El Gobierno está satisfecho con la propuesta de la Comisión Europea sobre la reducción de emisiones de CO2 según el PIB

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha asegurado que el Gobierno está satisfecho con la propuesta de la Comisión Europea para que la reducción de emisiones de dióxido de carbono se establezca en función del PIB por habitante de los países miembros, criterio defendido por el Ejecutivo.

Para Narbona este borrador, del que informa el diario «El País«, ha dado como primer resultado la «consideración de elementos que el Gobierno de España ha defendido para diseñar el futuro régimen de emisiones de CO2«.

Este enfoque, conocido como 20, 20 y 20 (en referencia al 20% de reducción de emisiones, al aumento de las energías renovables y al año 2020), refleja el esfuerzo de España de «ser el país con emisiones per cápita bastante más bajas que la mayoría de países que están cumpliendo con Kioto«.

La ministra hizo estas declaraciones al término de la presentación de «Proyecto@O2«, una iniciativa del Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR) que persigue planificar una estrategia común que permita afrontar la fase postKioto. Tras el acto y a preguntas de los periodistas, Narbona ha señalado que este borrador de la CE es resultado de las conversaciones de los comisarios europeos de Medio Ambiente y de Energía con los gobiernos de los países miembros, y en él se tiene en cuenta que el esfuerzo de España en la reducción de emisiones será proporcional a nuestras capacidades.

La propuesta, en la que no figuran aún las cifras exactas de reducción de emisiones de cada país entre 2012 y 2020, se determina que esta reducción se asignará en función del PIB de los Estados miembros, por lo que los países ricos tendrán que reducir considerablemente sus emisiones mientras que los menos desarrollados podrán, en algunos casos, hasta aumentarlas. No obstante, ha subrayado que este texto será debatido y aprobado por el colegio de comisarios y sometido en los consejos de ministros de la UE en las próximas semanas.

La ministra también ha valorado que la superficie quemada de 2007 haya sido la menor desde hace una década. En su opinión, la creación en esta legislatura de una fiscalía especial para delitos ecológicos y urbanísticos, la prohibición del cambio de uso de un suelo objeto de incendio durante al menos 30 años, así como el aumento de medios económicos y materiales tanto para prevención como para la extinción de incendios, son factores que explican este descenso. Con todo, ha advertido que «mientras haya una sola hectárea de espacio forestal quemada tenemos trabajo pendiente».

Además, Narbona se ha referido a la creación de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, integrada por doce asociaciones que denunciarán al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo la aplicación «abusiva y arbitraria» de esta ley por parte del Gobierno. La ministra ha asegurado que en 2004 el Ministerio culminó el deslinde del dominio público de acuerdo con la ley y en cuatro años «no creo que se haya producido ningún problema social de envergadura» en este sentido. «Me resulta cuanto menos sospechoso» que la plataforma acuse al Ejecutivo de arbitrariedad en este asunto y que lo haga «a pocas semanas de la celebración de unas elecciones generales», concluyó.