Comisión Europea pide el recorte de un 20% de las emisiones en 2020 y la reducción de la dependencia energética

La Comisión Europea (CE) propuso hoy reducir en «al menos» un 20% las emisiones causantes del cambio climático para 2020 respecto a los niveles de 1990, así como medidas para reducir la dependencia de la UE de la energía importada.

La CE aprobó hoy una serie de propuestas para la cumbre de líderes de la UE de marzo, en las que también pide aumentar la eficiencia del consumo de energía en un 20%, y fijó un objetivo obligatorio de que las energías renovables sean el 20% del consumo, todo ello para 2020. Además, se propone que los biocombustibles sean el 10% del consumo de petróleo y derivados para 2020. También se propone diversificar las importaciones de petróleo y gas a fin de asegurar el suministro ante posibles problemas de aprovisionamiento, con más atención a las compras procedentes de Noruega y los países del Magreb y Asia Central. «Necesitamos nuevas políticas» en el sector energético, afirmó el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, durante una conferencia de prensa en la que presentó las iniciativas del Ejecutivo comunitario.

Barroso dijo que Europa «debe dirigir al mundo» hacia una «revolución posindustrial, el desarrollo de una economía con bajo uso de carbono». La CE recordó que la dependencia energética de Europa supera ya el 50%, y al ritmo actual será del 65% para 2030.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobará antes de marzo contrato tipo para cultivos energéticos

El director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura (MAPA), Francisco Amarillo, anunció hoy que el Gobierno aprobará antes de marzo un contrato tipo para los cultivos energéticos, dejando libertad contractual para fijar la cotización de las materias primas. Así lo anunció Amarillo durante la celebración de la Mesa de los Biocarburantes en la que están representados el Gobierno, los agricultores y el sector industrial para buscar fórmulas que palíen la subida del precio de los carburantes e incentivar este tipo de cultivos.

Entre los asuntos abordados, Amarillo señaló que se establecerán unas fórmulas económicas atractivas para empresas y agricultores que permitan que el porcentaje de cultivos energéticos nacionales sea el mayor posible. Señaló que de la aprobación de los contratos tipo queda pendiente fijar los periodos de duración y la fórmula para establecer los precios, aunque sí avanzó que serán superiores a un año. Detalló que hay unos componentes básicos para estructurar el precio, como la rentabilidad tanto para el agricultor como para la industria, y añadió que habrá dos tipos de contratos distintos, uno para el caso del bioetanol y otro para el biodiésel. Apuntó que esta diferencia se debe a que para obtener biodiésel se utilizan oleaginosas como la colza, el girasol o la soja, mientras que en el caso del bioetanol, cereales y remolacha.

El cuanto al precio, Amarillo destacó que estará referenciado al valor de las materias primas en los mercados nacionales e internacionales y las demandas singulares del sector industrial. Señaló que no hay acuerdo todavía respecto a los elementos necesarios para fijar la estructura de precio, ya que no se ha descartado la posibilidad de referenciar el precio al barril de petróleo. Resaltó que el principal escollo en cuanto a la duración de los contratos es que los sectores industriales quieren un periodo de tiempo relativamente largo (unos siete años) con el fin de asegurar el abastecimiento de materias primas, mientras que los agricultores necesitan periodos más cortos que les permita rotar de cultivo.

El secretario de Agricultura de UPA, Ignacio Senovilla, dijo que vamos a establecer un contrato tipo que, aunque ahora posiblemente no tendrá un precio fijo, en los próximos años sí puede tenerlo, y que verá la luz próximamente, porque el sector necesita un acuerdo antes de la presentación de las solicitudes de la Política Agraria Común (PAC), que termina el 31 de marzo. Asimismo, indicó que España cuenta en este momento con 1,2 millones de hectáreas de barbecho que deberían liberarse y sembrarse para producir cultivos energéticos, ya que no tiene sentido que las producciones para alimentación animal, que son deficitarias, compitan con las destinadas a biocarburantes.

El director de la Asociación Española de Productores de Biocarburantes (APPA Biocarburantes), Manuel Bustos, propuso el establecimiento, en el plazo de un mes, de un acuerdo estratégico para el desarrollo de los cultivos destinados al uso como biocarburantes en España.

El responsable técnico de Biocarburantes de COAG, Jose Luis Miguel, abogó por obtener, a corto plazo, un contrato específico para esta campaña, mientras que, a largo plazo, exigió una participación significativa de la materia prima nacional; asimismo piden ser socios estratégicos en el desarrollo del sector. En el mismo sentido, el director de Cultivos Herbáceos de CCAE, Antonio Catón, apostó por la posibilidad de que el sector productor sea a su vez transformador y distribuidor del biocombustible, de forma que se cierre el ciclo.

El director técnico de Asaja, José Carlos Caballero, señaló que la contratación de superficie para cultivos energéticos, en base a la PAC, acaba el 31 de marzo, por lo que «tenemos un plazo muy corto y no tenemos acuerdo, de momento, para el contrato tipo». Reclamó al MAPA que ponga todos los medios a su alcance para evitar que caigan las contrataciones de superficie de cultivos energéticos, para mantener, como mínimo, las 223.000 hectáreas de superficie contratada el año pasado.

El Tribunal Supremo allana el camino para desbloquear el proceso de las opas

El Tribunal Supremo eliminó hoy parte de los obstáculos legales que bloquean la opa de Gas Natural sobre Endesa y, como consecuencia, también la de E.ON, al levantar la suspensión cautelar dictada en abril, aunque el proceso sigue paralizado por orden del juzgado mercantil número 3 de Madrid.

La decisión de la Sala Tercera del Supremo, adoptada por un escaso margen (16 votos contra 15), fue acogida con satisfacción por Endesa -que había solicitado el levantamiento-, Gas Natural y E.ON, y también por el Gobierno.

La Audiencia Provincial de Madrid podría dar mañana un nuevo paso para desbloquear el proceso de opas, ya que analizará los recursos presentados por la compañía gasista e Iberdrola contra la suspensión cautelar ordenada por el juzgado mercantil.

Tanto en el Supremo como en el juzgado mercantil, las medidas cautelares contra la opa de Gas Natural fueron solicitadas en su día por Endesa, que pidió su levantamiento tras aprobarse la oferta de E.ON.

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidió hoy levantar las medidas cautelares dictadas el pasado 21 de abril, que dejaron en suspenso el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorizó con condiciones la opa de Gas Natural sobre Endesa. No obstante, aún no se conocen los argumentos utilizados por los magistrados del Supremo, ya que el auto y los votos particulares discrepantes se notificarán en los próximos días.

La resolución adoptada en abril por el Supremo, posterior a la del juzgado mercantil de Madrid, fue recurrida en mayo por el abogado del Estado, Gas Natural e Iberdrola, pero la Sala rechazó los recursos en junio. El pasado 17 de noviembre, un día después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobara la opa de E.ON, Endesa pidió tanto al Supremo como al juzgado mercantil el levantamiento o la modificación de las medidas cautelares.

En el caso del Supremo, Endesa pedía en primera instancia que la suspensión cautelar del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros se sustituyera por la suspensión de los derechos políticos que eventualmente pudiera alcanzar Gas Natural a través de su opa. Subsidiariamente, la eléctrica solicitaba el levantamiento de la medida cautelar, opción elegida finalmente por la Sala.

En el caso del juzgado mercantil, su titular, Miriam Iglesias, ha decidido no pronunciarse sobre el eventual levantamiento de la suspensión cautelar hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados por Gas Natural e Iberdrola.

La Audiencia Provincial tiene previsto analizar mañana esos dos recursos, aunque su resolución tardará unos días. La juez Iglesias ha sido recusada por Gas Natural e Iberdrola por supuesta falta de imparcialidad, recusación que aún no ha sido resuelta. Endesa acogió hoy con satisfacción la decisión del Supremo, porque beneficia a sus accionistas. Según fuentes de la compañía, la reacción es de «satisfacción» porque era lo que pedía Endesa y porque permite elegir a sus accionistas.

Gas Natural destacó que ha sido la única compañía que «siempre» ha estado en contra de las medidas cautelares y que ha defendido en todo momento la «máxima celeridad» en el proceso de opas, «tanto ahora como hace un año». Fuentes de la compañía gasista dijeron que la decisión del Supremo ha dado la razón a Gas Natural.

E.ON subrayó que se ha eliminado una barrera fundamental para su opa sobre Endesa. El presidente del grupo alemán, Wulf Bernotat, celebró la decisión del Supremo y se mostró convencido de que también se levantará pronto el bloqueo decretado por el juzgado mercantil. Desde Berlín, el Ministro de Economía, Pedro Solbes, aseguró que la decisión del Alto Tribunal «va por buen camino». «Aunque todavía quedan algunos asuntos jurídicos pendientes, la decisión del Supremo va por buen camino, porque queda en manos de los actores económicos tomar las decisiones en interés de unos y otros», subrayó.

En la bolsa, el fallo del Supremo tuvo efectos diferentes entre las empresas implicadas. Endesa lideró hoy las ganancias del Ibex-35 con un repunte del 2,93 por ciento. Por el contrario, E.ON cerró en Fráncfort con un retroceso del 0,2 por ciento, mientras que en España Gas Natural cedió el 2,14 por ciento y Acciona, principal accionista de Endesa, ganó el 0,14 por ciento.

La Comisión Nacional de Energía abre el año con las primas a las renovables y los derechos políticos a ACS en Iberdrola

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) afronta el nuevo año, tras las vacaciones de Navidad, con una agenda muy cargada en la que figuran temas como el nuevo marco retributivo de las energías renovables y la petición de ACS de que no se limiten sus derechos políticos en Iberdrola.

La primera reunión del Consejo de Administración de la CNE en 2007 está prevista para el próximo jueves. Uno de los asuntos más espinosos que debe analizar el regulador energético es el borrador del nuevo marco retributivo del régimen especial (energías renovables y cogeneración) elaborado por el Ministerio de Industria, que ha suscitado las críticas de los productores, básicamente de los eólicos. No obstante, el Consejo no tratará este tema hasta el día 18 de enero como mínimo, según ha podido saber Energía Diario.

Los productores eólicos recibían hasta ahora entre 95 y 97 euros por megavatio en concepto de prima, mientras que el nuevo marco retributivo fija un sistema de «suelo y techo» según el cual las ayudas no podrán superar los 84 euros por megavatio ni ser inferiores a 67 euros. No obstante, según Industria, el montante total de las primas al régimen especial, que se pagan con cargo a la tarifa eléctrica, pasarán de 1.200 millones de euros anuales a entre 1.800 y 1.900 millones en el periodo 2007-2010.

Otro tema que deberá analizar la CNE es la Orden Ministerial que regula las subastas a plazo de energía eléctrica. Esta norma es fundamental para que las tarifas reguladas puedan revisarse trimestralmente tal y como ha decidido el Gobierno.

En el ámbito empresarial, el regulador energético tiene previsto resolver en enero la petición de la constructora ACS de que no se limiten al 3 por ciento sus derechos políticos en Iberdrola, empresa en la que tiene una participación del 10 por ciento. La CNE ya ha autorizado a ACS a elevar su participación en la eléctrica hasta el 24,9 por ciento, el máximo legal sin tener que lanzar una opa, pero no se ha pronunciado todavía sobre la limitación de los derechos de voto. El Real Decreto 6/2000 restringe los derechos políticos de una sociedad que participe en dos empresas consideradas operadores principales en el sector energético. La constructora presidida por Florentino Pérez está presente en Unión Fenosa (40 por ciento) y en Iberdrola (10 por ciento). De acuerdo con la citada norma y teniendo en cuenta que ACS participa en el Consejo de Administración de Fenosa, la constructora no puede ejercer derechos políticos por encima del 3 por ciento en Iberdrola. No obstante, la CNE está capacitada para levantar esta restricción bajo ciertas circunstancias y siempre que no se favorezca el intercambio de información estratégica entre los dos operadores.

La Comisión Europea convoca a un grupo de expertos del petróleo el jueves para valorar medidas ante los cortes del crudo ruso

La Comisión Europea ha convocado una reunión del grupo de suministro de petróleo, en el que están representados los 27 Estados miembros, el próximo jueves por la mañana, para analizar el efecto de la interrupción del suministro de crudo ruso y considerar posibles medidas en caso de escasez.

En rueda de prensa, el portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Ferrán Tarradellas, confirmó hoy que el corte del suministro que llega a través de territorio bielorruso afecta a Alemania, Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa.

Tarradellas explicó a un grupo de periodistas que, en el encuentro del jueves, los expertos de los 27 evaluarán la situación exacta de las reservas en las refinerías europeas (que deben tener al menos para catorce días) y estudiarán las alternativas de aprovisionamiento, así como la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas en caso necesario.

El portavoz señaló que la Comisión Europea mantiene contactos tanto con las autoridades rusas como con las bielorrusas para aclarar lo sucedido, pero recalcó que «en ningún caso está mediando» en una cuestión bilateral que deben resolver las dos partes.

Bielorrusia anunció ayer la paralización del bombeo del petróleo ruso por el oleoducto de Druzhba con destino a Polonia, Alemania y Ucrania, en medio de la disputa que mantienen ambos países por la subida del precio del crudo y la imposición por parte de Minsk de nuevo tasas al paso del petróleo ruso.

Tarradellas añadió que Bruselas «está considerando» invitar a la reunión del jueves a representantes de Rusia y Bielorrusia para que ofrezcan sus explicaciones a los Estados miembros.

El portavoz aseguró que el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, ha trasladado a esos dos países que resulta «inaceptable» que un suministrador no informe sobre un problema de este tipo y les ha pedido también que pongan fin a la situación y tomen las medidas adecuadas para que no se repita en el futuro.

Según Tarradellas, la información recabada hasta ahora por Bruselas «no es lo suficientemente clara» para determinar las causas de los cortes.

Precisó que la UE recibe a través de Bielorrusia 8,1 millones de barriles de crudo diarios, la mitad del petróleo que compra a Rusia, equivalentes al 12,5 por ciento del consumo de los 27.

Preguntado por los problemas que está causando Rusia a la UE como suministrador energético -a principios de 2006, Moscú interrumpió el bombeo de gas a través de Ucrania por otro desacuerdo sobre precios-, el portavoz reconoció que estas situaciones «no son buenas para la reputación de Rusia como suministrador fiable».

La Comisaria europea Neelie Kroes reitera su voluntad de crear un mercado único europeo de la energía

La comisaria europea de la Competencia, Neelie Kroes, subrayó hoy su voluntad de crear un mercado único de la energía mediante la corrección de una serie de obstáculos como la falta de transparencia o la insuficiente actividad transfronteriza.

Kroes, que pronunció hoy una conferencia en un acto organizado por la Cámara de Comercio Franco-Estadounidense en París, señaló el reparto del mercado energético entre operadores en los países miembros como otro de los problemas de este sector que hay que corregir. «Estoy determinada a luchar contra los cárteles», indicó al ser preguntada sobre el dispositivo contra los abusos de posición dominante y los procedimientos previstos para las empresas que denuncien infracciones a la normativa de la competencia.

La comisaria europea insistió en que ante eventuales operaciones en la Unión Europea del gigante ruso Gazprom «debe haber un tratamiento igualitario».

Kroes justificó las acciones que ha llevado a cabo al frente de su departamento en la primera mitad de su mandato con el lema de que «las reglas de la competencia están para asegurar la competición, no para proteger a los competidores» y que su objetivo último es defender al consumidor. Recordó que, de acuerdo con los datos de la OCDE, la acción de los cárteles provoca subidas de precios hasta un 50% superiores a los que habría si no pudieran operar como tales.
Y también legitimó los 1.800 millones de euros en multas que su departamento impuso en 2006 para marcar con claridad los límites de lo que está permitido y lo que no.

La comisaria explicó que las mayores diferencias en la política de la competencia en la Unión Europea y en Estados Unidos es que en la primera desde el Tratado de Roma las subvenciones públicas han estado prohibidas como regla general. A este respecto, consideró que hay sectores en los que los beneficios de las subvenciones de las administraciones pueden compensar las distorsiones que generan, y se refirió en particular a la investigación, en la que la UE está muy retrasada. Se refirió a los nuevos dispositivos comunitarios para estimular el capital-riesgo dirigido a la investigación tras señalar que mientras la inversión europea en investigación no representa más que el 1,9% del Producto Interior Bruto (PIB), en Estados Unidos supone el 2,5% y en Japón el 3%.

De cara al futuro, Kroes mostró su intención de llevar a cabo una política de competencia más proactiva para prevenir la formación de cárteles y el abuso de posición dominante, que a su juicio perjudican tanto a los consumidores como a otros eventuales competidores.

En cuanto a los campeones nacionales, reiteró las ventajas de un mercado único que justifica luchar contra situaciones que falseen la competencia.

Además, a la cuestión de si carecer de campeones nacionales o europeos no es un problema en una economía cada vez más globalizada, replicó que está «a favor de campeones globales que estén ubicados en Europa«.

La Comisión Europea ofrece a los 27 un catálogo de propuestas para definir la política energética

La Comisión Europea presentará el próximo miércoles a los Estados miembros un amplio catálogo de propuestas para avanzar hacia la definición de una política energética común que permita asegurar el aprovisionamiento, reducir la emisión de gases contaminantes e impulsar la competitividad de la economía.

La «Revisión de la estrategia europea en materia de energía» marcará, según el Ejecutivo comunitario, un momento histórico y podría incluir medidas tan ambiciosas como obligar a las compañías a separar las actividades de producción y transporte y la creación de un regulador europeo único para el ámbito energético. El documento también prestará atención a la energía nuclear, pero dado que ésta es competencia exclusiva de cada Estado miembro, se limitará a describir el grado de desarrollo en la Unión de esta fuente de energía, animando al mismo tiempo a los países a debatir sobre sus ventajas e inconvenientes en el actual escenario global, según fuentes de la Comisión.

Las propuestas del Ejecutivo comunitario son el resultado de la intensa discusión que ha tenido lugar en la UE sobre la cuestión energética desde mediados de 2005, marcada por la preocupación de los Estados miembros por su elevada dependencia del exterior y la constatación de que parte del suministro depende de países con los que las relaciones son, en ocasiones, complicadas. Más del 50 por ciento de la energía que se consume en la Unión procede del exterior y, de seguir aumentando al ritmo actual, este porcentaje llegará al 70 por ciento en 2025.

La vulnerabilidad europea ya quedó patente el invierno pasado, cuando el desacuerdo entre Rusia y Ucrania sobre las tarifas del gas provocó cortes en el suministro a varios países de la UE, situación que estuvo a punto de repetirse hace unos días con el combustible que llega a través de Bielorrusia. A ello se han unido la creciente volatilidad del precio del petróleo (el barril de Brent llegó a costar 78 dólares en 2006), la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases contaminantes para combatir el cambio climático y la ola de fusiones transfronterizas entre empresas del sector.

En este contexto, Bruselas ya ha presentado dos documentos, directamente vinculados el que dará a conocer el próximo miércoles, sobre la política exterior en el ámbito energético, que da prioridad a la relación con Rusia, y sobre el modo de aumentar la eficiencia energética.

La «Revisión de la estrategia europea en materia de energía» irá acompañada de sendas comunicaciones sobre el funcionamiento del mercado interior -que incluiría las propuestas sobre separación del negocio energético, regulador europeo, nuevas normas para el comercio transfronterizo de energía, etc- y sobre la competencia. En este último ámbito, la Comisión presentará los resultados finales de la investigación que ha llevado a cabo sobre la competencia en el sector energético, que volverán a señalar a la elevada concentración en los mercados del gas y la electricidad como el principal obstáculo para la liberalización del sector.

Además, Bruselas expondrá un informe sobre energías renovables, que presta especial atención al desarrollo de la electricidad verde y los biocarburantes y marca nuevos objetivos para la implantación de estas fuentes energéticas en la próxima década. Fuentes de la Comisión indicaron que el objetivo es que en 2010 el 12 por ciento del consumo energético provenga de fuentes renovables y, previsiblemente, esa cifra se elevará significativamente de cara a 2020.

Otros documentos que la Comisión presentará el día 10 se centran en el uso más limpio y eficiente de los combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo), los proyectos de interconexión más urgentes dentro de la UE y las prioridades en el ámbito de la investigación.

Los 27 comenzarán a discutir las ideas propugnadas desde Bruselas en el Consejo de Ministros de Energía del próximo 15 de febrero y el debate llegará en marzo a la mesa de los Jefes de Estado y de Gobierno, que deberán decidir qué propuestas aceptan para su posterior tramitación como directivas.

Industria iniciará en breve las conversaciones con Red Eléctrica de España sobre la nueva regulación del sector

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio iniciará en los próximos días las conversaciones con Red Eléctrica de España (REE) para definir el futuro marco retributivo de la actividad de transporte eléctrico. No obstante, las dos partes han mantenido ya algunos contactos preliminares sobre este asunto.

Según fuentes de Industria, al igual que ha ocurrido en el sector gasista, la nueva regulación afectará únicamente a las instalaciones futuras, y no a las ya existentes, a las que se garantizará una rentabilidad superior al 7 por ciento.

Con esta revisión, el Gobierno pretende diseñar un marco estable y transparente que proporcione «certidumbre» a medio plazo a empresas e inversores.

Las modificaciones en la regulación del sector gasista y la posibilidad, ahora confirmada, de que se extendieran también al ámbito eléctrico, han tenido un impacto negativo en la cotización bursátil de Enagás y REE. Las acciones de REE subieron el viernes un 3,23 por ciento, aunque acumulan una bajada del 8,49 por ciento en lo que va de año. En la misma línea, los títulos de Enagás repuntaron el viernes un 0,54 por ciento, pero pierden un 5,39 por ciento en el conjunto de 2007. En los dos casos, Industria ha repetido que el cambio del marco retributivo no afecta a las infraestructuras existentes, ya que está dirigida únicamente a las inversiones futuras.

El ministerio encabezado por Joan Clos ha recalcado también que el nuevo marco garantiza la rentabilidad de las nuevas inversiones.

El Tribunal Supremo decidirá el miércoles si desbloquea el proceso de opas sobre Endesa

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo se reunirá el próximo miércoles para estudiar la petición de Endesa de que se levanten o modifiquen las medidas cautelares que mantienen paralizada la opa de Gas Natural y, como consecuencia, también la formulada por el grupo alemán E.ON.

La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo puede producirse ese mismo día, aunque fuentes del Alto Tribunal no descartan que los magistrados necesiten más de una sesión para llegar a un acuerdo. Según fuentes jurídicas, no está claro que el Supremo vaya a retirar las medidas cautelares, ya que al imponerlas entró en el fondo del asunto y concluyó que la operación perjudicaba a los consumidores.

El Pleno de la Sala estará compuesto por 32 magistrados, en vez de los 33 habituales, puesto que uno de sus miembros se ha jubilado.

El pasado 21 de abril, la Sala Tercera del Supremo decidió suspender cautelarmente el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorizó con condiciones la opa de Gas Natural sobre Endesa, aunque exigió a la eléctrica un aval de mil millones de euros. La oferta de la compañía gasista ya estaba paralizada desde marzo por decisión del juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid.

La resolución del Supremo fue recurrida en mayo por el abogado del Estado, Gas Natural e Iberdrola, pero la Sala rechazó los recursos en junio. Sin embargo, el pasado 17 de noviembre, un día después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobara la opa de E.ON, Endesa pidió al Supremo el levantamiento o la modificación de las medidas cautelares. Días antes, el grupo alemán había aceptado las condiciones fijadas por el Ministerio de Industria, que modificaban las establecidas inicialmente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Endesa pide en primera instancia que la suspensión cautelar del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros se sustituya por la suspensión de los derechos políticos que eventualmente pueda alcanzar Gas Natural a través de su opa. Subsidiariamente, es decir en el caso de que el Supremo no acceda a esta primera petición, Endesa solicita el levantamiento de la medida cautelar. La eléctrica presidida por Manuel Pizarro también ha pedido que se levante la suspensión cautelar dictada por el juzgado mercantil número 3 de Madrid.

La decisión de este juzgado está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid y Gas Natural e Iberdrola han pedido la recusación de su titular, Miriam Iglesias.

Los servicios técnicos de la Comisión Nacional de Energía denuncian el uso irregular del procedimiento de urgencia en la propuesta de tarifas de gas 2007

Los informes internos que la Dirección de Gas remitió al Consejo de Administración la Comisión Nacional de Energía no dan lugar a dudas y se muestran muy críticos con la propuesta que desde el Ministerio de Industria, había remitido la Secretaría General de Energía a través de la Dirección General de Política Energética y Minas. En su informe del 18 de diciembre del año pasado, la acusan de falta de transparencia en su elaboración, de generar inseguridad jurídica para las empresas, de no venir acompañada de una memoria económica que pudiera cuantificar el impacto de los propios cambios y de utilizar el procedimiento de urgencia de forma irregular dada la profundidad del cambio retributivo que se introduce. Los servicios reclaman el necesario posicionamiento del Consejo Consultivo de Hidrocarburos y de la propia Comisión, que en las condiciones en que se remiten las ordenes ministeriales resulta de todo punto imposible.

Los servicios técnicos confirman que la fórmula para la retribución de los activos gasistas cambian en medio de la vida útil de los mismos, lo que provoca inseguridad jurídica para los titulares de las empresas. El sistema de retribución de estos activos y su actualización se diseñó entre los años 2001 y 2002, a través del Real Decreto 949/2001 y la Orden Ministerial ECO/301/2002.

De hecho, el Informe de la Dirección de Gas, contenía en sus apartados como titulares como los siguientes: “Consideraciones sobre la falta de transparencia en los métodos de retribución y la premura para la recepción de comentarios y elaboración del informe de la CNE” y “consideraciones sobre la inseguridad jurídica de los sujetos que realizan actividades de regasificación”, así como las “consideraciones sobre los cambios propuestos por las nuevas ordenes de retribución” en el que se afirma que el sistema de retribución propuesto supone un cambio sustancial a lo establecido previamente.

La difusión de estas nuevas tarifas para las actividades de regasificación, almacenamientos subterráneos y de determinadas actividades reguladas del sector gasista, tuvieron informe negativo de la mayoría de los consejeros, que proponían mantener el sistema anterior. Consecuentemente, fueron devueltas al Ministerio de Industria por la Comisión Nacional de Energía, mediante acuerdo del Consejo de Administración de Organismo, con la oposición de la presidenta Maite Costa y de los consejeros Jorge Fabra, Jaime González y Sebastiá Ruscalleda quienes suscribieron un voto particular conjunto. Lo curioso de este voto particular es que proponen la aprobación de la orden ministerial, asumiendo sin pestañear las mismas consideraciones (¿?) de los servicios en materia de falta de transparencia, utilización indebida del trámite de urgencia, ausencia de concurso de los agentes del sector gasista, ausencia de memoria económica explicativa, generación de inseguridad jurídica para los operadores, etc… Así, con respecto al informe original de los servicios, únicamente varía su posicionamiento inicial en un párrafo lacónico en el que declaran que ‘debería haberse aprobado’. A continuación se reproduce íntegramente el informe y asumen de facto las disfunciones anteriores en su decisión. El voto particular sólo está firmado por la Presidenta Maite Costa.

El Ministerio de Industria, que no atendió a las conclusiones del informe de la CNE, corrigió algunos parámetros de cálculo y trasladó directamente al Boletín Oficial del Estado las nuevas tarifas sin remitir nuevamente informe al organismo.

Por otra parte, la difusión en los medios de comunicación de estas nuevas tarifas para la retribución de los activos destinados a las actividades reguladas en el sector gasista, ha venido acompañada de un fuerte correctivo a Enagas, empresa titular de los mismos. Su acciones han bajado más de 3 euros en los últimos diez días y existe el incesante rumor de la sustitución de su presidente Antonio González-Adalid.