Las eléctricas recurrirán el Real Decreto Ley de detracción de derechos de emisión, según UNESA

El presidente de la patronal eléctrica UNESA, Pedro Rivero, explicó este viernes, durante una rueda de prensa posterior a la presentación de la «Prospectiva de Generación Eléctrica para 2030», que el Real Decreto-Ley de detracción de los derechos de emisión es «muy malo«, y que, si sale adelante tal como está planteado actualmente -es decir, si no se introducen enmiendas al texto en su tramitación como proyecto de ley-, «las compañías eléctricas lo recurrirán. Sería una irresponsabilidad no hacerlo».

Según Rivero, este Real Decreto tendría unos costes económicos para las empresas, así como unos costes medioambientales, muy importantes. UNESA pidió que se tramitase como un proyecto de ley para poder efectuar enmiendas posteriores.

Sin embargo, el pasado jueves, el presidente del Congreso, Manuel Marín, afirmó que no será posible introducir modificaciones en el Real Decreto-Ley, pues no queda tiempo para tramitarlo como proyecto de ley, ya que la legislatura termina el 14 de enero. La tramitación de esta norma como proyecto de ley permitiría efectuar modificaciones posteriores, a modo de enmiendas.

El presidente de la patronal recordó que la Orden Ministerial anterior, que es la que replica este nuevo Real Decreto, ya establecía la fijación de unos precios por megavatio (en una horquilla entre 42-35 euros/MW, que más tarde pasó a ser de 49 euros), por encima de los cuales se consideraría que el precio de los derechos de emisión asignados gratuitamente se trasladó al consumidor final. Es decir, cuando el precio de venta del MW/h subiese por encima de esos valores, se entendería que las compañías eléctricas estarían cobrando los derechos de emisión, percibidos gratuitamente por ellas, al cliente.

Según UNESA, «nadie sabe cuál sería el precio del mercado si no se hubieran asignado derechos gratuitos de emisión de CO2, así que no se puede decir que las empresas eléctricas han trasladado esos costes al cliente final».

Este Real Decreto introduce, en opinión de Rivero, una gran falta de confianza, así como inseguridad jurídica. Se trata de una ley contraproducente.

El presidente de UNESA también se refirió a la labor de la oposición en este proceso, de la que señaló que no había estado «especialmente brillante».

Recurso en Bruselas

Pero además del recurso en España, es probable que las eléctricas lleven este asunto ante las instituciones europeas. «No para hacer más ruido», señaló Rivero, «sino porque en España hay una serie de limitaciones legales para recurrir. Además, el Real Decreto de detracción de derechos de CO2 va en contra de las directivas comunitarias, y más concretamente, de la de asignación gratuita de derechos de emisión».