Teoría del enjuiciamiento

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El magnifico e inagotable libro “Uso de razón. Diccionario de Falacias” de Ricardo García Damborenea, trata en uno de sus apartados del enjuiciamiento. Es un hermoso texto que habla sobre el debate, el uso de la lógica y las formas de utilizar y evitar los argumentos falaces.

Uno de los apartados que desarrolla de forma muy inteligente, es el enjuiciamiento, como forma de discusión en la que se delimitan responsabilidades. Lo que denomina cuestión conjetural, ¿Quién?, cuestiones nominales (muy importante también) ¿Cómo se les denomina a los hechos?, cuestiones valorativas ¿qué es lo que se hizo bien o lo que se hizo mal?. Para concluir en una deliberación o en otra cuestión: cuáles son las consecuencias, como se deben ejercer las responsabilidades, en función de lo que se merecen a la luz de los hechos o para evitar que se vuelvan a repetir.

El debate en este caso es importante porque del esclarecimiento en la participación en los hechos se pueden derivar responsabilidades. Decimos que alguien es responsable (obligada a responder) cuando se le pueden pedir cuentas de los actos que realiza en nombre propio o de otros. Se trata de determinar tras ese proceso de enjuiciamiento, si el presunto responsable intervino voluntariamente en los actos bajo un determinado carácter y que su intervención fue significativa para el resultado, si transgredió voluntariamente normas, criterios o procedimientos establecidos o si su actuación es injustificable y que no se deben admitir sus excusas (transferencia de culpas, pretextar condiciones irresistibles, atribuir los hechos al azar, apelar a la ignorancia,…) en función de que puedan estar justificadas o no (justificados por ventajas alternativas, en virtud del orden, de la moral o alegando ‘el mal menor’). Finalmente, cuando no hay ninguna alternativa y no hay excusa, ni justificación, caben dos posibilidades: pedir perdón o rechazar al acusador.

Cada uno de estos estadios nos ubica en un momento diferente del debate sobre la responsabilidad y, consecuentemente, debe repercutir en respuestas o conclusiones alternativas. Si aplicamos toda esta teoría sobre el enjuiciamiento, el peor resultado que nos podría devenir en la situación del apagón de Barcelona que hoy empieza su trámite por el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, es que no se produjera esta disección de hechos y de responsabilidades con toda la seriedad y rigor que se merecen.

Que se reprodujeran rifirafes anteriores, el debate político con partidarios y detractores de unos y de otros (una vez aclarados los hechos y las responsabilidades, seguramente habría que desarrollar ese debate en sede parlamentaria). Que las explicaciones sean tan ‘naif’ como circunscribirse al ‘hecho causante’ o cualquier otra forma de no aclarar la realidad completa del grave incidente, sin simplificaciones (incluyendo los problemas denunciados en días previos e incluso las primeras versiones de los hechos). Que no se traten las causas cercanas y profundas de los hechos (y sus responsables). Que se determine porqué tuvo un impacto y una propagación tan masiva. Que no se aborden las responsabilidades de las distintas Administraciones y sucesivos gobiernos en la gestión de las inversiones en las redes de transporte y distribución. Que no se trate la repercusión de la configuración de Red Eléctrica de España como transportista monopolista único. Que se identifique el papel de cada una de las empresas, de Red Eléctrica como transportista y de la distribuidora Fecsa Endesa, en este caso. Qué se aclare si había responsabilidad en el mantenimiento de la red y de quién (además de las inversiones). Que se tomen las medidas regulatorias activas para que los distintos agentes, se dediquen y concentren a lo que debe ser su actividad, sin interferir en el funcionamiento de los mercados o de la regulación. Que se incida en sojuzgar a las empresas por la cercanía política más o menos próxima, más o menos explícita y más o menos presunta, y eso sirva para crear una película que difumine la realidad y sus formas.

La ciudadanía y la credibilidad de nuestro sistema exige respuestas transparentes y coherentes con la importancia del incidente. Todos las esperamos con la mayor agilidad.

De Plan Nacional de Asignaciones a Plan Nacional de Otorgamientos

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Existen distintas formas de concebir la acción política en una determinada materia, sea la política económica, industrial, social, de derechos civiles o la política fiscal. Una de ellas consiste en fijar un conjunto de reglas claras, coherentes, conocidas por todos, trasladarlas a la opinión pública, fomentar su cumplimiento y su inserción en la actuación de los agentes económicos y sociales. A veces esas reglas claras, coherentes implican una labor de gestión importante: transformar la realidad, crear mercados, configurar operadores dispuestos y con incentivos para ponerse ‘manos a la obra’, cambiar el comportamiento de los existentes, gestionar las resistencias y presiones, negociar para llegar a un objetivo indiscutible, redistribuir recursos, en suma aplicarse a fondo en incorporar una política a la realidad. La clave está en la capacidad (y la voluntad), los medios humanos y el capital político de que se dispone de la que se dispone para realizar esa transformación.

Cuando las reglas no están claras, o son contradictorias y resultan fruto de los equilibrios y de la pura gestión de las presiones o los intereses, sin mediar objetivos políticos sólidos, públicos, definidos, nos encontramos en que las normas regulatorias, que son volubles, interpretativas, inseguras y, por ello, erosionan la confianza de los agentes. En ese momento, la acción política se sustituye por el pactismo, las acciones se tornan en imprevisibles e, incluso, contradictorias, y los distintos agentes sólo pueden intentar influir para ponerse a cubierto de las diversas invectivas regulatorias y proteger sus intereses en virtud de una ‘gestión conjunta de sus derechos’ frente a la Administración. Se crea una justicia parcial (una injusticia) de la que nadie sale beneficiado en el largo plazo.

Esa cuestión subyace detrás del segundo Plan Nacional de Asignaciones español (y también del primero y sus derivaciones). En primer lugar, es incoherente con las ‘grandes-líneas- políticas-del-Gobierno’: la presentación de una política que ‘garantiza más que ninguna hasta el momento la protección del medio ambiente’, en la que seríamos tan avanzados como en la regulación de los matrimonios homosexuales o las leyes para luchar contra la violencia de género. La envidia de Europa, vamos. Pero la realidad es bien diferente.

En segundo lugar, y en un plano de mayor detalle, porque discrimina en el ámbito de la electricidad a unos sectores sobre otros (la generación mediante centrales térmicas de carbón frente a los ciclos combinados, en beneficio de los primeros). Y, ¿cómo lo hace?: modificando las metodologías de cálculo de asignaciones. En el primer caso, utiliza la emisión media de las actuales instalaciones y en el segundo, la ‘mejor tecnología disponible”, primando, además, a las instalaciones que tienen determinadas características (uso de carbón nacional, instalación de sistemas de desulfuración) y provocando un efecto expulsión de derechos asignables para el resto de tecnologías Además, para del denominado factor de utilziación, se utiliza para ello un balance intensivo en carbón, con utilización de las instalaciones de más de 5.000 horas, frente a los ciclos combinados que se aplican entre 2.500 y 3000 horas anuales.

Todo ello consigue que a través del Plan Nacional de Asignaciones se prime (se asignen más derechos) a las tecnologías que más CO2 emiten. En conjunto, se otorgan tres veces y media más derechos a las instalaciones térmicas de carbón que a los ciclos combinados, la proporción más alta de Europa y mayor diferencia que en el anterior Plan Nacional de Asignaciones (es un indicador de la acción gestora para transformar la generación eléctrica en nuestro país).

De esta forma el Plan Nacional de Asignaciones se convierte en un instrumento de política energética, incoherente también con la propia Planificación Energética 2002-2011, aprobada por el Consejo de Ministros, junto con la definición del PNA, y pervirtiendo su papel como mecanismo de política medioambiental para generar subvenciones entre sectores energéticos. Todo lo contrario a lo que debe se su objetivo, como elemento de regulación: la reducción del CO2 (más allá de las ganancias coyunturales debido a la climatología favorable y mayor hidraulicidad). Por eso debería cambiar su denominación a lo que en ‘clasico lenguaje administrativo’ es el procedimiento para otorgar o conceder una subvención, con el añadido de la promoción (plenamente descubierta por la Comisión Europea) de unos sectores frente a otros. Así podría pasar a llamarse Plan Nacional de Otorgamientos.

El próximo día 25 se cierra el plazo de alegaciones y la segunda versión del Plan Nacional de Asignaciones, la aprobada por el macro Consejo de Ministros sobre cambio climático, tras la ‘pillada de la Comisión Europea’ no ha enmendado las objeciones en este sentido. Sería razonable que antes de volver a enviarlo a Europa, se revisen suficientemente su contenido para evitar una sorpresa, incluso jurídica desde cualquier instancia. Y, en paralelo, no hacer incoherencias o envío de mensajes falaces, ni a los agentes, ni a los ciudadanos.

(Por cierto, si luego además, cuando llega la liquidación de la tarifa -y del déficit tarifario consecuentemente-, se reparte su ‘a pachas’ en función de la generación total o de las casaciones de oferta, tampoco hemos hecho nada).

Cambio climático, apagones y dobles mensajes

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La comunicación tiene unos componentes perversos muy particulares. En realidad, es una actividad humana que tendría que servir para mejorar y consensuar el nivel de conocimiento sobre la realidad. Lo que pasa es que en determinadas ocasiones su utilización puede servir para trasladar públicamente lo contrario de lo que se está pensando o haciendo. Un ejemplo claro es cuando un entrenador pierde un partido de fútbol un domingo y el lunes, el presidente del equipo dice a los medios de comunicación que le ratifica en el cargo y que tiene toda su confianza. Esa acción pública quiere decir (transparenta) que le queda una semana más en el banquillo del equipo, antes de recibir su cese. Si esa semana gana, en el siguiente partido que pierda el equipo se pruducirá el cese fulminante.

Algo parecido pasa en determinadas cuestiones con respecto a la política energética (y su relación con el medio ambiente, especialmente). Ayer tuvo lugar una rueda de prensa del Secretario General de Energía, Ignasi Nieto y del Secretario General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri con motivo de las medidas (urgentes) del gobierno en materia de cambio climático, en lo que se ha venido a denominar plan medioambiental del gobierno.

Esa diferencia entre lo que se hace público y lo que se actúa es la que media en el hecho de que la distribución de derechos de emisión multiplique por tres (en la proporción más alta de la Unión Europea) en las centrales de generación por carbón, de las centrales de ciclo combinado. O que se censure por parte de la Unión Europea esta situación y que se utilicen en exceso en determinados sectores los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). O que la detracción de derechos de emisión en el sector eléctrico se homogeneice y se distribuya ‘a pachas’, no como un instrumento de política medioambiental, sino como un instrumento de negociación sectorial. O que hayamos vuelto a los momentos de la inseguridad jurídica a cuenta de las ultimas ‘correcciones de errores en el decreto de energías renovables’, cuyas negociaciones, textos y coeficientes, fueron objetos de declaradas divergencias entre lo que se negociaba y lo que se trasladaba a los papeles. Entre los objetivos políticos del gobierno y sus acciones.

La rueda de prensa también sirvió para conocer, ocho días más tarde, la visión del Secretario General de Energía en torno al apagón de Barcelona. En esta ocasión, fue mucho más prudente en sus afirmaciones, frente a otros momentos en que su posición respecto de la Comisión Nacional de Energía y su Consejo de Administración era mucho más beligerante. Por otra parte, hay que recordar la responsabilidad del propio Nieto al frente del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), antes de incorporarse como Director de Regulación de la CNE y como Secretario General de Energía, después. Seguramente, tantos incidentes en las correcciones de errores de estos últimos días (que según los medios sorprendieron al propio Secretario General de Energía ¿?), han impedido su necesaria posición activa en este incidente, ocurrido en las redes de Barcelona y que era de todo punto previsible de acuerdo a sus responsabilidades presentes y pasadas.

¿Quién estará mañana en la visita al lado del presidente del Gobierno?. En suma, que el pensamiento va por un lado y la acción va por otro.

¿Quién tiene las manos azules?

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Una de las tácticas que tienen los progenitores para señalar los causantes de las travesuras infantiles es asegurarles que el culpable de la fechoría tiene las manos azules. Y, a posteriori, preguntarles ¿quién tiene las manos azules?. La consecuencia es inmediata, el convencido culpable se mira en un gesto automático, con las palmas de las manos levantadas hacia sus ojos delatándose ante los demás.

Por eso la comparecencia de ayer en el Parlamento español del Ministro de Industria en torno al incidente de Barcelona, las reacciones del tripartito y la propia entrevista que publicaba el diario “El País” a Luis Atienza, ofrecían actos reflejos, tics, para preparar el futuro del resultado de las investigaciones sobre las causas y responsables de lo acaecido en Barcelona. Así, Clos defendió que Red Eléctrica con el PSOE había duplicado su inversión (recordemos que Red Eléctrica es una empresa ‘privada’, aunque con presidente decidido por el gobierno correspondiente). Atienza, por su parte, afirmó que ‘las eléctricas habían dado un espectáculo lamentable’ en este incidente. Finalmente, la reacción del tripartito atribuyó a la falta de inversiones de Fecsa-Endesa a la estrategia para eludir la OPA de Gas Natural. Con independencia de la perversidad política que hay detrás de una afirmación así, transparenta una lógica política pseudoprogresista, basada en que lo público aunque ‘pluscuamprivatizado’ siempre es mejor que las empresas privadas. Por tanto, la estrategia defensiva de la política y las administraciones catalana y central colocó a cada uno en su sitio político, en sus posiciones y alineaciones.

Hay que partir de tres hechos de lógica económica. En primer lugar, las distribuidoras tienen un interés (legítimo y económico dada su actividad) en garantizar la calidad del consumo de los usuarios (facturable por tanto). En segundo lugar, las propias distribuidoras venían realizando inversiones muy importantes en las interconexiones entre la red de transporte y la red de distribución, con tendidos de 220 kV, que han sido eliminados en la reciente reforma de la Ley del Sector Eléctrico, por las presiones de REE. En tercer lugar, porque los problemas de la red de transporte de electricidad en Cataluña, datan de hace mucho más tiempo que dos años, como es público y conocido. Y, finalmente, por la propia inversión que han hecho las empresas privadas a partir de los mecanismos de mercado en capacidad de generación las eléctricas (que han duplicado la capacidad instalada de nuestro país, no la inversión anual, dos conceptos muy diferentes si se explican bien).

En este contexto hay que analizar como Red Eléctrica de España es una empresa privatizada, con reminiscencias de su pasado público, pero que actúa en un modelo ‘sin clientes’, bajo la óptica de la planificación y no del mercado. Sus ingresos provienen de la retribución regulada por la autoridad de sus activos, lo cual condiciona incluso las formas de respuesta ante estas situaciones y sus focos de preocupación, sobre todo en lo que se entiende por responsabilidad en términos jurídicos. De ahí, las pretensiones más o menos explícitas de convertirse en transportista monopolista único o sus pretensiones más o menos soterradas de promover una integración con Enagás. Recentrar a Red Eléctrica en su cometido es una tarea que compete al Ministerio de Industria. Su capacidad de condicionamiento de la regulación y de los agentes (y del funcionamiento eficiente del mercado, por tanto) y del acceso de determinadas tecnologías ha sido evidenciada y cuestionada públicamente, tanto por empresas del sector, como por un número importante de expertos.

Tampoco compete a Red Eléctrica hacer campañas para hacer un uso racional de la energía, de forma que no se sobrecarguen las redes (muy justas e incluso insuficientes en varias zonas de la península), incluyendo los versos atribuidos a su Presidente. Así, Red Eléctrica en este año ha impulsado una campaña para la sensibilización ciudadana sobre el uso del aire acondicionado de forma que se pudiera moderar el consumo energético de verano. La actividad de Red Eléctrica se debe circunscribir al hecho de invertir en tender redes para el transporte de electricidad y ser muy eficiente en ello.

Por ejemplo, imagínense que son ustedes el restaurante en el que se celebra un banquete de bodas y hacen una campaña entre los invitados para concienciarles de que el marisco es malo para el colesterol o que los dulces producen diabetes. Por tanto, la voracidad de los consumidores no exonera a Red Eléctrica de la misión de construcción de nuevas redes de transporte de electricidad, que según todos los expertos no alcanza las necesidades derivadas del crecimiento en la capacidad de generación y de consumo, en nuevos kilómetros de red.

Por eso, y por encima de lo beatífico de intentar involucrar con un ‘mea culpa’ a todos en estos problemas, es preciso, recentrar el papel de Red Eléctrica, situar en sus justos términos de equilibrio su capacidad de influir en la regulación, en el acceso de las tecnologías de acuerdo a la política energética y requerir la capacidad gestora y de inversión para responder a las necesidades de la evolución del mercado, de la generación y el consumo.

Y, en el caso de Barcelona, investigar y dar transparencia al máximo y hasta el final, para identificar las causas cercanas y profundas del incidente, que se explique el por qué no intervino ningún mecanismo para evitar la propagación a la red de alta tensión y que el apagón se extendiera con unas consecuencias devastadoras para la ciudad. Los ciudadanos merecen explicaciones claras y respuestas.

Con las indemnizaciones y las multas no termina el incidente de Barcelona

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Barcelona sigue sumida en las consecuencias del apagón del lunes de la semana pasada, derivado del grave incidente en su red de transporte de electricidad. Hay barrios y zonas que pierden el suministro en algunas ocasiones y mantienen una situación de provisionalidad en la ciudad condal, impropia de una gran urbe industrial y empresarial, la segunda del país. Un apagón que va a mantener los generadores por la ciudad durante varios meses, incorporándose al paisaje urbano casi hasta las próximas elecciones generales (el peor de los escenarios posibles). En privado, miembros del Partido Socialista, confiesan que la situación en los servicios públicos en Catalunya, y en concreto, en Barcelona, puede ser muy contraproducentes ante la próxima cita electoral. Preocupación que invade al equipo del Ministerio de Industria y al de la Generalitat, sobre todo por sus consecuencias políticas. Evidentemente, al parecer, todo gobierno tiene su ‘Carmel’ a cuestas.

Se anuncia que los usuarios van a comenzar a percibir las indemnizaciones (entre 60 y 300 euros) y el ex Ministro de Industria y actual Presidente de la Generalitat José Montilla, anuncia multas de 30 millones de euros para las empresas responsables. Un aviso que ha puesto con las espadas en alto a las dos empresas involucradas en el incidente, pero una y otra cosa (indemnizaciones y multas) no deben terminar con este incidente en el seno de la opinión pública, como si fuese una ‘serpiente de verano’ en el argot de los medios de comunicación. Unidos al apagón, persisten problemas de fondo en las redes de transporte eléctrico en Catalunya (que junto al transporte ferroviario y en otros servicios públicos, conforman un panorama pavoroso) que deben ser afrontados y gestionados en serio, y seguramente, Montilla deberá actuar con la mayor ejecutividad para que esto que ha pasado no se vuelva a producir.

La CNE investiga el incidente

Lo que sí parece claro es el enfrentamiento abierto entre la empresa distribuidora Fecsa-Endesa y Red Eléctrica de España. En una situación como esta con fuertes indemnizaciones y multas en juego, la resolución de esta cuestión promete que no será pacífica. En la resolución también jugará, la Comisión Nacional de Energía, presidida por Maite Costa, que se reunirá el próximo 23 de agosto para valorar el estado de las investigaciones y la posible determinación de responsables al respecto, en el marco del expediente abierto por el organismo. Por otra parte, el hecho de que hasta la esposa del presidente argentino Cristina Fernández de Kirchner haya ironizado sobre el asunto, no debería dejar tranquilos a las autoridades españolas, más bien debe ser signo de preocupación.

En el caso que nos ocupa del incidente en la red de transporte de Barcelona, hay que analizar el origen de los problemas y como puede propagarse con esa facilidad y voracidad, sin que existan o actúen mecanismos que frenen o mitiguen el impacto y el alcance de estos ‘incidentes’. Con la mayor transparencia, se deben identificar la relación entre las causas cercanas y profundas del incidente, las responsabilidades del mismo y amortiguar sus consecuencias para los consumidores y usuarios con la mayor celeridad. Y, al mismo tiempo, se deben poner todas las medidas para que no vuelva a suceder, haciendo un diagnóstico claro y certero de la situación. Y de sus soluciones.

Fin de curso en energía –2

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De fuerte cuestionamiento podríamos calificar la política energética española desde distintas instancias empresariales e internacionales, incluida la Unión Europea. Una situación sin precedentes dados los beneficios de la economía española de su incorporación al mercado europeo. Por otra parte, las relaciones internacionales en el ámbito de la energía a nivel corporativo con E.On, Enel, Sonatrach, etc… también han recibido fuertes críticas en este período. La inseguridad y provisionalidad regulatoria están empezando a hacer mella en un sector cuyas actuaciones y actividades requieren reglas claras, transparentes y de largo plazo, dado el volumen y duración de sus inversiones. Continuamos con el repaso de temas de estos nueve meses en materia de política de la nueva Administración energética surgida tras la salida de Montilla.

-La Comisión Europea mete el dedo en el ojo en el estado del mercado y de la regulación en España.

La Comisión Europea emitió un informe en el que daba cuenta de las importantes diferencias y críticas que se formulan desde las autoridades europeas al comportamiento de las autoridades y marco regulatorio energético español. El texto tiene un tono muy directo y hasta ahora desconocido en las afirmaciones que se realizan sobre el sector y las autoridades españolas y repasa de manera minuciosa todos los aspectos destacables en el plano regulatorio y del mercado energético en España, desde las tarifas por debajo de costes, la configuración del mercado, los Costes de Transición a la Competencia, el comportamiento de la CNE y el Ministerio de Industria, hasta la propia OPA de E.ON a Endesa, entre otros. El informe concluía como “En España, las decisiones de política energética son determinadas por consideraciones estrictamente políticas más que por una política energética a largo plazo.”

Además, la Comisión Europea decidió iniciar un procedimiento de infracción por las condiciones a la OPA de E.ON sobre Endesa, al considerar que España atentó contra el mercado único y la libertad de establecimiento.

– Crece la incertidumbre regulatoria

El conflicto con las empresas eólicas a cuenta de la modificación del régimen retributivo buscando la retroactividad en el R.D. 436/2004, la modificación de la retribución de los activos regulados gasistas (con un impacto fuerte en las cotizaciones de Enagás y Red Eléctrica), son dos ejemplos de un modus operandi regulatorio: dejar los coeficientes a negociación y modificación, sin utilizar mecanismos de cálculo que los respalden. Luego si aparecen ‘sorpresas’, se corrigen.

Fuentes del sector comentan el fuerte deterioro en la calidad regulatoria procedente del Ministerio de Industria. De hecho, el R.D. 661/2007 tendrá corrección de errores y corrección a la corrección de errores, a cuenta de una previsible modificación de los plazos que operan desde que la Comisión Nacional de Energía indica que se ha cumplido el 85 % de los objetivos previstos en materia de instalación de energía fotovoltaica, para evitar la elevación de sus costes en la factura de las primas a este tipo de energía. Desde distintas instancias se señala la ausencia de Memorias Económicas en los proyectos normativos, la utilización excesiva del decreto ley con cuestiones que no llegan a entrar en vigor incluidos y como se regulan cuestiones como la participación de la CNE en las tarifas y no en la reforma de la ley del sector eléctrico que ha tenido lugar con motivo de la transposición selectivas de las Directivas Europeas.

Además, el Ministerio de Industria demora la elaboración de las órdenes ministeriales para la titulización del déficit tarifario, con interpretaciones en términos de tipos de interés de referencia y contenidos contradictorios, provocando una situación sin precedentes entre las entidades financieras y las empresas eléctricas.

– La independencia de la CNE consiste en más trabajo y funciones de gestión y supervisión

Ignasi Nieto anticipó que la CNE elaborará a partir del año que viene la propuesta de modificación periódica de las tarifas eléctricas, una cuestión que no se incluyó en la propia reforma de la Ley del Sector Eléctrico y que se reguló en la modificación de tarifas operada en el mes de julio. Consideró que la elaboración de estas propuestas refuerza la independencia del organismo. El papel de la CNE en las subastas de energía eléctrica y emisiones, en los controles en materia de biocarburantes y en los nuevos requerimientos de seguimiento y supervisión del régimen especial aumentan las actividades de control y gestión del organismo.

Por su parte, la relación entre el Ministerio de Industria y la CNE se ha visto salpicada por varios incidentes con motivos de la devolución de los informes de tarifas y de renovables muy críticos con las propuestas de Industria. Y, también por la desautorización del organismo regulador con motivo de los recursos planteados por las empresas a las decisiones del organismo. La CNE no ha conseguido en la reforma del sector eléctrico mayores niveles de independencia, en lo que se refiere a elección de sus miembros y su presidencia, capacidad de ser ultima instancia en sus dictámenes (sigue subdordinada al Ministerio de Industria) o en sus cometidos.

– El déficit tarifario y las emisiones de CO2 disminuyen gracias a la climatología

Un invierno más cálido y un verano con temperaturas menos extremas, hacen que disminuya la demanda de energía y aumente la generación hidráulica. Un balón de oxígeno para la evolución de las emisiones de CO2, para el precio del kilowatio y para la factura eléctrica, gracias a una mayor hidraulicidad y la menor demanda.

– Un ministro intuitivo en las operaciones corporativas de Endesa

Clos anunció en la Cadena Ser que habría una solución feliz en medio de la OPA que la empresa alemana E.On había lanzado sobre Endesa. Esa misma tarde se conoció que Acciona y Enel lanzarían una OPA por la energética española, en la que la sombra de la sospecha de la intervención del Gobierno en muñir esta alianza no acaba de despejarse. Por su parte, la Comisión Nacional de Energía cuestionó en dos de sus decisiones la titularidad del gobierno italiano y las limitaciones al gobierno corporativo de la empresa. En el caso de las condiciones fijadas cuando Enel solicitó participar en Endesa, a fin de valorar la participación del estado italiano en la compañía y sus posibles limitaciones por este motivo de acuerdo con el denominado Decreto Rato, el gobierno retiró las condiciones de este organismo regulador.

– Industria cede ante Sonatrach con facilidad

La Comisión Nacional de Energía fijó siete condiciones al proceso de solicitud de Sonatrach para elevar del 20 al 36 % de su participación en el consorcio Medgaz, que promueve un gasoducto submarino entre Argelia y España. El Ministerio de Industria, por su parte, eliminó cinco de esas siete condiciones. Tras una reunión entre el Ministro Clos y el representante de la empresa, Chakib Jelil, Industria redujo a dos las condiciones y con matizaciones sobre el dictamen del organismo que dirige Maite Costa. La presidenta se apresuró a defender en los medios que la configuración final de las condiciones establecidas por el Ministerio mantenía la esencia de la decisión del consejo de Administración del organismo, mientras Gas Natural y políticos catalanes expresaban su fuerte contrariedad por estas decisiones.

– Plan Nacional de Asignaciones y Derechos de Emisión

El segundo Plan de Asignaciones (ésta no es una cuestión que depende del Ministerio de Industria, sino del Ministerio de Medio Ambiente) multiplica por tres los derechos que concede a las instalaciones de generación de carbón frente a las de ciclo combinado. Una cuestión, la asignación gratuita de derechos, que a posteriori, se ve afectada también por el procedimiento de detracción de los mismos (esto sí es de Industria). El Plan Nacional de Asignaciones fue criticado por la Unión Europea por su falta de equilibrio y por su utilización excesiva de los Mecanismos de Desarrollo Limpio en determinados sectores.

Así, en el año 2006, la ultima propuesta se basaba en la disminución del importe de estos derechos a las empresas, de forma generalizada. En conjunto, se denuncia la contradicción entre las expresiones de la política medioambiental y el comportamiento en el sector energético, de forma que se prima a las tecnologías más contaminantes, bajo el principio «el que contamina, cobra».

Fin de curso en energía -1

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La salida del Ministro Montilla se saldó con la incorporación del ex alcalde de Barcelona Joan Clos como Ministro de Industria. Simultáneamente, la dimisión del anterior Secretario General de Energía, Antonio Fernández Segura, supuso la incorporación del hasta ese momento Director de Regulación de la Comisión Nacional de Energía, Ignasi Nieto a ese puesto. Una gestión muy controvertida y criticada desde distintos puntos de vista, tanto que desde los ámbientes financieros y empresariales se califica de muy mala. Hacemos un repaso balance final de curso de la misma, pero la inseguridad regulatoria, lo único constante paradójicamente en la actuación Ministerio de Industria, arroja unas calificaciones muy bajas para el equipo de energía.

– El incidente en las redes eléctricas más grave de los últimos años se produce en Barcelona

Empezando por el final de este período, Barcelona, segunda ciudad del país, quedó sumida en un caos por una avería que se propagó de las redes de baja tensión a las redes de alta tensión. Se trata del apagón de mayor duración y con mayor afectación de usuarios finales en mucho tiempo de nuestro país. El ritmo lento en la construcción de redes de transporte de electricidad tanto para atender los incrementos en la generación como para llegar a los puntos de consumo, la situación de las redes eléctricas en Cataluña y el proceso de traspaso de las redes de 220 kW de las distribuidoras, son el contexto de esta gravísima situación que ha provocado una indignación social considerable en la ciudad condal y una convulsión política considerable en los círculos catalanes.

– Red Eléctrica ya es monopolio único en la red de transporte

La aprobación de la Ley de Reforma del Sector Eléctrico consagró a Red Eléctrica de España como transportista único en todo el territorio nacional. Por otra parte, de forma unánime el sector reconoce la cada vez mayor influencia del transportista en la regulación energética, condicionando el acceso a la red, la incorporación de determinadas tecnologías a la red. La relación entre Luis Atienza y el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (que ya ha visitado en dos ocasiones Red Eléctrica) según fuentes del sector, es un elemento para comprender esta anómala situación.

– El Gobierno resuelve la tarifa por la vía política

Dos veces, dos, las que el Gobierno ha determinado la evolución de la tarifa eléctrica bajo criterios políticos, orillando las propuestas del Ministerio de Industria, de la Comisión Nacional de Energía y del Ministerio de Economía. En diciembre y en julio, en su primera revisión del 2007, que a partir de este momento tendrá carácter trimestral. Ya se ha anticipado por parte de las autoridades políticas que no habrá nuevas subidas de tarifa hasta diciembre, lo que teniendo en cuenta el período preelectoral abierto hace suponer que esta cuestión pasará de puntillas en la agenda de los reguladores. Por su parte, la no subida de las tarifas domésticas ha tenido su contrario en la elevación de las tarifas industriales, quienes han visto una forma de compensar la nueva regulación de gestión de la demanda, que mantiene una diferencia sustancial entre el precio del MW para los consumidores y las grandes industrias, a partir de la definición de los servicios de interrumpibilidad. Los más perjudicados las empresas e industrias que no pueden acogerse a las tarifas de grandes consumidores.

– El déficit tarifario ya es ex ante

La peculiaridad del sistema eléctrico español, el déficit tarifario (una formula para que los usuarios paguen a largo plazo, catorce años, los costes de generación que la tarifa no absorbe anualmente) será a partir del año 2007, ex ante. Es decir, se reconoce su montante antes de que se produzca. La creatividad en materia de productos financieros, incluso en el consumo eléctrico, crece sin cesar, bajo la fórmula ‘consume ahora, paga después’.

– El conflicto con las renovables desgasta al Ministerio de Industria y sigue generando incertidumbre regulatoria

El conflicto con el sector eólico a cuenta de la modificación del R.D. 436/2004, tuvo como fondo un duro enfrentamiento entre la Secretaria General de Energía, muy prolongado en el tiempo, cuya base era la pretensión de Industria de conseguir la retroactividad del anterior decreto. El resultado final el R.D. 661/2007, que establece un período transitorio muy largo, parece haber satisfecho en un primer momento los intereses del sector que, en todo caso, denuncian la falta de estabilidad regulatoria: cada cuatro años podrá modificarse desde cero su régimen retributivo. El cambio en el Decreto de las renovables que ahora podría afectar a la industria fotovoltaica amenaza nuevamente una situación de inseguridad jurídica y regulatoria, recortando el período para elegir régimen tarifario.

– Un decreto para forzar el carácter presidencial de la Comisión Nacional de Energía

El Ministerio de Industria promulgó el R.D. 1204/2006 que buscaba ‘presidencializar el organismo’ otorgando más poderes a la presidencia, que en estos momentos es ostentada por Maite Costa. El Real Decreto configuraba una tríada ejecutiva y erosionaba las funciones y ámbitos de decisión de los miembros del Consejo de Administración. El decreto ha sido recurrido por tres consejeros de la Comisión Nacional de Energía y prosigue su trámite ante el Tribunal Supremo. El Ministro de Industria, Joan Clos, prometió a dos consejeros José Sierra y Carmen Fernández Rozado que esta situación se resolvería en breve, mientras ordenó interponer recurso para buscar su inadmisibilidad a través de los Abogados del Estado. Por su parte el Tribunal Supremo desestimó el pasado 18 de junio el recurso del Abogado del Estado, por lo que probablemente, antes de que finalice el año tendrá lugar su resolución judicial.

Continua…

Convulsión política por el apagón de Barcelona

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Las crisis siempre tienen la virtualidad de poder servir de elemento catalizador de problemas de fondo. Por eso, el problema del gravísimo incidente en Barcelona que sigue manteniendo a ciudadanos sin suministro y a la ciudad casi en un estado de excepción (camiones generadores por toda la ciudad, tendido de cables de forma urgente, turnos rotatorios de suministro de electricidad en determinados barrios, fuerte indignación pública, caceroladas, serías revueltas cívicas y ciudadanas, etc…) amenaza directamente a los responsables del ámbito de la energía en nuestro país, todos ellos catalanes, casualmente, y alguno como el ex Alcalde de Barcelona, Joan Clos, especialmente ligados a la ciudad, con el agravante de que el presidente de la Generalitat José Montilla, también fue Ministro de Industria.

El enfado sonoro es el de los ciudadanos. El primer enfado sordo es el del sector empresarial catalán, que ven como el coste en tiempo y en imagen pública que ha supuesto tener a tres catalanes al frente de la energía (Joan Clos, Ministro de Industria, Ignasi Nieto, Secretario General de Energía y Maite Costa, Presidenta de la Comisión Nacional de Energía), no consigue resolver los problemas energéticos y de redes de Cataluña. Por otra parte, tampoco se aprecia una defensa de los intereses de las empresas catalanas de energía, sino más bien al contrario como se aprecia en la actuación del Ministerio en sus últimas decisiones, referidas a Sonatrach y al Plan Nacional de Asignaciones referidas a Gas Natural, cuestiones que hoy mismo aparecen recogidas en nuestras páginas. El segundo enfado procede del propio gobierno de la Generalitat, que ve cómo la situación empeora por momentos y también puede afectar a los gobiernos autónomo y municipal, lo cual no estaba en ninguna cábala.

En este sentido, ayer en la presentación de la memoria de la Comisión Nacional de Energía, cundió el rumor de la posible dimisión de Maite Costa, presidenta del organismo (petición que cada cierto tiempo se hace más insistente en los círculos especializados). Algo que además se alimentó con la forma en la que la propia Costa evitó responder a las preguntas de varios medios de comunicación.

Por otra parte, en días pasados han cobrado fuerza en el sector como se han transparentado desde distancias instancias de Industria las fuertes disensiones entre el Secretario General de Energía, Ignasi Nieto y Jorge Sanz, Director General de Energía y Minas (segundo de Nieto, procedente de la etapa anterior y de Intermoney), especulándose también con una remodelación de la CNE y del Ministerio de Industria, que podría pasar por un intercambio de puestos entre el Director General de Energía y Minas en Industria y el actual Director de Regulación de la CNE (José Manuel Revuelta) al que se le conoce buena sintonía y fuerte una relación directa con Nieto. Otra alternativa a la sustitución de Sanz podría ser la de Francisco Maciá, actual Subdirector General de Planificación Energética, lo que buscaría intentar contentar nuevamente a Cataluña y a los sectores cercanos a Red Eléctrica.

En todo ello, las ‘familias socialistas’ cercanas a la energía también están atentos a lo que podría pasar y tomando posiciones al respecto. Desde el grupo más cercano al ex Ministro, Juan Manuel Eguiagaray, hasta Intermoney con Miguel Ángel Lasheras o el propio Ministerio de Economía, con David Vegara.

Es evidente que, en el ámbito de la energía, el Gobierno está empezando a recoger frutos de una erosión gestora importante y, probablemente, dado el dinamismo de este sector, debería tomar cartas en el asunto con rapidez, pese a que no se haya visto afectada este área por la ultima remodelación del Ejecutivo. Máxime cuando el comportamiento de Red Eléctrica, consiguiendo de los actuales responsables de Energía en el Ministerio de Industria, convertirse en transportista y monopolista único, condicionando la regulación y el acceso a la red de determinadas tecnologías y con una capacidad de creación de nuevas autopistas de transporte insuficiente para responder a la demanda que procede de la generación y el consumo, tal y como denuncian los expertos.

Y, todo ello, agradeciendo la ‘bondad climática’ de este verano ‘fresquito’ que salva el precio de la energía, el déficit tarifario y posibles apagones en los lugares más críticos que ya había identificado Red Eléctrica. Por eso, la descoordinación y mala imagen que ha reflejado la respuesta de la Administración central en este problema, incluso en las intervenciones públicas de Clos y Atienza (focalización e ingenieria respectivamente), el conocimiento del origen y la responsabilidad de este accidente y también de su propagación masiva, el análisis profundo de la dinámica sectorial y el comportamiento del transportista en materia de inversión en nuevas redes y el propio estado de las redes de transporte en Cataluña particularmente hacen que se exija a corto plazo respuestas para dar transparencia ante un hecho de estas características y tal gravedad.

A propósito, en todo el gran escándalo de lo que está pasando en el apagón de Barcelona ¿dónde está Ignasi Nieto?

Permanezcan atentos a la pantalla. ¿Será un otoño caliente?

Barcelona: la primera en la frente del monopolista único

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Además de los graves problemas que se han producido para los ciudadanos de la ciudad Condal, el apagón acaecido ayer en Barcelona debe servir de reflexión sobre las redes de transporte eléctrico, la actuación del hoy transportista único en este ámbito (que debería ser el principal de su actividad) y la política seguida por el Ministerio de Industria.

Como hemos venido publicando en Energía Diario, la ley de Reforma del Sector Eléctrico ha consagrado el transportista único en las redes eléctricas (estableciendo una definición técnica de las redes) a favor de Red Eléctrica de España (REE). Esta ha sido una cuestión en que la influencia de Luis Atienza, actual presidente de Red Eléctrica, y su equipo técnico, han intervenido decisivamente en la formulación jurídica de esta normativa, de forma que hasta las últimas fases de la tramitación parlamentaria no se había conocido la prebenda para esta empresa privada que cotiza en Bolsa, pero que aspira y promueve una posición monopolística ‘de facto’.

Así, ni corta, ni perezosa, Red Eléctrica, una vez aprobada la ley por el Congreso de los Diputados, ordenó que las empresas distribuidoras abandonen aquellos tendidos de redes de 220 kW que tuviesen en construcción. De hecho, en el grave incidente de Barcelona, este es uno de los casos en que la empresa distribuidora había abandonado una línea de 220 kW en construcción, para el momento en que tuviese que entrar a formar parte de los activos de REE.

En nuestro país, como han puesto de manifiesto un número ya amplio de expertos, el crecimiento de la capacidad de generación eléctrica de los últimos años y los crecimientos de la demanda, no se han venido acompasando al crecimiento de las redes de transporte. Son muy pocos los kilómetros de nuevos tendidos que se realizan en la construcción de nuevas ‘carreteras’ de cables de alta tensión (la inversión que se está realizando afecta fundamentalmente a la ampliación de cableados en redes existentes). Red Eléctrica, en todo caso, sin ofrecer resultados que sean comparables con los crecimientos en capacidad de generación, ofrece la suma de los dos, para evitar el conocimiento de la realidad.

En Catalunya persisten fuertes y graves problemas de redes de transporte de energía y obsolescencia de la red, que exigen gestión e inversión y que los mecanismos de mercado operen para fomentar que se resuelva este estado de cosas. Una situación que además puede evidenciar los primeros síntomas de putrefacción, si no se toman medidas al respecto. En esta publicación hemos dado cuenta de los graves problemas existentes en Girona (cada año en verano es preciso generar energía desde embarcaciones a base de fuel, elevando considerablemente el precio de producción de electricidad) y en determinadas comarcas del norte de esta provincia. O, como la situación de la interconexión con Francia evidencia una falta de capacidad gestora prolongada durante más de doce años (que veremos si la intercesión de Mario Monti, tan demorada, la resuelve) y afecta, incluso, al calendario del AVE. Por tanto, los ciudadanos catalanes pueden estar verdaderamente enfadados por el estado de las redes de transporte y por su escasa respuesta, y deben exigir gestión a los responsables públicos en este ámbito.

Por ello, resulta paradójico que una situación de deterioro así (y todos los problemas existentes en las redes de transporte en Catalunya, conocidos y reconocidos) se produzca en un momento en que las cabezas visibles del Ministerio de Industria en materia de energía son catalanes: Joan Clos (hoy ejerciendo de ex alcalde en gabinete de crísis), Ignasi Nieto y Maite Costa, y confirman las fuertes reservas que, en privado, formulan desde el sector empresarial catalán (y los responsables políticos de la Generalitat respecto de sus enviados) hacia la gestión de los tres al frente en sus distintas posiciones. Son evidentemente, responsables de la gestión realizada en el ámbito de las redes de transporte y de haber caído en la tela de araña de los intereses técnicos del transportista único (cuya influencia en el ámbito regulatorio está denunciada ampliamente también por muchos expertos, por algunas empresas y por algún consejero de la CNE).

Como contraposición, cabe hacer el análisis de cómo los mecanismos de mercado han operado perfectamente en el ámbito de la generación eléctrica, frente a los mecanismos de planificación, que definen la acción del transportista, ahora acentuados mucho más con la nueva ley que ha configurado un monopolio único en las redes de transporte. En nuestro país, la acción de las empresas generadoras ha duplicado la capacidad de generación eléctrica, en muy pocos años, en la medida que las empresas han encontrado mecanismos e incentivos dentro de la propia dinámica del mercado y eso se ha producido respondiendo a la necesidad del aparato productivo y en respuesta a la demanda de consumo que venimos registrando. A cambio, podemos analizar qué tenemos en materia de redes, una situación contradictoria e insuficiente en todos los sentidos.

Luis Atienza y su equipo deberían emplearse a fondo en resolver estos problemas, invertir en redes y dar respuesta adecuada a la necesidad de redes de transporte que eviten los problemas de evacuación de energía desde las plantas de generación y los problemas de transporte y suministro por este motivo en varias zonas del país. En sentido contrario, deberían evitar varios comportamientos: no convencer a la realidad de que no crezca tanto (no es su papel), dejarse de aspiraciones de ampliar sus ambiciones y comportamientos monopolísticos, dificultar la conexión de determinadas tecnologías, intervenir activamente en la regulación para limitar el funcionamiento de mercado o promover esa ¡nacionalización! (sic, tal y como aparece en Cinco Días) de Enagás, ¿un posible paso previo a su fusión?.

Pero esto no lo van a hacer, obviamente, Atienza y Red Eléctrica por su propia voluntad. Deberán ser probablemente las autoridades catalanas y de otras Comunidades Autonómas las que tendrán que obligar y presionar al Gobierno, el Ministerio de Industria y la Secretaria General de Energía a que regule, gestione y dirija sin sucumbir a las presiones del transportista único y trino (que es una parte del sistema eléctrico, que tiene una misión concreta y definida, pero que no puede influir y condicionar la actuación de los demás agentes y, menos, del mercado y del funcionamiento del sector eléctrico).

Bisutería legal contra el cambio climático en España

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El pasado viernes el Gobierno tuvo un Consejo de Ministros monográfico para abordar la política española en torno al cambio climático. En conjunto, el Gobierno aprobó un conjunto de más de 190 medidas, del las cuales casi la mitad, noventa, se consideran urgentes a juicio del Ejecutivo. En la comparecencia, Cristina Narbona y la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien en la Comisión de Subsecretarios del día anterior increpó a sus integrantes por la ausencia de proyectos y el bajo perfil de la actividad ministerial.

El Gobierno, y más concretamente su Presidente, ha querido forjar una imagen de compromiso con el medio ambiente y con la lucha contra el cambio climático. Fruto de ello son estos enunciados políticos, y al mismo tiempo su posicionamiento contra la energía nuclear y su voluntad de impulsar las energías renovables y el compromiso en el programa para el año 2020 (20% de generación por renovables, 20% de reducción de emisiones y 20% de ganancia en eficiencia energética).

Además, al Gobierno español le ha salido un aliado de altos vuelos. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, con todas sus iniciativas ha conseguido concienciar a la población mundial, del que posiblemente sea el problema más global al que se enfrenta la humanidad, y al mismo tiempo, que parece que podría azotar a nuestro país con especial virulencia en un plazo de pocos años.

Quiere decirse que toda esa fase previa de convencer a lo que hoy se denomina ‘ciudadanía’ de la importancia del cambio climático y de la necesidad de establecer medidas, parece que se ha cumplido con efectividad. Podemos concluir que hay una conciencia social previa y necesaria para cualquier iniciativa pública. Lo cual no está nada mal.

¿Qué tenemos a cambio, qué le ofrece el gobierno a los ciudadanos en esta materia crucial? Bisutería política y legal. Un plan aireado a bombo y platillo, que parece “segundo plato de los 2.500 euros por infante”, en esa secuencia de cuatro o cinco medidas que el gobierno tiene previsto aprobar. Un conjunto de medidas de las que se dice que muchas son urgentes (¿qué ha pasado durante estos tres años de gobierno?).

Pero todo eso se queda entre los intersticios de los Ministerios, en los intereses creados alrededor de determinadas industrias muy influyentes hoy que han logrado una, llamémosle así, una política energético-medioambiental a su medida, reconvirtiendo la voluntad y buenas intenciones de su presidente en algo más acomodaticio.

Con ello, nos encontramos una relación meramente cosmética entre Industria y Medio Ambiente, con una fuerte asimetría e incoherencia en materia de tarifa eléctrica (¿no será más lógico que las tarifas se correspondan con la realidad y todos tomen conciencia de los costes del cambio climático?) y Plan Nacional de Asignaciones (PNA) para favorecer a las industrias contaminadoras en el sector eléctrico y evitar la necesaria transformación de la generación eléctrica de nuestro país. Las sucesivas zancadillas regulatorias a las energías limpias que van desde la suspicacia con que actúa el transportista único respecto a las mismas, el PNA al decreto de energías renovables que vuelve a la casilla cero del juego de la oca cada cuatro años y el descuento de derechos de emisión recientemente aprobada por Industria (con este Plan de cuerpo presente), que consagra el principio de que ‘en energía, el que contamina cobra de los demás’ y en el que acaba pagando más quien más energía limpia genera. Cuestiones que son mollares de cara a abordar con seriedad y rigor el problema del cambio climático (el 50% de las emisiones de CO2 proceden del sector eléctrico), en las que este gobierno envía mensajes peligrosos y contradictorios, con una mano al electorado y con otra mano a los relacionados con su gestión de intereses.

El momento en que se presenta este Plan contra el cambio climático en nuestro país, tampoco es inocente. Hace pocas semanas, se celebraba un concierto multinacional ‘Live Earth’ que tiene la virtualidad de que su estela genera opinión en torno a todas estas cuestiones, lo cual siempre es positivo para un gobierno que ha decido hacer de la comunicación y del factor sorpresa un activo y del partido principal de la oposición en su laberinto. Este plan es la prueba de cómo desperdiciar un posicionamiento social favorable a esta cuestión, sobre la base de una acción política basada en lo mediático (lo cual no es intrínsecamente malo, pero sí es intrínsicamente perverso si no hay algo detrás).

Los ciudadanos merecen un gobierno (y sus Ministerios) que no les defraude en materia de cambio climático. Probablemente tiene razón María Teresa Fernández de la Vega, cuando denuncia la baja actividad de los ministerios. En iniciativas, en ideas, en capacidad de gestión, en gobierno, en programas para efectuar las transformaciones que necesita nuestro sector energético. Y buena prueba de ello es este programa monográfico del Gobierno contra el cambio climático.