Según explicó Piebalgs en un seminario sobre el desafío energético europeo, el incremento de las energías renovables es una «condición previa» para que la UE logre sus objetivos de mejorar en un 20% su eficiencia energética en 2020 y rebaje en un 13% el consumo actual. Ese recorte en el consumo fue el que propuso la CE el 19 de octubre de 2006, cuando presentó un plan de acción de eficiencia energética, que según recordó permitirá «ahorrar 100.000 millones de euros anuales y alrededor de 780 millones de toneladas de CO2» que dejarán de ser liberadas a la atmósfera. «Pero debemos hacerlo incluso si no estuviera teniendo lugar el cambio climático», explicó el comisario. Para lograr los objetivos, Piebalgs recordó que el Ejecutivo comunitario propuso en enero aumentar el nivel de energías renovables hasta una media del 20% en 2020.

El comisario calificó la medida como «tremendamente ambiciosa» ya que a pesar de acordar un objetivo que asegurara un 12% de energías renovables en 2010, «es poco probable que superemos el 10%». Piebalgs afirmó que la propuesta de la CE «no es otra cosa que una nueva revolución industrial en política energética».

Entre las medidas que pretende impulsar Bruselas para mejorar la eficiencia energética figura un futuro acuerdo internacional para que economías emergentes con grandes demandas energéticas -como China, India y Brasil– se involucren en la reducción del consumo, en especial de combustibles fósiles.

El responsable comunitario consideró «una cuestión básica» el hecho de que si no se actúa en mayor medida sobre un consumo energético impulsando las energías renovables «no habrá opción de reducir emisiones de gas de efecto invernadero en un 20%». Por su parte, el secretario general de la patronal europea «BusinessEurope», Philippe de Buck, consideró que el desafío energético es «una cuestión clave» también para la competitividad de las empresas europeas.

La Comisión Europea (CE) amplió hoy el procedimiento de infracción abierto a España por las condiciones impuestas a la opa de E.ON sobre Endesa, debido a que Madrid no ha retirado el segundo conjunto de requerimientos a la empresa alemana, y dio quince días a las autoridades españolas para explicarse.

La CE, que considera que las condiciones son ilegales según las normas comunitarias, ya había enviado a España una carta de notificación el 18 de octubre pasado por las primeras medidas, y hoy aprobó el envío de una notificación «complementaria», dijo Jonathan Todd, portavoz comunitario de Competencia. Si España no envía una «respuesta satisfactoria» a la decisión de hoy en el plazo de 15 días laborales, la Comisión puede pasar a la etapa siguiente del procedimiento de infracción, el envío de un dictámen motivado, según explicó un comunicado.

La CE recordó que ya decidió formalmente (el 26 de septiembre y el 20 de diciembre) que ambos grupos de condiciones violaban la normativa comunitaria, por lo que pidió su retirada, y que esas decisiones eran «vinculantes». En concreto, Bruselas considera que las autoridades españolas han incumplido el artículo 21 del Tratado, que estipula que la Comisión tiene competencia exclusiva en las fusiones de entidad comunitaria.

La CNE presentó sus condiciones a E.ON en julio y, tras la apertura del primer procedimiento de infracción, España comunicó a la Comisión el 3 de noviembre su decisión de modificar esos requerimientos y limitar el alcance en el tiempo de los que seguían. Sin embargo, la CE consideró que esas medidas, que E.ON aceptó, «no son suficientes para cumplir totalmente» con la decisión comunitaria del 26 de septiembre, que exigió la retirada de las condiciones.

Por ello, Bruselas pidió que las autoridades españolas retiraran para el pasado 19 de enero los nuevos requerimientos de la CNE, y como Madrid no ha comunicado el cumplimiento de esa decisión se ha decidido ampliar el procedimiento ya abierto.

Las exigencias que suscitan más preocupación al Ejecutivo comunitario son: la obligación de mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.

Las autoridades españolas creen que el problema es de interpretación del derecho comunitario e insisten en que esas condiciones son clave para garantizar la seguridad del aprovisionamiento.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, aseguró que el Gobierno seguirá «atentamente» la evolución de las opas sobre Endesa pero sin realizar ninguna valoración para «no dar pie a ningún mal entendido».

Clos realizó estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en Marbella (Málaga), previa a su conferencia sobre economía y turismo enmarcada en las jornadas de trabajo del Consejo de Ciudadanos creado por el PSOE para las elecciones municipales, en la que los periodistas le preguntaron por el posible abandono de Gas Natural de la puja por Endesa.

El titular de Industria señaló que el Ejecutivo dicta las normas «que rigen este mercado, que en parte está regulado», pero ofrece «absoluta libertad» a las empresas para que, «dentro de sus competencias», lleven a cabo «lo que quieran o puedan hacer con el tema de las fusiones y adquisiciones».

En este sentido, afirmó que desde el Gobierno no querían añadir ningún comentario y apuntó que corresponde a las empresas y a sus juntas directivas tomar las medidas que consideren oportunas.

El próximo 2 de febrero acaba el plazo para que el grupo alemán E.ON y Gas Natural presenten sendas ofertas a sobre cerrado en un proceso de opas en concurrencia.

El secretario ejecutivo de Política Económica y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, ha manifestado que el relevo en la presidencia de Enagás «consuma la operación de acoso y derribo» del Gobierno a «un gestor profesional» y «sin perfil político», en referencia a Antonio González-Adalid.

Arias Cañete destacó, en un comunicado, que el nuevo presidente, Antoni Llardén, «ha ocupado cargos de responsabilidad en gobiernos socialistas». «El Gobierno vuelve a intervenir en el sector energético haciendo gala de un profundo desprecio por la libertad de empresa y por la profesionalización de la gestión en sectores sensibles», apuntó.

El dirigente del PP acusó al Ejecutivo de «realizar un arbitrario cambio de retribución» de las actividades de Enagás «para llevar a cabo sus propósitos». Según Arias Cañete, el Gobierno ha presionado a los accionistas de la compañía dándoles a entender que, de no aceptar sus planteamientos, «podrían ver perjudicados adicionalmente sus intereses económicos».

A juicio del PP, con el cambio en la presidencia de Enagás, los gestores técnicos de los sistemas eléctrico y gasista están ahora encabezados por «dos personas de acusado perfil político».El presidente de REE, Luis Atienza, fue ministro de Agricultura con el PSOE

El Grupo Socialista ha presentado dos enmiendas al proyecto de reforma de la Ley del Sector Eléctrico para ampliar y elevar la cobertura exigible a las instalaciones nucleares y a los responsables del transporte de sustancias nucleares para hacer frente a posibles daños derivados de fugas radiactivas. Según las enmiendas, la cobertura, circunscrita hasta ahora a eventuales responsabilidades civiles, se extenderá a los daños medioambientales y su cuantía pasará de 150 a 700 millones de euros. Las enmiendas, que modifican la Ley de Energía Nuclear de 1964, se han introducido durante la tramitación del Proyecto de Ley diseñado por el Gobierno para adaptar la Ley del Sector Eléctrico a la Directiva europea sobre el mercado interior de la electricidad. De hecho, el propio texto de las enmiendas explica que el objetivo de estos cambios es adaptar la normativa vigente a lo establecido en los convenios de París y Bruselas, ratificados ya por el Parlamento español.

En la actualidad, las instalaciones nucleares están obligadas a contar con una cobertura de 25.000 millones de pesetas (150 millones de euros) para hacer frente a eventuales responsabilidades civiles en caso de «liberación accidental de radiaciones». No obstante, el Gobierno puede imponer una cantidad menor, no inferior a 1.500 millones de pesetas (9 millones de euros), en el caso de transportes que, según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), no exijan una cobertura superior.

La primera de las enmiendas, que modifica el artículo 57 de la Ley de Energía Nuclear, eleva la cobertura exigible hasta 700 millones de euros y fija en 30 millones de euros el mínimo que puede imponer Industria.

La segunda enmienda extiende estas coberturas a los daños medioambientales que puedan producirse por la fuga de radiaciones, básicamente el coste de las medidas de restauración del medio ambiente, el lucro cesante relacionado con el uso de los lugares afectados y el coste de las medidas preventivas.

Para hacer frente a esta obligación, las instalaciones nucleares deberán ingresar una prima de responsabilidad medioambiental en la cuenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), aunque la cobertura estará garantizada por la tarifa eléctrica.

Según la enmienda, dado que la operación de las centrales nucleares y el transporte de sustancias radiactivas están ligados en España a la generación eléctrica y «ante la ausencia de cobertura en el mercado privado de seguros», «se ha considerado congruente que sea el sistema eléctrico el que proporcione la garantía financiera».

El importe de la prima que deberán ingresar las empresas nucleares será fijado por el Gobierno a propuesta de Industria.

El derecho a reclamar los daños medioambientales nucleares se extinguirá si no se ejerce en el plazo de diez años.

Fuentes del Foro de la Industria Nuclear consultadas indicaron que el sector «ve con buenos ojos» estas modificaciones, puesto que su objetivo es adaptar la normativa española a la legislación europea y a los convenios suscritos por España.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo hoy en RNE que la energía nuclear tiene problemas «gravísimos» que es incapaz de resolver, como es la generación des residuos radiactivos y que, por lo tanto, no ven en el horizonte «ningún cambio» que haga cambiar de parecer al Gobierno sobre la moratoria.