CE amplía proceso a España por nuevas medidas CNE y da 15 días al gobierno para explicar las medidas

La Comisión Europea (CE) amplió hoy el procedimiento de infracción abierto a España por las condiciones impuestas a la opa de E.ON sobre Endesa, debido a que Madrid no ha retirado el segundo conjunto de requerimientos a la empresa alemana, y dio quince días a las autoridades españolas para explicarse.

La CE, que considera que las condiciones son ilegales según las normas comunitarias, ya había enviado a España una carta de notificación el 18 de octubre pasado por las primeras medidas, y hoy aprobó el envío de una notificación «complementaria», dijo Jonathan Todd, portavoz comunitario de Competencia. Si España no envía una «respuesta satisfactoria» a la decisión de hoy en el plazo de 15 días laborales, la Comisión puede pasar a la etapa siguiente del procedimiento de infracción, el envío de un dictámen motivado, según explicó un comunicado.

La CE recordó que ya decidió formalmente (el 26 de septiembre y el 20 de diciembre) que ambos grupos de condiciones violaban la normativa comunitaria, por lo que pidió su retirada, y que esas decisiones eran «vinculantes». En concreto, Bruselas considera que las autoridades españolas han incumplido el artículo 21 del Tratado, que estipula que la Comisión tiene competencia exclusiva en las fusiones de entidad comunitaria.

La CNE presentó sus condiciones a E.ON en julio y, tras la apertura del primer procedimiento de infracción, España comunicó a la Comisión el 3 de noviembre su decisión de modificar esos requerimientos y limitar el alcance en el tiempo de los que seguían. Sin embargo, la CE consideró que esas medidas, que E.ON aceptó, «no son suficientes para cumplir totalmente» con la decisión comunitaria del 26 de septiembre, que exigió la retirada de las condiciones.

Por ello, Bruselas pidió que las autoridades españolas retiraran para el pasado 19 de enero los nuevos requerimientos de la CNE, y como Madrid no ha comunicado el cumplimiento de esa decisión se ha decidido ampliar el procedimiento ya abierto.

Las exigencias que suscitan más preocupación al Ejecutivo comunitario son: la obligación de mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.

Las autoridades españolas creen que el problema es de interpretación del derecho comunitario e insisten en que esas condiciones son clave para garantizar la seguridad del aprovisionamiento.