Y Luis Atienza salió del cerco

Que en España no está resuelto el papel de los operadores de sistema y de transporte en los sectores eléctrico y gasista y que, incluso, se han dado pasos atrás hacia el monopolio en estas actividades de forma relativamente reciente, es algo que es conocido, público, notorio y en lo que hay consenso. Por otra parte, y como trasfondo, la tendencia, muy de largo plazo pero a nivel europeo, es la de ir avanzando hacia modelos en los que el operador de transporte y el de sistema estén separados (ISO), frente al actual modelo TSO en el que ahora aparecen integrados en nuestro país y con tendencia al monopolio único en las redes y, lo que es peor, a condicionar las decisiones regulatorias y de mercado, habiendo atesorado este tipo de empresas el perfil de “Ente” y el poder de ser reguladores en la sombra, pese a su condición de empresas privadas.

En todo ello influye decisivamente el hecho de que estas actividades estén sometidas a un modelo de costes reconocidos (es decir, se calcula cuál es el coste de un activo, en teoría necesario, para esta actividad, en función de lo que declara el propio operador) y, por otra parte, se le aplica una tasa de rentabilidad (un tipo de interés anual) que debe incluir, incluso, su retorno. Lógicamente, los operadores pueden tener varios intereses: uno, elevar los costes de cada activo y su mantenimiento. Dos, colocar tasas de interés (de beneficio) más altas. Tres, aumentar el número de activos a retribuir, como buen monopolista. Es lo que ocurre cuando en una actividad no hay mercado en el que buscar comportamientos eficientes de sus operadores.

Comenzábamos, por tanto, el año con la herencia del acuerdo con el ex Secretario General de Energía para modificar el modelo retributivo del transporte de electricidad que, entre otras cuestiones pendientes de resolución (el mecanismo de valoración de los activos), implicaba que en el mes de septiembre de cada año, REE ya habría percibido su retribución del ejercicio. La subida de retribución para este operador ascendía al 10-11%. En estos momentos, parece ser que se está en fase de intentar objetivizar el precio de esos activos a remunerar a partir de estudios comparativos especializados.

Por otra parte, la caída de la demanda que se ha producido tanto en la electricidad como en el gas, ha determinado que Industria sea favorable a reducir la inversión de los actuales operadores de sistema y transporte de electricidad y del operador técnico de sistema en el caso del gas. Especialmente clave es el efecto de la caída de la demanda la situación de Enagás, dadas las infraestructuras previstas y prometidas de regasificación y el tendido de gaseoductos previstos para el transporte de este combustible. Hay que tener en cuenta que si la retribución se establece en función de cada uno de los activos, sus distintos elementos y su mantenimiento, cada uno de los operadores la percibe, sean necesarias o no, se usen mucho o poco. Tienen por tanto “incentivos” a la bulimia. Y, lógicamente, la consecuencia directa es que esa retribución por activo tiene que repercutir sobre los precios finales de la energía: es decir, sobre la tarifa que pagan los consumidores. En el caso de Red Eléctrica, ese análisis requiere más pormenorización, dado que existen problemas de “cuellos de botella” o estrangulamientos en suministro o evacuación de energía, que obligan a acudir a los desvíos/mercado de restricciones técnicas, o tienen riesgo de suministro en ciertas zonas del país, lo que obliga a que sea necesario que se siga invirtiendo selectivamente para resolver estos problemas.

En este año escolar también tuvo presencia el conflicto en la determinación de la naturaleza de determinados tramos de la red como de transporte o distribución, partiendo de un dilema problemático: la calificación funcional o técnica de la red, algo que también ha traído verdaderos quebraderos de cabeza para resolver inversiones que estaban pendientes. La clave está en determinados tramos de 220 kV en grandes ciudades y en las redes extrapeninsulares, donde, de repente, un nuevo operador, REE, entra a estar presente por arte de birlibirloque legal en este entramado. La Comisión Nacional de Energía perforó todos los tiempos posibles en establecer unos criterios técnicos y no funcionales para la clasificación de este tipo de redes que, al final, pudimos descubrir por el método intrincado de hacerse público a través de un voto particular a la resolución de los mismos y que además no son eficientes.

Por otra parte, el cierre del acuerdo de la conexión eléctrica con Francia obtuvo un resultado menos satisfactorio del necesario (soterramiento y línea de corriente continua), que implicará la reducción de la capacidad potencial de exportación e interconexión de mercados regionales de electricidad y, por tanto, un cierto freno a sectores como el eólico que necesitarían más capacidad de transferencia para momentos punta. En todo caso, no hay avances en su construcción pese a la mediación de Mario Monti. En las cumbres Sarkozy-Zapatero, también se ha planteado en este período la interconexión gasista con Francia.

Y, finalmente, quizá lo más relevante o, mejor dicho, lo más novelesco y emocionante, es cómo Miguel Sebastián sondeó la reconfiguración e integración de los operadores de red y transporte, eléctrico y gasista, noticia que se filtró convenientemente a través de los cauces habituales de sabotaje. Con posterioridad a esta publicación, se trabajó duramente en la fortificación de Luis Atienza en el consejo de REE, además de que él mismo, ni corto, ni perezoso, se presentó en el Ministerio, montó una pajarraca, haciendo valer sus poderes para abortar cualquier operación de estas características. Hoy parece que ese proceso está momentáneamente parado y REE elevó un 17 % su dividendo.