La CNE anda suelta

Groucho Marx afirmaba que “de la nada, hemos logrado alcanzar las más altas cotas de miseria que podíamos imaginar”. Por eso este curso que acaba de finalizar deja nuevamente al regulador energético, teóricamente independiente, en uno de sus comportamientos paradójicos e imposibles, ligado a una campaña de guerra de guerrillas contra el modelo de liberalización energética, la tarifa de último recurso y el modelo de comercialización. Tampoco es algo que deba sorprendernos en exceso, aunque sí es llamativo que perdure, de una forma tan prolongada en el tiempo, la deriva de este organismo, cuyos fines regulatorios y supervisores consistían en desarrollar y defender un modelo de mercado y de liberalización coherente con la legislación que dio lugar a su creación.

En cambio, la realidad es bien distinta, habiéndose producido una involución en el propio organismo que, desde el punto de vista del mercado, es contradictoria (busca alejarse de él, justificándose en razones peregrinas y extemporáneas) y, desde el punto de vista de la historia del sector energético, nos devuelve a tiempos previos al Marco Legal Estable, es decir, al falangismo ideológico, al control de rentas individualizadas frente a la búsqueda de la eficiencia conjunta de los mercados y su supervisión profesionalizada. En todo ello, además, persiste un enfrentamiento soterrado con el Ministerio de Industria, a cuenta del fracaso del sector retroprogresivo en su empeño por dinamitar la fase final de la liberalización, así como el modelo de tarifas y comercializadores de último recurso, que incluyó una primera fase de filtración de los avances de la negociación y una labor de difusión de bulos y rumores contra las empresas. Confrontación que no es propia de un regulador independiente, sino de un electrón suelto y perdido con comportamientos no coherentes con su papel.

Se puede decir, por ello, que el curso que finaliza ha servido para que continúe el expolio institucional de la CNE a manos de la política y la ideología, pese al esfuerzo inane de Maite Costa en señalar la ausencia de politización del Consejo. La supresión de sus objetivos de defensa de la legalidad vigente y del mercado por el cuestionamiento generalizado del mismo, o mediante la colocación de astillas que lo hagan inútil, acaba por certificar la escasa credibilidad del organismo en su configuración actual y las funciones de su Consejo. Así, la CNE actual será responsable de su propio harakiri.

La lista de absurdos ha ido “in crescendo”: desde el informe de costes y precios complementario a las tarifas de junio del año pasado, madre de todas las batallas, Biblia inspiradora del pensamiento retroprogresivo que aboga por exterminar el mercado en pos del intervencionismo, han ido sucediéndose de manera continuada nuevos episodios en este período en los que la credibilidad del organismo ha seguido en el tobogán de bajada. Desde que fuera elaborado este informe de marras, basado en las tesis antimercado del pensamiento único retroprogresivo genuino español, sostenido por dos consejeros y la hija de uno de ellos, posteriormente aprobado de rondón, con datos erróneos, suposiciones de pizarra y ninguna información económica y contable, sucede que se ha procurado que se disolviese, de vez en cuando, a través de nuevas figuras regulatorias, realizando un esfuerzo voluntarioso de propagación distribuida gracias a algunos secuaces y a que no ha habido una renovación generacional con presencia pública en el campo regulatorio (más allá de la genética) que pudiera estar orientada hacia modelos de mercado más occidentales.

Solo así se puede entender el estrepitoso fracaso en las subastas para la colocación del déficit tarifario, asunto que abocó a que se abordara con mayor urgencia un proceso de negociación, de elaboración de un escenario temporal de transición y de excepcionalidad del que ahora la propia CNE se desentiende incomprensiblemente y del que se hace desconocedora de la trayectoria de decisiones políticas acumuladas en torno a ese déficit. Es éste el momento en el que viene a colación la crítica, en plan tendido 7, a la liberalización efectuada y al R.D. Ley 6/2009.

Luego viene el comportamiento del organismo en lo que han sido las operaciones corporativas en el sector. Primero, con el papelón en las Opas de E.ON y de Gas Natural (ésta, en el último curso), incluyendo el escondrijo temporal de los Informes, escamoteo de votos particulares y su escape de la transparencia pública, así como la publicación de los mismos a destiempo y de forma parcial. Estos hechos han afectado duramente a los principios de transparencia que deben regir la acción de un regulador independiente, tal y como hemos venido señalando y denunciando puntualmente en cada vez que esto ha sucedido.

Segundo, el informe sobre la evolución de la competencia en los mercados energéticos, que también fue publicado a destiempo (para evitar la implosión de las críticas retroprogresivas ante el avance de la competencia que, con total claridad, se está produciendo en el sector energético español). Luego, el que estos informes hayan sido cuestionados técnicamente al incluir defectos graves en el cálculo de los índices sobre la competencia en el mercado energético, cuyos efectos regulatorios provocan fuerte inestabilidad sectorial, además de consecuencias para los agentes. Y, finalmente, que la corrección de los mismos y sus críticas no hayan sido hecho públicos, sino que se hayan intentado sofocar mediante la coacción.

Otra de las constantes de la CNE ha sido la de inflamar las incidencias sectoriales hasta intentar convertirlas en escándalos que se apagaban con una rapidez proporcional al desarrollo de los acontecimientos. En su haber, está la utilización de una función inspectora con las renovables basada en la trotskista generación de terror en los medios de comunicación y en una presunción de culpabilidad, de forma que las empresas son intrínsicamente cuestionadas. Del megalómano episodio de los helicópteros para perseguir placas solares, al informe enviado en secreto y por mensajero al Ministerio sobre las conclusiones sobre la investigación de las renovables y su traducción en “irregularidades” sancionables, media un abismo. Se echa en falta responsabilidad en los dictámenes que se elaboran (¿no podrían haber dicho nada del mecanismo que preveía el R.D. 661/2007 y los riesgos retributivos en la transición de modelos?), junto a la generación de un marco de seguridad, rigor y actuación discreta y proporcionada que sería muy de agradecer.

En el plano interno, contamos, por un lado, con un Consejo demorado más de un año y un clima interno deteriorado entre los servicios técnicos, pero por otro lado, en el órgano más viajero de los reguladores españoles, que dedica un número importante de recursos a convenios internacionales de finalidad imposible, así como en un abundante programa de eventos públicos, adquisición de bienes muebles y retribución en especie impropio del momento económico del país.

Y, en el plano personal, queda la posición de los consejeros (la mitad con su período vencido y demorado) y de la presidenta del organismo. Tras el idilio regulatorio con el anterior Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, y los puentes quebrados con este equipo energético, Maite Costa ya ha cubierto todo su camino como presidenta de la CNE, desposeída judicialmente de unos poderes deseados (en lo formal) y desprovista (de facto) de legitimidad política, económica y sectorial.

Costa abandera un organismo convertido en un “muerto viviente”, un zombi que vaga perdido sin rumbo, una institución que es eludida en los círculos oficiales, regulatorios y sectoriales energéticos, que evidencia su prescindibilidady que muestra su cuestionamiento generalizado. Desde esa perspectiva es como hay que comprender (además de por sus propias posiciones) la indiferencia hacia las decisiones que expresa el organismo en los dictámenes de su Consejo.

Por tanto encontramos a un organismo en su contradicción: abandonando las funciones supervisoras de la competencia, para criticar que exista un modelo que provoque competencia, censurando la legalidad vigente en una actitud antimercado puramente ideológica. Probablemente, detrás de todo esto subsiste un anhelo de investirse en un ente de control de rentas energéticas por instalación, que administre el intervencionismo y la discrecionalidad. Por tanto, la deriva de este organismo ya es un asunto perentorio y merece una solución para que se configure un organismo que dé confianza, estabilidad regulatoria y coherencia a la liberalización del sector energético español. Para ello, que se haga lo que se tenga que hacer, desde modificar su marco legal hasta remocionar (en la medida que sea) su composición actual. Pero esta situación empieza a ser muy urgente.

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