«Al elaborar planes de rescate de la economía, nuestros líderes tienen la oportunidad de desarrollar medidas que estimulen la reducción de las emisiones de CO2 y, al mismo tiempo, crear muchos puestos de trabajo en los sectores de producción limpia«, declaró Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.

Según Pizzinato, si, por el contrario los líderes europeos, «con sus recetas abogan por un futuro de energía sucia y cara, los problemas actuales nos parecerán pequeños en comparación con la crisis climática a la que tendremos que enfrentarnos».

Para Greenpeace, la Cumbre del Clima de la ONU, que se celebrará en Copenhague (Dinamarca) el próximo mes diciembre, será una oportunidad histórica para que los líderes mundiales sienten las bases para prevenir un cambio climático devastador.

«La UE», sostiene la organización ecologista, «puede liderar este movimiento poniendo en marcha inversiones destinadas a recuperar la economía en los «sectores verdes» y comprometiéndose a ofrecer, al menos, 35.000 millones de euros al año para ayudar a las economías de países en vías de desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero; a proteger los bosques tropicales y a adaptarse a los efectos del cambio climático«.

Greenpeace propone que estos 35.000 millones de euros representen la parte que correspondería a la UE de un fondo total de financiación de 110.000 millones de euros que los países industrializados deberían poner a disposición de los países en vías de desarrollo. Parte de esta suma se financiaría con las aportaciones de las industrias contaminantes por sus emisiones de CO2.

Sara Pizzinato señaló que del total de 110.000 millones de euros, 30.000 millones al año se deberían destinar a detener la deforestación a través de un fondo de protección de los «bosques por el clima», 40.000 millones a ayudar a los países en desarrollo a emprender nuevas formas de desarrollo económico basadas en menores emisiones de gases de efecto invernadero y otros 40.000 millones para ayudar a los países más vulnerables a adaptarse al cambio climático.

Sin una inversión anual de al menos 515.000 millones de dólares en la producción de energía limpia, las emisiones de dióxido de carbono alcanzarán niveles considerados insostenibles por los científicos y que provocarán un aumento de dos grados en la temperatura global.

Así lo sostiene un informe conjunto del Foro Económico Mundial y la entidad New Energy Finance, cuyos expertos consideran que esa inversión debe empezar de inmediato y prolongarse hasta 2030.

La investigación considera que hay una serie de sectores emergentes productores de energía limpia a gran escala y cuyas infraestructuras deben desarrollarse en el futuro: la energía eólica, la solar fotovoltaica, la termosolar, la geotérmica, aquella producida con el reciclaje de desechos, el etanol, y los combustibles derivados de celulosa y de nueva generación.

Según los autores del estudio, en la actual crisis económica cada dólar que se gaste debe contribuir a desarrollar una economía de bajo consumo de dióxido de carbón, un esfuerzo que además puede ser un buen negocio.

El índice que reúne a las 90 mayores compañías de energía limpia muestra que su rentabilidad se elevó al 10 por ciento anual en los últimos cinco años, indica el informe.

El cambio climático es uno de los temas principales de la reunión anual del Foro Económico Mundial que se celebra hasta el domingo en Davos, donde los participantes debaten sobre cómo profundizar los esfuerzos para controlar ese fenómeno en medio de una crisis económica que acapara la atención y preocupación del mundo entero.

En los últimos años, las inversiones en energía limpia no sólo se han incrementado (pasando de 30.000 millones de dólares en 2004 a 140.000 millones en 2008), sino que se han diversificado geográficamente, con el mundo en desarrollo que atrajo el 23 por ciento del total de la financiación en 2007 frente al 13 por ciento en 2004.

El trabajo, publicado en la revista inglesa ‘Energy Policy’, pone en marcha una simulación en cuatro escenarios alternativos, a los que se han aplicado distintas medidas industriales y políticas que se podrían cambiar en la actualidad para conseguir la sostenibilidad en el sistema.

«El sector eléctrico es responsable de una parte importante del total de las emisiones de CO2, aproximadamente un 25 por ciento de los 370 millones de toneladas que vertimos a la atmósfera, afirmó el jefe del equipo científico, el ingeniero industrial Pedro Linares.

Así, los cuatro escenarios consideran los diversos aspectos del problema: crecimiento de la demanda, las tecnologías convencionales, las fuentes renovables en uso y las del futuro (biomasa, minihidráulica, eólica y solar térmica), la capacidad de inversión, el mercado de las emisiones, así como las directrices establecidas en el Plan Nacional de Reducción de Emisiones para Grandes Instalaciones de Combustión.

En cuanto a la tendencia de crecimiento de emisiones de CO2, si no se actúa contra el cambio climático, las simulaciones prevén que en 2020 los niveles respecto a 2020 se dupliquen.

Entre los escenarios ‘benignos‘ se consideran las políticas de promoción de ahorro energético y el desarrollo de las renovables, que implican un incremento de los precios de los derechos de emisión.

En medio del desierto del Sahara, en la región argelina de In Salah, se alza un enorme campo de explotación de gas natural convertido en un gran laboratorio para mitigar el efecto invernadero del planeta mediante una sofisticada tecnología.

Se trata del primer proyecto a gran escala de Captura y Almacenamiento de CO2 (CCS, en sus siglas en inglés) en un yacimiento de gas.

Según Mohammed Keddam, vicepresidente de In Salah Gas, el resultado de este experimento desarrollado por las compañías Sonatrach (Argelia), BP (Reino Unido) y Statoil (Noruega) es equiparable al que se conseguiría si se retiraran de la circulación unos 200.000 automóviles que recorren 30.000 kilómetros cada año.

Aunque aún está en una fase de verificación y control, el proyecto de 30 años, que se inició en 2004 tras un acuerdo alcanzado en 2001, es ya todo un éxito, dijo Keddam a un grupo de periodistas invitados a visitar la instalación. Considera que la tecnología debería aplicarse en otras instalaciones que liberan dióxido de carbono a la atmósfera, aunque reconoce que se requieren condiciones no siempre existentes, como la presencia de una reserva de gas «totalmente íntegra».

Mientras la Unión Europea (UE) analiza los riesgos de esta tecnología que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) quiere promover, unas 2.000 personas trabajan ya en ello a 1.700 kilómetros al sur de Argel, aisladas y protegidas con severas medidas de seguridad en el desértico paisaje.

A 170 kilómetros de la aldea más cercana y con temperaturas que en verano superan los 50 grados centígrados, horarios de doce horas seguidas todos los días, sin fin de semana, durante cuatro semanas, a las que le siguen otras cuatro semanas libres, a los trabajadores se les exige aquí un máximo de concentración. La instalación para capturar y reinyectar a 2.000 metros bajo tierra el dióxido de carbono requirió una inversión de 100 millones de dólares.

Demuestra, según el presidente de In Salah Gas, Michal Mossmann, que es «posible y económicamente aceptable» romper la cadena entre el uso de combustibles fósiles y el dióxido de carbono (CO2)».

Explicó que la UE exige que el gas natural importado no contenga más de un 0,3 por ciento de dióxido de carbono, pero el gas de la rica reserva de In Salah contiene una media del 7 por ciento de CO2, y ésa fue la razón decisiva para desarrollar este proyecto. «La otra opción hubiese sido liberar a la atmósfera el excedente de CO2 o no venderlo a Europa, pero decidimos capturarlo y almacenarlo bajo tierra», dijo Keddam.

Para ello, se utiliza un producto químico que absorbe el dióxido de carbono del gas natural, éste pasa luego por un proceso de deshidratación y queda así limpio para su exportación, mientras que el CO2 se reinyecta bajo tierra a alta presión. De acuerdo con los cálculos, el proyecto permitirá recuperar y almacenar así 10 millones de toneladas de CO2.

El año pasado, la Comisión Europea lanzó una iniciativa para «analizar los riesgos asociados» a cada uno de los aspectos de la captura, el transporte y el almacenamiento de dióxido de carbono, al considerarse una tecnología que podría reducir hasta el 90 por ciento del CO2 que producen las centrales generadoras de energía.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), abogó por el desarrollo de la CCS y, en el Foro Internacional de la Energía celebrado en Roma en abril pasado, pidió que se movilizaran los medios para su desarrollo. «En la captura y almacenamiento de carbono (CCS, en sus siglas en inglés) necesitaríamos construir al menos 20 plantas hasta 2020, con un coste de 1.500 millones de dólares cada una», dijo Tanaka en esa ocasión.

Para los dirigentes del proyecto sólo una sombra se cierne sobre el desarrollo de esta tecnología, pues entraría económicamente en riesgo con un barril de petróleo a menos de 30 dólares, una perspectiva que no se descarta en estos momentos de crisis y retroceso de la demanda de crudo.

Según ha comunicado Comisiones Obreras, de este acuerdo partirá la posición común que la UE llevará a la Cumbre del Clima que se esta celebrando en Poznan.

Al parecer, algunos sectores industriales han expresado su preocupación porque previsiblemente tendrían que incrementar sus costes, sobre todo cuando entre en vigor a partir de 2013 el sistema de subasta para la asignación de derechos, lo que les podría situar en una posición competitiva difícil respecto de industrias de otros países no desarrollados no sujetas a estas obligaciones.

Para ello, la propuesta de reforma de la directiva es la de establecer el sistema de subasta al 100% para la producción de electricidad, de asignación gratuita de hasta el 100% para las empresas de sectores sujetos a la competencia internacional y una reducción gradual de la asignación gratuita para el resto de los sectores industriales desde el 80% en 2013 al 0% en 2020.

Comisiones Obreras ha planteado, tanto en el Consejo Nacional del Clima como en las Mesas de Dialogo Social del Protocolo de Kioto, que en las negociaciones internacionales para un nuevo acuerdo post-Kioto se busquen fórmulas para que las industrias contaminantes de países emergentes estén incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión, lo que implicaría objetivos de reducción obligatorios o voluntarios por parte de esos países.

Por otra parte, la propuesta europea es «muy beneficiosa para España», según CCOO, puesto que los objetivos de reducción para después del 2012 que en nuestro caso es sólo de un -10% se computarían utilizando 2005 como año base, que es un año en que España tenía unas emisiones muy elevadas (+52%) respecto de las obligaciones acordadas en Kioto (+15%).