Las emisiones de CO2 del sector eléctrico bajan un 37% con respecto a 2007

La apuesta por las energías renovables y el incremento del coste de la tonelada de CO2 han hecho que no estén funcionando la mayor parte de las centrales de carbón, lo que ha permitido disminuir en el mes de junio las emisiones del sector eléctrico un 37,1% respecto a 2007.

Es lo que asegura el Observatorio de la Electricidad de WWF/Adena, que destaca que «durante el mes de junio se han conseguido los mejores indicadores ambientales hasta el momento, con Categoría B para las emisiones y Categoría C para los residuos radiactivos». Según la organización ecologista, esto se debe a que se ha quemado menos carbón que nunca desde 1995 y al hecho de que este recurso ha sido desplazado por otras fuentes energéticas, principalmente el gas y las energías renovables.

Así, las emisiones han disminuido un 37,1% y los residuos nucleares un 6%, y también se ha reducido la emisión de sustancias contaminantes como el SO2 y NOx.

Heikki Willstedt, experto de WWF/Adena en energía y cambio climático, ha señalado que «el hecho de tener paradas las centrales de carbón evita muchas emisiones de los contaminantes convencionales, como el dióxido de azufre y los compuestos nitrogenados». Estos elementos provocan, por ejemplo, la lluvia ácida y el ozono troposférico, que dañan la vegetación y la salud humana.

Según los datos de Adena, en lo que va de año no sólo se ha reducido la contribución del sector eléctrico al calentamiento global (-15%), sino también su contaminación del aire: las emisiones acumuladas de SO2 se han reducido un 28% y las de NOx un 16%.

No obstante, Willstedt ha destacado que «la cara negativa es que sigue aumentando a un ritmo alarmante la generación de electricidad. Por ello, WWF/Adena insta a un uso racional de la electricidad y recuerda que «ahorrarla es cosa de todos».

Las emisiones totales de CO2 del sector energético e industrial han aumentado un 3,8 por ciento en 2007 respecto al año anterior

Las emisiones totales de CO2 del sector energético e industrial han aumentado un 3,8 por ciento en 2007 respecto al año anterior, motivado principalmente por un descenso de la generación de origen nuclear que ha debido ser sustituida por energía procedente de combustibles fósiles.

Así se desprende del balance de los datos de las emisiones verificadas del periodo 2005-2007 de los sectores sujetos al comercio de derechos de emisión (que representan el 45 por ciento del total de los gases de efecto invernadero), que el Gobierno ha presentado en la Mesa de Diálogo Social.

En un encuentro informativo con los medios, la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, ha asegurado que ese incremento del 3,8% es «imputable casi en su totalidad» al sector eléctrico, responsable de más del 50% de las emisiones de los sectores afectados, que han registrado un aumento del 6,2 por ciento.

Esa subida se explica por un descenso del 8,4 por ciento en la producción de energía nuclear, que ha tenido un impacto de más de 3,5 millones de toneladas de CO2, que el Gobierno califica de «anormal» y justifica en las paradas técnicas y de recarga de las centrales programadas el año pasado.

Ribera ha reconocido que el dato del 3,8% no es bueno de manera aislada, pero ha valorado como positivo el hecho de que la mayor parte del incremento de la demanda (80 por ciento) fue cubierta con energías renovables, especialmente eólica. Estas energías, que generaron un total de 58.906 megavatios/hora en 2007, han supuesto un ahorro de 21,5 millones toneladas de CO2 en el «mix» energético español.

Además ha realizado también una lectura positiva del «estancamiento» de las emisiones que se ha producido en los sectores industriales, en un año en el que ha aumentado la producción.

El director general de Industria, Jesús Candil, ha destacado que estos datos ponen de relieve que la defensa del medio ambiente no está reñida con el desarrollo económico, y que no se ha producido ninguna afección a la competitividad, sino todo lo contrario.

En el conjunto de los sectores afectados, el Plan Nacional de Derechos de Emisión 2005-2007 ha representado una asignación deficitaria del 4,1 por ciento (diferencia entre las asignaciones y las emisiones). Ese déficit se concentra en el sector de la generación eléctrica (15 %), mientras que los sectores industriales y el de la combustión han emitido un 6,1% y un 22,5% menos de lo que el plan les asignaba.

Ribera ha destacado que el comercio de derechos de emisión ha funcionado «con total normalidad», ya que se han realizado un total de 2.070 transferencias -equivalentes a unos 200 millones de toneladas de CO2-, de las cuales un 50% se han hecho en el ámbito español, un 23% son salidas internacionales y el otro 27% restante son entradas de terceros países. A su juicio, estos datos demuestran que el comercio se ha revelado como una herramienta útil, que tiene un carácter incentivador, ya que los ahorros a los que induce el precio de la tonelada de CO2 son «significativos».

Respecto al actual Plan Nacional de Derechos de Emisión 2008-2012, Ribera ha asegurado que los parámetros actuales de ahorro y eficiencia energética unido a un incremento «espectacular» de las energías renovables «son plenamente coherentes con su cumplimiento».

España se aleja de Kioto aún más en 2007

Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en España en 2007 un 1,8% respecto al año anterior y alcanzan ya el 52,3% respecto a 1990 (año que el Protocolo de Kioto considera como base), según el informe Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España 1990-2007, presentado en rueda de prensa por Fernando Rodrigo, coordinador de la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO, y José Santamarta, director de la edición española de la revista World Watch.

Con este escenario es muy difícil cumplir el Protocolo de Kioto,
que permite a España un incremento del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.

Según las previsiones de CCOO, realizadas a partir del análisis detallado de las políticas adoptadas por el Gobierno y los escenarios contemplados en los diversos planes ministeriales elaborados en la pasada legislatura, para el periodo 2008-2012 las emisiones en España superarán en un 45% a las del año base.

No se lograría, por tanto, el objetivo previsto en el II Plan Nacional de Asignación (PNA), que contempla un 37% de incremento respecto al año base. De confirmarse esta tendencia, España –el país industrializado donde más han aumentado las emisiones- deberá acudir a los tres mecanismos de flexibilidad contemplados en el Protocolo de Kioto, lo que puede tener un coste de cerca de 4.000 millones de euros.

El aumento de las emisiones de los seis gases y para todos los usos en el año 2007 no puede imputarse a un año hidráulico relativamente malo, dado que la producción hidroeléctrica fue un 6,4% superior a la del año 2006.

El consumo de energía primaria aumentó en 2007 un 1,8%, aunque el consumo de carbón creció un 8,8% y el de gas natural un 4,3%, mientras que el consumo de petróleo, a causa del aumento de los precios, apenas creció un 0,7%.

El responsable de Medio Ambiente de CCOO, Fernando Rodrigo, ha señalado durante la rueda de prensa que los malos datos de emisiones afectan a todo el Gobierno y no sólo al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Rodrigo ha pedido a la ministra Elena Espinosa que convoque de manera
urgente el Consejo Asesor de Medio Ambiente y el Consejo Nacional del Clima “para que la sociedad civil conozca y debata las medidas del Gobierno para hacer frente al cambio climático, uno de los ejes de esta legislatura, según el propio presidente”.

Las emisiones de GEI de 2007 habrían sido mucho mayores de no haber sido por el desarrollo de la energía eólica que, en 2007, representó el 8,7% de la generación eléctrica, con un aumento del 16,3% respecto a 2006, y evitó la emisión de 26 millones de toneladas de CO2 si esa electricidad se hubiera tenido que producir en centrales de carbón.

Evolución de las emisiones por sectores

Por sectores, las emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España entre 1990 y 2007 han sido las siguientes:

Es el mayor responsable del conjunto de las emisiones, y el auténtico nudo gordiano, pues en 2007 representó el 78,7% del total, con un aumento del 63,4% respecto a 1990.

Las mayores emisiones se deben a la generación de electricidad y al transporte por carretera. En el transporte por carretera las emisiones están desbocadas, pues se han duplicado desde 1990 (crecieron un 97% entre 1990 y 2007).

Los procesos industriales distintos a la combustión, como la producción de cemento, industria química y metalúrgica, representaron en 2007 el 8%, con un aumento del 33% respecto al año base de 1990, inferior a la media.

Los disolventes y otros productos sólo representan el 0,3% del total, y han aumentado un 9% respecto al año base.

La agricultura y la ganadería representan el 10,6% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento del 14% respecto al año base, muy inferior al de los otros sectores
emisores.

Los residuos representan el 2,9% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento del 74% respecto al año base. Las emisiones de metano son las más importantes.

Propuestas de CCOO

Según CC.OO, tras el pequeño paréntesis de 2006, en 2007 las emisiones de gases de efecto invernadero han vuelto a aumentar. Para cambiar la tendencia, se debe implicar a todas las administraciones y agentes económicos y sociales y cambiar muchas de las políticas que se han venido desarrollando hasta ahora.

En este sentido, el sindicato considera las energías renovables, la eficiencia energética y el transporte sostenible son claves para prevenir el cambio climático.

Del mismo modo, el sindicato propone que para alcanzar los objetivos internacionales de reducción de emisiones se requieren no sólo políticas gubernamentales, sino la colaboración de todas las administraciones locales y autonómicas, empresas y agentes sociales, para avanzar hacia un modelo energético más eficiente y cada vez más descarbonizado.

Habrá que adoptar medidas de fiscalidad energética y mantener las primas destinadas a la cogeneración y a las energías renovables, así como aplicar y qen profundidad la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia en el horizonte 2007-2012-2020 y la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 (E4) que habrán de complementarse con nuevas actuaciones y medidas.

Será necesaria la aprobación de una Ley de Ahorro y Eficiencia
Energética como la que han presentado CCOO y otras organizaciones sociales, que siente las bases para limitar el despilfarro energético,
fundamentalmente en los sectores difusos, que es donde más está aumentando el consumo.

CCOO también pide que se apruebe una ley sobre energías renovables, que cree un marco legal básico estable para el desarrollo de este tipo de energías y que no esté sujeto a tantos cambios e incertidumbres.

El sector de la edificación debería también reducir sus emisiones.
Para ello de debería cumplir de manera estricta la normativa recientemente aprobada como el Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y la normativa sobre certificación energética. Además, es necesario un gran plan de rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, que incluya no sólo viviendas, sino también edificios industriales, de servicios y de las administraciones públicas.

En materia de transporte, aparte de favorecer a corto plazo los
vehículos híbridos y eléctricos, es necesaria una reorientación hacia modos de transporte más eficientes, como el ferrocarril, el transporte público y los modos no motorizados, y las actuaciones encaminadas a la gestión de la demanda y la moderación de la movilidad.

El ferrocarril debería elevar su participación tanto en mercancías
como en viajeros, pero para ello hace falta desarrollar inversiones
necesarias para mejorar el conjunto de la red, especialmente cercanías y
regionales.

CCOO y otras organizaciones hemos presentado una propuesta de Ley de Movilidad Sostenible que, entre otras medidas, contempla la obligación de poner en marcha planes de movilidad, tanto a nivel autonómico, como local y de empresas y polígonos industriales.

Según Ecofys algunos cambios en el comercio de emisiones bajarían los precios de electricidad

La introducción de algunos cambios en el sistema europeo de comercio de emisiones permitiría reducir entre un 30 y un 50 por ciento los precios de la electricidad, según un informe elaborado a petición de la federación internacional que agrupa a la industria más consumidora de energía (IFIEC).

El estudio, llevado a cabo por la consultora Ecofys, revela que los consumidores podrían ahorrar entre 55.000 y 83.000 millones de euros al año con la adaptación del régimen de Comercio de emisiones.

Bruselas propuso hace unos meses una revisión de ese sistema que, entre otras novedades, prevé la introducción gradual de un régimen de subasta por el que las instalaciones industriales deberán comprar los permisos necesarios para poder emitir CO2, derechos que ahora se conceden gratis. Se empezará con las empresas que puedan trasladar el precio a los consumidores, como las eléctricas.

Sin embargo, el informe realizado aboga por la exclusión de las eléctricas de la subasta y la concesión gratuita de los permisos en función de las emisiones actuales, en lugar de tener en cuenta las cifras históricas.

La industria altamente consumidora de energía denuncia que, según la propuesta de Bruselas, sean los consumidores quienes tengan que pagar al final el coste que implicará para las eléctricas la compra a partir de 2013 de los permisos para emitir CO2.

La IFIEC teme en particular que la revisión del sistema actual aumente aún más los precios de la electricidad.

Según el estudio de Ecofys, las modificaciones propuestas por la industria se podrían traducir en una bajada de entre el 20 y 30% en el precio del megavatio por hora para los consumidores industriales, lo que implicaría una reducción de entre 30 y 50% sobre las tarifas actuales.

Comisiones Obreras denuncia el incremento de emisiones en 2007

Comisiones Obreras considera que a España le va a resultar muy difícil reducir las emisiones de gases de efecto invernadero si el modelo de transporte sigue basándose en la construcción de grandes infraestructuras que favorecen el uso del vehículo privado. El propio presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido en el discurso de investidura que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas. También somos el que más alejado se encuentra del cumplimiento del Protocolo de Kioto.

Las emisiones de CO2 en el sector del transporte han aumentado en España en torno a un 80% desde 1990, mientras la industria lo ha hecho en un 40%, la mitad, aunque también muy por encima del 15% que nos permiten los compromisos de Kioto. Si no se da un giro claro hacia el desarrollo de infraestructuras que hagan más atractivo el transporte ferroviario -especialmente en los servicios regionales y de cercanías, que son los más usados por los trabajadores y los ciudadanos en general, así como en mercancías-, va a ser muy difícil reducir las emisiones en el sector del transporte.

Para que las emisiones en el transporte comiencen a reducirse es
imprescindible una reorientación en la construcción de infraestructuras y la puesta en marcha de políticas de movilidad sostenible a través de una ley como la que ha propuesto CCOO. Dicha ley debe incorporar planes de movilidad urbana, en polígonos industriales y en empresas. También se deben desarrollar sistemas de intermodalidad y de pacificación del tráfico, así como políticas urbanísticas que no favorezcan la dispersión residencial, que induce a una mayor movilidad en las áreas metropolitanas.

La construcción de autovías, además, no es muy intensiva en mano de obra, al realizarse predominantemente con maquinaria pesada. Para mitigar la pérdida de empleo que se está produciendo en el sector de la construcción CCOO propone, entre otras medidas, una adecuada orientación de la inversión pública para el desarrollo de planes de rehabilitación con criterios de eficiencia energética de viviendas y edificios públicos y privados. También debe haber planes de inversión en la construcción de vivienda protegida y en las infraestructuras y edificios que se precisan para el desarrollo de la ey de dependencia, así como para los centros educativos y sanitarios.

El sector de la energía aumentó en 2007 un 5% sus emisiones de carbono

Las emisiones de CO2 del sector eléctrico e industrial aumentaron en conjunto el pasado año algo más de un 3% respecto a 2006, según datos provisionales avanzados ayer por el secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri.

Anteriormente, la ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, había adelantado una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria del 0,3%, a falta de disponer de los datos de 6 ó 7 instalaciones de gran tamaño.

Aizpiri explicó que, a esa reducción anunciada por la ministra, había que sumar un incremento aproximadamente del 5% en las emisiones del sector eléctrico, en gran medida causado por factores meteorológicos, ya que la «extrema sequía» ha producido una baja producción hidroeléctrica y, por tanto, un aumento de la generación térmica.

Sin embargo, las emisiones de los sectores industriales no energéticos -que representan algo menos de la cuarta parte del inventario nacional de emisiones- se han reducido ligeramente o se han estabilizado, en un contexto de fuerte crecimiento económico y de fuerte crecimiento de la producción. Esto significa que la eficiencia energética de la economía española sigue aumentando, lo que supone que en conjunto en el sector eléctrico y el industrial las emisiones habrían aumentado un 3%.

El secretario general ha destacado que las emisiones en España van a seguir siempre un comportamiento de dientes de sierra, ya que la disponibilidad de recursos hídricos en nuestro país es muy variable. Por ello, según Aizpiri, «ni tenemos que echar las campanas al vuelo cuando un año llueve mucho y reducimos más las emisiones, ni tenemos que pensar que estamos fracasando si un año es muy seco y coyunturalmente hay más producción térmica».

No obstante, ha reconocido que «es más positivo reducir las emisiones que no que aumenten, aunque sea de forma coyuntural», y ha señalado que, si las medidas para reducir emisiones no son suficientes, «hay que poner en marcha medidas adicionales».

Los datos oficiales confirman que las emisiones de CO2 en España se redujeron un 1,7% en 2006, un tercio menos que lo comunicado inicialmente

Las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron en España un 1,7 por ciento en 2006 respecto al año anterior, según los datos oficiales que el Gobierno español ha comunicado preliminarmente a la Comisión Europea.

Medio Ambiente ha emitido una nota en la que corrige algunos datos difundidos por este departamento el pasado viernes, día 14, sobre las emisiones de efecto invernadero. Según esta cartera ministerial, se trata de la primera reducción de las emisiones de CO2, dato que debe ser inscrito en el favorable desarrollo del desarrollo del año meteorológico 2006.

Estos datos muestran una reducción menor que las cifras facilitadas en abril del año pasado en el Informe elaborado por el World Watch Institute de España y Comisiones Obreras. Casualmente, estos datos fueron así esgrimidos por el Presidente del Gobierno durante uno de los dos debates electorales entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, en apoyo de su gestión medioambiental.

La aprobación formal del Inventario de Gases de Efecto Invernadero de España la realizará la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su próxima reunión.

Este Inventario no solamente presenta los datos de los gases de efecto invernadero, sino que también contiene otros gases contaminantes que afectan a la calidad del aire. Así, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) se redujeron en 2006 respecto a 2005 un 7 por ciento; de dióxido de azufre (SOx), un 3 por ciento; y de los compuestos orgánicos volátiles (COV), un 2,5 por ciento.

Por su parte, el amoníaco (NH3), a pesar de la tendencia a la reducción en los últimos años, ha aumentado en 2006 un 4 por ciento respecto de 2005 como consecuencia de los procesos del sector primario, esencialmente la agricultura, según explica Medio Ambiente en su comunicado.

El año pasado se aprobó la Estrategia Española de Calidad del Aire y la nueva Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que, entre otras medidas, fija que si se superan los niveles de contaminación, las comunidades autónomas y ayuntamientos deberán elaborar planes de reducción que serán determinantes en los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio.

En estos momentos, las últimas cifras oficiales indican, por tanto, que el
nivel de emisiones hace dos años era un 49,35% superior al de 1990, es
decir, una diferencia de 34 puntos. El Ejecutivo preveía que las emisiones de 2008 superarían un 37% los niveles de 1990 (todavía no se conocen los niveles de emisiones de 2007), por lo que su estrategia consiste en cubrir la diferencia respecto con Kioto mediante la aplicación de los llamados Mecanismos de Flexibilidad (que cubrirían un 20%) y con el efecto positivo de los sumideros de CO2, básicamente bosques (el 2% restante). El coste de estas acciones rondará entre 2.000 y 3.000 millones de euros.

A partir de 2012, la UE prepara una estrategia que obligará a los sectores industriales a reducir al menos un 20% las emisiones respecto a 1990. En el sector difuso (vivienda, agricultura, transporte), no incluido en las obligaciones de Kioto, a España le correspondería una reducción de emisiones del 10% en 2020 respecto a los niveles de 2005.

Una cifra que el Gobierno considera que debería rebajarse, mientras que los ecologistas la critican por leve, dado que permitiría al país aumentar sus emisiones más del 30% en 2020, respecto a los niveles de 1990.

Los sectores más intensivos en consumo energético y emisiones consideran abusivo el Borrador de la Directiva Europea de Comercio de Emisiones

Varias asociaciones que representan a los sectores siderúrgico, químico, refino, papel, cemento, cal y derivados, cerámica y ladrillos y tejas han emitido un comunicado conjunto en el que advierten que las medidas propuestas por la Comisión Europea para luchar contra el cambio climático son incompatibles con la competitividad de la industria europea.

Las asociaciones participantes en esta iniciativa son ANCADE (Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España), AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, Pavimentos y Cerámica), ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón), FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española), HISPALYT (Asociación Española de Fabricantes de Ladrillo y Tejas), OFICEMEN (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España) y UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas). Sectores que, en conjunto, acumulan una facturación de ás de 100.000 millones de euros, generan el 20% del PIB de España y más de 500.000 empleos directos y que apoyan el objetivo de la CE de liderar los esfuerzos mundiales para combatir el Cambio Climático.

Según estas asociaciones, la única forma de combatir el cambio climático es mediante las soluciones que puede aportar la industria, y ésta sólo podrá aportar soluciones si es fuerte y competitiva. El sector industrial lamenta en este comunicado que sus argumentos no se hayan tenido en cuenta en la modificación del Borrador de la Directiva de Comercio de Emisiones, y asegura que ello tendrá un impacto negativo en los costes directos e indirectos que repercutirán en la industria.

Por otra parte, la industria advierte que la política medioambiental de la Comisión no proporcionará mejoras ambientales, pues sólo desplazará geográficamente los focos de emisión de gases de efecto invernadero, mermando la competitividad de la industria e incluso reduciendo la seguridad de suministro en industrias básicas como el refino del petróleo. Así, defienden que, mientras los países emergentes, que constituyen una seria competencia para estos sectores, no estén obligados a cumplir ocn objetivos equivalentes a los europeos, las industrias europeas reciban derechos de emisión gratuitos.

Por último, el comunicado señala que «es inadmisible para las decisiones de inversión y no es aceptable que los legisladores consideren la competitividad de la industria una prioridad de segundo orden». Y continúna señalando que en Europa es necesaria una estrategia satisfactoria de bajas emisiones de carbono y no «una ideología que dañe la competitividad de Europa».

Las emisiones de CO2 del sector eléctrico aumentaron un 5,5% en 2007, según WWF/Adena

Las emisiones de CO2 de las plantas de producción eléctrica de la España peninsular aumentaron durante 2007 un 5,5% respecto al año anterior, aunque la producción sólo aumentó un 2,9 por ciento, según los datos del observatorio de la electricidad de WWF/Adena.

La demanda eléctrica ha aumentado en lugar de disminuir, y se ha batido un récord en la generación de energía para la exportación, con lo que se ha llegado a producir 25.626.600 MWh de energía durante todo el ejercicio, ha explicado la organización en un comunicado.

En 2007, el 25,8 por ciento de la electricidad se generó a partir del carbón y el 24,4 por ciento a través del ciclo combinado o del gas; la energía de origen nuclear alcanzó el 19,7 por ciento del total, la hidráulica y la eólica un 9,4 por ciento cada una y la que tiene por origen otras fuentes renovables un 10,4 por ciento.

La ONG asegura que si el sector eléctrico hubiese mostrado una actitud más responsable, sus emisiones podrían haberse mantenido parecidas a las de 2006 o incluso inferiores y acusa a la Administración de no haber reaccionado a tiempo para reconducir la situación.

El pasado año, las emisiones de dióxido de carbono alcanzaron el 96,5 por ciento de la media liberada durante 2003-2005.

La organización destaca que la demanda eléctrica aumentó un 4,2 por ciento en diciembre respecto al mismo mes del año pasado y la exportación eléctrica, un 2,8 por ciento, mientras que las emisiones de CO2, se incrementaron un 49,8 por ciento.

Esto fue debido, afirma la organización, a la disminución en un 70 por ciento del aporte de la energía hidráulica respecto al mismo mes de 2006, con lo que se sitúa en su nivel más bajo en los últimos 15 años.
Sin embargo, el aporte de la energía eólica con respecto al mismo mes de 2006 aumentó.

España y Alemania no aceptarán perder el control nacional de las emisiones

España y Alemania, apoyados por Eslovenia y Letonia, han advertido a la Comisión Europea (CE) de que sus supuestos planes para que las empresas tomen el control de las políticas de energías renovables a través del comercio europeo de emisiones contaminantes son «inaceptables» para sus gobiernos.

«Hasta donde sabemos, la Comisión está considerando un esquema de comercio de emisiones entre compañías para facilitar la consecución de objetivos renovables», denuncia la misiva enviada al comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, por el ministro español de Industria, Joan Clos, y su colega alemán de Medio Ambiente, Sigmar Gabriel.

El Ejecutivo comunitario lanzará el próximo día 23 una nueva directiva para facilitar los objetivos de reducir un 20 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2020, y utilizar en esa fecha el mismo porcentaje de energías renovables, aunque ha eludido hasta ahora desvelar los detalles de su propuesta.

España y Alemania creen que si los países miembros tienen que alcanzar unos objetivos nacionales contra el cambio climático «deben tener en sus manos los medios, y no perderlos a través de un sistema paneuropeo».

Advierten de que tanto si el sistema de comercio de emisiones europeo es obligatorio como si es voluntario «pondría en peligro los actuales sistemas que en Europa garantizan los precios y el acceso a redes energéticas para empresas de energía renovable, como las granjas eólicas». También sería «contraproducente», a su juicio, para los propios objetivos de contaminar un 20 por ciento menos en el plazo de doce años.