Industria cifra en 405 millones de euros el máximo de los incentivos al carbón nacional

Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo cifra en un máximo de 405 millones de euros el impacto total que tendría durante los tres años de aplicación la propuesta de ayudas a la adaptación ambiental de las centrales térmicas que funcionan con carbón nacional. Además, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseveró que «el carbón nacional es importante aunque no a cualquier precio».

Según el último borrador remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la potencia máxima de aquellas instalaciones que entrarían en el ámbito de aplicación de la orden podría alcanzar los 4.500 MW. Pero esta cifra es inferior a la que calcula Carbunión, que sostiene que Industria contempla en su análisis todas las centrales, entre ellas la central térmica de Anllares, que según la patronal minera posiblemente no se acoja la medida, y Compostilla 2.

Industria contempla como cuantía asociada al pago de la inversión medioambiental un valor de 90.000 euros/MW y unos compromisos de compra de carbón autóctono en cada año desde 2015 hasta finales de 2018 equivalente a 6 millones de termias. El ministro de Industria, José Manuel Soria, recordó que el Gobierno no podía mantener las ayudas establecidas en 2009 porque lo prohíbe la Unión Europea que, según advirtió, también deberá ahora dar su visto bueno a las ayudas propuestas a la desnitrificación de las centrales eléctricas.

Con estas ayudas, que incentivan la compra de carbón autóctono, «podríamos estar hablando de algo más de 400 millones a lo largo de los próximos años» frente a la situación actual de «nada», indicó Soria, tras participar este martes en un encuentro sobre economía digital. Según sus cálculos, si todas las empresas eléctricas que tiene centrales de esta naturaleza utilizan las nuevas ayudas, se quemarán unas 6 millones de toneladas, frente a los 3,6 millones que se quemaron en 2014.

Las medidas, que no supondrán un incremento del gasto público, establecen la percepción de las cantidades en base a diferentes hitos vinculados a la tramitación administrativa y realización de las inversiones. De hecho, para que tengan derecho al cobro del pago por inversión, será necesario presentar los documentos que acrediten la existencia de contratos de aprovisionamiento de carbón autóctono y el compromiso para la realización de las inversiones medioambientales necesarias.

Una vez presentada la solicitud de ayudas, se reconocerá una cuantía provisional equivalente al 20% en la inversión y tras obtener la autorización de explotación se percibirá el 80% restante. Además, también tendrán derecho al cobro del pago por inversión las instalaciones singulares, es decir, aquellas de gasificación de carbón integradas en un ciclo combinado, con una potencia superior a 250 MW, que hayan acometido inversiones medioambientales o acrediten la compra de carbón autóctono equivalente a 970.000 termias al año.

Nadal: «no a cualquier precio»

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseveró que «el carbón nacional es importante», porque es la única fuente energética propia de España, «aunque no a cualquier precio». Así se expresó Nadal en un acto informativo organizado por Executive Fórum, en el que fue preguntado por las críticas al ministro Soria por su política con el carbón. Nadal defendió que «este Gobierno, dentro del estrecho margen que ha tenido, ha intentado establecer una hoja de ruta que permita tener una minería competitiva que pueda seguir funcionando» y recordó que ha destinado 3.000 millones a esta materia en la legislatura.

A este respecto, añadió que su objetivo es que los 4.000 trabajadores del sector mantengan sus puestos de trabajo, pero, indicó, «no podemos invertir centenares de millones que los pagan el conjunto de los españoles perdiendo capacidad de creación de empleo en otras áreas«. Por ello, pidió «un esfuerzo de todos», que concretó en una demanda de planes de viabilidad reales de las empresas, así como de los trabajadores.  Finalmente, recordó que al inicio de la legislatura «el punto de partida» era que tenían que estar cerradas todas las minas de carbón en España en 2018, lo que recogía un acuerdo europeo de 2010 que respaldó el Gobierno socialista, mientras que ahora el Gobierno busca «que puedan trabajar más allá».