Los servicios técnicos de la Comisión Nacional de Energía denuncian el uso irregular del procedimiento de urgencia en la propuesta de tarifas de gas 2007

Los informes internos que la Dirección de Gas remitió al Consejo de Administración la Comisión Nacional de Energía no dan lugar a dudas y se muestran muy críticos con la propuesta que desde el Ministerio de Industria, había remitido la Secretaría General de Energía a través de la Dirección General de Política Energética y Minas. En su informe del 18 de diciembre del año pasado, la acusan de falta de transparencia en su elaboración, de generar inseguridad jurídica para las empresas, de no venir acompañada de una memoria económica que pudiera cuantificar el impacto de los propios cambios y de utilizar el procedimiento de urgencia de forma irregular dada la profundidad del cambio retributivo que se introduce. Los servicios reclaman el necesario posicionamiento del Consejo Consultivo de Hidrocarburos y de la propia Comisión, que en las condiciones en que se remiten las ordenes ministeriales resulta de todo punto imposible.

Los servicios técnicos confirman que la fórmula para la retribución de los activos gasistas cambian en medio de la vida útil de los mismos, lo que provoca inseguridad jurídica para los titulares de las empresas. El sistema de retribución de estos activos y su actualización se diseñó entre los años 2001 y 2002, a través del Real Decreto 949/2001 y la Orden Ministerial ECO/301/2002.

De hecho, el Informe de la Dirección de Gas, contenía en sus apartados como titulares como los siguientes: “Consideraciones sobre la falta de transparencia en los métodos de retribución y la premura para la recepción de comentarios y elaboración del informe de la CNE” y “consideraciones sobre la inseguridad jurídica de los sujetos que realizan actividades de regasificación”, así como las “consideraciones sobre los cambios propuestos por las nuevas ordenes de retribución” en el que se afirma que el sistema de retribución propuesto supone un cambio sustancial a lo establecido previamente.

La difusión de estas nuevas tarifas para las actividades de regasificación, almacenamientos subterráneos y de determinadas actividades reguladas del sector gasista, tuvieron informe negativo de la mayoría de los consejeros, que proponían mantener el sistema anterior. Consecuentemente, fueron devueltas al Ministerio de Industria por la Comisión Nacional de Energía, mediante acuerdo del Consejo de Administración de Organismo, con la oposición de la presidenta Maite Costa y de los consejeros Jorge Fabra, Jaime González y Sebastiá Ruscalleda quienes suscribieron un voto particular conjunto. Lo curioso de este voto particular es que proponen la aprobación de la orden ministerial, asumiendo sin pestañear las mismas consideraciones (¿?) de los servicios en materia de falta de transparencia, utilización indebida del trámite de urgencia, ausencia de concurso de los agentes del sector gasista, ausencia de memoria económica explicativa, generación de inseguridad jurídica para los operadores, etc… Así, con respecto al informe original de los servicios, únicamente varía su posicionamiento inicial en un párrafo lacónico en el que declaran que ‘debería haberse aprobado’. A continuación se reproduce íntegramente el informe y asumen de facto las disfunciones anteriores en su decisión. El voto particular sólo está firmado por la Presidenta Maite Costa.

El Ministerio de Industria, que no atendió a las conclusiones del informe de la CNE, corrigió algunos parámetros de cálculo y trasladó directamente al Boletín Oficial del Estado las nuevas tarifas sin remitir nuevamente informe al organismo.

Por otra parte, la difusión en los medios de comunicación de estas nuevas tarifas para la retribución de los activos destinados a las actividades reguladas en el sector gasista, ha venido acompañada de un fuerte correctivo a Enagas, empresa titular de los mismos. Su acciones han bajado más de 3 euros en los últimos diez días y existe el incesante rumor de la sustitución de su presidente Antonio González-Adalid.