El Ministerio envió a la CNE para su estudio, antes de final de diciembre pasado mediante el conocido como trámite de urgencia, la propuesta de Orden Ministerial de retribución para la actividad de regasificación. Una de las principales novedades de esta orden se hallaba en que, por primera vez, se empleaba una orden separada para retribuir las actividades de regasificación y almacenamiento subterráneo debido a que se les aplica un procedimiento de cálculo distinto.

Sin embargo, entre la propuesta enviada a la Comisión, que ésta rechazó, y la que finalmente se aprobó en la Orden ITC/3994/2006 de 29 de diciembre, existen algunas diferencias. Entre ellas, una de las más importantes, es el incremento de la retribución financiera en 50 puntos básicos. La tasa de retribución se ha fijado, finalmente, en el bono a 10 años más 350 puntos básicos, lo que supone una rentabilidad del 7,21 %, frente a la propuesta inicial del Ministerio que situaba esta retribución en el bono a diez años más 300 puntos básicos.

Entre las principales novedades de la Orden está, el que, a partir del 1 de enero, se retribuye en base a inmovilizados netos, en lugar de inmovilizados brutos como ocurría con anterioridad. Respecto a la tasa de retribución, del 7,21 %, ésta se mantendrá fija para toda la vida de las instalaciones. Por último, se elimina el vínculo al crecimiento de la retribución financiera ligado a un índice de precios.

La decisión de la Comisión

La Comisión Nacional de Energía (CNE) informó negativamente sobre la propuesta de Orden de retribución de las actividades de regasificación. En su informe sobre la propuesta, la Comisión indicó, en primer lugar, que no consideraba adecuado el carácter de informe por procedimiento de urgencia, dada la importancia del texto que se pretendía aprobar. En segundo lugar, dado que la propuesta de retribución abarca varios periodos –la tasas retributivas se mantendrán fija para todos los periodos- se recomendaba dar a la Orden un «carácter de norma de rango superior», es decir un real decreto. En línea con ello, indica que, debido a su trascendencia, debería haberse consultado con los agentes del sector debido al posible impacto en la rentabilidad de las instalaciones. Por ello, en sus conclusiones, la Comisión recomienda mantener la metodología y retribución vigentes.

La oposición de la Presidenta

Sin embargo, aunque la Comisión informó en contra de la propuesta del Ministerio, lo hizó con la oposición de la Presidenta y los consejeros Jorge Fabra, Jaime González y Sebastiá Ruscalleda que entendían que la orden debería haber sido «informada favorablemente» y realizaron un voto particular en contra. Lo más curioso es que en el voto particular, realizado por todos ellos, tan sólo aparece la firma de la Presidenta.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio recalcó hoy que la nueva regulación del sector gasista no modifica la retribución de las infraestructuras ya existentes y precisó que sólo se ha retocado la aplicable a las inversiones futuras. Fuentes de Industria reiteraron que, en cualquier caso, se garantiza una rentabilidad superior al 7 por ciento para las nuevas instalaciones.

De hecho, el presidente de Enagás, Antonio González-Adalid, aseguró el pasado martes, durante una presentación ante analistas, que la aplicación del nuevo marco regulatorio aumentará los ingresos de la compañía en torno al 8 por ciento en 2007. Según González-Adalid, el importe que resulta de aplicar la nueva normativa «no difiere de forma significativa de las estimaciones realizadas inicialmente por la compañía al aplicar las disposiciones regulatorias vigentes en 2006».

Por otro lado, las fuentes de Industria subrayaron que el eventual relevo de González-Adalid al frente de Enagás correspondería al Consejo de Administración de la empresa y no al Gobierno.
«Los presidentes de las empresas privadas los deciden los consejos de Administración y no el Gobierno», señalaron.

Enagás remitió hoy una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que señala que «a esta fecha no conoce iniciativa alguna por parte de su Consejo de Administración o de sus accionistas» para sustituir a su presidente. No obstante, fuentes del sector reconocen que alguno de los accionistas de Enagás es partidario de relevar a González-Adalid.

La Secretaría General de Energía, dependiente del Ministerio de Industria, lanzó una propuesta para reformar la retribución a la energía renovable, prevista en el Real Decreto 436/2004. Esta propuesta no ha cosechado el acuerdo, sino más bien la desaprobación general en el sector, y muy especialmente en el área de la energía eólica. El último jueves del año 2006 se celebraba la última reunión del Consejo de la Comisión Nacional de Energía. Estaba previsto que en este consejo se trataran dos temas. En primer lugar, el estudio de la contratación bilateral de distribuidores, y en segundo lugar, el marco de retribución a las renovables.

Sin embargo, ninguno de estos dos temas figuró en el orden del día y, efectivamente, no se trataron. Por lo que respecta al marco de retribución de las energías renovables, diversos medios han publicado que el asunto se estudiará en el primer consejo de Administración de la CNE, el 11 de enero. Energiadiario, según fuentes cercanas a la Comisión, ha podido saber que no será hasta el 18 de enero, por lo menos, cuando se aborde la cuestión. Una semana más de retraso, por lo tanto, lo que sigue aumentando la incertidumbre en el sector a la vista del largo proceso legislativo que todavía tiene la reforma de este decreto.

Varios expertos coinciden en señalar que el realismo se impone y que no ha habido tiempo para sacar adelante la propuesta antes del 31 diciembre, pese a lo que se había propuesto el Ejecutivo. Pero los aplazamientos, y más en cuestiones con una relevancia como la del Real Decreto 436/2004, que afecta a la rentabilidad de los parques eólicos, genera gran incertidumbre. Si bien es cierto, y también en esto coinciden los expertos, que las modificaciones regulatorias de este calado deben realizarse sin prisas.

En diversas manifestaciones públicas de las asociaciones que representan al sector eólico -Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA, y Asociación Empresarial Eólica, AEE-, se explica que la propuesta de modificación del Real Decreto, de llevarse a cabo tal como está redactada, sería muy perjudicial para el sector. El punto que genera un mayor rechazo es el que se refiere a la retroactividad, lo que implicaría que se viera afectada la rentabilidad tanto de los parques eólicos futuros como la de aquellos que ya han sido construidos y que fueron proyectados según un esquema de retribución estable.

Según las mismas fuentes, el volumen de inversión en el sector eólico es importante y una merma en la retribución tendría graves consecuencias. «Detendría el proceso inversor en el sector. De hecho, los proyectos de inversión están parados en estos momentos», asegura. Desde las asociaciones se asegura que algunas entidades financieras ya se están empezando a plantear el no seguir adelante con la eólica y van buscando otras oportunidades de inversión.

La importancia de cualquier modificación al marco retributivo de las energías renovables en España, especialmente la eólica, obliga a tomar decisiones con sumo cuidado. Nuestro país ha conseguido estar entre los primeros puestos del mundo en energía eólica, y no sólo en generación. Gran parte del proceso de fabricación y montaje de aerogeneradores e industria auxiliar tiene lugar dentro de nuestras fronteras. Una legislación excesivamente restrictiva puede poner en juego el altísimo nivel de España en un sistema de generación limpio en el que es ejemplar.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) inicia 2007 con la adhesión de Angola como duodécimo miembro de pleno derecho, su primera ampliación desde 1975, y un nuevo secretario general, el libio Abdulá al-Badri.

Tanto la integración de Angola en esta organización, como el nombramiento de al-Badri, fueron recientes decisiones del Consejo de Ministros del grupo petrolero, adoptadas por consenso el 14 de diciembre, en una conferencia extraordinaria celebrada en Abuya. Ese día, Angola presentó la candidatura oficial de su país, y el plenario aceptó de inmediato, por unanimidad, la entrada de Luanda a partir del 1 de enero de 2007.

A diferencia de otras organizaciones gubernamentales, el proceso de ingreso es relativamente sencillo, pues la única condición que deben cumplir los candidatos es ser exportadores netos de petróleo, y obtener el voto mínimo de dos tercios de los países miembros. Así es que hoy entra en vigor esta ampliación de la OPEP (así como la asunción del cargo del nuevo secretario general), aunque la sede vienesa del grupo permanece cerrada por ser día festivo.

La OPEP fue fundada en 1960 por Venezuela, Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait con el objetivo de «coordinar y unificar las políticas petroleras» para asegurar precios del crudo «justos y estables», meta que defiende con recortes y aumentos de su oferta de crudo. A los cinco miembros fundadores se unieron luego Qatar, en 1961, Indonesia y Libia, en 1962, los Emiratos Árabes Unidos (1967), Argelia (1969) y Nigeria (1971), mientras que Ecuador fue miembro entre 1973 y 1992, y Gabón entre 1974 y 1994.

Tras mantener en la primera mitad de 2006 el nivel más alto de su bombeo en el último cuarto de siglo -unos 30 millones de barriles diarios (mbd)- con el fin de frenar la escalada de los precios que alcanzaron en junio récords superiores a los 78 dólares por barril, la OPEP redujo en noviembre, por primera vez desde 2004, sus suministros, tras caer las cotizaciones cerca de un 27 por ciento. La reducción fue de 1,2 millones de barriles diarios (mbd), cerca de un 4 por ciento, y logró en noviembre apuntalar los valores del barril de Brent y del Petróleo Intermedio de Texas (WTI), referentes para Europa y EEUU, respectivamente, por encima de los 60 dólares.

En diciembre el grupo decidió retirar otros 500.000 barriles diarios a partir de febrero, en previsión del descenso de la demanda que se espera en el segundo trimestre del año de 2007, lo cual dejará la producción conjunta en 25,8 mbd (sin Irak y Angola).

Angola no participará de momento de esta limitación de la oferta, como tampoco lo hace Irak, que, con un bombeo en torno a los 2 mbd no participa en los compromisos de sus socios para reajustar la producción según evoluciona el mercado. El país africano, el segundo productor de África subsahariana después de Nigeria, se destaca por el rápido crecimiento de su producción, que tras aumentar un 400 por ciento en los últimos veinte años, se sitúa en 1,45 mbd.

Luanda espera alcanzar los 2 mbd en 2008 y los 2,5 mbd hacia el 2011, un bombeo que se incluirá así en la oferta de la OPEP. La organización amplía así, con este nuevo miembro, el control de la producción mundial de crudo del 40 al 43 por ciento.

El paso de Angola podría ser seguido de Ecuador y Sudán, dos exportadores de crudo que han manifestado su interés en integrarse en la OPEP, aunque no han formalizado la solicitud hasta el momento.

Por otro lado, a partir de hoy al-Badri (1940), ex presidente de la estatal Corporación Nacional Petrolera de Libia, es el nuevo secretario general, por un mandato de tres años. El nombramiento que puso fin a tres años de disputas entre bastidores, puesto que los países miembros no lograban el consenso necesario para elegir a un candidato, con Irán y Kuwait reclamando para sí el puesto.

El último designado en este cargo fue el del venezolano Álvaro Silva, que concluyó en diciembre de 2003 tras 18 meses a cargo de la organización, donde había sucedido a su compatriota Alí Rodríguez.
Altos representantes de Indonesia, Kuwait y Nigeria ocuparon el cargo de forma interina en 2004, 2005 y 2006, respectivamente.

La Comisión Europea presentará el próximo 10 de enero un nuevo paquete de medidas para fortalecer el mercado único de la energía que prevé una disociación más estricta entre las redes de transporte y los productores y aboga por una separación total de la propiedad. Este es uno de los puntos más polémicos del paquete energético preparado por el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, que hoy avanza «Les Echos«.

Bruselas propondrá dos opciones para la disociación entre las redes de transporte y los productores de energía, la primera la creación de operadores de redes independientes en las que los segundos ya no podrían tener una participación significativa aunque conservaran la propiedad de las infraestructuras, y la segunda una separación total de la propiedad.

Piebalgs se decanta por esta segunda, que según «Les Echos» va a chocar con la oposición de países como Francia, donde eso significaría el desmantelamiento de los monopolios históricos de Electricité de France (EDF) o Gaz de France (GDF).

El paquete normativo del Ejecutivo comunitario parte de la constatación de que Europa necesita una política energética ambiciosa y coherente con carácter urgente. Apuesta por reforzar la cooperación entre las autoridades nacionales de la energía para lo cual plantea la posibilidad, bien de dar al grupo formado por todos ellos el poder para imponer decisiones de obligado cumplimiento, bien de crear un órgano comunitario como se está haciendo con las telecomunicaciones.

Piebalgs, que prefiere esta segunda maximalista, estima que profundizar en el mercado único energético es una necesidad para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero (un 20% de aquí a 2020). Eso pasa -a su juicio- por el desarrollo de tecnologías más limpias, como la eólica, la biomasa o los biocarburantes y por el aumento de la eficacia energética en un 20% en los próximos 15 años con vehículos que quemen menos carburante, más transportes públicos, viviendas mejor aisladas o aparatos eléctricos que consuman menos.

En cuanto a la energía nuclear, la Comisión afirma en su nuevo paquete que «es, de todas las energías que generan poco carbono, la más desarrollada en la UE. Es menos vulnerable a las fluctuaciones de precio que el carbón o el gas, porque el uranio no representa más que una parte limitada del costo de producción» es relativamente abundante y está repartido en diversas regiones del mundo.

Advierte de que «en caso de que el nivel de producción nuclear bajara en Europa, sería esencial compensarlo con la introducción de otras fuentes que generen poco gas carbónico» para cumplir el objetivo de reducción de emisiones y plantea la creación de un grupo de alto nivel para mejorar las reglas actuales de seguridad en las instalaciones atómicas.