El caso de la liberalización liberalizadita y la CNE como bala perdida

Como se habrán podido dar cuenta en esta recopilación de temas del curso energético, la mayor parte de ellos, además de estar interrelacionados de alguna manera, en su mayor parte, no están conclusos. Quiere decirse que lo que hemos podido seguir en el curso 2008-2009 es relativamente episódico, dentro de lo importante que ha sido lo que va de 2009 para el sector energético español y, en especial, para el sector eléctrico.

La liberalización, en síntesis, ha consistido en: uno, calendarizar el final del déficit tarifario; dos, disociar lo que son los comercializadores de último recurso del conjunto de los comercializadores que pueden realizar ofertas a los consumidores; tres, fijar una tarifa máxima y única que es la tarifa de último recurso (TUR) que es la que ofrecen, precisamente, los comercializadores de último recurso (CUR); y cuatro, traspasar los consumidores a su comercializador en función de su elección.

Como consecuencia, parece que la estrategia de medio plazo, de imperar la lógica, consistirá en ir elevando la tarifa de último recurso moderadamente para dos cosas: absorber el déficit tarifario acumulado e ir dejando margen a la actividad de comercialización con el tiempo (quiere decirse que es cierta la existencia actual de dificultades para encontrar ofertas competitivas dado que todavía no existen márgenes suficientes para que las ofertas de la comercializadoras tengan márgenes razonables). En concreto, en la subida de julio, a través de la elevación de los peajes o tarifas de acceso, se ha traducido una subida del 2% en la tarifa de último recurso con respecto a las últimas tarifas integrales. El esquema ha sido: tratar de combinar subidas moderadas, transición a la liberalización y extinción del déficit tarifario, una ecuación con varias incógnitas complejas y que necesita tempo, para que el día de mañana haya, de verdad, mercado.

Lo lógico es entender y comprender que este proceso es a dos o tres años, es decir, en un horizonte de medio plazo en el que hay que aprovechar los precios bajos de la energía en el mercado de generación para que la adecuación de la tarifa de último recurso sea menos traumática. Además, para un número importante de consumidores, incluyendo los pensionistas, se ha articulado el bono social que sufragan las eléctricas para que determinados colectivos vulnerables se queden en este período hasta 2012 con una foto fija en lo que se refiere a sus tarifas. Es decir, que no suban y se queden congeladas.

Por eso, en el caso de la segunda parte de la liberalización, la correspondiente a la actividad de comercialización, se ha producido un fenómeno particularmente curioso que es el de la conversión fervorosa por la vía del exceso y la exageración. El deseo de liberalización súbito en plan purga de Benito. Podemos encontrar cómo los disconformes o contrarios a la liberalización han pasado en un movimiento pendular a una credulidad sin precedentes. A la militancia por la vía del “stacatto”. Y, así con la furia del converso, han comenzado ha criticar la liberalización por insuficiente, por no haber producido una revolución instantánea que haga olvidar el pasado de déficit tarifario, por no tener un torrente de ofertas inmediatas, en lugar de comprender el contexto general.

Convencidos de que la electricidad debe ser el último bien en el que el Estado debe intervenir para hacer redistribución, su estrategia parte de intervenir los precios a decir que la liberalización es insuficiente: que el bono social es poco (porque lo que debería hacer no es congelar la tarifa, sino regalar dinero y, a poder ser, para muchos o para todos), que hay insuficiencia de comercializadores de último recurso, insuficiencia de comercializadores e insuficiencia de ofertas masivas de comercializadores (además de aprovecharse de alguna de las precipitaciones del proceso, como el cálculo de la tarifa con discriminación horaria que ha tenido que ser modificada vía corrección de errores o la necesidad de haber facilitado que ciertas distribuidoras accediesen a la comercialización de último recurso por alguna vía).

Además este grupo se ha visto reforzado por quienes, legítimamente, piden una liberalización más rápida, es decir, una subida de tarifas mayor para que la actividad de comercialización empezase a dar frutos en menos tiempo. En conjunto se ha formado un cierto magma de intereses contrapuestos, con “móviles criminales” diferenciados, para cometer un asesinato a este modelo de liberalización dosificada razonablemente. Podemos calificar así de curiosos los fenómenos de simbiosis y parasitismo que se han dado en esta fase.

Este grupo, capitaneado en la sombra por los retroprogresivos del sector energético, también se ha ido especializando en azuzar de manera irresponsable a las asociaciones de consumidores. Proveerles de argumentos sombríos para que en el problema del déficit tarifario se puedan apreciar lo que toda la vida se ha denominado “excusas de mal pagador”. Por eso, este grupo, a parte de abjurar del déficit tarifario (tras fomentarlo), y de sus consecuencias futuras como si fuera un secreto de familia, se olvida de que se ha diseñado un procedimiento poco traumático para su extinción y pago aplazado, además de minimizar la labor redistribuidora de las tarifas a través del bono social, que además no va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Lo curioso y particularmente lacerante, es que dentro de este grupo se haya inscrito de manera poco precisa y lábil, la propia Comisión Nacional de Energía, en abstracto y con una campaña de erosión de baja intensidad. No existe artículo en el que fuentes de la CNE, o en la que extraoficialmente la CNE no introduzca, gravemente, y de forma impropia para un organismo oficial supervisor del sector eléctrico español y garante del marco regulatorio liberalizado, dudas y sombras de irregularidades sobre el sector y las empresas. Incluso se han organizado encuentros por parte del organismo a este fin, donde se difunden estos argumentos, que en una sociedad occidental y por su procedencia, deberían calificarse de “peligrosidad social”. Y todo ello, además, sin el pronunciamiento expreso del Consejo de Administración, que a lo mejor ganas tendría de mostrarse en contra de la liberalización, pero está cruzando los dedos por si se reforma la composición del mismo, se tecnifica y se despolitiza. Vamos, lo que quiere decir es que se depura.

Entramos, por ello, en que la diferencia entre un organismo independiente y un organismo “bala perdida” puede ser muy tenue llegados a este punto. Y en un concepto falaz: defender al consumidor de la realidad, de forma paternalista, a base de precios bajos vía intervención o no explicando la realidad previa de la deuda acumulada y sus consecuencias, no es defender al consumidor, es engañarlo, desorientarlo, dar señales falsas de precio, abocarlo a que consuma de manera irresponsable. Sobre todo para que éste no exija con seriedad un mix energético sostenible económica y medioambientalmente en el medio plazo.

Por eso, ¡que liberalicen la CNE y por la vía rápida!