Groucho Marx afirmaba que “de la nada, hemos logrado alcanzar las más altas cotas de miseria que podíamos imaginar”. Por eso este curso que acaba de finalizar deja nuevamente al regulador energético, teóricamente independiente, en uno de sus comportamientos paradójicos e imposibles, ligado a una campaña de guerra de guerrillas contra el modelo de liberalización energética, la tarifa de último recurso y el modelo de comercialización. Tampoco es algo que deba sorprendernos en exceso, aunque sí es llamativo que perdure, de una forma tan prolongada en el tiempo, la deriva de este organismo, cuyos fines regulatorios y supervisores consistían en desarrollar y defender un modelo de mercado y de liberalización coherente con la legislación que dio lugar a su creación.

En cambio, la realidad es bien distinta, habiéndose producido una involución en el propio organismo que, desde el punto de vista del mercado, es contradictoria (busca alejarse de él, justificándose en razones peregrinas y extemporáneas) y, desde el punto de vista de la historia del sector energético, nos devuelve a tiempos previos al Marco Legal Estable, es decir, al falangismo ideológico, al control de rentas individualizadas frente a la búsqueda de la eficiencia conjunta de los mercados y su supervisión profesionalizada. En todo ello, además, persiste un enfrentamiento soterrado con el Ministerio de Industria, a cuenta del fracaso del sector retroprogresivo en su empeño por dinamitar la fase final de la liberalización, así como el modelo de tarifas y comercializadores de último recurso, que incluyó una primera fase de filtración de los avances de la negociación y una labor de difusión de bulos y rumores contra las empresas. Confrontación que no es propia de un regulador independiente, sino de un electrón suelto y perdido con comportamientos no coherentes con su papel.

Se puede decir, por ello, que el curso que finaliza ha servido para que continúe el expolio institucional de la CNE a manos de la política y la ideología, pese al esfuerzo inane de Maite Costa en señalar la ausencia de politización del Consejo. La supresión de sus objetivos de defensa de la legalidad vigente y del mercado por el cuestionamiento generalizado del mismo, o mediante la colocación de astillas que lo hagan inútil, acaba por certificar la escasa credibilidad del organismo en su configuración actual y las funciones de su Consejo. Así, la CNE actual será responsable de su propio harakiri.

La lista de absurdos ha ido “in crescendo”: desde el informe de costes y precios complementario a las tarifas de junio del año pasado, madre de todas las batallas, Biblia inspiradora del pensamiento retroprogresivo que aboga por exterminar el mercado en pos del intervencionismo, han ido sucediéndose de manera continuada nuevos episodios en este período en los que la credibilidad del organismo ha seguido en el tobogán de bajada. Desde que fuera elaborado este informe de marras, basado en las tesis antimercado del pensamiento único retroprogresivo genuino español, sostenido por dos consejeros y la hija de uno de ellos, posteriormente aprobado de rondón, con datos erróneos, suposiciones de pizarra y ninguna información económica y contable, sucede que se ha procurado que se disolviese, de vez en cuando, a través de nuevas figuras regulatorias, realizando un esfuerzo voluntarioso de propagación distribuida gracias a algunos secuaces y a que no ha habido una renovación generacional con presencia pública en el campo regulatorio (más allá de la genética) que pudiera estar orientada hacia modelos de mercado más occidentales.

Solo así se puede entender el estrepitoso fracaso en las subastas para la colocación del déficit tarifario, asunto que abocó a que se abordara con mayor urgencia un proceso de negociación, de elaboración de un escenario temporal de transición y de excepcionalidad del que ahora la propia CNE se desentiende incomprensiblemente y del que se hace desconocedora de la trayectoria de decisiones políticas acumuladas en torno a ese déficit. Es éste el momento en el que viene a colación la crítica, en plan tendido 7, a la liberalización efectuada y al R.D. Ley 6/2009.

Luego viene el comportamiento del organismo en lo que han sido las operaciones corporativas en el sector. Primero, con el papelón en las Opas de E.ON y de Gas Natural (ésta, en el último curso), incluyendo el escondrijo temporal de los Informes, escamoteo de votos particulares y su escape de la transparencia pública, así como la publicación de los mismos a destiempo y de forma parcial. Estos hechos han afectado duramente a los principios de transparencia que deben regir la acción de un regulador independiente, tal y como hemos venido señalando y denunciando puntualmente en cada vez que esto ha sucedido.

Segundo, el informe sobre la evolución de la competencia en los mercados energéticos, que también fue publicado a destiempo (para evitar la implosión de las críticas retroprogresivas ante el avance de la competencia que, con total claridad, se está produciendo en el sector energético español). Luego, el que estos informes hayan sido cuestionados técnicamente al incluir defectos graves en el cálculo de los índices sobre la competencia en el mercado energético, cuyos efectos regulatorios provocan fuerte inestabilidad sectorial, además de consecuencias para los agentes. Y, finalmente, que la corrección de los mismos y sus críticas no hayan sido hecho públicos, sino que se hayan intentado sofocar mediante la coacción.

Otra de las constantes de la CNE ha sido la de inflamar las incidencias sectoriales hasta intentar convertirlas en escándalos que se apagaban con una rapidez proporcional al desarrollo de los acontecimientos. En su haber, está la utilización de una función inspectora con las renovables basada en la trotskista generación de terror en los medios de comunicación y en una presunción de culpabilidad, de forma que las empresas son intrínsicamente cuestionadas. Del megalómano episodio de los helicópteros para perseguir placas solares, al informe enviado en secreto y por mensajero al Ministerio sobre las conclusiones sobre la investigación de las renovables y su traducción en “irregularidades” sancionables, media un abismo. Se echa en falta responsabilidad en los dictámenes que se elaboran (¿no podrían haber dicho nada del mecanismo que preveía el R.D. 661/2007 y los riesgos retributivos en la transición de modelos?), junto a la generación de un marco de seguridad, rigor y actuación discreta y proporcionada que sería muy de agradecer.

En el plano interno, contamos, por un lado, con un Consejo demorado más de un año y un clima interno deteriorado entre los servicios técnicos, pero por otro lado, en el órgano más viajero de los reguladores españoles, que dedica un número importante de recursos a convenios internacionales de finalidad imposible, así como en un abundante programa de eventos públicos, adquisición de bienes muebles y retribución en especie impropio del momento económico del país.

Y, en el plano personal, queda la posición de los consejeros (la mitad con su período vencido y demorado) y de la presidenta del organismo. Tras el idilio regulatorio con el anterior Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, y los puentes quebrados con este equipo energético, Maite Costa ya ha cubierto todo su camino como presidenta de la CNE, desposeída judicialmente de unos poderes deseados (en lo formal) y desprovista (de facto) de legitimidad política, económica y sectorial.

Costa abandera un organismo convertido en un “muerto viviente”, un zombi que vaga perdido sin rumbo, una institución que es eludida en los círculos oficiales, regulatorios y sectoriales energéticos, que evidencia su prescindibilidady que muestra su cuestionamiento generalizado. Desde esa perspectiva es como hay que comprender (además de por sus propias posiciones) la indiferencia hacia las decisiones que expresa el organismo en los dictámenes de su Consejo.

Por tanto encontramos a un organismo en su contradicción: abandonando las funciones supervisoras de la competencia, para criticar que exista un modelo que provoque competencia, censurando la legalidad vigente en una actitud antimercado puramente ideológica. Probablemente, detrás de todo esto subsiste un anhelo de investirse en un ente de control de rentas energéticas por instalación, que administre el intervencionismo y la discrecionalidad. Por tanto, la deriva de este organismo ya es un asunto perentorio y merece una solución para que se configure un organismo que dé confianza, estabilidad regulatoria y coherencia a la liberalización del sector energético español. Para ello, que se haga lo que se tenga que hacer, desde modificar su marco legal hasta remocionar (en la medida que sea) su composición actual. Pero esta situación empieza a ser muy urgente.

Que en España no está resuelto el papel de los operadores de sistema y de transporte en los sectores eléctrico y gasista y que, incluso, se han dado pasos atrás hacia el monopolio en estas actividades de forma relativamente reciente, es algo que es conocido, público, notorio y en lo que hay consenso. Por otra parte, y como trasfondo, la tendencia, muy de largo plazo pero a nivel europeo, es la de ir avanzando hacia modelos en los que el operador de transporte y el de sistema estén separados (ISO), frente al actual modelo TSO en el que ahora aparecen integrados en nuestro país y con tendencia al monopolio único en las redes y, lo que es peor, a condicionar las decisiones regulatorias y de mercado, habiendo atesorado este tipo de empresas el perfil de “Ente” y el poder de ser reguladores en la sombra, pese a su condición de empresas privadas.

En todo ello influye decisivamente el hecho de que estas actividades estén sometidas a un modelo de costes reconocidos (es decir, se calcula cuál es el coste de un activo, en teoría necesario, para esta actividad, en función de lo que declara el propio operador) y, por otra parte, se le aplica una tasa de rentabilidad (un tipo de interés anual) que debe incluir, incluso, su retorno. Lógicamente, los operadores pueden tener varios intereses: uno, elevar los costes de cada activo y su mantenimiento. Dos, colocar tasas de interés (de beneficio) más altas. Tres, aumentar el número de activos a retribuir, como buen monopolista. Es lo que ocurre cuando en una actividad no hay mercado en el que buscar comportamientos eficientes de sus operadores.

Comenzábamos, por tanto, el año con la herencia del acuerdo con el ex Secretario General de Energía para modificar el modelo retributivo del transporte de electricidad que, entre otras cuestiones pendientes de resolución (el mecanismo de valoración de los activos), implicaba que en el mes de septiembre de cada año, REE ya habría percibido su retribución del ejercicio. La subida de retribución para este operador ascendía al 10-11%. En estos momentos, parece ser que se está en fase de intentar objetivizar el precio de esos activos a remunerar a partir de estudios comparativos especializados.

Por otra parte, la caída de la demanda que se ha producido tanto en la electricidad como en el gas, ha determinado que Industria sea favorable a reducir la inversión de los actuales operadores de sistema y transporte de electricidad y del operador técnico de sistema en el caso del gas. Especialmente clave es el efecto de la caída de la demanda la situación de Enagás, dadas las infraestructuras previstas y prometidas de regasificación y el tendido de gaseoductos previstos para el transporte de este combustible. Hay que tener en cuenta que si la retribución se establece en función de cada uno de los activos, sus distintos elementos y su mantenimiento, cada uno de los operadores la percibe, sean necesarias o no, se usen mucho o poco. Tienen por tanto “incentivos” a la bulimia. Y, lógicamente, la consecuencia directa es que esa retribución por activo tiene que repercutir sobre los precios finales de la energía: es decir, sobre la tarifa que pagan los consumidores. En el caso de Red Eléctrica, ese análisis requiere más pormenorización, dado que existen problemas de “cuellos de botella” o estrangulamientos en suministro o evacuación de energía, que obligan a acudir a los desvíos/mercado de restricciones técnicas, o tienen riesgo de suministro en ciertas zonas del país, lo que obliga a que sea necesario que se siga invirtiendo selectivamente para resolver estos problemas.

En este año escolar también tuvo presencia el conflicto en la determinación de la naturaleza de determinados tramos de la red como de transporte o distribución, partiendo de un dilema problemático: la calificación funcional o técnica de la red, algo que también ha traído verdaderos quebraderos de cabeza para resolver inversiones que estaban pendientes. La clave está en determinados tramos de 220 kV en grandes ciudades y en las redes extrapeninsulares, donde, de repente, un nuevo operador, REE, entra a estar presente por arte de birlibirloque legal en este entramado. La Comisión Nacional de Energía perforó todos los tiempos posibles en establecer unos criterios técnicos y no funcionales para la clasificación de este tipo de redes que, al final, pudimos descubrir por el método intrincado de hacerse público a través de un voto particular a la resolución de los mismos y que además no son eficientes.

Por otra parte, el cierre del acuerdo de la conexión eléctrica con Francia obtuvo un resultado menos satisfactorio del necesario (soterramiento y línea de corriente continua), que implicará la reducción de la capacidad potencial de exportación e interconexión de mercados regionales de electricidad y, por tanto, un cierto freno a sectores como el eólico que necesitarían más capacidad de transferencia para momentos punta. En todo caso, no hay avances en su construcción pese a la mediación de Mario Monti. En las cumbres Sarkozy-Zapatero, también se ha planteado en este período la interconexión gasista con Francia.

Y, finalmente, quizá lo más relevante o, mejor dicho, lo más novelesco y emocionante, es cómo Miguel Sebastián sondeó la reconfiguración e integración de los operadores de red y transporte, eléctrico y gasista, noticia que se filtró convenientemente a través de los cauces habituales de sabotaje. Con posterioridad a esta publicación, se trabajó duramente en la fortificación de Luis Atienza en el consejo de REE, además de que él mismo, ni corto, ni perezoso, se presentó en el Ministerio, montó una pajarraca, haciendo valer sus poderes para abortar cualquier operación de estas características. Hoy parece que ese proceso está momentáneamente parado y REE elevó un 17 % su dividendo.

Como se habrán podido dar cuenta en esta recopilación de temas del curso energético, la mayor parte de ellos, además de estar interrelacionados de alguna manera, en su mayor parte, no están conclusos. Quiere decirse que lo que hemos podido seguir en el curso 2008-2009 es relativamente episódico, dentro de lo importante que ha sido lo que va de 2009 para el sector energético español y, en especial, para el sector eléctrico.

La liberalización, en síntesis, ha consistido en: uno, calendarizar el final del déficit tarifario; dos, disociar lo que son los comercializadores de último recurso del conjunto de los comercializadores que pueden realizar ofertas a los consumidores; tres, fijar una tarifa máxima y única que es la tarifa de último recurso (TUR) que es la que ofrecen, precisamente, los comercializadores de último recurso (CUR); y cuatro, traspasar los consumidores a su comercializador en función de su elección.

Como consecuencia, parece que la estrategia de medio plazo, de imperar la lógica, consistirá en ir elevando la tarifa de último recurso moderadamente para dos cosas: absorber el déficit tarifario acumulado e ir dejando margen a la actividad de comercialización con el tiempo (quiere decirse que es cierta la existencia actual de dificultades para encontrar ofertas competitivas dado que todavía no existen márgenes suficientes para que las ofertas de la comercializadoras tengan márgenes razonables). En concreto, en la subida de julio, a través de la elevación de los peajes o tarifas de acceso, se ha traducido una subida del 2% en la tarifa de último recurso con respecto a las últimas tarifas integrales. El esquema ha sido: tratar de combinar subidas moderadas, transición a la liberalización y extinción del déficit tarifario, una ecuación con varias incógnitas complejas y que necesita tempo, para que el día de mañana haya, de verdad, mercado.

Lo lógico es entender y comprender que este proceso es a dos o tres años, es decir, en un horizonte de medio plazo en el que hay que aprovechar los precios bajos de la energía en el mercado de generación para que la adecuación de la tarifa de último recurso sea menos traumática. Además, para un número importante de consumidores, incluyendo los pensionistas, se ha articulado el bono social que sufragan las eléctricas para que determinados colectivos vulnerables se queden en este período hasta 2012 con una foto fija en lo que se refiere a sus tarifas. Es decir, que no suban y se queden congeladas.

Por eso, en el caso de la segunda parte de la liberalización, la correspondiente a la actividad de comercialización, se ha producido un fenómeno particularmente curioso que es el de la conversión fervorosa por la vía del exceso y la exageración. El deseo de liberalización súbito en plan purga de Benito. Podemos encontrar cómo los disconformes o contrarios a la liberalización han pasado en un movimiento pendular a una credulidad sin precedentes. A la militancia por la vía del “stacatto”. Y, así con la furia del converso, han comenzado ha criticar la liberalización por insuficiente, por no haber producido una revolución instantánea que haga olvidar el pasado de déficit tarifario, por no tener un torrente de ofertas inmediatas, en lugar de comprender el contexto general.

Convencidos de que la electricidad debe ser el último bien en el que el Estado debe intervenir para hacer redistribución, su estrategia parte de intervenir los precios a decir que la liberalización es insuficiente: que el bono social es poco (porque lo que debería hacer no es congelar la tarifa, sino regalar dinero y, a poder ser, para muchos o para todos), que hay insuficiencia de comercializadores de último recurso, insuficiencia de comercializadores e insuficiencia de ofertas masivas de comercializadores (además de aprovecharse de alguna de las precipitaciones del proceso, como el cálculo de la tarifa con discriminación horaria que ha tenido que ser modificada vía corrección de errores o la necesidad de haber facilitado que ciertas distribuidoras accediesen a la comercialización de último recurso por alguna vía).

Además este grupo se ha visto reforzado por quienes, legítimamente, piden una liberalización más rápida, es decir, una subida de tarifas mayor para que la actividad de comercialización empezase a dar frutos en menos tiempo. En conjunto se ha formado un cierto magma de intereses contrapuestos, con “móviles criminales” diferenciados, para cometer un asesinato a este modelo de liberalización dosificada razonablemente. Podemos calificar así de curiosos los fenómenos de simbiosis y parasitismo que se han dado en esta fase.

Este grupo, capitaneado en la sombra por los retroprogresivos del sector energético, también se ha ido especializando en azuzar de manera irresponsable a las asociaciones de consumidores. Proveerles de argumentos sombríos para que en el problema del déficit tarifario se puedan apreciar lo que toda la vida se ha denominado “excusas de mal pagador”. Por eso, este grupo, a parte de abjurar del déficit tarifario (tras fomentarlo), y de sus consecuencias futuras como si fuera un secreto de familia, se olvida de que se ha diseñado un procedimiento poco traumático para su extinción y pago aplazado, además de minimizar la labor redistribuidora de las tarifas a través del bono social, que además no va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Lo curioso y particularmente lacerante, es que dentro de este grupo se haya inscrito de manera poco precisa y lábil, la propia Comisión Nacional de Energía, en abstracto y con una campaña de erosión de baja intensidad. No existe artículo en el que fuentes de la CNE, o en la que extraoficialmente la CNE no introduzca, gravemente, y de forma impropia para un organismo oficial supervisor del sector eléctrico español y garante del marco regulatorio liberalizado, dudas y sombras de irregularidades sobre el sector y las empresas. Incluso se han organizado encuentros por parte del organismo a este fin, donde se difunden estos argumentos, que en una sociedad occidental y por su procedencia, deberían calificarse de “peligrosidad social”. Y todo ello, además, sin el pronunciamiento expreso del Consejo de Administración, que a lo mejor ganas tendría de mostrarse en contra de la liberalización, pero está cruzando los dedos por si se reforma la composición del mismo, se tecnifica y se despolitiza. Vamos, lo que quiere decir es que se depura.

Entramos, por ello, en que la diferencia entre un organismo independiente y un organismo “bala perdida” puede ser muy tenue llegados a este punto. Y en un concepto falaz: defender al consumidor de la realidad, de forma paternalista, a base de precios bajos vía intervención o no explicando la realidad previa de la deuda acumulada y sus consecuencias, no es defender al consumidor, es engañarlo, desorientarlo, dar señales falsas de precio, abocarlo a que consuma de manera irresponsable. Sobre todo para que éste no exija con seriedad un mix energético sostenible económica y medioambientalmente en el medio plazo.

Por eso, ¡que liberalicen la CNE y por la vía rápida!

Probablemente en un resumen de este tipo sea preciso pasar revista a la actualidad de la energía por tecnologías de generación, en la medida que ya se ha instalado un proceso cainita extra marcado por desplazarse mutuamente las distintas tecnologías en el denominado mix energético. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha desatado un movimiento en los pasillos, en los cenáculos, en los periódicos, en los debates televisivos destinados a contraponer tecnologías, para que las decisiones de planificación de alguno de los reguladores involucrados se vean concernidos, afectados, influidos por los resultados de esta turbamulta. Así, con la decisión de los despachos y del Boletín Oficial del Estado se puede condicionar el desarrollo futuro del mix y, evidentemente, ventilar un problema por la vía de la acción gubernativa, que se debería resolver en el ámbito del mercado y de la inversión con estabilidad regulatoria prefijada.

Si no, ¿en qué clave es en la que hay que entender el akelarre forzoso creado desde Moncloa contra la energía nuclear? Polémica generada en oposición a la bucólicas y distributivas características de las energías renovables, que también han obviado quizá su mayor talón de Aquiles: en el plano técnico, la no gestionabilidad de las mismas y en el plano de la propiedad, que ha sido la constitución de redes clientelares en distintos ámbitos territoriales de difícil escapatoria a la subyugación de los poderes locales. En todo caso, para ello siempre hay soluciones normativas y económicas que no nos aboquen a lo maniqueo.

Salvando esta disquisición inicial, de la que esperemos nadie infiera una comunión o una oposición, decidida o ciega, ni por lo nuclear, ni por las renovables de este medio de comunicación, sino un llamamiento a la racionalidad del mercado y las señales que avalen un mix energético diversificado, equilibrado desde el punto de vista de dependencia energética y que prime la sostenibilidad ambiental y económica, teniendo en cuenta que las decisiones de este tipo tendrán su trascendencia en la tarifa eléctrica, en el medio ambiente y en la competitividad del país. Sobre todo, porque si alguna seña de identidad tiene Energía Diario es la defensa de la estabilidad regulatoria (la de las renovables, la de la nuclear y de las demás tecnologías), la seguridad jurídica y la liberalización en los mercados energéticos, junto con un mix diversificado porque cada tecnología tiene su función y su papel en el mercado.

Metidos en harina, en este curso se ha producido la promulgación del R.D. 1578/2008, sustitución necesaria del R.D. 661/2007 en el ámbito de la energía fotovoltaica, que venía a sustituir a una legislación con devaneos orgiásticos en lo tocante a retribución en términos de primas, lo que desembocó en un final muy abrupto para el sector. Esta normativa incorporaba, entre otras novedades, tres de especial importancia y a las que habrá que estar atentos por sus posibilidades futuras: una reducción de la retribución de partida que captura las mejoras tecnológicas, un mecanismo de cupos trimestrales, que además interactúa con la retribución reduciendo la misma en función de la cobertura de los cupos (el tercer elemento, o de síntesis de todo lo anterior, el mecanismo diabólico, el modelo alemán). El resultado ha sido un fuerte aterrizaje forzoso en el sector de la energía solar fotovoltaica y que hoy haya proyectos acumulados a cinco años vista.

Posteriormente, una vez probada la eficacia de este mecanismo de preasignación se ha producido, la extensión del mecanismo del registro de preasignación al resto de tecnologías renovables incorporado en el Real Decreto Ley 6/2009 (el que liquida el déficit tarifario). Innovación regulatoria que reduce (o mejor dicho, mete en cintura) el papel de las Comunidades Autónomas y también el de la CNE en la delimitación del período de aplicación del R.D. 661/2007. Muerto el perro, se acaba la rabia, así se cierra una espita abierta de difícil control; en el que Industria quería evitar el despropósito del cafarnaúm en que se había convertido el final del modelo retributivo en el caso de la fotovoltaica. Casi todo el mundo, interpretó que Nieto se fajó especialmente en aquilatar la retribución a la eólica y que se despistó bastante en la fijación del modelo fotovoltaico. En todo caso, esta norma, prácticamente es el cierre del modelo retributivo aprobado en el R.D. 661/2007 dado que un gran número de tecnologías han llegado a sus techos contenidos en el Plan de Energías Renovables en vigor.

En la parte negativa-ideológica, para las renovables, tuvo lugar una agria discusión promovida por la publicación de un informe del presidente del Instituto Juan de Mariana, Gabriel Calzada, cuyo contenido es de muy dudosa factura en lo que se refiere a metodología económica. Informe que ha tenido una fuerte repercusión mediática en USA, especialmente en los círculos conservadores y en un momento en que se quería ejercer una presión al propio Barack Obama y que ha degenerado en dudas sobre el modelo español, hasta ese momento referente mundial en renovables. Informe que venía a continuar las tesis negacionistas del cambio climático por un lado, y a acusar a las energías renovables de expulsar empleo e inversión, por las primas que recibe. Este quizá es el extremo opuesto de esa polarización, en una simplificación/ideologización de la discusión económica.

Y, en el plano persecutorio/disuasorio también ha estado ¡cómo no! la Comisión Nacional de Energía (CNE) que encontró como objeto de sus desvelos inspectores/inqisitoriales, las tecnologías renovables, perseguidas sólo por eso y por el hecho de que su retribución incluya una prima. Persecución en plan ‘Thelma y Louise’ y en la que incluso se cayó en la ensoñación y el delirio de la vigilancia aérea y los helicópteros. Tanto fue así, que se reprodujeron titulares catastrofistas, se diseñó un proceso inspector/investigador sin precedentes, sistemático, desmedido, sin utilizar mecanismos de preselección y muestreo y cuyos resultados, directamente, han sido ocultados (no han sido publicados por el organismo en su página web) y remitidos por conducto directo al Ministerio de Industria, sin más conocimiento público. En todo caso, parece que la percepción apocalíptica anunciada no se ha cumplido, la complejidad jurídica y administrativa ha introducido granillo en las previsiones devastadoras de que se hacían eco varios medios de comunicación, en una utilización mediática interesada de este proceso por parte del organismo en sus horas más bajas (y que ahora parece que, incluso, reniega).

En el plano de lo vaporoso, nos encontramos con los continuos devaneos de la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, postergada desde el año pasado y al parecer ya subsumida dentro de la ansiada y misteriosa Ley de Economía Sostenible que prepara el Ministerio de Economía y Hacienda para la vuelta del verano y que quiere ser uno de esos estandartes del gobierno, además de contenedora del nuevo modelo económico español. Con esas pretensiones, hay que ponerse en lo peor. En todo caso, no se sabe muy bien que es lo que hará esta norma con las energías renovables, si garantizar la estabilidad jurídica y regulatoria de sus modelos retributivos o será un puro ejercicio político de afirmación, propaganda y retórica. En todo caso, permaneceremos atentos a la pantalla.

Y finalmente, las renovables se han visto inmersas, recientemente, probablemente contra su voluntad, como decíamos al principio de este artículo, en la polémica por el cierre de Garoña, con una posición inteligente desde las distintas asociaciones y colectivos de energías renovables de no entrar en una cuestión que ha estado fuertemente ideologizada y en la que siempre hay alguien que tiene un “boomerang” preparado. Sobre todo porque hay teorías que sostienen que la energía nuclear y las renovables pueden forman un mix económicamente y medioambientalmente sostenible.

En todo caso, verán ustedes qué presencia de espíritu tendrá en el sector de la energía la tecnología termosolar en atención a los servicios prestados con Garoña.