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Nadal afirma que un autoconsumo sin peaje es «lo más antisocial que existe»

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El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, avanzó que Industria estudiará a final de año si hay «margen» para una posible nueva bajada de los peajes del recibo de la luz. También aseveró que un autoconsumo sin un peaje a la red es «lo más antisocial que existe» al hacer que el resto de consumidores sufraguen ese coste y que detrás de su defensa se encuentran grupos de presión o «lobbies económicos que quieren seguir manteniendo las subvenciones a determinadas tecnologías».

Nadal defendió que el Gobierno regula el autoconsumo y «permite que lo haga cualquiera». No obstante, apuntó que establece que los consumidores paguen «los mismos peajes» con independencia de la generación de cada consumidor, si bien los autoconsumidores no pagarán energía ni los impuestos asociados a la misma. «No se puede tener una subvención del resto de consumidores», apostilló Nadal, quien sostuvo que el planteamiento de los críticos a la norma es «lo más antisocial que existe» al sugerir que los autoconsumidores «no paguen la deuda, ni el resto de renovables, ni la red, ni las extrapeninsulares y eso lo paguen el resto de consumidores».

La normativa que prepara el Gobierno prevé el pago de una serie de cargos para los autoconsumidores conectados a la red, con el objetivo de que contribuyan a sufragar unos servicios de los que también disfrutan. De estos cargos están exentos los consumidores canarios, porque en esta región el sistema es más barato que la generación convencional, y para los muy pequeños. Para Nadal, «el autoconsumo no es eficiencia energética, es generación» y para desarrollarlo «hace falta espacio» que los consumidores más humildes no tienen.

En consecuencia, dijo ver «increíble» que los grupos parlamentarios que «dicen defender la pobreza energética» aboguen por un autoconsumo en esos términos, por lo que criticó que desde la oposición se pretenda conseguir «una subvención desde el peaje eléctrico de familias modestas a familias y empresas grandes, a los que tienen espacio«. «Una casa de 70 metros no puede poner placas fotovoltaica, un chalet de 850 metros cuadrados en la Moraleja sí», añadió al igual que «si una gran empresa llena su nave industrial de placas, ¿por qué el resto del parque industrial tiene que pagarle los peajes?», planteó Nadal.

Por otra parte, sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), Nadal reiteró que es «absolutamente imprescindible» ya que su ausencia elevaría los costes de la energía e igualmente permanecerían los residuos en España. Además, criticó las medidas aprobadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, contrario a la instalación del almacén nuclear, por lo que consideró que «en Ferraz deberían darle un toque si aspiran a sentarse alguna vez en el Gobierno». En este sentido, calificó de «aberración» e «irresponsabilidad mayúscula» la postura del PSOE al respecto.

Respecto a la central térmica Elcogás, ubicada en Puertollano (Ciudad Real), Nadal indicó que Industria tiene la intención de apoyar a la instalación con hasta 20 millones de euros anuales, si bien recordó que tiene un déficit anual de 90 millones. Por ello, abogó por que la empresa y los trabajadores hagan un esfuerzo ya que el coste laboral de la compañía asciende a unos 14 millones de euros anuales, lo que implica «una media de 100.000 euros por trabajador».

Preguntado sobre la evolución del precio de la luz en lo que queda de año a la salida, Nadal dijo esperar que llueva para que se abarate el recibo e indicó que a final de año se estudiará otra posible bajada de los peajes de la luz. «Lo prudente es ver cómo va la recaudación del peaje y los ingresos, no haremos nada hasta que estemos absolutamente seguros de que el fantasma del déficit no vuelve a aparecer en el sistema«. «Cuando veamos los datos a final de año veremos los márgenes que existen», agregó.

El Gobierno destina 4.227 millones a Energía, un 12,5% menos al ajustar el déficit tarifario y la caída del petróleo

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Redacción / Agencias.- El Gobierno reducirá un 12,5% la partida presupuestaria de 2016 destinada a políticas energéticas, hasta los 4.227 millones de euros, por la caída del precio del petróleo y las reformas acometidas en el sector que, a juicio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, han logrado el «equilibrio» en el sistema eléctrico, según expuso el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para presentar las cuentas.

Nadal explicó que el presupuesto destinado al área de energía es «relativamente escaso» al tener la Secretaría de Estado de Energía principalmente una función regulatoria y destinarse el presupuesto principalmente al «moderado» personal formado por 100 personas. En todo caso, sostuvo que los presupuestos para 2016 responden «adecuadamente» a las necesidades y que la reducción de las partidas obedece a la «corrección» del déficit tarifario,

A este respecto, destacó que al inicio de la legislatura existía un «importante» déficit estructural de unos 10.000 millones de euros anuales que, de haberse trasladado al recibo, habrían supuesto un incremento de cerca del 40%, por lo que el «objetivo fundamental» ha sido eliminar este déficit. Así, señaló que no sólo se ha acabado con este déficit del sistema eléctrico, con un 2014 que ha sido el primer ejercicio en equilibrio, sino que además 2015 será el primero «en superávit en más de una década» y ha permitido una reducción en los peajes eléctricos.

Por partidas, la relativa a la compensación por extracostes de los sistemas eléctricos aislados extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) alcanzará los 1.481 millones, cuando rondan los 1.800 millones, «740 millones a cargo de los presupuestos y la otra mitad a cargo del consumidor», lo que supone un 16% menos por la reducción del precio del petróleo y la puesta en marcha de los reales decretos que regulan dicha retribución, que permite reducir su coste.

Dentro de la financiación de costes del sistema eléctrico, que cuenta con un presupuesto de 3.896 millones, destacan los 2.704 millones derivados de los impuestos que pagan las compañías eléctricas por la generación de electricidad, del 7% equivalente, una partida inferior en 285 millones a la de 2015, debido a un ajuste en el canon hidráulico y a que la recaudación por este concepto es especialmente elevada en 2015, en el que se ha producido mucho con carbón y gas.

Nadal señaló que la recaudación será «bastante más elevada» en 2015 respecto a 2014, con una previsión de 240,5 millones de euros adicionales, a pesar de que este año la producción de energía eléctrica es un 30% inferior a la del 2014 en su componente hidráulico, «que es lo que está elevando el precio del mercado, pero se introduce una mayor recaudación tributaria de las térmicas, lo que permite una mayor flexibilidad desde el punto de vista de los peajes».

Al sistema eléctrico se destinarán 450 millones procedentes de los ingresos de las subastas de derechos de emisiones de gases efecto invernadero, siendo 120 millones más que este año. En materia de carbón, el presupuesto del Instituto de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras ascenderá a 407 millones, en línea con 2015, de los que 301 millones corresponderán a transferencias. Igualmente, aumenta el montante destinado para restauración medioambiental, que pasa de 15 a 25 millones, mientras que se reduce, de 271 a 247 millones, la partida para prejubilaciones y bajas incentivadas ya que muchos de sus beneficiarios pasan al régimen ordinario de la Seguridad Social.

Por otra parte, apuntó la importancia que los presupuestos dedican la eficiencia energética, «clave para alcanzar los objetivos, ya que la mejor energía es la que no se necesita generar gracias a la eficiencia». Respecto a la eficiencia energética, se crea una nueva partida de 11,2 millones de euros para contribuir a financiar el IDAE, pero se suprime la partida de ayudas a la compra de vehículos eficientes o PIVE anteriormente incluida puesto que «este año no tiene sentido» porque el programa logró sus objetivos.

De acuerdo al proyecto de Presupuestos, el Gobierno destinará 17 millones al fomento de la demanda de vehículos limpios y energéticamente eficientes en 2016. Los fondos para eficiencia energética, que ascendían a 75 millones de euros, se articularán a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al que contribuyen todas las empresas energéticas y que prevé contar con unos recursos de 200 millones de euros.

La AIE plantea a España subir los impuestos de los carburantes

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Redacción / Agencias.- La directora ejecutiva de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Maria van der Hoeven, instó al Gobierno español a subir los impuestos a los carburantes con el objetivo de avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos medioambientales. De esta forma la AIE recomienda al Gobierno que traslade a otros sectores, además de al eléctrico, la responsabilidad de desarrollar las energías renovables en España. Asimismo, reclama «más poder e independencia» a los organismos reguladores para que fijen las tarifas.

Durante la presentación del informe anual de la AIE sobre España, el Energy Policies of IEA Countries for Spain 2015 Review, Van der Hoeven instó al Gobierno a «que considere subir los impuestos medioambientales sobre los carburantes en una forma que sea neutra respecto a los ingresos». En concreto, subrayó que «hay impuestos de combustible muy bajos respecto a otros países» que, en caso de incrementarse, supondrían beneficios «a nivel de cambio climático y ahorrar dinero y mejorar la calidad del aire». Esta posibilidad fue descartada de inmediato por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, al indicar que «no está planteado», aunque también matizó que esto «no significa que no se pueda plantear en un futuro».

Van der Hoeven alabó la seguridad de suministro en España en todos los ámbitos, aunque recomendó que se «evalúe su potencial de gas» ya que por su alta dependencia del exterior en materia de hidrocarburos el país «se está haciendo muy vulnerable». También destacó el esfuerzo realizado por España para la creación de un centro de distribución de gas, lo que ofrecerá unos precios «más transparentes«. Para reforzar esta seguridad, también abogó por aumentar las interconexiones, tanto eléctricas como gasistas, que también servirían para colocar a España «como país de tránsito para el gas y las energías renovables» hacia Europa.

Por otra parte, entre las recomendaciones del informe, figura una apuesta por desarrollar una estrategia energética a largo plazo que cubra todos los sectores y una reforma fiscal en materia energética que incentive la reducción de los gases de efecto invernadero y la eficiencia energética. En este sentido, animó a España a que asegure a través del Fondo de Eficiencia Energética puesto en marcha en 2014 que los gastos en eficiencia energética y renovables contribuyen a la «eficacia» general del sistema energético. Además, la AIE pide un compromiso a largo plazo para mantener equilibrados los ingresos y costes de los sistemas eléctrico y gasista, de acuerdo a los principios de «transparencia, predictibilidad y certeza al sugerir cambios en estos sistemas».

Dar más poder al regulador

Van der Hoeven pidió también «dar a los reguladores más poder e independencia para fijar las tarifas» energéticas, con el objetivo de evitar la «interferencia» política. Por ello quiso lanzar «un mensaje a todas las partes, a todos los partidos» de todos los países, para que el regulador fije las tarifas energéticas y no solo la metodología para determinar esas tarifas como ahora.A su juicio, esta separación «impediría la interferencia política», al tiempo que, a medio plazo, «fomentaría una competencia saludable en el mercado», que «requiere una política estable».

Por otra parte, Van der Hoeven advirtió de que el mercado energético europeo «no está funcionando». De hecho dijo que «pensamos que ya tenemos un mercado interno que realmente funciona» en Europa, pero «no está funcionando como debería» porque existen «barreras», tanto físicas, como la falta de interconexiones eléctricas y gasistas, como las relacionadas con las «regulaciones«. Por lo que se refiere al gas natural, el desarrollo de interconexiones permitiría aliviar la situación actual, donde «España tiene infrautilizada su capacidad», en un entorno en el que la AIE prevé que las importaciones de gas se dupliquen «de ahora a 2020».

Precisamente la necesidad de interconexiones es uno de los aspectos destacados por la AIE en su informe sobre España. En este sentido, subrayó la importancia de impulsar las interconexiones energéticas para que la Península Ibérica deje de operar «como una isla». «El futuro de la energía en España está en conectarse con Europa y con el mundo», dijo Van der Hoeven al respecto. A este respecto, Soria apuntó la importancia de elevar el nivel de interconexión para reducir los pagos de capacidad en España y destacó el valor de la cumbre de Madrid celebrada en marzo «donde se establecieron compromisos firmes para llegar a un nivel de interconexión del 8%».

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, indicó que, «si queremos invertir más en renovables, lo tenemos que hacer de forma extremadamente eficiente» con atención a la mejor tecnología. Por ello subrayó la necesidad de contar con más interconexiones eléctricas para no tener que construir más capacidad de respaldo y de enfocar la búsqueda de reducción de emisiones también al transporte. Asimismo, Nadal apuntó a la necesidad de «combinar» la necesidad de una economía baja en emisiones de carbono con la posibilidad de crecer, algo que a su juicio solo se puede hacer con eficiencia. «Mucho más que producir la energía verde» el éxito está en «reducir el consumo energético», afirmó.

Industria prevé convocar nueva potencia eólica y de biomasa tras el verano

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, indicó que el Gobierno pondrá en marcha «después del verano» un concurso de nueva potencia renovable, de 200 megavatios (MW) en biomasa y de 500 MW en eólica, la primera convocatoria desde la moratoria a la concesión de ayudas a nuevas plantas renovables aprobada a principios de 2013. Esta convocatoria, anunciada en abril, supondrá la instalación de nuevas centrales de biomasa y la repotenciación de parques eólicos, dirigida especialmente a las instalaciones más antiguas que disponen de las mejores ubicaciones.

«Vamos a hacer un esfuerzo para mejorar el peso de la biomasa, dado su impacto desde el punto de vista del empleo y de la protección de los bosques; por otro lado hay muchos parques eólicos muy buenos en números de horas pero que producen con máquinas muy antiguas», apuntó Nadal, quien sostuvo que «hay que ajustar la penetración a la reducción de costes». En este sentido, aclaró que desde Industria no se lanzarán «como locos» a la producción de renovables, para «no volver a cometer los errores de 2007 y 2008″, en referencia a lo que denominó como «burbuja renovable», que condujo según Nadal a que «seguimos teniendo más del 70% de potencia instalada de termosolar en el mundo«.

Avances de la solar fotovoltaica

Así, señaló que la nueva tecnología se corresponderá con los avances tecnológicos y, concretamente, «si como parece la fotovoltaica es muy prometedora en reducción de costes, España está llamada a ser una potencia de producción de energía solar», aunque «a su tiempo», matizó Nadal, cuando se produzca un «reemplazo natural«. En ese sentido, apuntó que las renovables supusieron en 2014 alrededor del 17,5% de la energía final bruta en España, cuando en 2011 era del 15,1%. «No han hecho más que incrementar su peso», subrayó. En el futuro, «la penetración de renovables seguirá subiendo», aunque habrá que ajustar este crecimiento «a la reducción de costes», insistió el secretario de Estado.

Para que las renovables puedan penetrar y los sistemas sean eficientes, España necesita «dejar de ser una isla energética en Europa», afirmó el secretario de Estado. La intermitencia de estas energías «solo se puede compensar con una interconexión europea para importar y exportar según la necesidad». En esta línea, manifestó que «solo se conseguirá el objetivo final si esto se convierte en una cuestión de Estado, apoyada por los gobiernos, sean del color que sean, en los próximos 10 años».

En cuanto a la energía nuclear, consideró que «está bien como está», ya que «tiene que seguir aportando al mix, puesto que «no produce CO2» y es «lo que más abarata el precio del mercado con diferencia«. Nadal destacó que durante la legislatura desde el Ministerio han trabajado para «estabilizar» el sistema energético, de forma que, a pesar de «fuertes controversias» la realidad muestra que «desde muchos puntos de vista estamos en el camino adecuado».

«La política tiene un coste»

«Sacrificar la política energética a un único objetivo es un error garrafal», apuntó, porque «nunca hay que olvidar que todo eso tiene un coste» y que «la política energética debe ponerse al servicio de la creación de empleo y la competitividad de las empresas«. Además, Nadal señaló que los consumos energéticos en España, tanto de hidrocarburos como de electricidad, han comenzado a repuntar, aunque en menor medida que la actividad económica, gracias a las medidas de eficiencia energética puestas en marcha por hogares y empresas durante la crisis. «La energía pierde peso en el PIB», apuntó, algo «positivo», dado que España importa la mayor parte de la energía que consume.

En este contexto, Nadal aseguró que se está produciendo un cambio hacia un modelo económico «mucho menos dependiente del consumo energético». En este sentido, el responsable de Energía ha resaltado el cambio en el comportamiento de los consumidores, «mucho más conscientes de la importancia del ahorro», lo que ha supuesto la creación de una «buena conciencia» en el sector energético.

En cuanto al consumo y producción de hidrocarburos, Nadal resaltó la dependencia que España mantiene respecto a esta energía, si bien ha añadido que el país es competitivo en la producción de productos finales. De esta manera, la alta dependencia del transporte de este combustible hace necesario «que algo de ese transporte se vaya desplazando hacia la electricidad«, indicó. Así, Nadal destaca que «el resultado final es positivo», aunque habrá que continuar con la modernización del sistema de generación y de consumo, «pero con precaución».

Sindicatos e Industria alcanzan un acuerdo para adelantar a los 52 años las prejubilaciones en la minería del carbón

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Redacción / Agencias.- Los sindicatos mineros CCOO, Fitag-UGT y USO, alcanzaron un acuerdo con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para el adelanto de las medidas excepcionales de prejubilación anticipada de carácter voluntario para los trabajadores en el sector del carbón, de 54 a 52 años, según anunció el secretario del sector minero de Fitag-UGT, Víctor Fernández, tras la reunión celebrada con los representantes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. CCOO calcula que 500 trabajadores podrán beneficiarse de los acuerdos alcanzados.

El adelanto de la prejubilación acordado a los 52 años tendrá carácter voluntario y se aplicará a los trabajadores que estuvieran afectados por su prejubilación en el Marco de Actuación. En concreto, para aquellos que hubieran cumplido 54 años de edad equivalente a 31 de diciembre de 2018, 11 años cotizados en el Régimen Especial de la minería del carbón, y los últimos tres años en la empresa matriz solicitante.

El adelanto de la prejubilación acordada será de hasta dos años, lo que supone tener 52 años o más de edad equivalente con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda. Se entenderá cumplido este requisito en aquellos trabajadores para los que estuviera previsto su prejubilación hasta el 31 de diciembre de 2018, de haber mantenido hasta esa fecha el coeficiente reductor que tuviesen asignado en el momento de la extinción de su relación laboral. Para ello, será necesario además tener 9 años cotizados al régimen especial de la minería del carbón y 3 años consecutivos contados desde la extinción de la relación laboral que da lugar a estas ayudas.

El sindicato indicó que para el cálculo de la cantidad bruta garantizada será tal y como se viene haciendo en el artículo 9 del real decreto de 2014, y una vez esta cantidad esté calculada definitivamente, tendrá una reducción del 4,66% cada año durante un máximo de dos años para los trabajadores que se acojan a esta fórmula, con un tope máximo del 9,32%, así como que las bajas incentivadas no tengan como referencia el ejercicio 2012, sino enero de 2015. «Es un texto muy bueno para la época en la que estamos», afirmó Fernández, antes de recordar que se partía de una propuesta inicial de reducción del 6,66% que, posteriormente, se bajó al 4,66%

Este porcentaje de reducción de la pensión se realizará sobre una base de cotización que va desde el 60% al 70% del salario del trabajador de la minería. Con el acuerdo, los sindicatos mineros han logrado mantener el objetivo de garantizar una remuneración del 60%, por lo que «es positivo». «Nos hubiese gustado que hubiera podido llegar a más compañeros, los que se van en 2019 o 2020, pero es lo que se nos puso sobre la mesa y no podíamos dejar pasar la oportunidad«, afirmaron desde el sindicato Fitag-UGT.

Los sindicatos calculan que el número de beneficiarios de las prejubilaciones voluntarias podría acercarse a 500. El acuerdo también recoge la posibilidad de bajas incentivadas voluntarias para todos los trabajadores en plantilla desde el 1 de enero de 2015. Hasta ahora, el acceso a estas bajas voluntarias solo era posible para los empleados que el 31 de diciembre de 2012 tuvieran una antigüedad mínima de un año en cualquiera de las empresas mineras acogidas al acuerdo marco. Este acuerdo, que está previsto que sea firmado este miércoles en el Ministerio, será tramitado como decreto ley y posiblemente aprobado este viernes en el Consejo de Ministros.

«Fitag-UGT considera positivo este acuerdo, ya que da una salida sólida viable en el tiempo a estos trabajadores», añadió el sindicato. En la misma línea, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de la Unión Sindical Obrera (USO), José Vía, indicó que el acuerdo alcanzado ahora «viene a dar solución a un colectivo que está en debacle» y ha resaltado que los trabajadores que no podían acogerse a las prejubilaciones ahora «ya tienen una vía de escape«.

«Dramática» situación del sector minero

El sindicato CCOO indicó que el acuerdo alcanzado contempla la modificación de diferentes aspectos de carácter social dentro del Marco de Actuación de la Minería del Carbón. Su contenido «supone una alternativa para los trabajadores ante la dramática situación que atraviesa el sector como consecuencia de la inacción de un gobierno que aún no ha decretado una orden ministerial que garantice el consumo de carbón nacional«, asegura. En todo caso, apunta, el acuerdo permite paliar el «difícil periodo que están viviendo miles de trabajadores de la minería en todo el país y trata de solventar con garantías su vida laboral vinculada a la actividad minera«.

Según el responsable de Industrias Extractivas de CCOO, José Luis Villares, los sindicatos han «arrancado» un acuerdo a Industria que permitirá a los trabajadores que lo precisen poder acogerse a estas posibilidades «dado el actual estado de la minería del carbón en este país». «Es realmente inadmisible que el Gobierno incumpla de manera sistemática los acuerdos de 2013. De ello se deriva que si las empresas extractivas no pueden vender su carbón el cierre está asegurado y los trabajadores en el desempleo», afirma. «Desde CCOO se reclamó una vez más al secretario de Estado que de una vez por todas tome el pulso a las eléctricas y no se deje ningunear por elementos ajenos a la estabilidad del sector», añade.

Industria propondrá un aumento de ayudas a la producción de carbón para compensar la bajada de precio

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Europa Press / Servimedia.- El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, indicó que el Ministerio de Industria tiene la intención de proponer un incremento en las ayudas a la producción de las empresas mineras para compensar el desplome del precio del carbón de importación y para que puedan acordar con las eléctricas los contratos de suministro. Los sindicatos alertan de que las medidas «no servirán de nada» si las eléctricas no empiezan a comprar carbón nacional.

El Ministerio pretende aprobar en breve una batería de medidas sociales como adelantar las prejubilaciones para los trabajadores de las empresas mineras que se encuentran en dificultades, según explicó CCOO. Según el sindicato UGT, como tarde a finales de julio, estarán al corriente en su ejecución todas las prejubilaciones y bajas incentivadas de los años 2014 y 2015. Nadal instó a las empresas mineras a que clarifiquen su futuro inmediato y comuniquen si van a mantener la producción más allá de 2018. Además, aseguró que tiene el «compromiso inequívoco» de las compañías eléctricas de que alcanzarán un acuerdo con las empresas mineras para empezar a comprar de inmediato carbón nacional.

En opinión del sindicato CCOO, si el Ministerio de Industria «realmente quiere que la minería del carbón recupere la estabilidad perdida» debe conseguir «que las empresas eléctricas empiecen a comprar carbón nacional». «Si esta situación no se produce, no servirán de nada las medidas» que anunció Nadal, unas medidas que han reclamado que se pongan por escrito «para evitar confusiones». Según CCOO, ahora urge dar salida «de inmediato» a la producción acumulada, «para que no sean inútiles las nuevas ayudas». Asimismo, CCOO indicó que el Gobierno debe defender en Bruselas la continuidad del carbón español, «porque es necesario, porque es rentable y porque genera actividad económica en las comarcas mineras».

De acuerdo con FITAG-UGT, el secretario de Estado se mantuvo en su negativa a la exención del céntimo verde, pero adquirió un compromiso de adicionar 9 o 10 euros por tonelada de ayuda al carbón de interior. Según este sindicato, el Ministerio aún «no ha conseguido materializar compromisos con las empresas eléctricas que aseguren el consumo de carbón nacional, pues siguen empecinadas en condicionar la compra a una rebaja del precio de la tonelada que obligaría a las empresas carboneras a un reajuste, posiblemente social, no conocido en otros tiempos».

FITAG-UGT afirmó que Industria propondrá a los empresarios que le remitan los diferentes planes de viabilidad al fin de poder acordar una modificación real con las partes para su envío, «tal y como lo solicita Bruselas». Además, FITAG-UGT transmitió a Nadal la necesidad de que el Gobierno asuma la defensa en Europa de «la supervivencia de este sector estratégico» para España más allá de 2018. El sindicato reclamó que «antes del 1 de julio, las empresas eléctricas compren carbón a las empresas mineras». Asimismo, la organización señaló que el Gobierno «de una vez debe acordar una solución viable» para Elcogás.

Nadal asegura que la ideología energética de algunos partidos «subirá el recibo»

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, considera que las propuestas «ideológicas» en política energética de algunas «partes del espectro político» conllevarían, de aplicarse, «incremento de costes, inestabilidad financiera y volver a la situación que encontramos en 2012″, esto es, «en situación de quiebra». En este sentido, indicó que el «camino» elegido por algunas formaciones políticas donde «hay tecnologías buenas y tecnologías malas», sólo llevaría a subir el recibo eléctrico o al endeudamiento. Además, defendió el fracking.

Nadal defendió la política energética aplicada durante esta legislatura para eliminar el déficit de tarifa frente a otras propuestas cargadas de «ideología» que ya «se han experimentado, visto sus consecuencias y a donde llevan». «Existen dos caminos, un camino sin ideología, sensato, que intenta cumplir los objetivos de manera que el coste sea el menos posible, que permita ganar competitividad y otro más ideológico, en el que hay tecnologías buenas y malas, en el que no importan los costes», afirmó Nadal. Respecto al déficit tarifario, recordó que el Gobierno heredó un sistema con un agujero anual de 10.000 millones de euros después de dos legislaturas en las que se «vivió de la utopía y del ya veremos cómo se paga».

Asimismo defendió que las centrales nucleares son «un activo del país» que «deben durar lo que su seguridad diga» porque, de lo contrario, implicaría un coste. En cuanto a las energías renovables, apuntó que «tienen un hueco creciente» en el sistema eléctrico español, aunque no a cualquier coste, por lo que se promoverán donde sean más rentables y necesarias. Por otra parte, adelantó que la normativa de autoconsumo eléctrico se enviará esta misma semana a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

«La política energética tiene que ser un factor que mueva al país» y que conceda facilidades para crecer y crear empleo y «no un lastre», apuntó Nadal, subrayando que el problema del sistema estaba en «los costes regulados». Por ello advirtió de que un nuevo déficit supondría «un desastre financiero y económico«. Asimismo, subrayó que el recibo eléctrico subirá si se retira la reforma eléctrica y que la factura eléctrica no puede ser «la caja de los Presupuestos Generales del Estado» donde que se incorpora lo que no cabe en las cuentas nacionales, como se ha hecho en algunos momentos.

Por el contrario, Nadal indicó que si el PP continúa en el Gobierno su apuesta energética será el «sentido común», es decir, «utilizar los recursos a nuestra disposición, no permitir el endeudamiento, dar seguridad a la inversión y mirar cada euro» para abaratar el recibo y mejorar así la competitividad de las empresas. En concreto, señaló que la prohibición de las técnicas de fracturación hidráulica o fracking supondría renunciar «a buscar la riqueza que España tiene en su subsuelo» por una «posición ideológica», por lo que pidió que se aproximen a esta cuestión «sin apriorismos y con sentido común» y resaltó que los proyectos que utilizan estas técnicas necesitan un análisis medioambiental y geológico muy importante antes de su aprobación.

En la misma línea, señaló que este tipo de actividades están restringidas por lo que no se pueden desarrollar cerca de núcleos urbanos o de espacios medioambientalmente protegidos. Además, advirtió, con respecto a una posible prohibición del fracking en España en la próxima legislatura, que «no se puede pretender competir frente al precio del gas de Estados Unidos y no permitir que exista el fracking«.

Por ello, denunció que España, en el caso de que prohibiera el fracking o la exploración de posibles fuentes de hidrocarburos, «sería el único país del mundo que renunciaría a buscar su riqueza». Por último, el secretario de Estado destacó que la recientemente aprobada Ley de Hidrocarburos permite «un reparto justo» de las ganancias obtenidas de su extracción, favoreciendo a los ciudadanos que residen cerca del lugar donde se obtienen.

Industria cifra en 405 millones de euros el máximo de los incentivos al carbón nacional

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Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo cifra en un máximo de 405 millones de euros el impacto total que tendría durante los tres años de aplicación la propuesta de ayudas a la adaptación ambiental de las centrales térmicas que funcionan con carbón nacional. Además, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseveró que «el carbón nacional es importante aunque no a cualquier precio».

Según el último borrador remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la potencia máxima de aquellas instalaciones que entrarían en el ámbito de aplicación de la orden podría alcanzar los 4.500 MW. Pero esta cifra es inferior a la que calcula Carbunión, que sostiene que Industria contempla en su análisis todas las centrales, entre ellas la central térmica de Anllares, que según la patronal minera posiblemente no se acoja la medida, y Compostilla 2.

Industria contempla como cuantía asociada al pago de la inversión medioambiental un valor de 90.000 euros/MW y unos compromisos de compra de carbón autóctono en cada año desde 2015 hasta finales de 2018 equivalente a 6 millones de termias. El ministro de Industria, José Manuel Soria, recordó que el Gobierno no podía mantener las ayudas establecidas en 2009 porque lo prohíbe la Unión Europea que, según advirtió, también deberá ahora dar su visto bueno a las ayudas propuestas a la desnitrificación de las centrales eléctricas.

Con estas ayudas, que incentivan la compra de carbón autóctono, «podríamos estar hablando de algo más de 400 millones a lo largo de los próximos años» frente a la situación actual de «nada», indicó Soria, tras participar este martes en un encuentro sobre economía digital. Según sus cálculos, si todas las empresas eléctricas que tiene centrales de esta naturaleza utilizan las nuevas ayudas, se quemarán unas 6 millones de toneladas, frente a los 3,6 millones que se quemaron en 2014.

Las medidas, que no supondrán un incremento del gasto público, establecen la percepción de las cantidades en base a diferentes hitos vinculados a la tramitación administrativa y realización de las inversiones. De hecho, para que tengan derecho al cobro del pago por inversión, será necesario presentar los documentos que acrediten la existencia de contratos de aprovisionamiento de carbón autóctono y el compromiso para la realización de las inversiones medioambientales necesarias.

Una vez presentada la solicitud de ayudas, se reconocerá una cuantía provisional equivalente al 20% en la inversión y tras obtener la autorización de explotación se percibirá el 80% restante. Además, también tendrán derecho al cobro del pago por inversión las instalaciones singulares, es decir, aquellas de gasificación de carbón integradas en un ciclo combinado, con una potencia superior a 250 MW, que hayan acometido inversiones medioambientales o acrediten la compra de carbón autóctono equivalente a 970.000 termias al año.

Nadal: «no a cualquier precio»

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseveró que «el carbón nacional es importante», porque es la única fuente energética propia de España, «aunque no a cualquier precio». Así se expresó Nadal en un acto informativo organizado por Executive Fórum, en el que fue preguntado por las críticas al ministro Soria por su política con el carbón. Nadal defendió que «este Gobierno, dentro del estrecho margen que ha tenido, ha intentado establecer una hoja de ruta que permita tener una minería competitiva que pueda seguir funcionando» y recordó que ha destinado 3.000 millones a esta materia en la legislatura.

A este respecto, añadió que su objetivo es que los 4.000 trabajadores del sector mantengan sus puestos de trabajo, pero, indicó, «no podemos invertir centenares de millones que los pagan el conjunto de los españoles perdiendo capacidad de creación de empleo en otras áreas«. Por ello, pidió «un esfuerzo de todos», que concretó en una demanda de planes de viabilidad reales de las empresas, así como de los trabajadores.  Finalmente, recordó que al inicio de la legislatura «el punto de partida» era que tenían que estar cerradas todas las minas de carbón en España en 2018, lo que recogía un acuerdo europeo de 2010 que respaldó el Gobierno socialista, mientras que ahora el Gobierno busca «que puedan trabajar más allá».

El Gobierno prevé aprobar esta semana el mecanismo de facturación horaria de la luz

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo prevé que el mecanismo para la puesta en marcha de la facturación eléctrica esté aprobado para la «semana que viene como muy tarde», según indicó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que se mostró muy tranquilo ante la denuncia anunciada que se presentará en su contra por el recorte renovable ya que considera que no tiene «ninguna base» y que sólo tiene por objetivo «hacer ruido».

Nadal señaló que la aprobación «está ya a punto», ya que se trata de «procedimientos técnicos y están ya». En este sentido, indicó que el retraso con respecto a la fecha inicialmente prevista del pasado abril se ha debido a «cuestiones técnicas de última hora». En concreto, este nuevo mecanismo requiere una coordinación especial entre la distribuidora, que es la que debe calcular el consumo realizado, y la comercializadora encargada de emitir la factura. Los usuarios con esta nueva factura han de disponer de un contador digital y telegestionado. Esta normativa desarrollará el decreto que creó el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), en el que la facturación horaria quedaba condicionada al pertinente desarrollo regulatorio.

El nuevo mecanismo establece que los consumidores paguen la electricidad en función del precio al que esta cotice en el mercado mayorista en ese momento, un importe que varía cada hora. Inicialmente y de forma transitoria mientras se aprobaban los procedimientos, se determinó que se aplicarían unos perfiles de consumo, es decir, una distribución media de las horas de demanda para asignar las tarifas, que todavía continúan vigentes. Sin embargo, la próxima semana se aprobarán los procedimientos necesarios para que las eléctricas facturen a cada cliente lo que realmente está consumiendo al precio que cotiza en ese momento. Así se abrirá un periodo transitorio de unos tres meses para que las eléctricas adapten sus sistemas.

Por otra parte, respecto al anuncio por parte de la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de presentar una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si ha habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria por el recorte a las renovables, aseguró que estas acusaciones «no tienen ninguna base» y que sólo tienen por objetivo «hacer ruido». «La legislación sobre renovables la hace el Gobierno», señaló, con el asesoramiento del IDAE, mientras que los informes encargados a las consultoras tenían por fin «chequear algún punto«.

La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético consideran que las «contradicciones» observadas en el proceso de recorte retributivo a las renovables podrían constituir un delito de prevaricación. El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el propio Nadal, considera que el Gobierno «legisló mal al atacar a ciertas tecnologías a sabiendas» y al encargar unos informes a dos consultoras independientes, de los que finalmente el de Roland Berger uno se entregó tras la aprobación de la normativa mientras que con Boston Consulting se rescindió el contrato.

Respecto a la eficiencia energética, el secretario de Estado de Energía destacó que «es una de las políticas más importantes» que puede hacer un país «enormemente dependiente» como España. A este respecto, Nadal señaló que España está aprendiendo «a mejorar en un uso más eficiente de la energía» y subrayó que el Gobierno «tiene que apoyar este proceso» con medidas tanto de carácter fiscal, como los impuestos medioambientales; así como programas como el PIVE, que está renovando a vehículos más eficientes el parque automovilístico español, y la puesta en marcha del plan de eficiencia energética.