¿Cómo valora el mecanismo de financiación del déficit tarifario, en las vísperas de la próxima subasta de déficit que realizará la Comisión Nacional de Energía? ¿Es cierto que el mecanismo propuesto en la Orden Ministerial aporta nuevas garantías para que pueda ser acometida por las entidades financieras?

En estos momentos y refiriéndonos al déficit tarifario como la cantidad reconocida como insuficiencia tarifaria por el sistema eléctrico, para cubrir la diferencia entre la tarifa y el coste de la energía, y que está previsto que fuera financiada a un interés retributivo, podemos decir que no es seguro que se vaya a cubrir la subasta prevista para su titulización. En estos momentos, nos encontramos en una posición en la que puede repetirse la situación del año pasado en la que quedó finalmente desierta la subasta que realizó la CNE para la titulación del mismo, en la medida que asistimos a un momento en que el perfil de la estructuración de riesgo que tienen las entidades financieras y la que estima la propia CNE es diferente. De hecho, hasta este momento se ha producido el proceso de petición de ofertas a las entidades financieras, pero las insuficientes garantías otorgadas a estos activos (no existen garantías adicionales a las que existían anteriormente), el volumen de los mismos, que ya considerable, el coste del capital regulatorio para las propias entidades en función de los perfiles de riesgo, así como la débil estabilidad regulatoria que se percibe desde los agentes financieros, elevan sustancialmente el riesgo y el precio de este activo, lo que puede precipitar una situación semejante a la última subasta, que quedo desierta (o que los tipos de interés que formulen las entidades financieras en sus ofertas sean muy altos).

Por otra parte, el hecho de que no se logre culminar estos procesos de titulación conlleva que sean las empresas las que tienen que financiar este déficit tarifario desde su propio balance, algo que es anormal y que penaliza a las propias compañías.

¿Qué efectos económicos tiene la existencia de ese déficit tarifario?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el déficit tarifario se trata de una “subvención” al precio de la energía y que esta subvención es diferente para unos tipos de clientes que para otros, según sus tipos de tarifas. La consecuencia principal de esta subvención y de su pago diferido es que, los consumidores actuales no conocen el coste directo de la energía y, por otra, que el déficit tarifario lo pagan fundamentalmente los consumidores futuros. Lo que está claro es que las tarifas no suben desde el año 2000 y eso a pesar de que ha crecido notablemente por un lado el consumo de electricidad en nuestro país y, por otro, también los precios de la energía.

En su momento, se pensaba que el crecimiento de la demanda y que la desaparición de determinados elementos como la moratoria nuclear iban a permitir absorber este déficit, pero no ha sido así, produciéndose un importante descontrol tarifario. Por otra parte, la aportación creciente al mix de generación de las energías renovables ha conformado que se incorporen al sistema energías más caras, lo que también eleva el coste de la factura energética.

En conjunto, puede decirse que ha faltado coherencia política para articular las medidas necesarias en un contexto de demanda creciente, elevación de costes de materias primas energéticas y compromiso de incorporar energías limpias para ajustar los precios a sus costes. Y, a cambio, se ha creado un discurso en el que la tarifa es una variable política que sube o baja dependiendo de la debilidad del gobierno, desvinculandolo de la evolución de los precios de la energía en los mercados, como ocurre en el resto de países de nuestro alrededor.

La consecuencia principal es la emisión de mensajes muy equivocados, de forma que se incentiva el consumo, se desincentiva la eficiencia energética y qué, determinadas medidas o iniciativas de agentes particulares, que se escucharon el año pasado como el control del aire acondicionado o evitar la corbata en el trabajo, no dejan de ser cuestiones meramente anecdóticas. Lo que es evidente es que hay bolsas importantes de posible ahorro energético, cuya movilización se produce gracias al mecanismo más eficaz de todos, los precios.

¿Cómo valora, dentro de las distintas tarifas que anteriormente mencionaba, los precios energéticos que se aplican a los grandes consumidores?

Esta es una cuestión que hay que valorar en el contexto internacional, porque otros países de nuestro entorno también aplican tarifas menores a estos sectores (aluminio, siderurgia, cementos, etc…) y que por ello son utilizadas como elemento de competitividad sin ningún tipo de reparo. Por tanto, no tiene es un tema que no tiene una perspectiva unívoca. Lo que si es cierto, es que para ello debe existir previamente definida de forma nítida una política industrial de apuesta selectiva por determinados sectores por motivos estratégicos, porque lo que no resulta razonable es que este modelo de precios pueda ser extensible a todos los sectores, tal y como se está reclamando. Y, todo ello, garantizando plenamente que no se vulnera en ningún caso, con una política industrial determinada, la legislación comunitaria en materia de ayudas de Estado. En todo caso, una política industrial no puede ni debe circunscribirse a la existencia de diferencias en la tarifa aplicable a la energía que consume cada industria.

¿Qué alternativas tiene la Administración para la gestionar el déficit tarifario, en el marco de la inminente liberalización? ¿Cómo valora propuestas como que las primas a las energías renovables sean sufragadas por los Presupuestos Generales del Estado y no se incluyan en la tarifa?

Lo primero que hay que decir es que cuestionar la tarifa es relativamente fácil, máxime, cuando hemos vivido permanentemente con un ‘cap’ artificial para evitar tomar las decisiones de crecimiento de precios eléctricos que eran necesarias. Lo que si está claro es que la subida de precios es inevitable y es preciso contar con la suficiente capacidad para explicar a los ciudadanos la nueva realidad de la energía y el nuevo contexto global existente. Seguramente que los ciudadanos van a entender mejor esta realidad de lo que parece.

Por otra parte, que las primas a las energías renovables se paguen en las tarifas me parece adecuado, frente a la alternativa de que se financien contra los Preexpuestos Generales del Estado. En realidad, y aunque sea pecar de ingenuos, y que para cualquier grupo político la tarifa eléctrica pudiera ser un arma en la contendiendo política, lo más razonable sería que existiera un pacto de los grandes grupos políticos para sacar la tarifa del debate partidista.

¿Considera que existen problemas de estabilidad regulatoria en el sector energético español y de qué forma penaliza el funcionamiento del sector?

Hay que distinguir dos situaciones claramente diferenciadas. La primera es la regulación del sector gasista, cuya calidad desde el punto de vista normativo es muy alta, de forma que las inversiones que se realizan están retribuidas de forma estable y permiten el cálculo inversor para la recuperación de activos, como las regasificadoras. En el caso de la regulación del sector eléctrico, nos encontramos en la situación contraria: estamos ante una regulación que podemos calificar de lamentable. De hecho, desde 1998 en que se produjo la liberalización del sector, la configuración del mercado como ‘pool’ y la separación de actividades, la legislación que ha venido siendo generada no ha sido coherente con este marco regulatorio, de mercado y de liberalización. De hecho, nos podemos encontrar con países como Brasil y Chile, con mayor calidad regulatoria que la nuestra. Para contar con esta calidad regulatoria, lo primero que es necesario es tener la voluntad y reconocer el valor de esta calidad para un sector como el energético, que precisa unos esfuerzos y unas necesidades inversoras futuras importantes.

Es cierto que hace años había pocos agentes (los dos principales agentes del mercado suponían el 80 % del mismo), pero ahora esta situación ha cambiado muchísimo. Hay nuevos entrantes y la situación competitiva de nuestro mercado es muy diferente y mucho más abierta. Igualmente, no se pude producir una situación en la que, en función de cómo se comportan los precios, se cuestiona todo el funcionamiento del mercado y del sector.

¿Cómo valora el informe sobre precios y costes de la Comisión Nacional de Energía? ¿Cree que existe relación entre este informe y el fuerte castigo infligido a las eléctricas en Bolsa los últimos días?

Este informe sorprende porque el papel de la Comisión Nacional de Energía ha de ser el de velar por el funcionamiento del mercado, no cuestionar el modelo de mercado marginal que establece el mismo. De hecho, el informe, no analiza en ningún caso, si los agentes se comportan bien o no en un escenario competitivo, sino que se limita a criticar las consecuencias del mercado a través de los ‘beneficios’ que se derivan de la participación en el mismo de distintas tecnologías.

En consecuencia, el mercado bursátil responde de acuerdo a sus propios mecanismos de manera sorprendente a este cuestionamiento, amplificando las reacciones, aunque de forma razonable ante el temor de que desde la Administración se puedan promover actuaciones que pueden cuestionar el reconocimiento del déficit tarifario existente o se pueda intervenir por vía administrativa o fiscal sobre las empresas eléctricas, en aras de reducir sus ingresos tarifarios.

¿Esta situación puede favorecer el abaratamiento de las compañías españolas y que puedan ser adquiridas por empresas extranjeras?

En primer lugar, hay que destacar que los procesos corporativos deben generar valor para los accionistas y deben surgir de un interés estratégico, no de actuaciones regulatorias concretas. De esto también se deriva que la legislación no debe mirar el pasaporte de las empresas o la titularidad de los accionistas de una compañía. No obstante, es preciso tener en cuenta que la toma de decisiones regulatorias para evitar la subida de tarifas, pueden producir una cierta ilusión en el corto plazo, pero comprometen en el largo plazo las necesidades de inversión en nueva generación. Es decir pueden comportar un efecto perverso sobre las empresas y sobre el mercado.

Por ello, probablemente, la inestabilidad regulatoria tiene, en conjunto, un efecto dual: las empresas pueden ”abaratarse” de cara a operaciones corporativas, pero al mismo tiempo, esta inseguridad regulatoria puede provocar un desincentivo para los posibles grupos empresariales interesados en su adquisición o que quisieran entrar en este sector, a la vista de estos comportamientos de los órganos de regulación.

¿Cómo valora la nueva directiva europea sobre mercados a plazo y su impacto en los mercados de energía?

En primer lugar, hay que partir de una premisa, que es que la existencia de un mercado a plazo debe surgir de la propia demanda de la dinámica de un mercado y de sus agentes. No puede imponerse la existencia del mismo porque se desvirtúa su utilidad. Para que exista un mercado a plazo para un determinado bien, por un lado, debemos estar ante un mercado transparente en sus transacciones (algo que no es el eléctrico por naturaleza), y su aparición se deriva de la necesidad de que aparezcan mecanismos de compensación para la cobertura de determinados riesgos. Una cuestión particularmente importante en los mercados a plazo es el papel necesario de la especulación, porque quien especula en este tipo de mercados, actúa para corregir problemas concretos de información en la formación de precios. En todo caso, en el caso de los mercados eléctricos, no es lógico que se produzca la entrada de agentes con comportamientos especulativos, por la propia complejidad del mercado y por que los agentes se comportan con muchas más cautelas.

En todo caso, los problemas actuales del sector energético, se derivan más que de la necesidad de que existan mercados a plazo de otras cuestiones como es la seguridad de suministro, la dependencia energética y la eficiencia en la configuración del mix energético para conseguir precios de la energía eficientes y competitivos, no tanto de la necesidad de configurar mercados a plazo.

¿Es de esperar nuevos movimientos corporativos en el sector energético en el mercado español?

Claramente hay que afirmar que el mapa empresarial energético español no está cerrado y dista mucho de estar en equilibrio. Por tanto, consideramos que es muy posible que se produzcan nuevos movimientos corporativos. Lo que es importante es que estos movimientos deberían aportar más estabilidad estratégica al sector.

¿Cómo valora la evolución de los precios del petróleo y su impacto sobre los costes de la energía?

Los precios del petróleo se han visto tensionados por cuestiones derivadas de la oferta y por la capacidad que la demanda ha tenido para asumir los incrementos de precios, creando una estructura de precios que ha dibujado una subida libre. No obstante, no es previsible que se mantenga una situación así, en la medida que debe producirse un cierto “trade off” entre la demanda energética y el precio. Y probablemente empecemos a ver que se empiezan a advertir los efectos de un menor crecimiento económico, reduciéndose la demanda de crudo, en consecuencia. Lo que si es cierto es que esta subida de precios afecta a los costes energéticos globales en la medida que el carbón o el gas, cuya utilización en la generación eléctrica es muy importante, también está indexada a los precios del petróleo y ello ha perfilado una escenario de costes energéticos muy altos.

PREGUNTA.- ¿Cómo valora el grado de liberalización del sector eléctrico español?

RESPUESTA.- En la actividad de producción, el grado de liberalización del sector eléctrico español es francamente bueno. Sin embargo, en la actividad de comercialización lamentablemente no solamente no se ha avanzado sino que se ha retrocedido con respecto a la situación de hace un par de años.

Para profundizar en la liberalización de la actividad de producción sería bueno ir trabajando en mejorar algunos aspectos, aunque sea como objetivo a medio plazo. Por ejemplo, la actual normativa de incentivo a la generación, que discrimina entre centrales según su edad, es incompatible con la visión de un mercado liberalizado, en el cual a los agentes se les retribuye según el valor del producto que producen, y no según sus costes, su tecnología o la antigüedad de sus instalaciones. Además, no sé si realmente los inversores confían en que este pago se mantenga, y por ello sospecho que tiene una efectividad limitada como incentivo a la inversión. Por ello sería deseable plantearse su eliminación.

Sin embargo, para asegurar la coherencia y estabilidad del modelo, la eliminación del incentivo a la inversión en generación deberá ir acompañada de dos reformas. La primera es permitir que el precio de las ofertas de demanda pueda fijar el precio del mercado -actualmente el precio se fija siempre igual a la última oferta de generación aceptada-. La segunda es incrementar el tope en el precio del mercado diario -que actualmente se sitúa en 18 c€/kWh- hasta un nivel coherente con el valor real de la energía en situaciones de escasez, que se sitúa en varios euros por kWh.

Evidentemente, estas reformas serán tanto más fáciles y viables cuanto menores sea las restricciones en la red de transporte o mayor sea el nivel de contratación. Con respecto a las restricciones en la red de transporte, sería deseable repasar la normativa y dar incentivos a REE para que reduzca la frecuencia de las congestiones. Con respecto al nivel de contratación, entiendo que cuando pasemos al esquema de precios máximos para el suministro de último recurso la contratación a plazo se incrementará de forma natural hasta un nivel suficiente.

En la actividad de comercialización, el mercado apenas se ha desarrollado. Sin duda, la causa es el hecho de que las tarifas integrales no se hayan incrementado en los últimos años para reflejar el incremento del coste real de la electricidad en el mercado mayorista. De hecho, se ha producido un retroceso en la liberalización que no se resolverá hasta que las tarifas integrales, o el precio máximo del suministro de último recurso, se fijen teniendo en cuenta el coste real de la electricidad en el mercado mayorista. Es deseable que esto ocurra cuanto antes para que la comercialización se desarrolle.

PREGUNTA.- Hay quienes señalan que se está produciendo una involución en el mismo a raíz de prácticas regulatorias recientes ¿cómo valora este fenómeno?

RESPUESTA.- Los problemas existentes en el mercado tienen, mayoritariamente, un origen regulatorio, y la intervención del regulador tiene su origen en una desconfianza -a veces interesada- sobre si los mercados eléctricos pueden realmente funcionar y proporcionar un suministro a mínimo coste.

Los escépticos aprovechan el hecho de que, en el corto plazo, los costes marginales son más sensibles que los costes medios a las fluctuaciones de la demanda, la capacidad disponible, la hidraulicidad, los precios de los combustibles y del CO2, etc. Por ello, aunque en media el coste de suministro tienda a ser menor en un esquema de mercado liberalizado que en uno regulado, de cuando en cuando pueden surgir episodios de precios elevados. Ante estos episodios, surgen presiones de consumidores para que “se haga algo” y para los reguladores resulta muy difícil quedarse de brazos cruzados y dejar que el mercado siga su curso.

El problema es que podemos acabar en un círculo vicioso en el cual la intervención de regulador impide que el mercado funcione y si el mercado no funciona se aduce que hay que incrementar la intervención del regulador. Con esto no quiero decir que nunca se justifique la intervención del regulador, pero sí que debe considerarse si dicha intervención está realmente justificada con una perspectiva no solamente de corto plazo, sino también de largo plazo.

PREGUNTA.- Se afirma que el sector eléctrico español es escasamente contestable, ya que existen barreras de entrada. ¿Qué opina Vd. al respecto?

RESPUESTA.- Tales afirmaciones ignoran la realidad del mercado. No solamente están entrando unos 3000-4000 MW de nueva capacidad de generación en Régimen Ordinario cada año, sino que aproximadamente el 50% de esa inversión se ha realizado o está previsto que se realice por agentes que no tenían anteriormente presencia en la actividad de generación en España. Más allá de disquisiciones teóricas sobre posibles barreras a la entrada, esta evidencia de entrada demuestra sin lugar a dudas que las preocupaciones sobre posibles barreras a la entrada en generación estaban infundadas.

De hecho, cabría preguntarse si un sistema planificado, con la rigidez que los caracteriza, hubiera sido realmente capaz de atender un crecimiento de la demanda eléctrica como el experimentado en los últimos años o si, por el contrario, nos hubiéramos encontrado con serios episodios de escasez de suministro.

En la actividad de comercialización lo que ha impedido la entrada de competidores ha sido el hecho que las tarifas reguladas no reflejen el coste real del suministro han impedido el desarrollo del mercado. Hasta que no se eliminen estas tarifas, o reflejen el coste real de suministro, el resto de discusiones sobre la existencia o no de barreras a la entrada serán especulativas, y la mayoría de las barreras tendrán origen regulatorio o se podrán resolver con medidas regulatorias.

PREGUNTA.- También se afirma que un mercado ‘spot’ de corto plazo que centraliza toda la energía no permite producir precios competitivos. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación en el caso español?

RESPUESTA.- En absoluto. No solamente un mercado ‘spot’ que centraliza toda la energía permite producir precios competitivos, sino que dicho diseño es el que mayores garantías ofrece de que los precios sean efectivamente competitivos.

El rechazo que a veces produce la idea de que el mercado spot centralice la energía proviene de una comprensión equivocada de cómo funcionan los mercados eléctricos. El hecho que el mercado spot centralice toda la energía no quiere decir que los distintos agentes no puedan cubrir sus riesgos de precio, sino simplemente que dichos contratos serán de tipo financiero. Esto hace que toda la energía pase por el filtro del mercado, asegurando que siempre se programen aquellas centrales que puedan atender el suministro a mínimo coste. El hecho que los contratos se denominen “financieros” en lugar de “físicos” no tiene la menor relevancia a efectos de la seguridad de suministro, ya que la diferencia entre uno y otro radica simplemente en cómo se liquidan.

El mercado spot también produce rechazo en ocasiones porque el precio del mercado se fija con criterios marginalistas, esto es, igual a la oferta más elevada aceptada, en lugar de pagar a cada generador la oferta que cada uno realiza. Sin embargo, todos los mercados, ya sean eléctricos o no, resultan en un precio igual a la oferta más cara. Por ejemplo si a cada agente se pagara su propia oferta, lo que comúnmente se denomina “pay-as-bid”, estos ya no presentarán ofertas iguales a sus costes de producción, sino ofertas iguales a su expectativa de cual será la oferta más cara que será aceptada, por lo que no resultaría un coste menor para los consumidores. En la medida que esas expectativas no sean exactas, y dicho método de casación se use para programar centrales, el despacho resultante será ineficiente y el coste de la energía para los consumidores será mayor. De hecho, en el Reino Unido se probó a utilizar transacciones bilaterales para el mercado spot y se han ido introduciendo reformas para volver a un esquema marginalista.

Finalmente, disponer de un mercado spot marginalista y profundo como el actual favorece la competencia. En primer lugar, en un mercado marginalista los pequeños agentes no juegan con desventaja con respecto a los grandes, ya que optimizar su oferta solamente requiere conocer sus propios costes y no es preciso predecir el precio de la oferta más cara que será aceptada por el operador del mercado en cada hora del día. En segundo lugar, en un mercado marginalista, los agentes verticalmente integrados no pueden bloquear el acceso al mercado por parte de nuevos entrantes, ya que estos siempre pueden vender o comprar su energía en el mercado spot. En tercer lugar, el regulador puede realizar una supervisión de que los generadores se comportan de forma competitiva, presentando ofertas que reflejan sus costes de funcionamiento.

PREGUNTA.- Del mismo modo se afirma que el mercado mayorista español no funciona correctamente y que la oferta está altamente concentrada. Así, las dos principales empresas eléctricas de España, Iberdrola y Endesa, poseen un 47% del mercado eléctrico, lo que ha suscitado críticas por que pueda suponer una situación de poder de mercado excesivo. ¿Cree que los operadores están utilizando indebidamente esa cuota de mercado? ¿Cómo valora esta situación en el contexto del sector energético europeo?

RESPUESTA.- Tras la liberalización del mercado en el año 98, las críticas se referían a que las dos principales empresas producían un 80% de la energía del mercado. Ahora esa cifra se sitúa por debajo del 50% y se sigue hablando de un poder de mercado excesivo.

El mero hecho de que hayamos adquirido la costumbre de sumar las cuotas de mercado de los dos principales operadores para describir el nivel de concentración resulta no solamente arbitrario sino inadecuado, ya que equivale a suponer que ambas empresas actúan de forma perfectamente concertada. Tal nivel de connivencia no parece corresponderse con la realidad. Por ello, cuando se habla de cuotas de mercado, sería más correcto describir el mercado eléctrico español como uno en el cual la mayor empresa eléctrica tiene una cuota del mercado de producción que apenas supera el 25%.

Con respecto a si los operadores están utilizando indebidamente esa cuota de mercado, en los últimos 5 años tanto el nivel como el comportamiento de los precios del mercado eléctrico español han sido similares al del resto de mercados eléctricos europeos. Esa evidencia indica que el precio del mercado simplemente ha reflejado los costes de suministro, sin que la concentración haya influido de forma apreciable.

PREGUNTA.- El Libro Blanco proponía una regla muy simple para delimitar la concentración horizontal. Ninguna empresa puede disponer en el mercado mayorista español de una capacidad de oferta (potencia instalada) de libre disposición superior a un porcentaje que el Libro Blanco lo fija en el 22 % ¿Qué opina de esto?

RESPUESTA.- La propuesta del Libro Blanco se basaba en el uso de un modelo de simulación, no en un análisis de los resultados reales del mercado. Como ya he dicho, los precios observados en el mercado se corresponden con los del resto de mercados eléctricos europeos y no hay barreras a la entrada, por lo que no hay evidencia de que la concentración horizontal sea un problema en España.

Además, el modelo utilizado en el Libro Blanco contenía una serie de simplificaciones que, en cierto modo, predeterminaban las conclusiones del modelo. Por ejemplo, dicho modelo ignoraba totalmente el efecto de los contratos, de la supervisión del regulador, de la incertidumbre o de la amenaza de entrada de nuevos agentes. Por ello, no es sorprendente que el resultado fuera una visión negativa sobre el mercado y la competencia.

PREGUNTA.- Se están aplicando subastas de energía para detraer poder de mercado a las empresas eléctricas con mayor cuota de mercado actual. ¿Cree que estas subastas constituyen una solución?

RESPUESTA. En realidad, las centrales virtuales no son más que contratos de suministro, que no difieren sustancialmente de los negociados en el mercado OTC o en el OMIP. Este tipo de subastas de centrales virtuales tienen especial sentido en aquellos mercados eléctricos en los cuales no existe un mercado spot líquido y los potenciales entrantes no tienen otra forma de conseguir electricidad a un precio competitivo. Por eso en tales mercados las centrales virtuales se instrumentalizan como contratos físicos mientras que en España pueden ser indistintamente físicos o financieros.

En España, los potenciales entrantes pueden acudir al mercado spot o al OMIP, donde las compras de las distribuidoras y la presencia de market-makers aseguran un nivel adecuado de liquidez. No obstante, la obligación de subastar centrales virtuales contribuye a mitigar las suspicacias sobre el nivel de concentración en el mercado, y por ello pueden desempeñar un papel importante al dar confianza sobre el funcionamiento del mercado.

Dicho esto, el volumen objeto de subasta no debe ser excesivo, en el sentido de ser superior al que demandarán los compradores, ya que en tal caso el precio que resultará en la subasta será inferior al precio esperado en el mercado spot y la venta de centrales virtuales habrá tenido un efecto expropiatorio sobre los vendedores que solamente beneficiará a los traders, lo cual es especialmente indeseable en una situación en la cual existe un déficit tarifario.

Mañana, segunda entrega de la entrevista a Óscar Arnedillo

PREGUNTA. Vd. afirma que la política energética española no es coherente. ¿Existe política energética española?

RESPUESTA. No sólo es incoherente la española sino también la europea, si es que existe. Toda política energética consiste en la elección de un punto arbitrario dentro de un hipotético triángulo cuyos vértices son la competitividad, la seguridad y la sostenibilidad. En España se anuncian medidas concretas de política energética pero nunca se hace explícito el conjunto, por lo que, a tenor de las declaraciones, se vislumbran más incoherencias que equilibrios. Por ejemplo: 1) se postula el fin de la producción electro-nuclear y se apuesta por el viento. Ni una palabra sobre las repercusiones de esta política en la competitividad de las empresas por el coste de la electricidad; 2) se critica el crecimiento de la intensidad energética y, sin embargo, el déficit tarifario sigue un ascenso imparable superando los 12.000 millones de euros; 3) en Europa se protege la inversión directa de operadores en mercados como el español cuando en los países de origen de los inversores, es imposible una inversión equivalente; ¡y un largo etcétera!

PREGUNTA. ¿Cómo valora el grado de liberalización del sector energético español? Hay quienes señalan que se está produciendo una involución en el mismo a raíz de prácticas regulatorias recientes ¿está Vd. de acuerdo con esta afirmación? ¿cómo valora este fenómeno?

RESPUESTA. Es dispar. En el caso del subsector gas, la liberalización puede considerarse total. Tampoco podemos decir que no sea este el caso del subsector petróleo, con sus diferentes productos, gasolinas, gasóleos, querosenos, etc. Otra cosa es que no nos guste el continuo ascenso de los precios, pero esta es otra historia ya que no depende de lo que podamos hacer aquí, sino de la estructura oligopólica del mercado productor de hidrocarburos. En cambio, el subsector eléctrico está pobremente liberalizado en España, por varias razones: 1) estructurales: los dos primeros operadores representan el 80% del sector, un porcentaje que aunque ha disminuido con la aparición de nuevos entrantes, no ha evitado que el mix en el mercado (descontando las renovables) sea el mismo y estos nuevos ‘players’ (que son precio aceptantes), no son relevantes en la fijación de precios, salvo en el caso de los desvíos; 2) tarifarios: la subsistencia de las tarifas reguladas imposibilita el correcto desarrollo de ningún mercado minorista; 3) regulatorios: por un lado se diseñan mercados de subastas (VPP, CESUR) y luego no se utilizan en la configuración tarifaria.

Por eso, hay que buscar una solución coherente en esta ordenación teniendo en cuenta los objetivos que configuran el triángulo de la política energética: sostenibilidad económica y ambiental, eficiencia asignativa y seguridad de suministro, teniendo en cuenta que cada uno de estos vértices del triángulo tiene efectos sobre el modelo conjunto y lo importante es lograr un diseño coherente y en equilibrio. Por ejemplo, cuando se habla de aumentar renovables hay que pensar en su impacto económico (la necesidades de mayores tarifas y de no generar déficit a futuro) o cuando se habla de desarrollo de la energía eólica hay que plantearse la capacidad de asegurar el suministro vía almacenamiento para que su producción no dependa de variables exógenas como las condiciones meteorológicas.

En todo caso, mi posición es siempre favorable a que se tomen decisiones que tiendan a orientarse más hacia el desarrollo pleno del mercado y así dejar que este opere con libertad. En esa definición, desde el punto de vista tarifario, la propuesta principal sería el desarrollo de las VPP sin la existencia del “cap” de la tarifa regulada. Igualmente, el desarrollo de un mercado a plazo es una medida razonable, siempre que, también en este caso, se deje operar con libertad. En conclusión, lo que podemos decir es que el diseño del mercado energético español en líneas generales es correcto, pero el desarrollo del mercado eléctrico ha sido incompleto y, en ocasiones, incoherente. Parece como si hubiese miedo a una liberalización completa del mismo y, por ello, se hubiera querido mantener “amarrado”, sin que pueda operar con plena madurez.

PREGUNTA. ¿Cómo valora el papel de los órganos reguladores, en concreto del sector energético, y su funcionamiento? ¿Considera urgente abordar la necesidad de una mayor independencia? Desde su experiencia ¿Cuáles serían sus propuestas?

RESPUESTA. No creo en la independencia de los órganos reguladores, ya que en definitiva siempre los acabará nombrado un gobierno concreto. Especular sobre si deben depender del Gobierno o del Parlamento, es asimismo un ejercicio inútil. Todo nombramiento mantiene una lealtad hacia su proponente. Lo casos contrarios son anomalías. Creo más bien en la profesionalidad y el carácter técnico de los órganos reguladores, es decir, que en el nombramiento prime, por encima de la adscripción política de sus miembros, su currículum. En este caso, el único límite intelectual del regulador pasaría a ser el propio código deontológico de su profesión

PREGUNTA. Existen sectores críticos con el funcionamiento del mercado mayorista de la electricidad ¿Comparte las críticas al funcionamiento del mercado eléctrico que se hacen desde ciertas instancias? ¿no considera que estas críticas inciden en aspectos que legitiman la intervención en el mismo y que incluso provocan distorsiones sucesivas en su funcionamiento, que justifican nuevas intervenciones regulatorias?

RESPUESTA. Las mayores críticas provienen de los nostálgicos del anterior modelo, en el que los precios no se formaban siguiendo criterios marginalistas, sino como valor medio de todas las tecnologías. Se llega a sostener que las empresas reciben beneficios extraordinarios por la explotación de tecnologías ya amortizadas y que con sólo leer la prensa económica, se puede verificar los extraordinarios e injustificados “pay-out” en detrimento de los consumidores. Creo que estos razonamientos no son correctos. Si la renta sectorial se considera excesiva o extraordinaria, al Estado siempre le cabe la posibilidad de redistribuir, vía impositiva, tales beneficios, por lo que este tipo de medidas tienen que ser muy pensadas dada la importancia de la inversión en este sector. Atención entonces a la necesaria reinversión en capacidad de generación. Del mismo modo, se puede hablar de las fórmulas para primar el desarrollo de las energías renovables, hasta qué plazo, cuál es su curva de aprendizaje, cuándo está un sector maduro, etc… Hablemos de eso, pero no vayamos contra el mercado. Creo más adecuado seguir avanzando en el “ownership unbundling” de la generación y la distribución, que en poner límites a la rentabilidad de las empresas verticalmente integradas. No olvidemos, por otro lado, la escasa rentabilidad de las empresas de distribución, embebidas en las corporaciones existentes.

En todo caso, lo que no es admisible de ninguna forma, es pensar en despreciar los beneficios del vigente modelo marginalista. Nadie puede arrogarse la soberbia de saber más que el mercado. El mercado es soberano y marcará precios, en cada momento, según las situaciones de escasez o abundancia.

Del mismo modo, hay que plantearse también la idoneidad de otras propuestas como son las limitaciones a la participación o al tamaño de los operadores en el mercado. Esto puede ser también contraproducente. Por ejemplo, cuando se fijan porcentajes de participación empresarial máximos, también se envían mensajes que desincentivan la inversión en el sector. Por eso, definir una fórmula, un escenario de varios jugadores (tres o cuatro), utilizando subastas de energía primaria (VPP), tarifas liberalizadas, juego limpio y dejar que flote el mercado sin más restricciones, sería la solución quizá más razonable.

PREGUNTA. ¿Considera que los agentes están haciendo un mal uso del mercado? ¿Qué papel tienen las subastas de energía primaria en esta situación, orientadas a reducir el papel de las dos grandes eléctricas en el mercado? ¿Cómo valora el comportamiento de las empresas y los mecanismos de supervisión existentes?

El diseño del mercado eléctrico español es correcto. Otra cosa son los comportamientos de los agentes. Tampoco creo que sean de continuo abuso de posición dominante y prueba de ello es que, pese a la apertura de diversos expedientes por parte de la CNE, las sanciones no han sido significativas. Creo que los agentes simplemente buscan su lícito beneficio. El diseño actual de subastas VPP va en la línea de crear más competencia por la vía de los generadores virtuales. Descreo que sea una solución estructural. En el sector gasista fue el tránsito hacia la toma de posición de los abastecedores, en el mercado “upstream”. En el mercado eléctrico sólo sobrevivirán aquellas corporaciones que integren generación y “retailing”. Frente a ellas, cabe esperar que se configuren potentes centrales de compra como las que los grandes consumidores están haciendo con FORTIA.

PREGUNTA. La tarifa actual ofrece precios bajos, pero irreales, a los consumidores, e impide una competencia efectiva ¿Cómo valora la existencia de unos déficit tarifarios tan abultados en la tarifa eléctrica?

El problema no es para la eléctrica, que tiene asegurado el cobro a través del reconocimiento explícito. El verdadero problema es para el consumidor, ya que: 1) no identifica por la vía de los precios la realidad del encarecimiento de la energía (sólo lo percibe en las gasolineras y en las facturas del gas natural); 2) es muy insolidario intergeneracionalmente, ya que transferimos el coste del consumo actual a nuestros hijos y a nuestros nietos, sin nada que lo justifique (como por ejemplo, en el caso de las pensiones, en donde está generalmente aceptado que los compromisos pasen de una generación a las siguientes).

(Mañana, segunda parte de la entrevista)

PREGUNTA.- ¿Cuál es su opinión sobre el proceso que se está llevando a nivel europeo en materia de la separación de activos de generación y transporte?

RESPUESTA.- Creo que se debe llegar hasta el final. Éste es uno de los casos en los que España puede dar ejemplo, ya que aquí se empezó muy pronto. La separación del transporte y operación del sistema se hizo no de una forma completa, pero sí antes de que empezara el proceso de liberalización, en los años 80.

Es totalmente necesario que esta separación tenga lugar. Hay distintas opciones para hacerlo, pero en todas partes debe llevarse a cabo.

PREGUNTA.- En materia de planificación de la generación ¿cuál sería un modelo sostenible económica y medioambientalmente?

RESPUESTA.- La sostenibilidad tiene tres componentes. Una económica -que yo traduciría en que hubiera seguridad de suministro a precios asequibles y a largo plazo-, que el impacto ambiental sea asumible, y un tercer componente, el acceso equitativo a la electricidad. Desde el punto de vista español está básicamente resuelto, pero no lo está a escala mundial. España debería de colaborar con los demás países en que hubiera un acceso equitativo a la electricidad, y el casi un tercio de la humanidad que todavía no dispone de ella pueda hacerlo lo antes posible.

Esta es mi concepción sobre un modelo energético sostenible, pero para ello no podemos hablar sólo de España. Problemas como el cambio climático o el acceso equitativo a la energía son problemas de escala mundial.

PREGUNTA.- ¿En este contexto, cuál es su opinión respecto a la energía nuclear? ¿Cree que debe de jugar un papel importante en el mix energético español? ¿Y las energías renovables?

RESPUESTA.- Hay una serie de tecnologías que tienen una mayor cabida si hablamos de sostenibilidad medioambiental. Todas ellas tienen sus pros y contras. La nuclear tiene algunos problemas muy serios, que hacen que bajo mi punto de vista personal deba ser relegada a la última de la lista. Lo cual no quiere decir que la excluya, porque hay otros objetivos, como el de tener energía suficiente -visto de una manera austera, tratando de ser eficientes y ahorrando energía en lo posible, pero tenemos que cubrir nuestras necesidades energéticas-. Y hay que hacerlo con las formas de energía que tenemos.

Se puede conseguir. Estamos viendo que la ampliación de nuestro parque puede hacerse con otras tecnologías, y posiblemente podamos prescindir en esta ampliación de la energía nuclear. Eso sería una buena noticia, no tanto en el plano nacional como en el internacional; creo que una proliferación de lo nuclear a escala mundial no sería buena para nuestro planeta.

Las renovables son la otra cara de la moneda. Tienen dificultades, sobre todo en lo que respecta a los problemas de intermitencia y de coste. Son problemas solucionables, aunque tampoco es obvio cómo solucionarlos, y tenemos que poner un gran esfuerzo en ellos porque son las tecnologías de futuro a largo plazo. Pero por el momento, debido a los problemas de intermitencia y de coste, es necesario graduar su nivel de penetración.

PREGUNTA.- ¿En cuánto tiempo cree que podríamos depender exclusivamente de fuentes de energía renovables, si es que se puede llegar a eso?

RESPUESTA.- Antes habría que resolver una serie de problemas. La energía solar es la que tiene un mayor potencial, pero todavía es muy cara, aunque otras energías no internalizan todos los costes medioambientales y, por tanto, están jugando con ventaja. En todo caso, aunque son energías todavía caras, tienen mucho recorrido para reducir sus costes, por lo que yo no sabría decir cuánto tiempo vamos a tardar en producir la energía fotovoltaica a una décima parte del coste que tienen hoy. Seguramente es posible, pero eso requiere avances tecnológicos, investigación y mejoras en los mecanismos de producción. Igual ocurre con las centrales termoeléctricas.

Por otro lado, debemos encontrar formas imaginativas de operar nuestros sistemas eléctricos y hacer participar a la demanda de una forma activa para reducir en lo posible el problema de la intermitencia.

Creo que el objetivo de 100% renovables no es una quimera, pero no es algo ni mucho menos obvio. Habría que apuntar hacia una gran penetración de renovables, que es algo que estamos haciendo en España, pero tener los pies en la tierra, ya que por coste y por problemas de operación, no todo es posible.

PREGUNTA.- ¿En qué medida aumenta la dependencia energética incrementar el número de centrales de ciclo combinado?

RESPUESTA.- Si por dependencia energética entendemos cuánta energía traemos del exterior para cubrir nuestras necesidades energéticas, en este momento es más del 90%. Da igual la materia prima que importemos, siempre será dependencia del exterior. Lo que realmente aumenta nuestra independencia energética son las renovables, porque sí son locales.

Estamos haciendo algo bien, y es que, además del gas que nos llega por conductos, la mayor parte, unos dos tercios, lo estamos importando en barcos metaneros que traen el gas licuado, que se gasifica posteriormente en España. Eso nos da una gran capacidad de diversificación de la procedencia, lo que es muy positivo porque no dependemos de un país concreto, así que la seguridad de suministro es mayor. Aunque depender de una sola tecnología o de un solo combustible tiene cierto peligro.

PREGUNTA.- ¿Cómo ve el apoyo que el Estado brinda a las energías renovables? Desde algunos sectores, este apoyo se considera una mera equiparación de oportunidades ante el hecho de que otras tecnologías no internalizan costes como los de las emisiones de CO2. ¿Cree que esta compensación económica es excesiva, o insuficiente? ¿Cuánto tiempo cree que las energías renovables seguirán necesitando subvenciones para continuar su desarrollo?

RESPUESTA.- Las energías convencionales tienen unos costes implícitos de impacto medioambiental que no están recogidos en el precio de la electricidad, por tanto gozan de una ventaja con respecto a las renovables, que también tienen algunos de estos costes, pero bastante menores. La forma de equiparar el campo de juego es, o bien subvencionar a unas energías, o bien cargar a las segundas. Es la opción por la que se ha optado, por ser la más sencilla.

Por otro lado, las renovables cuentan con tecnologías con niveles de maduración muy distintos. No es lo mismo la energía eólica, que ya cuenta con mucho tiempo y experiencia, y se ha conseguido reducir sus costes hasta el punto de que sea competitiva con las energías convencionales, o energías bastante novedosas, y mucho menos maduras, como la fotovoltaica o la solar termoeléctrica. Hay muy pocas centrales de este tipo en el mundo, de un tamaño industrial, y todavía tienen un gran recorrido. Si no se ayuda a estas energías de una forma especial, no se podrían desarrollar. Igual que se ayudó en su momento a las tecnologías de carbón, o a la nuclear, para que salieran adelante y se hiciera toda la investigación y el desarrollo que necesitaban. Sin gastarse tontamente el dinero, hay que apoyar a estas tecnologías renovables menos maduras con un volumen suficiente como para que sean capaces de despegar, pero tampoco poniendo una gran cantidad de dinero para que estas tecnologías simplemente aumenten en volumen y enriquezcan a sus promotores.

Habría que pensar si los emplazamientos más adecuados para las tecnologías fotovoltaicas son las huertas solares, donde son fácilmente reemplazables por otras tecnologías, o debieran instalarse en lugares del mundo donde no hay otras posibilidades de conseguir electricidad.

PREGUNTA.- ¿Qué piensa de los mecanismos de asignación de derechos de emisión, tal como se han planteado en el Plan Nacional de Asignaciones? ¿Considera que pueden reducir, con ese diseño, de forma efectiva las emisiones de gases de efecto invernadero que se vierten a la atmósfera?

RESPUESTA.- Creo que se ha reconocido ampliamente que hubo un error en la directiva que creó el dinamismo del mercado de derechos de emisión en el sentido de que al sector eléctrico se le dieron gratuitamente unos derechos. Cuando el coste adicional que suponía para el sector tener que adquirir estos derechos se podría conseguir perfectamente, o en buena parte, con un incremento del precio de la electricidad, al internalizar en el precio de la energía el de la tonelada de CO2.

También hay que tener en cuenta que el que los derechos se den gratuitamente o no, no influye -o no debería influir si se hace bien- en las decisiones de las empresas en la dirección de unas tecnologías más limpias.

Son dos temas separados. La asignación de los derechos es un tema de equidad, de compensar o no a las empresas. Por otra parte, el que el precio de la tonelada de CO2 sea más alto o más bajo hará que unas tecnologías predominen sobre otras. Y es un efecto de eficiencia distinto del anterior. Creo que hay que separar los dos terrenos.

La otra cuestión es que el reparto de derechos pueda hacerse mal, y si se hace que este reparto dependa de cuánto se ha emitido muy recientemente, se anime a las compañías a seguir emitiendo porque van a recibir derechos en función de sus emisiones previas. Eso está mal hecho, así como el hacer depender los derechos que se reciban a que una empresa vaya a cerrar o no sus centrales.

PREGUNTA.- ¿Cuál es su opinión sobre la detracción del coste de los derechos de emisión? ¿Cree que es adecuado el mecanismo de detraer los costes a todas las compañías, independientemente de que hayan recibido o no esos derechos en un primer momento y de que usen tecnologías contaminantes o no?

RESPUESTA.- No hay una forma perfecta de arreglar el desaguisado. Una vez cometido el error, es muy difícil volver a la situación anterior.

Pero hay que tener en cuenta dos efectos distintos. Uno, que a una tecnología como el carbón se le hayan dado unos derechos, y además esa tecnología esté ganando el coste que tendrían esos derechos con un mayor precio de la electricidad. Si, según ese caso, está recibiendo una compensación doble, parece razonable que una de ellas se elimine.

Por otra parte, tecnologías como la nuclear o la hidráulica, que se construyeron en momentos en que no se consideraban posibles problemas de cambio climático o de emisiones de CO2, y cuyo desarrollo futuro no depende del CO2, reciben unas compensaciones denominadas windfall profits, que creo que no están justificadas.

PREGUNTA.- Teniendo en cuenta lo establecido en el informe “Renovables 100%”, presentado por Greenpeace, ¿qué configuración considera Greenpeace más adecuada para el futuro del mix energético español? ¿En qué plazos cree que podrían sustituirse las tecnologías energéticas actuales?

RESPUESTA.- Nosotros partimos de que el informe Renovables 100% demuestra que en el horizonte 2050 es perfectamente viable un sistema 100% renovable, aunque posiblemente se podría conseguir. Para entonces habría que llegar al 100% de renovables en electricidad, y en 2020 deberíamos alcanzar el 50%.

PREGUNTA.- En el caso de contar con un mix totalmente cubierto por renovables, ¿cuáles tendrían, en su opinión, una posición preponderante?

RESPUESTA.- Caben infinitas posibilidades. En el estudio Renovables 100% hemos analizado más de 50 combinaciones diferentes, teniendo en cuenta factores como características, comportamiento, fiabilidad, costes, etc. Una de las conclusiones del informe es que, cuanto mayor sea la diversidad de tecnologías disponibles, mejor para el sistema -por razones de coste y de seguridad de suministro-. Es decir, no hay que contar con una o pocas fuentes energéticas.

La eólica es la que llegaría antes a una situación competitiva en costes. Por tanto es la que interesaría utilizar con mayor intensidad. Pero con la tecnología eólica actual no es posible gestionar el sistema, por tanto se necesitaría un complemento adicional de potencia importante. Según nuestros análisis, la que aparece mejor posicionada para ese papel es la termosolar con aporte complementario de biomasa. No es la única solución, pero sí la que ofrece un coste económico más conveniente.

PREGUNTA.- La posición de Greenpeace respecto a la energía nuclear es negativa, y contrasta con las manifestaciones a favor de esta tecnología que cada vez más se escuchan en el sector energético. Algunos argumentos que se utilizan son que aportan seguridad al sistema eléctrico.

RESPUESTA.- Muchas de las cosas que se dicen sobre la nuclear no son ciertas. Sobre la afirmación de que aporta seguridad al sistema, no aporta nada distinto a otras fuentes de energía. Es más, la utilización de la nuclear implica una serie de restricciones que no necesariamente implican otras fuentes. Las paradas no programadas, por ejemplo, son muy numerosas cada año. No programada significa no previsible, lo que significa que el sistema tiene que funcionar de forma imprevista a una caída de 1.000 MW, de golpe. Eso no ocurre con la eólica, que con toda su oscilación, puede caer incluso miles de MW, pero no lo hace en un instante. Tampoco ocurre con las centrales térmicas, que también registran paradas, pero son menos frecuentes.

Tampoco es cierto que aporten una parte importante de energía al sistema. La nuclear está en el 20% y cada vez menos, por tanto no es la energía base, ni mucho menos, del sistema.

Si lo que se busca es una generación concentrada, también existen otras opciones, como las centrales térmicas, las termosolares, los parques eólicos marinos… Si la generación concentrada fuera un valor a tener en cuenta, no es algo que no puedan aportar otras tecnologías.

La razón para defender la nuclear, quienes la defienden, es simple y sencilla. Hay una inversión realizada, en muchos casos ya amortizada, y de la que se quiere obtener el máximo rendimiento económico posible.

Respecto a la construcción de las nuevas centrales, ningún promotor eléctrico ha presentado en España ningún proyecto de central nuclear. Y el mercado eléctrico está liberalizado desde 1997. Si fuera una alternativa tan interesante, y tan rentable, veríamos los proyectos.

PREGUNTA.- Pero la opinión pública y la posición del Gobierno son contrarias a la instalación de nuevas centrales. La nuclear no goza de muy buena fama.

RESPUESTA.- Por mala fama no se dejan de hacer las cosas en España. Sólo hace falta mirar hacia el deterioro de las costas españolas. Las decisiones económicas no se toman en función de la fama, sino en función de su rentabilidad económica.

PREGUNTA.- Sin embargo, en el caso de la nuclear, la opinión pública contraria sí puede suponer una barrera.

RESPUESTA.- La oposición de la opinión pública puede suponer barreras, pero nada cuantificable. Insisto, hay muchas actividades económicas y actividades energéticas que se enfrentan a mala fama. Promover una central térmica también tiene en contra a la opinión pública, pero sigue habiendo proyectos. A los promotores no les detiene lo impopular de construir una central térmica, porque tienen la certeza de que van a ganar dinero. Sin embargo, no tienen esa certeza si van a construir una central nuclear. Me refiero a los nuevos proyectos.

Además, el escenario no es favorable a la construcción de una nueva central nuclear por diferentes cuestiones. Hay muchos costes que en el pasado se han conseguido eludir y que hoy, en un sistema liberalizado, sería muy difícil. Otras opciones de generación de energía ofrecen una rápida recuperación de la inversión, lo que no ocurre en el caso de la nuclear, en la que los costes son altísimos. Y otro factor en contra es el riesgo de la inversión. ¿Quién asegura que para una inversión de ese calibre la compañía promotora no tendrá que hacerse cargo de los residuos radiactivos? ¿O la responsabilidad de un accidente? Las compañías de seguros no están dispuestas a asegurar ese riesgo.

PREGUNTA.- Eficiencia energética. España es el país menos eficiente de nuestro entorno, con subidas del IPC que han ido vinculadas a incrementos, superiores, de la intensidad energética ¿Cómo veis la situación de España en este sentido? ¿Cómo valoráis los esfuerzos del Ejecutivo, como la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética?

RESPUESTA.- Los números lo dejan muy claro. El incremento de la intensidad energética no es justificable por el crecimiento económico, puesto que España es una anomalía dentro de su entorno, y esa tendencia es inversa a la que se ha visto en el conjunto de la UE.

Por tanto, ese incremento de la intensidad energética es achacable a las políticas que han despreciado la eficiencia energética. El Gobierno ha presentado recientemente una estrategia, nada ambiciosa según nuestros criterios, pero de la que habrá que esperar a los resultados.

Los objetivos de la estrategia del Gobierno no son, en nuestra opinión, más que la mera expresión de un deseo. Creemos la eficiencia energética debe asumirse como un objetivo explícito y vinculante. Debe adoptarse, en este sentido, lo formulado por la Comisión Europea, de reducir la demanda energética un 20% en 2020 con respecto a 2005.

Nosotros hemos presentado una propuesta de ley de eficiencia energética. En primer lugar, para que la eficiencia tome un valor de relevancia jurídica de primer nivel. Y en segundo lugar, para incorporar medidas más concretas y de mayor alcance que las que actualmente están contempladas.

PREGUNTA.- ¿Cuál es su opinión sobre la tarifa eléctrica? ¿Consideran que su mantenimiento contribuye al derroche y a la ineficiencia?

RESPUESTA.- Desde luego. Pero además, no somos los únicos que creemos que debería desaparecer la tarifa. Hay muchas voces que piden que se tome esa medida, pero cuando llega el momento de tomar las decisiones, el Gobierno siempre acaba echándose atrás. Puede que conocer la definición de la tarifa de último recurso sea un momento clave en este sentido.

Si, efectivamente, la tarifa de último recurso se va a mantener para los consumidores y las pequeñas empresas, como se ha anunciado, entonces no vale para nada, porque seguimos dejando en manos del político la decisión sobre lo que valen las cosas. Es un sistema seudo-soviético, que no tiene ningún sentido.

Es un engaño en el que el primer perjudicado es el consumidor. Se le hace creer que se le está dando un producto barato, pero realmente se le incita a un consumo mayor del que haría. El consumidor se beneficiaría de verdad si, en efecto, se le regalase la electricidad, pero eso no es lo que está ocurriendo. Al consumidor se le está dando una hipoteca. Se le está generando una deuda, que no ha solicitado, que no necesita, para la que no le han pedido ninguna autorización, y tiene que pagar con intereses, un recargo durante 15 años, la deuda de cada año. Es inaceptable, antieconómico, y está fuera de toda lógica.

Y hasta ahora no ha habido ninguna posición a favor de eliminar esa tarifa. La única postura que han tomado los partidos es a ver quién baja más el precio.

PREGUNTA.- La Comisión Nacional de Energía, como regulador, ha recomendado que se suban los precios, pero el Ministerio de Industria es el que finalmente impone su criterio. Eso ha ocurrido también con otras cuestiones. ¿Creen que la Comisión debería de ser un organismo independiente y con capacidad de decisión?

RESPUESTA.- Sin duda. Un regulador tiene que tener la capacidad de regular aquello que se le encomienda. No puede tratarse meramente de un organismo consultivo, que es lo que es hoy. Porque, de ser así, nosotros estamos en el organismo consultivo del organismo consultivo (Greenpeace está presente en el Consejo Consultivo de electricidad). Es decir, somos una consultoría de segundo grado con una mínima influencia en las decisiones que se toman.

El órgano consultivo debe ser aquél en el que estamos nosotros, y el regulador, la CNE. Y debe ser independiente, por supuesto. No puede ser que las decisiones de la Comisión tengan que ser tuteladas y validadas por el Gobierno, porque entonces la existencia de la Comisión no tiene sentido.

PREGUNTA.- ¿Cuál creen que es la posición de la ciudadanía acerca de las necesidades del uso de la energía renovable y de la eficiencia energética? ¿El ciudadano está dispuesto a tomar decisiones contra su bolsillo, por ejemplo, aceptando la eliminación de la tarifa?

RESPUESTA.- Creo que sobre la postura de la ciudadanía debemos apoyarnos en los estudios existentes. Hace poco, la Fundación BBVA publicaba uno muy interesante sobre las actitudes de los ciudadanos en materia de cambio climático, con resultados muy concretos. Ahí se veía muy claramente: ese nivel de preocupación va bastante más allá de un conocimiento vago. Y a la hora de que se tomen medidas, la disposición a que se haga es muy positiva.

Aunque todavía se detecta que hay una reticencia a ver cómo suben los precios de la electricidad, hay que tener en cuenta que esta reticencia se engloba en un contexto en el que se ve que el resto no actúa. Pero en un contexto activo, sí hay una mayor disposición (por encima del 40%) a pagar más si el consumidor sabe que la energía que se le suministra es energía limpia.

Pero la factura de la luz tiene muy poco peso en la economía doméstica. La barrera es más política, o psicológica, que real. La gasolina se ha liberalizado, al igual que el gas, y no ha pasado nada. Ni revolución, ni catástrofe económica ni doméstica de ningún tipo.

Además, al lobby eléctrico, por mucho que digan que se necesita eliminar la tarifa, le interesa que se mantenga este estatus, porque ello les convierte en interlocutores privilegiados frente a la administración, lo que de otra forma se diluiría.

PREGUNTA.- ¿Qué importancia conceden a la línea de Muy Alta Tensión de interconexión con Francia?

RESPUESTA.- Estamos analizando el tema bajo todos los puntos de vista. Hay un problema, y es que no hay transparencia en la transmisión de las razones por las que se pretende construir esa línea. La razón técnica de la mejora de la capacidad de la interconexión no es “el suministro de energía en caso de”. No es una cuestión de cantidad de suministro, sino de calidad de suministro. Una red mallada da mejores opciones. Eso es razonable.

El problema que tenemos es que la interconexión de España con el resto de Europa pasa por Francia, y la situación energética de Francia contamina todo. Francia ha tomado una opción antieconómica, que es la energía nuclear, por razones políticas, y que como no la puede gestionar, y le sobra, necesita verterla al mejor postor fuera de su mercado.

Creemos que deben demostrarse, y hacerse públicas, las razones técnicas de cualquier interconexión. Y luego regular, y concretar, el acceso a la red. Porque ahí es donde se tiene que ver que se haga realidad lo que está proclamado, de que tiene que haber prioridad de acceso a las redes para las energías renovables. Por tanto, la electricidad de origen renovable debería de tener prioridad de acceso. No sería admisible que esa interconexión fuese bloqueada por un contrato previo entre Red Eléctrica y EDF, por ejemplo. No estaríamos dando paso a la potencialidad que puede ofrecer la interconexión de mayor flexibilidad del sistema y mayor integración de energías renovables.

Nosotros somos partidarios de una mayor interconexión, pero creemos que hay que poner las condiciones que hagan realidad una red más flexible y más favorable al desarrollo renovable.

PREGUNTA.- En un principio, los biocombustibles parecían una solución a parte de los problemas energéticos, pero la experiencia acumulada ha puesto de manifiesto las desventajas en su utilización, debidas a cuestiones como su grado de eficiencia, dificultad de producción a gran escala o la interferencia con los mercados alimentarios. ¿Desde qué perspectiva ven en Greenpeace el uso y desarrollo de biocarburantes?

RESPUESTA.- No es una opinión fácil de resumir, debido a la amplitud del tema. Pero creemos que el uso de biocombustibles no puede ser una panacea, como mucho una parte de la solución al problema energético en el transporte en particular. Pero debe ser subsidiario de criterios ambientales reales, estrictos y que tenga unos mecanismos de control mucho más concretos y rigurosos que los que ha propuesto la Comisión Europea.

En las condiciones actuales, creemos que el 10% que se ha propuesto está fuera de la realidad y es negativo en sí mismo. Por tanto, no se debe mantener. En este caso se han hecho las cosas al revés, se ha impuesto primero un objetivo y luego se ha visto cómo se podría cumplir ese objetivo. Es preciso evaluar qué biomasa tenemos disponible. Creemos que es necesario dar prioridad a las de uso endógeno. Pero hay que conocer el recurso, definir los criterios ambientales, y a partir de ahí, establecer para cuánto nos dan esos recursos.

Lo que a día de hoy podrían dar los biocombustibles es una aportación muy baja. Si hoy, un 10% parece inalcanzable de forma sostenible, entonces ¿Qué pasa con el 90% restante? No hay perspectiva de que podamos resolver el problema ambiental del transporte por ese camino.

Lo cual no quita que haya que desarrollar las tecnologías de segunda y tercera generación. Eso es razonable, y es necesario ver hasta dónde se puede llegar.

En cualquier caso, todo parece indicar que el problema del transporte no parece que vaya a poder resolverse si no se afronta desde la perspectiva de la eficiencia energética del sistema. Hay que tener en cuenta que la forma más efectiva de utilizar hoy la biomasa es su conversión en calor y electricidad. Transformarla en un biocombustible no es la forma más rentable de utilizar esa cantidad de energía.

Pero volviendo al tema anterior, el gran problema del transporte es su ineficiencia. Seguimos funcionando moviendo el sistema con vehículos sobredimensionados, con un peso descomunal, cada vez mayor, con un sobreconsumo, con motores de gran ineficiencia, que, básicamente, son los mismos que se diseñaban a principios del siglo XX. Los fabricantes de automóviles no han dado un salto tecnológico en eficiencia energética porque nadie se lo ha exigido.

Sea cual sea el combustible que haga funcionar el sistema de transporte, ese combustible debe tener unas exigencias de eficiencia energética que hoy por hoy no se han puesto, porque los fabricantes de automóviles son un lobby suficientemente activo y eficaz para bloquear cualquier propuesta en ese sentido. Por lo tanto, el primer asunto pendiente sería reducir a 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en un plazo inmediato, para 2012. Y para 2020, 80 gramos. Eso ahorraría mucho más petróleo que el empleo del 10% de biocombustibles.

PREGUNTA.- Sobre la posible OPA de EDF por Iberdrola, en caso de que ésta se produjera, ¿cuál es la posición de Greenpeace, teniendo en cuenta que EDF es una compañía con una gran participación de energía nuclear?

RESPUESTA.- Nos preocupa mucho esa posibilidad. Nosotros, como organización ecologista, somos independientes de cualquier empresa y de intereses económicos y políticos y no tomamos partido por una u otra compañía. En ese sentido, no nos importa quién sea dueño de una empresa.

Pero sabemos que EDF obedece a las instrucciones del Estado francés, que entiende la energía nuclear como una apuesta estratégica por razones militares y políticas. Eso le lleva a un diseño de empresa condicionada intrínsecamente por la energía nuclear.

Es absurdo que pretenda entrar en España, donde ya se cometieron bastantes errores con el tema nuclear, una empresa con esa óptica y que viene a quedarse con una de las mayores eléctricas españolas.

Además, Iberdrola -que también es significativamente pronuclear- es una empresa en la que se ha visto una evolución clarísima en los últimos años. Siendo una empresa tradicional como las demás, que representaba el establishment eléctrico, y que ha hecho una apuesta estratégica por las energías renovables, que se ha visto refrendada por los hechos y que se ha puesto a la cabeza mundial en el sector… sería lamentable que eso se viese truncado por otra empresa a la que no le importan en absoluto las energías renovables y cuyo principal interés es la energía nuclear.

Eso nos preocupa mucho, y esperamos que esa operación no salga adelante.

Esto tiene una relación directa con todo lo que se está discutiendo en el Consejo Europeo sobre la separación patrimonial de las empresas. Cuando un sistema eléctrico entero o una parte importante cae en manos de otro, y los consumidores y el propio Estado lo ven con ojos atónitos, tiene que ver con la concentración de poder en el sector eléctrico. Eso es incompatible con un mercado liberalizado, pues un mercado liberalizado exige una separación horizontal real y completa. O se está en el mercado liberalizado, o en el mercado regulado, por tanto un generador no puede tener redes. Las redes son, lógicamente, una actividad regulada.

Hay que tener en cuenta que las compañías que más se oponen a esa liberalización eléctrica son E.On, EDF y RWE. Los grandes lobbys eléctricos europeos que están en toda la cadena y no están dispuestos a ceder ese poder. Eso les da un poder antimercado inaceptable, que hay que romper allí y aquí.

Lo mismo ocurre con las grandes eléctricas españolas: tienen un poder añadido por el mero hecho de ser distribuidores, que les permite tener una influencia sobre agentes terceros que no es aceptable.

Esta situación debería poner de manifiesto de una vez por todas la necesidad de una separación patrimonial completa.