El Gobierno español ha dejado claro a la Comisión Europea que no va a retirar los requisitos a la opa de E.ON sobre Endesa, y Bruselas respondió recordando su obligación de hacer cumplir la legislación comunitaria y con la amenaza de abrir a España un nuevo proceso de infracción por esta cuestión.

Madrid tenía hasta el viernes para retirar las condiciones consideradas «ilegales» por la Comisión pero, en vez de hacerlo, se ha limitado a enviar a Bruselas una misiva en la que muestra su desacuerdo con ese dictamen.

El Ejecutivo de la UE cree que España ha violado el artículo 21 del Reglamento europeo de concentraciones -según el cual las fusiones de dimensión comunitaria son competencia exclusiva de Bruselas– al imponer a E.ON una serie de restricciones para permitirle hacerse con Endesa.

Las medidas controvertidas son: mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español. Las autoridades españolas creen que el problema es de interpretación del derecho comunitario y argumentan que en un sector clave como la energía «hay que buscar un punto intermedio» entre los principios de libertad de movimientos de capitales y de establecimiento, con la obligación de los Estados de garantizar la seguridad del suministro. A la vista de las divergencias, Madrid ve ya casi inevitable que el asunto acabe llegando hasta el Tribunal de Justicia de la UE.

Tras conocer la postura española, desde el Ejecutivo comunitario, el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, insistió en que su deber es hacer cumplir la normativa europea y recordó que Bruselas tiene la «opción» de abrir un procedimiento de infracción a España por no cumplir sus requerimientos.

Todd subrayó que el Ejecutivo comunitario no había pedido a Madrid que respondiera por carta a su petición de suprimir las condiciones, sino que las «medidas consideradas ilegales fueran retiradas». Fuentes de la Comisión acusaron al Gobierno español de «desacato» a la legislación comunitaria y recalcaron que, cuando un Estado miembro actúa de este modo, no puede esperar que otros países respeten las normas en casos que también le afectan. Las fuentes descartaron, no obstante, que Bruselas vaya a anunciar ya la próxima semana la apertura de un procedimiento de infracción a España, y reseñaron que los plazos en este tipo de procesos dependen totalmente de la Comisión.

El Ejecutivo comunitario ya inició en septiembre un proceso sancionador contra España por las condiciones fijadas inicialmente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para autorizar la opa del grupo alemán sobre Endesa. Todavía no está claro si Bruselas mantendrá separados los dos asuntos -por el primer paquete de medidas y por las medidas ya modificadas, que E.ON aceptó- o si los unirá en un solo proceso sancionador.

Madrid ya se enfrenta a otro procedimiento de infracción, en el ámbito de Mercado Interior, por la ampliación de competencias de la CNE, que fue aprobada de urgencia tras conocerse las intenciones de E.ON de adquirir Endesa y que le permitió pronunciarse sobre la operación.

En septiembre pasado, Bruselas exigió al Gobierno español la revisión de esos cambios legislativos, pero dado que Madrid ha reafirmado su validez, previsiblemente el asunto también acabará llegando al Tribunal de Justicia comunitario.

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hoy que el Ejecutivo no tiene entre sus planes retomar un programa de desarrollo o incremento de la energía nuclear.

Zapatero hizo esta reflexión durante un desayuno organizado por el Fórum Nueva Economía al ser preguntado por la posición que mantienen representantes e instituciones europeas a favor de la energía nuclear para poder cumplir con el Protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático y garantizar la suficiencia y el suministro energético.

El jefe del Ejecutivo respondió que la energía nuclear «sigue provocando problemas serios» y citó entre éstos la generación de residuos, para el que no existe -dijo- «una respuesta eficaz». Zapatero apostó por las energías renovables y alternativas y por una política europea en materia de energía, y aseguró que no está en los planes del Gobierno español retomar un programa para desarrollar la energía nuclear.

Las declaraciones de Rodríguez Zapatero se suman a las ya expuestas durante los últimos días por varios miembros de su Gabinete, entre ellos la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien descartó utilizar esa energía para reducir las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero y para poder cumplir los compromisos del Protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático.

El pasado mes de diciembre, Bruselas enviaba 25 diversos dictámenes motivados en los que les insta a preparar sus mercados para operar en un mercado único libre y eficaz. Por el momento, la Comisión no ve que se esté alcanzando plenamente este objetivo. Este mes de enero ha culminado con la publicación la semana pasada de los documentos de trabajo para cada país que componen su Informe Ejecutivo. Informes muy críticos que, como en el caso español, deben ser abordados por cada país para mejorar el funcionamiento de sus mercados energéticos y cuyos cambios vienen siendo aplazados por sus autoridades.Bruselas ha enviado a las autoridades españolas dos dictámenes motivados en los que ataca, por un lado, la falta de separación suficiente entre proveedores de energía y las redes de distribución, y por otro, la existencia, a estas alturas, de unos precios regulados de electricidad.

El pasado mes de diciembre, la Comisión Europea remitía a 16 de los 25 Estados miembros 26 dictámenes motivados para forzar una liberalización del sector energético que todavía no se ha producido. Los países a los que se ha dirigido Bruselas son Austria, Bélgica, República Checa, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, Suecia, Eslovaquia y Reino Unido. Ahora, ha ido un paso más allá con un documento de trabajo en el que identifica en un lenguaje muy directo los problemas de cada uno de los países en el ámbito energético.

La Comisión Europea fija la atención en la necesidad de que todos los Estados miembros pongan en marcha las directivas como condición indispensable para la creación de un mercado interior de electricidad y gas que garantice una elección real de proveedores a todos los consumidores europeos.

Uno de los países que tiene un comportamiento menos ejemplar en materia de liberalización de su mercado energético es Francia. Pero tampoco Italia se queda corto. El país con un comportamiento más correcto en estos términos es el Reino Unido, cuya única infracción afecta al acceso preferente para contratos históricos en el mercado de la electricidad.

PRINCIPALES PROBLEMAS

Los motivos por los que la Comisión ha enviado estos Informes a los Estados miembros son los siguientes.

– persistencia de tarifas reguladas;
– insuficiente separación entre productores y suministradores;
– acceso discriminatorio de terceros a la red y mantenimiento de un acceso preferente a los operadores históricos;
– insuficientes competencias de las autoridades reguladoras y falta de independencia en las mismas;
– opacidad en el comportamiento de las autoridades públicas y regulatorias.
– ausencia de las obligaciones de notificación de servicio público;
– insuficiente indicación del origen de la electricidad.

Estos informes son un paso previo antes someterlos al Tribunal de Justicia Europeo.

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

La Comisión Europea considera que las autoridades reguladoras no disfrutan de la independencia y las facultades que les permiten garantizar el establecimiento de mercados abiertos eficaces y no discriminatorios. También estima que el marco jurídico actual no facilita los accesos transfronterizos a las redes de gas y electricidad.

Además, en opinión del Ejecutivo Comunitario, las numerosas infracciones detectadas demuestran que los Estados miembros siguen sin lograr incorporar eficazmente las medidas propuestas por Bruselas.

La Comisión Europea presenta sus propuestas para una nueva política energética común en la UE, con el objetivo esencial de garantizar el suministro y reducir la emisión de gases contaminantes, aunque parece improbable que llegue a forzar la partición de las grandes empresas para impulsar la competencia.

Con su «Revisión de la estrategia europea en materia de energía», el Ejecutivo de la UE trata de responder a la preocupación de los Estados miembros por su elevada dependencia energética del exterior y por los cada vez más evidentes efectos del cambio climático, además de mejorar el funcionamiento del mercado interior.

Los 27 han vuelto a constatar esta semana la vulnerabilidad de su situación, con el corte del suministro de petróleo ruso a través de Bielorrusia por un desacuerdo entre Moscú y Minsk sobre el precio del combustible, algo parecido a lo que sucedió el año pasado con el gas que llega vía Ucrania.

Respecto al funcionamiento del mercado, tanto el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, como los titulares de Competencia, Neelie Kroes, y Economía, Joaquín Almunia, son partidarios de separar totalmente las actividades de producción energética y la propiedad de las redes de distribución para facilitar la entrada de nuevos competidores e impulsar la inversión.

Pero esta posibilidad ha generado reticencias en países como Francia y Alemania, cuyas grandes compañías energéticas se verían obligadas a desprenderse de parte de sus activos.

Según el borrador del documento que el colegio de comisarios ultimará mañana, Bruselas subraya el «riesgo de discriminación y abuso» cuando las compañías controlan la producción y la distribución.

Sin embargo, el texto se limita a ofrecer «dos opciones» para resolver esta situación: la creación de un operador independiente de las redes con participación de las compañías y la separación de la propiedad de las redes respecto a las actividades de generación.

Hoy mismo, tras la reunión del colegio de comisarios con el Gobierno alemán, Durao Barroso subrayó en Berlín que Bruselas «no va en contra de las grandes empresas» y que su único objetivo con estas propuestas es aumentar la competencia, pero recalcó que «en todo caso el statu quo no es la solución».

La canciller alemana, Angela Merkel, se mostró confiada en que la Comisión hará «un buen trabajo» y destacó la importancia de introducir más transparencia en el mercado energético.

El borrador del texto tampoco se decanta por una única opción para reforzar el papel de los reguladores del sector energético y sugiere hasta tres posibilidades, entre las que figura la creación de un nuevo órgano con competencias reguladoras en toda la UE.

La Comisión también presta atención a la energía nuclear y recuerda que, pese a los problemas de los residuos y el desmantelamiento de las centrales, tiene a su favor un precio ventajoso, las reducidas emisiones de gases contaminantes, la menor volatilidad de sus precios y el limitado riesgo de agotamiento de los recursos.

Bruselas hace hincapié en que corresponde decidir a cada Estado miembro si opta o no por la energía nuclear, pero también reseña los «beneficios económicos» de mantener y desarrollar el liderazgo tecnológico de la UE en este campo.

Junto al documento central sobre la nueva estrategia europea, la Comisión presentará mañana otros textos: sobre cambio climático; el funcionamiento del mercado interior y la competencia en el sector, las energías renovables; el uso más limpio y eficiente de los combustibles fósiles; los proyectos de interconexión más urgentes y las prioridades en el ámbito de la investigación.

Bruselas quiere convertir en prioridad la reducción de las emisiones contaminantes y, para ello, propondrá, entre otras medidas, mejorar la eficiencia energética de la Unión un 20 por ciento para 2020.

Respecto a las energías renovables, Bruselas propondrá un nuevo objetivo para el porcentaje de consumo energético que debe cubrirse con estas fuentes en 2020, previsiblemente mucho más ambicioso que el 12 por ciento fijado para 2010.

En cuanto a las interconexiones, el Ejecutivo de la UE apuesta por impulsar cuatro proyectos concretos, entre ellos la conexión entre España y Francia, para los que se nombrarán coordinadores europeos.

Los 27 comenzarán a discutir estas ideas en el Consejo de Ministros de Energía del próximo 15 de febrero y el debate llegará en marzo a la cumbre de líderes de la UE, quienes deberán decidir qué propuestas aceptan para su posterior tramitación como directivas

Se había previsto que para dentro de tres años, la cantidad de energía producida por fuentes limpias en la Unión Europea fuese suficiente para abastecer un 12% de la demanda. Pero ya se asume que eso no va a ser posible.

El anuncio de la decisión del Parlamento Europeo coincide con la preparación, en el seno de la Comisión Europea, de un documento -Hoja de Ruta de las Energías Renovables o Plan de Acción de las Renovables- que debe regir el crecimiento de las energías limpias después de 2010.

El Consejo Europeo ha aprobado destinar más de 1.200 millones de euros a la mejora de las renovables y la eficiencia energética. Esto supone más del 50% del presupuesto comunitario de I+D para las fuentes de energía no nucleares. Esta medida es una novedad en lo que respecta a la política europea de investigación y desarrollo: hasta ahora, esa política se centraba en las fuentes de energía fósiles.

Tratado Europeo de Energías Renovables

Las renovables no han evolucionado como se esperaba, y por ello, un grupo de europarlamentarios ha tomado la iniciativa de reclamar un Tratado Europeo de las Energías Renovables, un tratado que estaría en la línea de Euratom -Tratado de la Comunidad Europea de Energía Atómica- y de la Ceca -Comunidad Europea del Carbón y del Acero- y debería incluir objetivos concretos de cooperación efectiva además de una serie de herramientas de financiación para conseguirlos.

La decisión de los europarlamentarios está motivada por la fuerte dependencia energética comunitaria del exterior, que ya supera el 50% y alcanzará el 70% dentro de 20 años.

Valoración positiva

En APPA se valora muy positivamente estas iniciativas. Su presidente, José María González Vélez. “Por fin Europa, empujada por la realidad, se está moviendo de verdad a favor de las renovables y estamos pasando de las palabras y los discursos a los hechos y las acciones. Ojalá en España se tome buena nota y el nuevo marco regulatorio, que verá la luz previsiblemente en enero, no incluya las deficiencias que hemos señalado desde APPA”.

“De todas estas buenas noticias –sigue González Vélez– valoro especialmente la idea del Tratado Europeo de Renovables; se ha discutido ampliamente en Eufores [el European Forum of Renewable Energy Sources, el más importante Think-Tank europeo sobre renovables] y cuenta con el respaldo de APPA y de otras asociaciones del continente. Si el carbón y la nuclear fueron dignas de tener un tratado específico, ¿por qué no lo van a ser las renovables, que son las energías actuales con más proyección de futuro?”