El Grupo Socialista propone extender y elevar las coberturas para hacer frente a los daños nucleares

El Grupo Socialista ha presentado dos enmiendas al proyecto de reforma de la Ley del Sector Eléctrico para ampliar y elevar la cobertura exigible a las instalaciones nucleares y a los responsables del transporte de sustancias nucleares para hacer frente a posibles daños derivados de fugas radiactivas. Según las enmiendas, la cobertura, circunscrita hasta ahora a eventuales responsabilidades civiles, se extenderá a los daños medioambientales y su cuantía pasará de 150 a 700 millones de euros. Las enmiendas, que modifican la Ley de Energía Nuclear de 1964, se han introducido durante la tramitación del Proyecto de Ley diseñado por el Gobierno para adaptar la Ley del Sector Eléctrico a la Directiva europea sobre el mercado interior de la electricidad. De hecho, el propio texto de las enmiendas explica que el objetivo de estos cambios es adaptar la normativa vigente a lo establecido en los convenios de París y Bruselas, ratificados ya por el Parlamento español.

En la actualidad, las instalaciones nucleares están obligadas a contar con una cobertura de 25.000 millones de pesetas (150 millones de euros) para hacer frente a eventuales responsabilidades civiles en caso de «liberación accidental de radiaciones». No obstante, el Gobierno puede imponer una cantidad menor, no inferior a 1.500 millones de pesetas (9 millones de euros), en el caso de transportes que, según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), no exijan una cobertura superior.

La primera de las enmiendas, que modifica el artículo 57 de la Ley de Energía Nuclear, eleva la cobertura exigible hasta 700 millones de euros y fija en 30 millones de euros el mínimo que puede imponer Industria.

La segunda enmienda extiende estas coberturas a los daños medioambientales que puedan producirse por la fuga de radiaciones, básicamente el coste de las medidas de restauración del medio ambiente, el lucro cesante relacionado con el uso de los lugares afectados y el coste de las medidas preventivas.

Para hacer frente a esta obligación, las instalaciones nucleares deberán ingresar una prima de responsabilidad medioambiental en la cuenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), aunque la cobertura estará garantizada por la tarifa eléctrica.

Según la enmienda, dado que la operación de las centrales nucleares y el transporte de sustancias radiactivas están ligados en España a la generación eléctrica y «ante la ausencia de cobertura en el mercado privado de seguros», «se ha considerado congruente que sea el sistema eléctrico el que proporcione la garantía financiera».

El importe de la prima que deberán ingresar las empresas nucleares será fijado por el Gobierno a propuesta de Industria.

El derecho a reclamar los daños medioambientales nucleares se extinguirá si no se ejerce en el plazo de diez años.

Fuentes del Foro de la Industria Nuclear consultadas indicaron que el sector «ve con buenos ojos» estas modificaciones, puesto que su objetivo es adaptar la normativa española a la legislación europea y a los convenios suscritos por España.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo hoy en RNE que la energía nuclear tiene problemas «gravísimos» que es incapaz de resolver, como es la generación des residuos radiactivos y que, por lo tanto, no ven en el horizonte «ningún cambio» que haga cambiar de parecer al Gobierno sobre la moratoria.