El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) decidió no iniciar ayer un expediente administrativo para analizar la operación de compra del grupo escocés Scottish Power por parte de Iberdrola, según fuentes del organismo regulador.

La operación Iberdrola-Scottish fue uno de los asuntos que trató el máximo órgano del regulador energético, que ayer celebró una reunión maratoniana que se prolongó más allá de media noche. El Real Decreto 4/2006, aprobado en marzo de este año, amplió las funciones del regulador energético español para permitir su intervención en las operaciones de adquisición o la toma de cualquier otro porcentaje que conceda «influencia significativa» en empresas con actividades reguladas, independientemente de que sean las compradoras o las compradas, según lo establecido en la denominada función 14.

Por tanto, la CNE no atendió ayer la solicitud presentada por Endesa el pasado miércoles, en la que pedía que se analizara la compra de Scottish porque Iberdrola desempeña actividades reguladas. La empresa que preside Manuel Pizarro argumentaba en su escrito que la operación afectará a seis de las siete mayores compañías energéticas de la Península y, por consiguiente, a todo el sistema energético nacional.

Endesa también pedía que se le reconociera la condición de parte interesada en el procedimiento porque comparte con Iberdrola la gestión de varias centrales nucleares. Por el contrario, Iberdrola sostenía que la compra del grupo escocés no necesitaba la autorización del regulador energético español, tal y como señaló su presidente, Ignacio Sánchez Galán, el pasado 28 de noviembre, al presentar la operación. El presidente de Iberdrola y parte de su equipo directivo se reunieron la semana pasada con la presidenta de la CNE, Maite Costa, aunque, según fuentes de la eléctrica, se trató de un encuentro habitual para repasar cuestiones como el plan de inversiones o el desarrollo de infraestructuras. Según las fuentes de Iberdrola, en la reunión se habló de la compra de Scottish Power como parte del nuevo Plan Estratégico, pero no se planteó el debate sobre si es necesario o no someter la operación a la CNE.

En materia de competencia, la operación deberá ser analizada por la Comisión Europea (CE), puesto que tiene dimensión comunitaria, e Iberdrola ya ha notificado a Bruselas el proyecto de compra.

Iberdrola anunció el pasado 28 de noviembre una oferta amistosa de adquisición por la escocesa Scottish Power valorada en 17.200 millones de euros.

Los estados miembros de la Unión Europea (UE) y las empresas energéticas deben mejorar la concertación de sus iniciativas para avanzar en la creación del mercado único de la energía y reducir la dependencia energética de los países productores como Rusia, Argelia y la OPEP.

La tarea inmediata que deben acometer los estados y empresas europeas para construir un verdadero mercado común energético es la concertación de sus políticas para mejorar la racionalización de los intereses europeos en el mundo, según el último Informe Económico de ESADE.

El informe, que hoy han presentado el director de Economía de ESADE, Fernando Ballabriga, y el autor del capítulo sobre política energética común, Agustín Ulied, señala como principales causas del fracaso de la armonización energética la heterogeneidad de la situación de los distintos miembros y sus prioridades nacionales en cuanto a abastecimiento y mix energético. Esta divergencia de intereses se hace evidente en la reticencia de los estados a ceder parte de su soberanía en los asuntos energéticos. Por ejemplo, Suecia apuesta por la energía nuclear y la hidroeléctrica; en Francia el grueso de la seguridad recae en la nuclear y países como España tienen un mix más diversificado, con creciente importancia del gas natural.

Según el análisis de Ulied, esta situación contrasta con el éxito de la industria en este terreno, donde Europa cuenta con varias de las grandes empresas mundiales energéticas (BP, Total, E.ON, Repsol YPF, Shell, ENI, Centrica, Endesa) capaces de paliar el déficit de recursos energéticos que presenta la UE. Sin embargo, sus intereses no coinciden y tampoco existe una colaboración en la concreción de una política energética común, por lo que en el corto plazo «sería deseable un mínimo de concertación» para avanzar el este objetivo, indica el informe. A continuación, es necesario desarrollar las interconexiones de las redes energéticas, implantar marcos legislativos y desreguladores eficaces y aplicar y velar por el cumplimiento de las normas comunitarias de competencia.

Ulied repasó la situación de fuerte dependencia de la UE, donde, a excepción de Dinamarca, todos los países son importadores netos de energía y la concentración de las fuentes de abastecimiento de petróleo (OPEP) y gas (Rusia y Argelia).

Las perspectivas futuras no hacen prever cambios sustanciales. La dependencia seguirá siendo un factor decisivo, al pasar del 56 por ciento actual al 70 por ciento, y el mix energético apenas variará (leve disminución del petróleo e incremento del gas natural y caída del carbón y la nuclear). «Esta situación reclama una respuesta europea común y coordinada», afirmó Ulied, quien alertó sobre la necesidad de contar con una política global europea «para dar continuidad al crecimiento económico de Europa».

Sólo gracias a la creación de mercados de la energía plenamente competitivos los ciudadanos y las empresas de la UE podrán beneficiarse plenamente de la seguridad en el abastecimiento y de unos menores precios, concluye el informe.

La decisión tomada en Consejo de Ministros de aumentar los poderes a Maite Costa puede acarrearle un nuevo y serio revés al Ejecutivo. Los consejeros de la Comisión consideran ilegales las atribuciones concedidas a la presidenta de la CNE y están dispuestas a llevar sus argumentos al Tribunal Supremo si no obtienen una respuesta satisfactoria a sus peticiones en la carta que han remitido a Joan Clos.

El pasado jueves, en la reunión del consejo de administración de la CNE, se decidió por mayoría remitir una carta al ministro de Industria, Turismo y Comercio, para proponer una serie de modificaciones al Real Decreto que amplía los poderes de la presidenta del organismo, María Teresa Costa. En esa mayoría se incluyen los vocales nombrados a propuesta del Partido Popular y también algunos nombrados por el actual Gobierno, Jorge Fabra y Luis Albentosa.

La carta, a la que ha tenido acceso energiadiario, ya ha sido remitida a Joan Clos.

El Real Decreto aprobado el pasado 28 de octubre en Consejo de Ministros no gustó nada a los consejeros de la CNE. Consideran que algunos aspectos del Decreto pueden ser mejorados y por ello han tomado la decisión de remitir a Clos una propuesta de estudio con aspectos formales.

Los consejeros sostienen que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio debería haber informado al consejo de administración de los cambios que se estaban planteando. La Comisión opina que es necesario que las modificaciones que puedan afectar al regulador cuenten con un informe favorable por parte del máximo órgano de gobierno de la CNE.

Adopción de medidas legales

Después de que Maite Costa desechase la propuesta del Consejo de pedir un informe jurídico interno, los consejeros se pusieron en marcha. En total, incluida la propia Costa, son 9 los miembros del Consejo. De los 8 restantes, seis decidieron en octubre pedir asesoramiento jurídico externo contra el aumento de poderes de la presidenta de la CNE, puesto que entienden que algunos de los cambios son ilegales. Como primera medida, los consejeros han decidido remitir a Clos la carta que se le enviará hoy. Pero están dispuestos a llegar al Tribunal Supremo si es necesario.

Implicaciones del Real Decreto

Hasta el momento de su aprobación, Maite Costa era una consejera más. Y hasta ese momento, el organismo regulador había sido un órgano colegiado. Es decir, que las decisiones se tomaban de común acuerdo, por votación, y no de una forma unilateral.

La ampliación de poderes a Costa le ha otorgado facultades superiores a la del resto de consejeros, aparte de que gozaba del voto de calidad en la toma de decisiones. Uno de los puntos del texto consiste en atribuir a Costa la competencia del nombramiento del secretario del consejo de administración.

En su momento, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha los engranajes de esta normativa desde la más absoluta discreción. Ninguno de los consejeros, a excepción de Costa, conocía su existencia. Pero los miembros del consejo no tardaron en manifestar su desacuerdo, y seis de los nueve miembros se negaron a aprobar un reglamento que consideran que puede quebrantar el margen de independencia con el que cada uno de ellos trabaja.

Desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se defendía esta normativa basándose en argumentos como que el nuevo reglamento descarga al consejo del ejercicio de facultades de mera gestión o de marcado carácter ejecutivo, “para que el consejo pueda concentrarse en el ejercicio de sus funciones más relevantes”.

El aumento de poderes de Maite Costa puede terminar por traducirse en un “gobierno en solitario”, pues según fuentes cercanas al consejo, Costa controlaría en primera persona cada paso que se dé dentro del ente. En último término, lo que se compromete es la independencia del organismo frente al Gobierno, ya que si antes las decisiones se tomaban entre 9 personas, ahora es una sola, Maite Costa, quien tiene el control. Todo esto sucede en un momento crítico para el organismo regulador, cuya decisión es vital en la reordenación de todo el mapa eléctrico.

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) decidirá el próximo jueves si debe pronunciarse sobre el proyecto de compra del grupo escocés Scottish Power por parte de Iberdrola.

El Consejo del regulador energético intentará aprobar ese mismo día su informe preceptivo sobre la propuesta de Real Decreto de Tarifas Eléctricas y de Gas Natural para 2007 que el Ministerio de Industria envió a la CNE el pasado miércoles.

En el tema de Scottish Power, el Consejo espera contar el jueves con los informes de los servicios jurídicos.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y parte de su equipo directivo se reunieron el pasado miércoles con la presidenta de la CNE, Maite Costa, aunque, según fuentes de la eléctrica, se trató de un encuentro habitual para repasar cuestiones como el plan de inversiones o el desarrollo de infraestructuras. Según las fuentes de Iberdrola, en la reunión se habló de la compra de Scottish Power como parte del nuevo Plan Estratégico, pero no se planteó el debate sobre si es necesario o no someter la operación a la CNE. El pasado 28 de noviembre, al presentar el acuerdo de compra del grupo escocés, Sánchez Galán dijo que no es necesario que la operación se someta al regulador energético.

En materia de competencia, la operación deberá ser analizada por la Comisión Europea (CE), puesto que tiene dimensión comunitaria. De hecho, Iberdrola ha notificado ya a Bruselas el proyecto de compra de Scottish Power.

En el capítulo de tarifas, el Consejo de la CNE espera contar el próximo jueves con los informes de los consejos consultivos de Hidrocarburos y Electricidad. El primero, que analizará las tarifas del gas natural, se reunirá el martes, mientras que la reunión del Consejo Consultivo de Electricidad está fijada para el miércoles.

De acuerdo con la propuesta de Industria, las tarifas eléctricas domésticas subirán en enero un 2,8 por ciento y el resto una media del 5,52 por ciento. El incremento previsto para las tarifas del gas natural es también del 2,8 por ciento. La intención de Industria es que en la segunda mitad de 2007 las tarifas eléctricas se revisen de forma automática cada tres meses para recoger la evolución de los costes de generación.

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) decidirá en su próxima reunión, fijada para el 21 de diciembre, si debe pronunciarse sobre el proyecto de compra del grupo escocés Scottish Power por parte de Iberdrola, según fuentes del regulador. Aunque cabía la posibilidad de que el asunto se tratara en la reunión de hoy, finalmente no se ha analizado.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y parte de su equipo directivo se reunieron ayer con la presidenta de la CNE, Maite Costa, aunque, según fuentes de la eléctrica, se trató de un encuentro habitual para repasar cuestiones como el plan de inversiones o el desarrollo de infraestructuras.

Según las fuentes de Iberdrola, en la reunión se habló de la compra de Scottish Power como parte del nuevo Plan Estratégico, pero no se planteó el debate sobre si es necesario o no someter la operación a la CNE.

Las fuentes de la eléctrica aseguran que el organismo regulador no planteó exigencia alguna al respecto ni puso sobre la mesa un informe jurídico sobre este asunto. Según fuentes de la CNE, los servicios jurídicos del regulador energético trabajan ya en esa cuestión.

El pasado 28 de noviembre, al presentar el acuerdo de compra del grupo escocés, Sánchez Galán dijo que no es necesario que la operación se someta al regulador energético.

En materia de competencia, la operación deberá ser analizada por la Comisión Europea (CE), puesto que tiene dimensión comunitaria. De hecho, Iberdrola ha notificado ya a Bruselas el proyecto de compra de Scottish Power.