El Consejo de Ministros aprueba por sorpresa la detracción de derechos de emisión 2008-2012 enviada por Industria

Seguramente recuerden el pasado 16 de noviembre por la publicación en el BOE de la Orden Ministerial de Industria, que restaba a todas las eléctricas el valor de los derechos de emisión que sólo algunas habían recibido. Esta Orden Ministerial venía a desarrollar el R.D. 3/2006 en materia de lo establecido para la detracción de los derechos de emisión del CO2 que habían sido asignados en el primer Plan Nacional de Asignaciones.

El Ministerio decidió entonces justificar esta medida sobre la base de que los derechos de emisión, «recibidos gratuitamente por las empresas emisoras, producen el efecto de subir los precios en el mercado eléctrico, debido a que se ha demostrado que el comportamiento de los agentes es el de trasladar el valor de esos derechos de emisión a los precios finales. Ahora bien, el consumidor no puede sufrir un aumento de precio por algo que el Estado ha dado gratuitamente, en aplicación del Protocolo de Kyoto.» Esta es la misma justificación que aparece en el Real Decreto Ley aprobado hoy por sorpresa en todo el sector por el Consejo de Ministros y que ha sido remitido por el Ministerio de Industria, extendiéndolo al segundo Plan Nacional de Asignaciones 2008-2012, cuatro años más.

Lo que no se explica en las conclusiones del acuerdo del Consejo de Ministros es que los derechos de emisión sólo se regalaron a algunas instalaciones, mientras que la devolución de esos derechos se aplica a todas las instalaciones.

Este Real Decreto insiste en el procedimiento de la Orden Ministerial, por el que se aplicará a las tecnologías no contempladas en el régimen especial, es decir, que la energía solar, la eólica o la biomasa, que no han recibido derechos de emisión, no tendrán que devolverlos. Pero las instalaciones nucleares, que no emiten CO2 y por lo tanto no han recibido derechos gratuitos, o las hidráulicas, en la misma situación, sí estarán obligadas a devolver un importe del que no se han beneficiado, aunque Industria resalte que «han trasladado el valor de esos derechos de emisión a los precios finales».

Se calcula que el valor de esos derechos de emisión ronda los 1.100 millones de euros en 2006, aunque la cifra definitiva deberá establecerla la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y aún no había cerrado la distribución del año pasado, cuando se ha publicado este Real Decreto.

Por otro lado, esta decisión se ha tomado mediante la aprobación de un Real Decreto Ley, un procedimiento de urgencia que implica no contar con el Parlamento, las instituciones públicas como el Consejo de Estado o el propio Regulador del Mercado Energético, la Comisión Nacional de Energía. Parece poco comprensible la utilización de esta formula de restar el coste de los derechos de emisión para el período de vigencia del segundo Plan Nacional de Asignaciones 2008-2012, dado que invalida a éste como mecanismo medioambiental.