La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha asegurado que el Gobierno está satisfecho con la propuesta de la Comisión Europea para que la reducción de emisiones de dióxido de carbono se establezca en función del PIB por habitante de los países miembros, criterio defendido por el Ejecutivo.

Para Narbona este borrador, del que informa el diario «El País«, ha dado como primer resultado la «consideración de elementos que el Gobierno de España ha defendido para diseñar el futuro régimen de emisiones de CO2«.

Este enfoque, conocido como 20, 20 y 20 (en referencia al 20% de reducción de emisiones, al aumento de las energías renovables y al año 2020), refleja el esfuerzo de España de «ser el país con emisiones per cápita bastante más bajas que la mayoría de países que están cumpliendo con Kioto«.

La ministra hizo estas declaraciones al término de la presentación de «Proyecto@O2«, una iniciativa del Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR) que persigue planificar una estrategia común que permita afrontar la fase postKioto. Tras el acto y a preguntas de los periodistas, Narbona ha señalado que este borrador de la CE es resultado de las conversaciones de los comisarios europeos de Medio Ambiente y de Energía con los gobiernos de los países miembros, y en él se tiene en cuenta que el esfuerzo de España en la reducción de emisiones será proporcional a nuestras capacidades.

La propuesta, en la que no figuran aún las cifras exactas de reducción de emisiones de cada país entre 2012 y 2020, se determina que esta reducción se asignará en función del PIB de los Estados miembros, por lo que los países ricos tendrán que reducir considerablemente sus emisiones mientras que los menos desarrollados podrán, en algunos casos, hasta aumentarlas. No obstante, ha subrayado que este texto será debatido y aprobado por el colegio de comisarios y sometido en los consejos de ministros de la UE en las próximas semanas.

La ministra también ha valorado que la superficie quemada de 2007 haya sido la menor desde hace una década. En su opinión, la creación en esta legislatura de una fiscalía especial para delitos ecológicos y urbanísticos, la prohibición del cambio de uso de un suelo objeto de incendio durante al menos 30 años, así como el aumento de medios económicos y materiales tanto para prevención como para la extinción de incendios, son factores que explican este descenso. Con todo, ha advertido que «mientras haya una sola hectárea de espacio forestal quemada tenemos trabajo pendiente».

Además, Narbona se ha referido a la creación de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, integrada por doce asociaciones que denunciarán al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo la aplicación «abusiva y arbitraria» de esta ley por parte del Gobierno. La ministra ha asegurado que en 2004 el Ministerio culminó el deslinde del dominio público de acuerdo con la ley y en cuatro años «no creo que se haya producido ningún problema social de envergadura» en este sentido. «Me resulta cuanto menos sospechoso» que la plataforma acuse al Ejecutivo de arbitrariedad en este asunto y que lo haga «a pocas semanas de la celebración de unas elecciones generales», concluyó.

El presidente de la patronal eléctrica UNESA, Pedro Rivero, explicó este viernes, durante una rueda de prensa posterior a la presentación de la «Prospectiva de Generación Eléctrica para 2030», que el Real Decreto-Ley de detracción de los derechos de emisión es «muy malo«, y que, si sale adelante tal como está planteado actualmente -es decir, si no se introducen enmiendas al texto en su tramitación como proyecto de ley-, «las compañías eléctricas lo recurrirán. Sería una irresponsabilidad no hacerlo».

Según Rivero, este Real Decreto tendría unos costes económicos para las empresas, así como unos costes medioambientales, muy importantes. UNESA pidió que se tramitase como un proyecto de ley para poder efectuar enmiendas posteriores.

Sin embargo, el pasado jueves, el presidente del Congreso, Manuel Marín, afirmó que no será posible introducir modificaciones en el Real Decreto-Ley, pues no queda tiempo para tramitarlo como proyecto de ley, ya que la legislatura termina el 14 de enero. La tramitación de esta norma como proyecto de ley permitiría efectuar modificaciones posteriores, a modo de enmiendas.

El presidente de la patronal recordó que la Orden Ministerial anterior, que es la que replica este nuevo Real Decreto, ya establecía la fijación de unos precios por megavatio (en una horquilla entre 42-35 euros/MW, que más tarde pasó a ser de 49 euros), por encima de los cuales se consideraría que el precio de los derechos de emisión asignados gratuitamente se trasladó al consumidor final. Es decir, cuando el precio de venta del MW/h subiese por encima de esos valores, se entendería que las compañías eléctricas estarían cobrando los derechos de emisión, percibidos gratuitamente por ellas, al cliente.

Según UNESA, «nadie sabe cuál sería el precio del mercado si no se hubieran asignado derechos gratuitos de emisión de CO2, así que no se puede decir que las empresas eléctricas han trasladado esos costes al cliente final».

Este Real Decreto introduce, en opinión de Rivero, una gran falta de confianza, así como inseguridad jurídica. Se trata de una ley contraproducente.

El presidente de UNESA también se refirió a la labor de la oposición en este proceso, de la que señaló que no había estado «especialmente brillante».

Recurso en Bruselas

Pero además del recurso en España, es probable que las eléctricas lleven este asunto ante las instituciones europeas. «No para hacer más ruido», señaló Rivero, «sino porque en España hay una serie de limitaciones legales para recurrir. Además, el Real Decreto de detracción de derechos de CO2 va en contra de las directivas comunitarias, y más concretamente, de la de asignación gratuita de derechos de emisión».

China, segundo consumidor de energía del mundo por detrás de EEUU, anunció que su consumo no supone una amenaza para el resto del planeta, pero seguirá dependiendo en gran medida del carbón, su principal contaminante.

En un documento publicado por el Consejo de Estado (ejecutivo) titulado «Condiciones y políticas energéticas de China«, la mayor economía emergente del mundo asegura: «China no ha sido, es ni será una amenaza para la seguridad energética mundial».

El documento presenta la situación actual del consumo energético chino, autosuficiente en un 90 por ciento, según el ejecutivo, pero de cuyo aumento se ha culpado a una tercera parte de la subida del precio del crudo en los mercados internacionales en los últimos meses.

La producción de energía de 2006 en China fue equivalente a 2.210 millones de toneladas de carbón estándar, lo que la sitúa en el segundo puesto del ránking mundial; pero su consumo fue también el segundo del mundo, equivalente a 2.460 millones de toneladas de carbón, en una balanza deficitaria. Aunque la dependencia china de este combustible ha decrecido desde el 72,2 por ciento de 1980 hasta el 69,4 de 2006, el documento reconoce que esta dependencia seguirá siendo alta y añadirá presión al medio ambiente.

«El carbón es el principal combustible consumido en China, y esta estructura energética permanecerá invariable por un largo periodo. Los métodos anticuados de producción han intensificado la presión en el medio ambiente, y es la principal causa de polución en China, así como de gases invernaderos» junto con el parque automovilístico. En este sentido, Pekín promoverá una producción hullera más limpia y eficiente para reducir su dependencia del petróleo.

En las conclusiones del documento, el Gobierno chino reitera que su consumo energético es todavía bajo en proporción con su población (la mayor del mundo con 1.300 millones de habitantes), ya que su consumo per cápita es todavía «tres cuartos de la media mundial».

Pekín insta en el papel a resolver las disputas por los recursos energéticos en los países productores a través del diálogo. El déficit energético chino ha obligado al gigante asiático a pactar con regímenes denostados como el iraní o el sudanés, mientras que mantiene disputas con Japón y Vietnam por recursos limítrofes.

La dependencia china del petróleo convierte al país en uno de los principales compradores de última hora, con un fuerte impacto en el precio del crudo; en este sentido Pekín se compromete en el papel publicado a entablar acuerdos a largo plazo con las petroleras extranjeras.

El gobierno liberalizará el sistema nacional de precios del combustible, que mantiene por debajo del precio internacional, y se compromete a promover las energías renovables y limpias, la tecnología y la protección al medio ambiente, según el documento de 44 páginas.

Sin embargo, Pekín no se vincula a ninguna de las exigencias occidentales para que reduzca sus emisiones, ya que la cuarta economía mundial por PIB se considera un país en desarrollo que aún lucha contra la pobreza y culpa a los países ricos del calentamiento global.

Según cifras publicadas, el uso de energías renovables y nuclear combinadas ascendió desde el 4 por ciento en 1980 hasta el 7,2 del año pasado.

La concentración de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases culpables del efecto invernadero, en la atmósfera terrestre alcanzó en el año 2006 un nivel jamás registrado anteriormente, según informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Según el ‘Boletín sobre los gases de efecto invernadero’, el nivel en 2006 de CO2 fue de 381,2 partes por millón, lo que supone un 0,53 por ciento más que en 2005.

Las cifras se basan en las observaciones efectuadas mediante la Red Mundial de Vigilancia del dióxido de carbono y el metano, otro de los gases que provocan el efecto invernadero y por tanto el cambio climático, establecida por la OMM.

El dióxido de carbono, el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), son los tres gases de efecto invernadero más abundantes en la atmósfera terrestre, después del vapor de agua. Los tres forman parte de las principales causas del calentamiento planetario.
La concentración de óxido nitroso también alcanzó valores récord en 2006, hasta 320,1 partes por millón.

Según la OMM, la concentración de CO2 y de óxido nitroso en la atmósfera terrestre se ha incrementado en un 36% desde finales del siglo XVIII, antes de la era industrial. Gran parte de este aumento se debe a las emisiones relacionadas con la combustión de combustibles fósiles.