La reciente subasta de potencia eólica y biomasa ha tenido un resultado sorprendente. Sorprendente por el hecho que ningún operador eólico actual haya resultado adjudicatario de la potencia resultante. Sorprendente por el descuento del 100% del incentivo ofertado. Y sorprendente porque, de facto, la oferta ganadora del grueso de la potencia eólica va mucho más allá (la renuncia del incentivo se conseguía con un 52% de reducción del incentivo) al reconocer un coste de su inversión (capex) cero, lo que implica, que el beneficio teórico es infinito.

El resultado tiene varias lecturas: la primera, dado que un proyecto sujeto a este modelo retributivo no es financiable por el sistema bancario, conllevaría que el operador adjudicatario procedería a su financiación completa con fondos propios. Esto es, como se dice en el argot de los submarinistas, a pulmón. Tanto es así que, en fuentes sectoriales se especula con dos posibilidades: una, de que la oferta se haya formulado así por un error de cálculo; o dos, con que finalmente no llegase a ejecutarse, lo que supondría que en 2020 los adjudicatarios perdiesen los avales constituidos, a razón de 20.000 euros por MW. Una vez explicadas las consecuencias financieras y corporativas de esta subasta quedan, en segundo lugar, sus derivadas.

De forma inmediata, el hecho de que, eventualmente, no se ejecuten finalmente esos proyectos sería una solución políticamente inocua para los responsables actuales dado que Nadal y Soria habrán pasado seguramente a mejor vida institucional y, entonces, échales un galgo. En paralelo, se detraen consecuencias respecto a la visión y respeto hacia lo empresarial del Ejecutivo. De forma más extensa, una segunda reflexión tiene que ver con la insignificante cantidad de potencia ofertada tras 4 años en blanco y las previsiones de necesitarse 6.400 MW eólicos. En este sentido, la estrategia seguida por el Ejecutivo apunta a que ha sido la de crear una falsa “escasez” para conseguir este resultado a la desesperada cuya demanda ha quintuplicado la oferta realizada.

Lo que se pone en cuestión es que pueda ser replicable este modelo de subasta para los 5.900 MW restantes con este resultado cuando el Ejecutivo, tras reconocer la necesidad de este volumen de nueva potencia eólica, proceda a convocar y organizar la preceptiva subasta. La reclamación del sector renovable ha sido que se proceda a convocar esa macrosubasta ya.

Por otra parte, la comunicación política asociada al resultado de la propia subasta también ha resultado ser especialmente llamativa. Por un lado, se ha marcado el acento, de forma ciertamente ufana, en el hecho de que ninguno de los operadores existentes en el mercado fuese adjudicatario de esta potencia, tratándose de un outsider. Hecho que ha dejado especialmente mal cuerpo y que evidencia los propios resabios podemitas de la comunicación institucional oficial hacia lo empresarial.

Además, Industria ha tratado de aprovechar el resultado extemporáneo para hacer comparativas con los costes de las primas resultantes de la época Zapatero. Para ello, ha utilizado como término de comparación, con enorme descaro estadístico, los costes de la tecnología fotovoltaica de 2009, cuyas realidades comparadas son muy diferentes. Algunas comparaciones son odiosas, pero unas especialmente más que otras. Todo ello como insinuación al proceso de desenlace de los arbitrajes internacionales actualmente en fase de resolución. Para Industria, ha sido una pieza en una “campaña extremadamente pueril” con ese alcance.

Por tanto, esta subasta, anunciada para que se produjera en el período preelectoral y posteriormente aplazada, deja dudas de que sus conclusiones y resultados sean proyectables al futuro. Una lectura inercial y tosca de los mismos puede llevar a equívocos. Al propio Gobierno en funciones.