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Industria prevé enviar esta semana a la CNMC su propuesta de orden de ayudas al carbón autóctono

Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo prevé enviar la próxima semana a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) su propuesta de orden sobre el nuevo esquema de incentivos al consumo de carbón autóctono.

«Hemos recibido comentarios de las tres partes interesadas -sindicatos, empresas y eléctricas- hicimos un segundo borrador, estamos recibiendo los últimos comentarios y haríamos una propuesta de norma que mandaríamos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para informe la semana que viene y para enviárselo a las autoridades europeas, ya que necesita su aprobación por las autoridades europeas», afirmó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

En este sentido, Nadal precisó que esta propuesta de orden no puede incluir la exención del céntimo verde, una de las peticiones tanto de los sindicatos como de las empresas para asegurar la viabilidad del sector, ya que «es contraria frontalmente tanto a la legislación comunitaria como a los principios básicos en los que estamos de comercio internacional«.

Aún así, subrayó que se pueden encontrar argumentos de carácter medioambiental que permitan decir «que determinado carbón tenga una fiscalidad inferior». «Además, si afecta al carbón nacional estaríamos encantados de analizarlo y ver si es posible», añadió al respecto.

Respecto a la orden, Nadal dejó claro que no se puede establecer ningún mecanismo que «obligue a las empresas a comprar» carbón, ya que es contrario a la normativa comunitaria, por lo que el objetivo es «crear un marco que sea favorable al carbón autóctono y que le dé futuro».

«Nosotros estamos dispuestos a ayudar de forma importante a las empresas eléctricas a que realicen esas inversiones medioambientales con subvenciones muy altas, que cubren el 90% de éstas, siempre y cuando compren desde ya carbón nacional», dijo.

El secretario de Estado de Energía afirmó que, a pesar de que el sector de la minería en sus peticiones «intenta conseguir sus máximos objetivos», estas deben contraponerse con el objetivo del interés general, «ya que todo esto tiene impacto sobre el recibo de la luz y sobre los costes de la electricidad que tienen que pagar las empresas que están creando puestos de trabajo».

Así, recordó que el actual marco, que fue aprobado en la legislatura anterior «y por un comisario socialista, Joaquín Almunia», concede al Gobierno un margen «enormemente estrecho, ya que las reglas comunitarias son enormemente estrictas», aunque se está haciendo «un esfuerzo enorme de intentar mejorar las condiciones del sector y darle una oportunidad».

De todas maneras, para ello, pidió también un «esfuerzo» por parte del sector, ya que «no se trata sólo de recibir subvenciones que impacten en el recibo eléctrico«.

«A mi me gustaría ver planes de viabilidad más claros. Algunas empresas sí que los han presentado, mientras que otras elevan su preocupación y necesidad de que hagamos algo, pero no plantean planes de viabilidad tan claros. El sector también tiene que definir cuáles son sus objetivos y no solamente establecer que cuando las eléctricas no compran carbón el Gobierno haga algo», concluyó.

La Comisión Europea en el avispero español

Margrethe Vestager, la comisaria de Competencia de la Unión Europea, visitaba este miércoles España. Danesa, de perfil y comportamiento nórdico, directo, es uno de los pesos pesados de la Comisión Junker y tiene un halo de dura y rigurosa. Enarbola el caso Google, con un fuerte aparato mediático a su alrededor. No es una comisaria al uso y está siendo una de las caras más conocidas del nuevo Ejecutivo europeo. Ostenta, además, una de las comisarías de primera categoría en la actual Comisión Europea, estructurada en dos capas.

En su estancia en España y comparecencia ante los medios en los desayunos de Europa Press, Margrethe Vestager fue interpelada respecto a la cuestión que dictamine que las primas a las renovables sean consideradas como ayudas de Estado ilegales por su volumen excesivo. La comisaria anunció que hasta el momento no hay una decisión tomada por la Comisión Europea respecto a este expediente y añadió que hay que tener «mucho cuidado» cuando existen procesos judiciales abiertos, dado que los resultados de sus investigaciones pueden influir en los litigios en marcha.

En días anteriores se había conocido que, en estos momentos, desde el propio Gobierno español se estaría intentando la consumación de un acuerdo con el Ejecutivo comunitario para que la Comisión incoase un expediente a España que, de facto, supondría la remoción de las políticas renovables seguidas en los últimos años con un efecto cuantificado en más de 40.000 millones de euros en primas. Un aval al sistema de recortes ideado por Industria y cuyo escenario judicial es muy sombrío, incluyendo las últimas revelaciones sobre los informes que lo soportaron.

Por otra parte, la invocación a la Comisión Europea desde Industria en este sentido, confirmada por la propia Abogacía del Estado al Tribunal Supremo, se realiza una vez que España ya colecciona más de una docena de arbitrajes a nivel internacional por las reformas en el sistema retributivo desde la cúpula del Ministerio de Industria, José Manuel Soria y Alberto Nadal, además de los procesos judiciales en el plano interno.

Dichas maniobras son consideradas por distintas fuentes como estratagemas de última hora para tratar de mitigar las consecuencias de los previsibles reveses judiciales de la reforma de forma que, con la calificación de ayudas de Estado ilegales por excesivas, se permitiría una posición del Gobierno ante los tribunales que desactivara las devoluciones e indemnizaciones subsiguientes en los pleitos que se resolviesen de forma negativa en cada una de las instancias.

Fuentes solventes apuntan al responsable de la Oficina Económica de Moncloa y al secretario de Estado de Energía, los hermanos gemelos Álvaro y Alberto Nadal respectivamente, como los que habrían tomado el mando de los movimientos de la ofensiva del Gobierno español en Bruselas en esta materia, buscando el apoyo del comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, en su momento propulsado por Rajoy para ocupar esta cartera.

La primera derivada de estas declaraciones de la comisaria Vestager es que en Europa se han dado cuenta del papel y del momento en el que se buscado la implicación de la Comisión Europea dentro del conflicto renovable en España y, a la vez, que se reserva un margen de maniobra respecto a las actuaciones del Gobierno de nuestro país para abordarlo en clave comunitaria.

Por otra parte, la forma en que se abordan estas cuestiones en la Comisión Europea, en las que se mezclan competencia, seguridad jurídica, conflictos judiciales y arbitrajes, se analizan con mucho detalle y precisión, teniendo en cuenta los efectos para las inversiones y los mercados financieros, elementos clave en la política europea de la actualidad. La maquinaria de la Unión, como dice un perfecto conocedor de ella, Alejo Vidal-Quadras, está orientada al acuerdo, con grandes dosis de diplomacia,  y tiene una concepción muy minuciosa y transparente de los asuntos públicos.

En definitiva, la comisaria danesa se sacude las avispas que el Ejecutivo español ha depositado en la Comisión Europea sobre esta cuestión. Después del desayuno informativo en Europa Press, la comisaria Vestager se reunió con el propio José Manuel Soria en la sede del Ministerio de Industria. Tiene mucho morbo, con el perfil de los dos, saber que se dijeron.

Iniciativa por Cataluña-Verdes (ICV) se suma a la denuncia ante la Fiscalía por el recorte a las renovables

Europa Press.- ICV se unió a la denuncia que presentó la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables ante la Fiscalía Anticorrupción para investigar presuntas irregularidades del Gobierno a la hora de fijar los criterios en la orden que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables, que supusieron unos recortes de 3.000 millones de euros anuales.

En este sentido, la portavoz de ICV en el Congreso, Laia Ortiz, afirma que la formación desea que se investigue la actuación del Ministerio de Industria ya que considera que han sido recortes «arbitrarios que no se basan en ningún informe técnico» y se trató de «un recorte ideológico que atacó directamente a las pequeñas y medianas empresas del sector».

En la denuncia, ambas asociaciones entienden que hubo en el proceso un delito de presunta «prevaricación» y apuntan «como autor, fundamentalmente», al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, «por ser quien ha tenido el dominio del acto». «Lucharemos en las instituciones y donde sea necesario para defender las energías renovables frente a los ataques del lobby eléctrico», dijo Ortiz.

La Fundación Renovables y la Px1NME denunciarán a Nadal ante la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación

EFE / Europa Press.- La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) planean presentar una denuncia  en las próximas semanas ante la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que las «contradicciones» observadas en el proceso de recorte retributivo a las renovables podrían constituir un delito de prevaricación. El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, considera que el Gobierno legisló «mal» al atacar a ciertas tecnologías «a sabiendas», según apuntó el abogado Piet Holtrop.

Las asociaciones presentarán la denuncia en un plazo de dos o tres semanas, una vez que concluya un proceso de recogida de firmas de apoyo que se abre ahora. Holtrop indicó que «la prevaricación es el uso del poder de forma incorrecta a sabiendas«, una cuestión que, a su juicio, se cumple en este caso de acuerdo con los indicios conocidos hasta ahora, por lo que instará a la Fiscalía Anticorrupción a que abra una investigación «para esclarecer los hechos«.

En concreto, la denuncia se dirige contra el proceso de contratación de consultoras independientes para validar los parámetros de inversión de las plantas renovables, sobre los que posteriormente se aplicaría el recorte retributivo a estas tecnologías. De las tres consultoras que se iban a contratar, finalmente solo se obtuvo un informe, ya que se formalizaron dos contratos, de Boston Consulting y Roland Berger, pero uno se rescindió. Además, el informe que finalmente se entregó fue presentado después de la aprobación de la nueva normativa, tras ser rechazado dos veces, y las cifras no coincidían con las aportadas por el Gobierno.

Estas cuestiones, a juicio de los abogados de las asociaciones, demuestran que los «errores» en la normativa, que justifican en el recorte económico causado a «determinadas tecnologías», eran conocidos por el Gobierno antes de la aprobación del recorte. Por ello, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, señaló que «se ha publicado que el Gobierno llegó a presionar a los consultores», y que afectará al coste de las renovables en el futuro porque los inversores van a exigir «una prima de riesgo».

Otras «contradicciones», según dijo, se basan en que se conocieran los nombres de las consultoras antes de resolverse la adjudicación, realizada «a dedo» atendiendo a la urgencia del proceso cuando finalmente no se presentó informe alguno hasta varios meses después de publicada la normativa; también que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera públicamente que el contrato con Boston Consulting se rescindió porque «no había hecho su trabajo». «Hemos observado una serie de contradicciones y falta de transparencia», señaló Morales de Labra, que considera «fundamental que se aclare por qué se ha producido esto».

Además, la coordinadora de la Plataforma, Cote Romero, insistió en la necesidad de recabar firmas de ciudadanos y asociaciones, así como de los partidos políticos, con el objetivo de «abrir el debate energético». Aunque la denuncia se dirige por un delito de presunta «prevaricación» contra Alberto Nadal» como su autor, fundamentalmente, por ser quien ha tenido el dominio del acto», no descartan que Anticorrupción decida ampliarla a otros representantes de Industria o del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), al tiempo que abren la puerta a la presentación de una querella.

Herrera anuncia para este lunes la reunión de Industria con los sindicatos y empresas del carbón

EFE.- El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Juan Vicente Herrera, anunció que será este lunes cuando el Ministerio de Industria, en la persona del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, mantenga reuniones, primero con la patronal y luego con los sindicatos mineros, para buscar un acuerdo sobre el carbón.

Según explicó Herrera, las partes «van realizando una valoración positiva según van estudiando los términos«. El presidente de la Junta de Castilla y León insistió en que el Ministerio de Industria dio un giro al planteamiento que había dado al primer borrador de la orden, que regulará la compra de carbón autóctono por parte de las térmicas, y pidió al Gobierno que avance cuándo se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado este documento que, en su opinión, garantizará el futuro del sector.

Herrera incidió en la crítica a su oponente político, el socialista Luis Tudanca, al considerar «deleznable» que los «herederos políticos» del Gobierno del PSOE que en 2010 ejerció el «abandono» y la «desidia» ante este sector hablen ahora de «tomadura de pelo» para referirse a las gestiones del PP. Así incidió en la «patética imagen de un ciudadano que no se atrevió» a reunirse con los mineros y añadió que está «orgulloso» del «chorreo» en forma de protesta que le cayó a Tudanca en Ponferrada en un mitin del PSOE.