El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobará antes de marzo contrato tipo para cultivos energéticos

El director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura (MAPA), Francisco Amarillo, anunció hoy que el Gobierno aprobará antes de marzo un contrato tipo para los cultivos energéticos, dejando libertad contractual para fijar la cotización de las materias primas. Así lo anunció Amarillo durante la celebración de la Mesa de los Biocarburantes en la que están representados el Gobierno, los agricultores y el sector industrial para buscar fórmulas que palíen la subida del precio de los carburantes e incentivar este tipo de cultivos.

Entre los asuntos abordados, Amarillo señaló que se establecerán unas fórmulas económicas atractivas para empresas y agricultores que permitan que el porcentaje de cultivos energéticos nacionales sea el mayor posible. Señaló que de la aprobación de los contratos tipo queda pendiente fijar los periodos de duración y la fórmula para establecer los precios, aunque sí avanzó que serán superiores a un año. Detalló que hay unos componentes básicos para estructurar el precio, como la rentabilidad tanto para el agricultor como para la industria, y añadió que habrá dos tipos de contratos distintos, uno para el caso del bioetanol y otro para el biodiésel. Apuntó que esta diferencia se debe a que para obtener biodiésel se utilizan oleaginosas como la colza, el girasol o la soja, mientras que en el caso del bioetanol, cereales y remolacha.

El cuanto al precio, Amarillo destacó que estará referenciado al valor de las materias primas en los mercados nacionales e internacionales y las demandas singulares del sector industrial. Señaló que no hay acuerdo todavía respecto a los elementos necesarios para fijar la estructura de precio, ya que no se ha descartado la posibilidad de referenciar el precio al barril de petróleo. Resaltó que el principal escollo en cuanto a la duración de los contratos es que los sectores industriales quieren un periodo de tiempo relativamente largo (unos siete años) con el fin de asegurar el abastecimiento de materias primas, mientras que los agricultores necesitan periodos más cortos que les permita rotar de cultivo.

El secretario de Agricultura de UPA, Ignacio Senovilla, dijo que vamos a establecer un contrato tipo que, aunque ahora posiblemente no tendrá un precio fijo, en los próximos años sí puede tenerlo, y que verá la luz próximamente, porque el sector necesita un acuerdo antes de la presentación de las solicitudes de la Política Agraria Común (PAC), que termina el 31 de marzo. Asimismo, indicó que España cuenta en este momento con 1,2 millones de hectáreas de barbecho que deberían liberarse y sembrarse para producir cultivos energéticos, ya que no tiene sentido que las producciones para alimentación animal, que son deficitarias, compitan con las destinadas a biocarburantes.

El director de la Asociación Española de Productores de Biocarburantes (APPA Biocarburantes), Manuel Bustos, propuso el establecimiento, en el plazo de un mes, de un acuerdo estratégico para el desarrollo de los cultivos destinados al uso como biocarburantes en España.

El responsable técnico de Biocarburantes de COAG, Jose Luis Miguel, abogó por obtener, a corto plazo, un contrato específico para esta campaña, mientras que, a largo plazo, exigió una participación significativa de la materia prima nacional; asimismo piden ser socios estratégicos en el desarrollo del sector. En el mismo sentido, el director de Cultivos Herbáceos de CCAE, Antonio Catón, apostó por la posibilidad de que el sector productor sea a su vez transformador y distribuidor del biocombustible, de forma que se cierre el ciclo.

El director técnico de Asaja, José Carlos Caballero, señaló que la contratación de superficie para cultivos energéticos, en base a la PAC, acaba el 31 de marzo, por lo que «tenemos un plazo muy corto y no tenemos acuerdo, de momento, para el contrato tipo». Reclamó al MAPA que ponga todos los medios a su alcance para evitar que caigan las contrataciones de superficie de cultivos energéticos, para mantener, como mínimo, las 223.000 hectáreas de superficie contratada el año pasado.