbia tremenda. Nos preocupa la intervención del ICO porque ya haya actuado en condiciones de mercado o lo haya hecho en condiciones de no mercado. Lo que está claro es que lo ha hecho sirviendo a fines que no son los que legalmente tiene establecidos.

PREGUNTA. Al hilo de lo que está comentando, ¿considera que pueden las condiciones impuestas por Competencia alterar el diseño de la misma?

RESPUESTA. También nuestra confianza en el mercado puede verse en la valoración sobre la actuación de Competencia. No cabe duda que la operación de concentración entre Gas Natural y Unión Fenosa va a afectar a la competencia en el sector energético. Lo reconoce la misma Gas Natural cuando presenta una propuesta modesta de “remedios”. Obviamente la reducción de la competencia supone una mala noticia para los consumidores. De todas formas, la cuestión radica en comparar los beneficios de la concentración para las empresas actoras y el bien de la libertad de empresa de las mismas, con los perjuicios de esta concentración para el mercado y, por ende, para los consumidores.

PREGUNTA. Se está especulando con un acuerdo entre Enel y Acciona para la adquisición del paquete accionarial de Endesa (empresa en la que participan con un conjunto de obligaciones parasociales suscritas) por parte de la italiana. Dado que el free-float de Endesa es ya residual ¿cómo puede valorar el desarrollo de esta operación, desde el principio hasta el final?

RESPUESTA. Esta situación es muy interesante y también la tenemos en estudio, por lo que no puedo ofrecer conclusiones definitivas al respecto.

En todo caso, sI alguien tenía el control de una sociedad de forma compartida y, en un momento posterior, un accionista, por ejemplo ENEL, adquiere la participación del otro con el que controlaba conjuntamente, ACCIONA por ejemplo, la situación de control pasa de ser compartida, a ser única. Eso supone un cambio de control y debe generar una OPA.

Pero hay otros argumentos que también debemos tener presentes: ¿y si ese paso del control conjunto al control en solitario estaba ya previsto en la OPA anterior? ¿Pueden los accionistas que no acudieron exigir ahora que se les dé salida a aquél mismo precio después que la evolución del mercado ha castigado sus posiciones? ¿Y si ese cambio de control tenía un horizonte temporal distinto y éste se adelanta?

PREGUNTA. En el actual proceso de negociación bilateral entre las eléctricas y el Gobierno en el que se prevé una renuncia de las empresas a ingresos reconocidos del déficit tarifario ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Qué responsabilidad tienen los gestores con los accionistas respecto de esta negociación?

RESPUESTA. Desde el Derecho romano, pasando por nuestros códigos privados, quién se mete en sociedad es para repartir en común los beneficios de su industria. Con esto quiero decir, que los socios de una compañía eléctrica tienen todo el derecho no sólo a ser reintegrados en sus costes, sino a obtener un razonable beneficio por su riesgo.

El déficit tarifario es una aberración, puesto que la mala política gubernamental al final la subvencionan los accionistas de las eléctricas. Si ese es el derecho de los socios, no es que sea bueno que los gestores exijan las compensaciones justas y el fin del déficit, es que considero que los Managers de las eléctricas tienen el deber de exigirlo y, si no lo hacen, sus socios deberían utilizar los mecanismos legales para responsabilizarlos en el mantenimiento de sus puestos y en las consecuencias patrimoniales.

No debemos olvidar que, mientras persista el marco jurídico que sustenta y da guarida al pernicioso mecanismo del déficit de tarifa, las 5 eléctricas designadas deben enfrentar cuantiosos pagos al sistema en cada liquidación a cuenta de la CNE; y ello sí tiene consecuencias, tanto para el acervo empresarial como de cara a los dividendos que no llegan a sus accionistas. Por tanto, menos dinero mensualmente para acometer las inversiones necesarias implica un menor beneficio.

Quizás en un primer momento, es decir, al tiempo de realizar el pago al sistema puedan producirse reacciones en el valor de las acciones de las empresas que deban afrontarlo, pero posteriormente, a medio plazo, se apreciarían beneficios tales como el correcto cobro por el precio real de la energía y, fundamentalmente, la liberación del pago mensual por los desajustes.

PREGUNTA. ¿Cómo valora la situación de inestabilidad regulatoria en el sector energético y su efecto sobre las empresas? Dado que el sector de las utilities ha estado marcado por ser un sector refugio para los inversores ¿cómo ve que este año haya tenido un comportamiento comparativamente peor que el IBEX?

RESPUESTA. ¿Qué comportamiento puede tener la cotización de unas empresas cuyos precios están al albur de decisiones políticas sin justificación y variables cada tres meses? ¿Qué comportamiento pueden tener unas compañías cuyo precio es fijado por el Gobierno contra todo criterio técnico y por razones de política económica, y cuyo coste deben soportar los accionistas de las compañías energéticas? ¿Qué comportamiento pueden tener unas compañías a las que el Gobierno les obliga a soportar un déficit creciente y que no se sabe muy bien cómo va a ser compensado? ¿Qué comportamiento pueden tener unas compañías cuya apuesta por las renovables está pendiente de la política cambiante gubernamental?

Es seguro que la inestabilidad regulatoria está influyendo en las decisiones empresariales, sobre todo a la hora de realizar las inversiones requeridas, pues no hay que olvidar que el sector energético es intensivo en capital.

Por otro lado, si a la inestabilidad regulatoria unimos la dependencia energética que actualmente España mantiene del exterior, nos encontramos en un escenario en el que las empresas del sector han sufrido grandes depreciaciones en su cotización por circunstancias ajenas a su gestión.

La volatilidad en el precio del petróleo, que sufrimos el pasado verano, nos condujo a un aumento en el coste de la producción de energía y, en consecuencia, a un aumento del precio de la electricidad, algo que ha provocado un mayor aumento del déficit, en cuantía superior a la prevista por el Gobierno. Este incremento, a su vez, ha influido significativamente en la valoración de las empresas del sector, dejando por ello de ser un valor refugio.

Todo ello hay que ponerlo en consonancia con la situación de los mercados internacionales, que están siendo duramente golpeados por la crisis, ya que a pesar de haber sido considerado como un valor refugio, no ha podido escapar a la crisis de liquidez que afecta a todos los sectores. En nuestro caso, esto se ha agravado por la situación de inseguridad en España, especialmente el hecho del fracaso de las subastas de déficit ex ante y la falta de reconocimiento del déficit correspondiente al último trimestre de 2008 que, junto con los derechos de cobro oportunos, provoca inquietud en el sector.

PREGUNTA. ¿Qué retos de buen gobierno tienen las empresas eléctricas?

RESPUESTA. No sé si podemos discernir unos retos específicos de las empresas eléctricas respecto del conjunto de sociedades cotizadas. Es cierto que, en este momento, pueden tener unas especiales amenazas para los intereses de sus accionistas derivadas del déficit tarifario. Pero si atendemos a los principios, no hay diferencia. Transparencia, ausencia de conflictos de interés, igualdad de trato son principios a reclamar y en los que no podemos considerar concluida la labor.

Hay otra cuestión muy importante y que tiene una común incidencia en todas las cotizadas. Se trata de algo tan básico como que las sociedades cotizadas puedan conocer quienes son sus accionistas. Entre los fines de AEMEC está el de facilitar la comunicación entre las sociedades y sus socios; y en muchas ocasiones nos encontramos que la comunicación no es posible por falta de identificación. Puede parecer una cuestión baladí, pero no lo es. Tanto por su importancia como por las implicaciones jurídicas: acciones al portador, protección de datos, obligaciones de los titulares de cuentas de anotaciones… Es necesario que la cotizada pueda conocer quienes son sus accionistas.

PREGUNTA. ¿Qué opina sobre la pugna que se ha conocido en los medios de comunicación por el control accionarial de Iberdrola?

RESPUESTA. Respecto a esta cuestión, AEMEC obviamente no valora quién tiene el control de las cotizadas, es más, la pugna por el control de las cotizadas en ocasiones redunda en beneficio del accionista minoritario. Sin embargo en esta ocasión existen también determinadas amenazas ante las que hay que estar cautelosos. Debemos estar atentos a la transparencia del mercado y, sinceramente, en este caso no estoy seguro de que toda la información sobre las actuaciones de los posibles adquirentes esté disponible. Debemos estar atentos a la ausencia de conflictos de interés, al respeto a las normas legales y estatutarias sobre la posible financiación de esta operación y sus vínculos con la adquisición de Unión Fenosa. En todo caso, AEMEC tiene en su observatorio esta operación y la seguiremos con escrupulosa atención.

«El accionista minoritario padece apatía racional y está convencido de no poder influir en la sociedad»

PREGUNTA. Mucho se ha hablado en los medios de comunicación de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), pero para situar a los lectores de Energía Diario en su justo contexto, explíquenos cómo nace esta asociación.

RESPUESTA. Todo surgió cuando un grupo de accionistas, sin paquetes significativos en una sociedad del IBEX, se dio cuenta de que en su conjunto podían tener más capital que los accionistas de referencia en dicha sociedad. A aquél grupo inicial se sumaron profesores de Universidad, notarios, empresarios y otros inversores, dando lugar al nacimiento de la AEMEC en el año 2005.

La AEMEC, una entidad sin ánimo de lucro, se creó ante la evidencia de que la dispersión del capital en pequeños accionistas, así como el aislamiento de éstos, impedía muchas veces que la vida de estas sociedades contasen con la voluntad de la mayoría de sus accionistas o que las sociedades cotizadas estuvieran sometidas al albur de que cualquier accionista con una pequeña participación se hiciera con el control.

PREGUNTA. ¿Y cuáles son los objetivos que defiende esta asociación de accionistas minoritarios?

RESPUESTA. Entre otros, AEMEC tiene como fines la defensa y protección de los intereses de los accionistas minoritarios, tanto en sus empresas como en el conjunto del mercado. Y, aunque somos una asociación española, actuamos allí donde los intereses de los minoritarios españoles pueden verse vulnerados, trabajando, en el ámbito europeo, en coordinación con Euroshareholders que es la Federación europea de asociaciones de defensa de minoritarios.

En este sentido, creemos que el mercado es un instrumento de protección para los accionistas, por eso la asociación promueve y propone cambios legales que favorezcan la perfección de dichos mercados. Además, creemos que la labor de la CNMV puede ser un instrumento muy eficaz, si bien su defensa hacia los minoritarios resulta, a veces, muy modesta.

Asimismo, AEMEC pretende implicar a los accionistas minoritarios en la toma de decisiones de cada sociedad cotizada, fomentando la participación de éstos en la vida social de sus empresas, mediante la creación de canales de comunicación que fomenten la defensa de sus derechos. Sólo marginalmente, aunque sea la labor más visible, AEMEC realiza una labor de vigilancia, defensa y denuncia cuando se producen situaciones concretas de conflicto de interés o desprotección.

PREGUNTA. Dada la relevancia de este tipo de movimientos en defensa de los accionistas minoritarios, ¿por qué cree que se ha ralentizado tanto su actuación en nuestro país?

RESPUESTA. Por lo general la participación de los españoles en movimientos civiles es pequeña. Lo es en organizaciones paraestatales, como partidos políticos y sindicatos, y lo es en otras organizaciones. Piense, por ejemplo, en el movimiento proconsumidores. No hay un auténtico tejido asociativo ahí, como tampoco lo ha habido en el ámbito de los accionistas minoritarios. A lo sumo, en todos estos casos sólo hay cierta tendencia al agrupamiento cuando surge un problema, como ya ocurriera en los conflictos con Terra, Accelor o Endesa. Se trata de asociaciones reactivas, vinculadas a la defensa de minoritarios ante una determinada crisis.

Hasta la fecha, España no contaba con una asociación de Accionistas de Empresas Cotizadas, como lo es ahora AEMEC. No obstante, es mucho el trabajo que queda por hacer para estar a nivel europeo y no digamos de EEUU.

Esta falta de organización coincide además con que el pequeño accionista padece en la mayoría de las sociedades cotizadas una apatía racional. Tiene la convicción de no poder influir en la marcha de la sociedad, por lo que tiende a desinteresarse de la misma. Sin embargo, esas dispersas minorías, con intereses comunes, son, de estar agrupadas, la mayoría social.

PREGUNTA. En base a todo lo que ha expuesto hasta el momento, ¿qué reformas solicitan desde AEMEC de la actual legislación?

RESPUESTA. Precisamente en estos momentos estamos ultimando lo que hemos denominado “Libro Blanco del Accionista Minoritario”, que es una colección de estudios de prestigiosos profesores y profesionales en las que, al análisis de un aspecto de nuestra normativa societaria o del mercado de valores, se sucede un conjunto de propuestas de reforma.

A juicio de AEMEC, hubiera sido muy positivo que el proyecto del Código de Sociedades Mercantiles no se hubiera quedado en proyecto y hubiera seguido su tramitación, pues hubiera supuesto un reconocimiento legislativo, como existe en el Derecho francés, a las asociaciones de accionistas minoritarios, ya que en su Libro III aparecían contempladas de forma minuciosa y se recogía con detalle su disciplina.

Nuestra asociación considera necesaria una normativa que valore al accionista minoritario como socio, por lo que es necesario fortalecer todo lo relativo a la transparencia. Además de las reformas del 2003, el Código Unificado de Buen Gobierno ha dejado aún aspectos necesarios de tutela. El carácter de “voluntario” bajo la máxima de “cumplir o explicar” del Código del Buen Gobierno sigue dejando huérfano de legislación la protección de los derechos de los minoritarios en la materia referente al gobierno corporativo. Por eso, sería necesario algún tipo de medida legislativa con procedimiento sancionador para los infractores, que proteja de verdad a los minoritarios como socios más que como inversores.

Un aspecto que la AEMEC ha reivindicado desde sus inicios es la modificación parcial del art. 106.2 de LSA. Nosotros propusimos la eliminación del requisito que obliga la representación para asistir a la Junta General con carácter especial, cuando se trate de representación conferida por los accionistas minoritarios agrupados, permitiendo en este caso el otorgamiento de poder de representación estable por los accionistas de la minoría. De este modo, se contribuiría a paliar el absentismo de los minoritarios ya que se abaratarían los costes de detección, contacto y apoderamiento de los minoritarios para cada Junta. Sin embargo, esta modificación no fue recogida por el Código.

PREGUNTA. Viendo las reformas que plantean desde su asociación, ¿a qué tipo de problemáticas podría enfrentarse el sector al que representa?

RESPUESTA. Entre las finalidades de la AEMEC está el encauzar las relaciones entre las sociedades y sus socios. A estos efectos nuestro ordenamiento presenta algunos problemas para que la sociedad pueda conocer quienes son sus socios. No me refiero tanto al momento de la Junta, pues puede, a través de los depositarios, identificarlos, sino en la vida ordinaria de la sociedad. Ahora mismo las compañías más concienciadas intentan identificarlos mediante mecanismos en la red, pero no puede dejarse al socio la carga de identificarse, de tomar la iniciativa pues es un esfuerzo que legalmente debe asignársele a quien pueda asumirlo más fácilmente y a menor costo. Entre la sociedad y el socio, sin duda debe ser la sociedad. Esta es una línea de trabajo que acabamos de poner a funcionar y aún no tengo conclusiones definitivas. Quizás esta reforma debería acompañarse de otras en las que se limitasen las solicitudes de representación por el órgano de administración y la posible solicitud por parte de asociaciones acreditadas. Lo que está claro que deberíamos contar con un mecanismo de acreditación.

Otra reforma legislativa que AEMEC ha solicitado recientemente es una modificación de la normativa de OPAs, para evitar que, ateniéndose a la letra de la Ley, que no a su espíritu, pueda obviarse la OPA, por no alcanzar los porcentajes fijados en la Ley para su obligatoriedad, aunque de hecho se esté dando un cambio efectivo del control. En este sentido hemos denunciado al Reino de España por mala transposición de la Directiva. Nos sentimos muy orgullosos porque a esta denuncia se han sumado treinta y dos asociaciones similares de toda Europa a través de la Federación Euroshareholders. También hemos presentado a todos los grupos parlamentarios un estudio para la reforma de la normativa española.

PREGUNTA. Desde el punto de vista de sus asociados, que Lukoil escape a la necesidad de lanzar una OPA, ¿cómo podría resolverse esta situación? ¿Qué efectos tiene sobre los accionistas minoritarios?

RESPUESTA. El tema Lukoil ha cambiado algo su fisonomía y, ahora mismo, está latente aunque puede que, en fechas sucesivas, conozcamos nuevos episodios. Creo sinceramente que la gran movilización que desde AEMEC impulsamos y encabezamos, tiene algo que ver con algunos cambios en la actuación de La Caixa. No obstante Lukoil nos enfrentaba ante un problema más general. La posibilidad de que una entidad alcance el control de la sociedad cotizada escapando de la obligación de presentar una OPA sobre el resto del capital.

Cuando se reformó la normativa actual sobre OPAs en España, AEMEC propuso incluir alguna vía para que la CNMV pudiese analizar caso por caso. El legislador español, como otros, optó por un sistema de porcentajes. Esto da seguridad, pero genera muchas situaciones en las que la finalidad de la norma comunitaria queda defraudada. Y estas situaciones hay que corregirlas.

PREGUNTA. ¿Podría ser más explícito al respecto?

RESPUESTA. Verá, la situación no tiene nada que ver con el pago de la prima de control, pero puede sernos útil. Entendemos que la prima de control la cobra, prima facie quien puede transmitir el control, y eso incumbe sólo a algunos accionistas. Ahora bien, cuando se paga una prima de control, se está reconociendo que se toma el control. Ese es el supuesto de hecho de la norma comunitaria y lo que debe dar derecho a los demás accionistas a salir en condiciones equitativas de la sociedad. También pueden darse otras circunstancias, como una subrogación en un crédito, por ejemplo.

PREGUNTA. Entonces, ¿cuál debería ser el papel de la CNMV en esta operación?

Al realizarse el abono de una prima de control, se origina una presunción en contra del adquiriente, por lo que la CNMV debería analizar y, en su caso, generar obligación de presentar OPA.

Rota la presunción, la CNMV debería valorar. Pero si la adquisición de otro paquete se hace por un sobreprecio significativo a la cotización, y no hay una explicación, quizás estemos ante un cambio de control concertado independientemente de la situación porcentual del adquirente.

PREGUNTA. ¿Y cómo se explica la AEMEC la pasividad de la CNMV?

RESPUESTA. La pasividad por la que me pregunta, efectivamente ha existido, en ésta y en otras muchas ocasiones, y es muy preocupante. En los últimos tiempos la autoridad moral de la CNMV sobre el mercado se ha dilapidado. Hoy vemos un organismo mucho más atento al compliance de las empresas del Bies que a la proactiva defensa de los inversores de todas las cotizadas.

En este sentido, no vemos actuaciones de oficio de la CNMV ante importantes operaciones de cambio de control corporativo que se producen, como tampoco la vemos actuando para valorar qué hay detrás de muchas operaciones OTC. En general, la AEMEC ve a la CNMV ajena a todas las grandes cuestiones. Y le aseguro que me gustaría que ésta valoración que le hago fuera errónea o, al menos, pasajera. Porque de lo que no me cabe ninguna duda, es de la capacidad del organismo y de los magníficos profesionales que allí trabajan. Simplemente no soy capaz de entender una política que, en apariencia al menos, no tiene otro fin que evitar que les salpique nada. No la entiendo y menos si pienso que es un organismo público que no debe tener, por ello, otra finalidad, que el servicio público.

Mañana segunda parte de la entrevista a Javier Cremades que abordará temas como la inestabilidad regulatoria en el sector energético, el déficit de tarifa o la fusión entre Gas Natural y Unión Fenosa.