La Comunidad Europea pedirá a Rusia y a Argelia detalles y efectos de su memorando de cooperación en el sector de la energía

La Comisión Europea (CE) pedirá a Rusia y Argelia que aclaren el alcance y consecuencias que tendrá el memorando de cooperación en el sector de la energía que ambos países firmaron el pasado 21 de enero, dijo hoy el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs.

El gas proveniente de Rusia y de Argelia supone el 35% del total que se consume en los estados miembros de la UE, señaló Piebalgs en una rueda de prensa en la que presentó la «Semana Europea de la Energía Sostenible«, que comenzará el próximo lunes.

En esa semana se celebrarán 44 eventos en distintas ciudades de la UE, para intercambiar ideas y avanzar en el desarrollo de todo tipo de energías renovables.

El ministro ruso de Energía, Viktor Jristenko, y su homólogo argelino, Chakib Jelil, firmaron el pasado día 21 en Argel un memorando para establecer un marco de cooperación y de seguimiento de los proyectos energéticos que han definido las dos partes.

Ante la inquietud que suscitó el acuerdo por el temor a la creación de un «cártel del gas» que influya en los precios, Piebalgs dijo que tiene «la intención de plantear a Rusia y a Argelia qué es lo que quieren hacer y qué consecuencias tendrá para los consumidores en la UE» la firma del memorando. Según dijo Jelil, esos proyectos conciernen a toda la cadena gasística, desde la prospección hasta el transporte y la comercialización. El comisario subrayó que aunque la CE carece de información al respecto «tampoco hay que alarmarse, (ya que) tenemos un diálogo normal sobre la cuestión y no hay necesidad de plantear acciones inmediatas».

Piebalgs defendió «haber hecho todo para la diversificación con grandes y pequeños proveedores», y recordó que «si tenemos pocos proveedores aumentamos el riesgo» de que se puedan dar problemas en el suministro.

Industria sostiene que el reconocimiento del déficit tarifario se ajusta a las normas de la Unión Europea

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aseguró hoy que el reconocimiento del déficit tarifario correspondiente a 2005 no incumple la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado, ya que las cantidades reconocidas fueron adelantadas previamente por las empresas eléctricas.

La Comisión Europea (CE) anunció hoy que ha abierto una investigación formal sobre las tarifas eléctricas reguladas en España para determinar si hubo ayudas de Estado ilegales.

Industria sostiene que el déficit de tarifas de 2005, que ascendió a 3.810 millones de euros, no beneficia a las empresas eléctricas, porque «han sido ellas las que han sufragado dicho déficit con anterioridad a que se les haya reconocido». Puesto que las cantidades reconocidas dependen de las sumas adelantadas, el sistema es «objetivo y no discriminatorio». De hecho, así está recogido en el artículo 24 del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad.

Industria señala que los distribuidores no se han beneficiado del déficit tarifario porque se trata de una actividad regulada. En este sentido, el departamento encabezado por Joan Clos insiste en que han sido las empresas eléctricas las que han soportado el déficit, «pues lo han sufragado en función de los porcentajes establecidos» en el artículo 24 del Real Decreto 5/2005«.

Además, Industria subraya que la normativa española no restringe la libertad de establecimiento de empresas comercializadoras de otros países comunitarios, ya que las comercializadoras españolas no tienen un trato preferente. El déficit de tarifas se produce porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir todos los costes reconocidos. Esta situación se ha registrado en los años 2000, 2002, 2005 y 2006.

Entre enero y noviembre del año pasado, las compañías eléctricas acumularon un déficit tarifario de 2.882,4 millones de euros, un 3 por ciento menos que en el mismo periodo de 2005.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores da luz verde a la reanudación del proceso de opas sobre Endesa

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio hoy luz verde a la reanudación de las opas lanzas sobre Endesa por Gas Natural y E.ON, que deberán presentar la mejora en sobre cerrado de sus respectivas ofertas el próximo 2 de febrero, según informó hoy el organismo supervisor.

El proceso permanecía paralizado desde el año pasado debido a las suspensiones cautelares que habían dictado dos instancias judiciales distintas y que fueron levantadas este mes, lo que daba vía libre a la reapertura del procedimiento. A partir de ahora, los accionistas de la eléctrica deberán elegir a qué oferta acuden y el Consejo de Endesa tendrá que emitir su recomendación, así como convocar una junta para votar la eliminación del blindaje estatutario que limita al 10 por ciento los derechos de voto, requisito al que están sujetas ambas opas. Tras la mejora, el órgano de Gobierno de la eléctrica dispondrá de cinco días para decantarse por una opción que será sometida a la junta de accionistas, que ha de ser convocada con al menos un mes de adelanto.

En un comunicado, la CNMV explicó que, teniendo en cuenta que las dos ofertas competidoras tienen que terminar el mismo día, el plazo de aceptación de la formulada por E.ON se iniciará el día 26 de enero y acabará el 26 de febrero.

Por su parte, el plazo de aceptación de la opa de Gas Natural, salvo que la sociedad decida retirar su oferta, queda prorrogado automáticamente hasta el día 26 de febrero, según la misma fuente, que añadió que, en su caso, la ampliación del plazo de las opas se dará a conocer a su debido tiempo.

Las ofertas mejoradas, que podrán presentarse entre las 9.30 y las 17.45 horas del 2 de febrero, deberán cumplir unos requisitos mínimos, como dirigirse al cien por cien del capital de la eléctrica y poder estar sujetas a la adquisición de cualquier número mínimo de acciones que no exceda de 529.481.934 acciones, representativas del 50,01 por ciento del capital social de Endesa. Además, la contraprestación de la opa deberá ser superior a 24,905 euros por cada acción de Endesa que acepte la oferta, aunque E.ON deberá elevar su oferta hasta al menos los 34,50 euros por acción a los que se comprometió en el folleto explicativo de su opa. Según la misma fuente, si la elevación de la contraprestación es distinta a la pura elevación del precio, deberá presentarse en el sobre cerrado un informe de experto independiente que acredite que la opa mejora la última precedente.

El Consejo de la CNMV también ha establecido como requisito que el sobre o carpeta cerrados en los que se presente la mejora deberá contener toda la documentación acreditativa de las modificaciones de la oferta adoptadas por los oferentes.

Coincidiendo con la decisión del supervisor bursátil, el director general de Desarrollo Corporativo de Acciona, Juan Muro-Lara, apuntó hoy que el Consejo de Administración de la constructora se plantearía vender su participación en Endesa, del 21,03 por ciento, si E.ON elevara el precio de su opa hasta 58 ó 59 euros por acción.

Durante una presentación ante analistas, con el lema «Endesa independiente: una alternativa con mayor valor«, Muro-Lara explicó que ese precio incluiría una valoración adecuada de Endesa más una prima de control. El precio apuntado por Acciona exigiría al grupo alemán aumentar al menos un 68 por ciento su actual oferta de 34,5 euros por título. En la presentación, Acciona, que ha sido asesorada por el banco de inversión Lazard, señala que el precio sería de 53,9 euros por acción si se tienen en cuenta los múltiplos pagados en algunas recientes transacciones en el sector. El informe incluye otros cálculos de valoración de la compañía, que dan como resultado un precio mínimo por acción de 45 euros, más de un 30 por ciento por encima de la oferta del grupo alemán.

Si se tiene en cuenta el EBITDA de Endesa previsto para 2006, en comparación con el de sus competidores ibéricos, el precio por acción alcanzaría los 48,6 euros, mientras que la misma comparación con sus competidores europeos daría como resultado una valoración de Endesa de 45,9 euros por título. Lazard asegura que Endesa alcanzaría un valor de 58,3 euros por acción si se tiene en cuenta el ritmo de crecimiento del negocio previsto por Iberdrola y Unión Fenosa para los próximos dos años. El directivo insistió en que el objetivo de la constructora es jugar un papel activo en la gestión estratégica de Endesa y aseguró que la eléctrica es una inversión atractiva a largo plazo, especialmente con Acciona como accionista de referencia.

Las acciones de la compañía presidida por Manuel Pizarro subieron hoy en bolsa el 1,09 por ciento y fijaron un nuevo máximo histórico en 39 euros, mientras que las de Acciona cayeron el 0,19 por ciento, las de Gas Natural ganaron el 2,12 por ciento y las de E.ON cedieron el 1,59 por ciento.

Bruselas abre una investigación sobre las tarifas eléctricas reguladas en España

La Comisión Europea ha abierto una investigación formal sobre las tarifas eléctricas reguladas en España, para determinar si los precios artificialmente bajos de los que se beneficiaron los clientes industriales en 2005 pueden representar una ayuda de Estado ilegal. En un comunicado, el Ejecutivo comunitario recalca que su investigación no afecta a las tarifas reguladas para las pequeñas empresas y los consumidores domésticos.

Bruselas explica que las tarifas reguladas provocaron un déficit de 3.800 millones de euros en el sector eléctrico español en 2005, que será financiado por un nuevo gravamen que deberán pagar todos los consumidores españoles en su factura de electricidad durante los próximos catorce años.

El objetivo de la investigación es evaluar si las tarifas aplicadas en 2005 a las grandes y medianas empresas que tienen un elevado consumo energético y a los operadores tradicionales en el sector eléctrico supusieron una ayuda de Estado y, en caso afirmativo, si dicha ayuda «podría dar lugar a falseamientos desproporcionados del comercio y la competencia» dentro de la UE.

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, señaló que, aunque «algunos sectores de la industria europea están pasando momentos difíciles» por el elevado precio de la energía, hay que evitar falseamientos de la competencia que impiden a los consumidores aprovechar al máximo las ventajas de un mercado liberalizado y que favorecen injustamente a determinadas empresas.

Bruselas subraya que la decisión de abrir una investigación ofrece a las partes interesadas la oportunidad de presentar sus observaciones sobre la medida propuesta y no prejuzga el resultado de la investigación.

Según los servicios de Competencia de la Comisión, las tarifas reguladas artificialmente bajas de que disfrutaron los clientes industriales con elevado consumo energético en 2005 pudieron suponer una importante ayuda a su funcionamiento, pero también a los operadores tradicionales, que pudieron recibir «una compensación excesiva» del Estado y «un beneficio anómalo» por ese sistema.

El Ejecutivo comunitario insiste en que está «preocupado» por el posible falseamiento de la competencia que representan esas ayudas y por el hecho de que ofrecieron un beneficio garantizado a ciertos operadores. Dado que solamente los operadores tradicionales de energía pudieron ofrecer las citadas tarifas reguladas, también ven posible que ello impidiera a nuevos proveedores introducirse en el mercado eléctrico español e incluso que algunos competidores recientes decidieran abandonar su actividad en España.

Bruselas recordó hoy que la investigación sobre la competencia en el sector energético que llevó a cabo el año pasado ya puso de manifiesto los problemas de competencia que plantean las tarifas artificialmente bajas reguladas por el Estado. Señaló que en diciembre pasado ya abrió un procedimiento de infracción contra España centrado en esta cuestión, al considerar que las tarifas reguladas podrían ser incompatibles con la normativa europea sobre liberalización del mercado eléctrico.

La Comisión Europea denuncia a España ante Tribunal Europeo de Justicia por la ampliación de competencias de la CNE

La Comisión Europea anunció hoy que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la ampliación de las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que suponen, a su juicio, «restricciones injustificadas» a los principios de libre circulación de capitales y de libre establecimiento.

El decreto que modificó las funciones del regulador energético español fue adoptado de urgencia por el Gobierno español tras conocerse las intenciones del grupo alemán E.ON de hacerse con Endesa y fue el que permitió a la CNE pronunciarse sobre la citada operación e imponerle condiciones.

Según el Ejecutivo comunitario, los argumentos aducidos por España en defensa del citado decreto, «no son satisfactorios».

En rueda de prensa, el portavoz de Mercado Interior de la Comisión, Oliver Drewes, rehusó especular sobre si la denuncia ante la corte europea tendrá algún efecto inmediato en el proceso de opas en torno a Endesa y subrayó que «lo importante es que España ha infringido la legislación comunitaria» y, en esa situación, Bruselas «debe actuar».

La Comisión recuerda que la norma establece un procedimiento de autorización previa para la adquisición de una participación significativa (de más del 10 por ciento o que conceda capacidad de decisión) en empresas que realicen directa o indirectamente actividades reguladas o sujetas a una intervención administrativa especial.

En su opinión, ese procedimiento «excede de lo necesario para garantizar el suministro mínimo de productos energéticos esenciales y puede resultar disuasorio para las inversiones procedentes de otros Estados miembros».

La Comisión reseña, asimismo, que Madrid podría haber atendido los intereses públicos que trataba de defender «con otras disposiciones menos restrictivas».

Preguntado sobre qué alternativas podía haber escogido el Gobierno español, Drewes dijo que esa decisión no corresponde a Bruselas y recalcó que cada Estado miembro puede elegir la estructura de mercado que prefiera «siempre que respete la legislación comunitaria».

Bruselas afirma también que la normativa europea ya incorporada o en trámite de incorporación al ordenamiento jurídico español «trata claramente las preocupaciones de España a este respecto».

Respecto al tiempo que tardará el Tribunal de la UE en tramitar este caso, el portavoz comunitario indicó que la denuncia de la Comisión se presenta por los cauces habituales, sin solicitar una tramitación urgente, así que los plazos dependen en exclusiva de la corte

El Partido Popular advierte al Gobierno que no se puede permitir un fallo más en la política económica

El Secretario de Política Económica del PP, Miguel Arias Cañete, advirtió hoy al Gobierno de que, tras su decisión de no retirar las condiciones a la opa de E.ON sobre Endesa, no se puede permitir «un fallo más» en política económica.

El Ejecutivo decidió ayer, día en que finalizaba el plazo dado por la Comisión Europea para eliminar algunas condiciones impuestas a esa operación, no retirarlas.

En un comunicado, Cañete avisa al Gobierno de que esa decisión va a suponer que el caso llegue hasta el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo.

Esto, en su opinión, podría dañar la imagen y credibilidad exterior de España, así como significar «graves» responsabilidades económicas.

Al respecto, se pregunta qué inversores extranjeros vendrían a un país europeo que no cumple los requisitos de la Comisión Europea sobre libertad de establecimiento y libre circulación de capitales y mercancías.

En cuanto al titular de la cartera de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, Cañete afirma que «recibió una malísima herencia del señor José Montilla -su antecesor en el cargo- y, por lo visto, está empeñado en empeorarla, aunque ello resulte difícil».

La Comisión Europea dice que hará cumplir la ley comunitaria y que tiene la opción de acudir a Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La Comisión Europea (CE) señaló hoy que hará cumplir las normas comunitarias y que tiene la «opción» de acudir al Tribunal de Justicia de la UE si España no retira las nuevas condiciones a la opa de E.ON sobre Endesa. «Si el Gobierno español no retira las medidas, la Comisión está obligada a hacer respetar la legislación comunitaria», afirmó Jonathan Todd, el portavoz de Competencia de la CE.

Todd añadió que el Ejecutivo comunitario no había pedido a España una respuesta a su decisión de retirada de las condiciones, sino que las «medidas consideradas ilegales por la Comisión eran retiradas hoy como muy tarde». El portavoz explicó que la CE «tiene la opción de abrir un procedimiento de infracción» contra España, como ya hizo en septiembre pasado con el primer bloque de condiciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la opa de E.ON. Sin embargo, eludió avanzar si la Comisión Europea podría tomar esa decisión en su reunión de la próxima semana o si podría pedir al Tribunal de Justicia que siga un eventual caso por el procedimiento acelerado.

Todd señaló que la Comisión aún no ha recibido la carta con la respuesta oficial española, aunque han leído informaciones de prensa con su contenido. Ese documento manifiesta, según fuentes diplomáticas, el desacuerdo con la decisión de la CE del pasado 20 de diciembre en la que se pedía a España derogar las medidas con un plazo máximo que concluye hoy.

Los requisitos que la Comisión considera «ilegales» son los que obligan al grupo alemán a mantener la marca Endesa durante cinco años y la prohibición de vender en ese plazo activos eléctricos fuera de la España peninsular.

Bruselas asegura que contravienen la normativa comunitaria el requisito de utilizar carbón nacional para la producción de electricidad y la obligación de que E.ON no adopte decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro y que sean contrarias al ordenamiento legal español.

La Comisión Nacional de la Energía da diez días para presentar alegaciones al expediente ACS-Iberdrola

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha abierto el plazo de diez días para que presenten sus alegaciones las partes interesadas en el expediente sobre la petición de la constructora ACS de que no se limiten sus derechos políticos al 3% en Iberdrola.

El Consejo ha acordado hoy comunicar a las tres compañías que tienen reconocida la condición de parte interesada (ACS, Iberdrola y Unión Fenosa) la apertura del periodo de alegaciones. A partir de ahora las empresas cuentan con diez días para exponer su posición sobre la solicitud de la constructora, periodo durante el cual no se interrumpirá el plazo de cuatro meses con que cuenta la CNE para resolver el expediente y que termina el 13 febrero.

Los servicios técnicos de la CNE han elaborado ya su informe sobre la solicitud de la constructora presidida por Florentino Pérez, que pidió poder ejercer derechos políticos en Iberdrola según su participación accionarial.

El Real Decreto 6/2000 limita al tres por ciento los derechos políticos que puede ejercer una sociedad que participe en dos empresas consideradas operadores principales en el sector energético, requisito que cumple ACS, que está presente en Unión Fenosa (40,47 por ciento) y en Iberdrola (11,88 por ciento). No obstante, la CNE está capacitada para levantar esta restricción bajo ciertas condiciones y siempre que no se favorezca el intercambio de información estratégica entre los dos operadores.

En un expediente previo, la CNE ya autorizó a ACS a elevar su participación en Iberdrola hasta el 24,9 por ciento, el máximo legal que no exige lanzar una opa. El resto de los asuntos vistos por el máximo órgano del regulador energético fueron «de trámite», según las fuentes consultadas.

La Comisión Europea espera que el Gobierno español cumpla el plazo de retirada de las condiciones a la opa de E.ON

La Comisión Europea (CE) espera que el Gobierno español cumpla el plazo que acaba mañana, viernes, para retirar las condiciones impuestas a E.ON para la opa sobre Endesa, dijo hoy un portavoz comunitario. «Esperamos oír la confirmación del Gobierno español de que para mañana ha cumplido» la decisión de la Comisión de pedir la retirada de las medidas, que fueron consideradas ilegales según el derecho comunitario, dijo Jonathan Todd, portavoz de Competencia en la CE, durante una conferencia de prensa. Todd insistió en que la Comisión espera «que todos los Estados miembros se tomen en serio su obligación bajo el Tratado de respetar la legislación comunitaria».

La CE decidió el pasado 20 de diciembre que algunas de las condiciones impuestas a comienzos de noviembre por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la opa de E.ON sobre Endesa violaban la normativa comunitaria, por lo que exigió su retirada «inmediata» para lo que dio un plazo que concluye mañana.

Bruselas ya ha advertido a las autoridades españolas de que, si no retiran esas condiciones, podría abrirles un nuevo procedimiento de infracción por este motivo.

Todd se mostró hoy cauto al señalar que, si el Gobierno español no ha enviado una respuesta para mañana, «reflexionaríamos cuidadosamente» sobre los próximos pasos a dar. Según el Ejecutivo comunitario, los requisitos fijados por Madrid para autorizar la opa de E.ON -que el grupo alemán aceptó- violan el artículo 21 del Reglamento comunitario de concentraciones, según el cual las fusiones de dimensión comunitaria son competencia exclusiva de Bruselas.

Las condiciones que la Comisión considera «ilegales» son las de mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar carbón nacional en las plantas eléctricas, y prohibir a E.ON que adopte decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro que sean contrarias al ordenamiento legal español. Según Bruselas, estas condiciones modificadas son incompatibles con las normas comunitarias que garantizan la libertad de movimiento de capitales y la libertad de establecimiento y, en el caso de la obligación de usar sólo carbón de producción nacional, también con el principio de libre circulación de mercancías.

Madrid ya se enfrenta a un proceso sancionador por las condiciones que inicialmente impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la opa del grupo alemán sobre Endesa.

Almunia ve crucial el debate de la energía y rechaza descartar de entrada la energía nuclear

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, consideró hoy «crucial» el debate energético impulsado por la Comisión Europea, y añadió que «no se puede eliminar ningún aspecto» de antemano, como el uso de la energía nuclear.

Almunia contestó así a las declaraciones hechas ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre que el Ejecutivo no tiene entre sus planes retomar un programa de desarrollo o incremento de la energía nuclear. A este respecto, el comisario recordó en declaraciones a los periodistas que el uso de la energía nuclear es una «decisión de cada país», aunque espera que la nueva estrategia comunitaria para la política energética reciba el «respaldo político» de la mayoría de jefes de estado y de gobierno en el Consejo Europeo del mes de marzo. Si esto ocurre, añadió, la Comisión empezará a presentar «propuestas concretas» para que se desarrolle esta estrategia, que es en su opinión la «más ambiciosa y completa» presentada hasta la fecha por la UE.

El «impresionante» paquete de medidas propuesto, señaló el comisario, pretende integrar a un tiempo la política energética con la lucha contra el cambio climático, algo que «ya no se puede separar». Así, dijo que «hay que ser capaces» de poner en marcha políticas que mejoren la competitividad, aumenten la seguridad y reduzcan la dependencia energética europea.

Almunia recordó en este sentido que actualmente Europa tiene que importar la mitad de la energía que necesita, un porcentaje que en el caso de España se eleva al 70 por ciento, y si no se toman medidas para aumentar la autosuficiencia energética en 2030, Europa necesitará comprar en el exterior el 70 por ciento de la materia prima energética, y España el 85 por ciento. Según el comisario, esta necesidad de aumentar la capacidad energética europea «no es sólo económica, y afecta a la seguridad en términos generales». Además, insistió en que competitividad y seguridad «no se pueden desligar de sostenibilidad», y por eso es necesario aumentar el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de CO2.