Probablemente en un resumen de este tipo sea preciso pasar revista a la actualidad de la energía por tecnologías de generación, en la medida que ya se ha instalado un proceso cainita extra marcado por desplazarse mutuamente las distintas tecnologías en el denominado mix energético. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha desatado un movimiento en los pasillos, en los cenáculos, en los periódicos, en los debates televisivos destinados a contraponer tecnologías, para que las decisiones de planificación de alguno de los reguladores involucrados se vean concernidos, afectados, influidos por los resultados de esta turbamulta. Así, con la decisión de los despachos y del Boletín Oficial del Estado se puede condicionar el desarrollo futuro del mix y, evidentemente, ventilar un problema por la vía de la acción gubernativa, que se debería resolver en el ámbito del mercado y de la inversión con estabilidad regulatoria prefijada.

Si no, ¿en qué clave es en la que hay que entender el akelarre forzoso creado desde Moncloa contra la energía nuclear? Polémica generada en oposición a la bucólicas y distributivas características de las energías renovables, que también han obviado quizá su mayor talón de Aquiles: en el plano técnico, la no gestionabilidad de las mismas y en el plano de la propiedad, que ha sido la constitución de redes clientelares en distintos ámbitos territoriales de difícil escapatoria a la subyugación de los poderes locales. En todo caso, para ello siempre hay soluciones normativas y económicas que no nos aboquen a lo maniqueo.

Salvando esta disquisición inicial, de la que esperemos nadie infiera una comunión o una oposición, decidida o ciega, ni por lo nuclear, ni por las renovables de este medio de comunicación, sino un llamamiento a la racionalidad del mercado y las señales que avalen un mix energético diversificado, equilibrado desde el punto de vista de dependencia energética y que prime la sostenibilidad ambiental y económica, teniendo en cuenta que las decisiones de este tipo tendrán su trascendencia en la tarifa eléctrica, en el medio ambiente y en la competitividad del país. Sobre todo, porque si alguna seña de identidad tiene Energía Diario es la defensa de la estabilidad regulatoria (la de las renovables, la de la nuclear y de las demás tecnologías), la seguridad jurídica y la liberalización en los mercados energéticos, junto con un mix diversificado porque cada tecnología tiene su función y su papel en el mercado.

Metidos en harina, en este curso se ha producido la promulgación del R.D. 1578/2008, sustitución necesaria del R.D. 661/2007 en el ámbito de la energía fotovoltaica, que venía a sustituir a una legislación con devaneos orgiásticos en lo tocante a retribución en términos de primas, lo que desembocó en un final muy abrupto para el sector. Esta normativa incorporaba, entre otras novedades, tres de especial importancia y a las que habrá que estar atentos por sus posibilidades futuras: una reducción de la retribución de partida que captura las mejoras tecnológicas, un mecanismo de cupos trimestrales, que además interactúa con la retribución reduciendo la misma en función de la cobertura de los cupos (el tercer elemento, o de síntesis de todo lo anterior, el mecanismo diabólico, el modelo alemán). El resultado ha sido un fuerte aterrizaje forzoso en el sector de la energía solar fotovoltaica y que hoy haya proyectos acumulados a cinco años vista.

Posteriormente, una vez probada la eficacia de este mecanismo de preasignación se ha producido, la extensión del mecanismo del registro de preasignación al resto de tecnologías renovables incorporado en el Real Decreto Ley 6/2009 (el que liquida el déficit tarifario). Innovación regulatoria que reduce (o mejor dicho, mete en cintura) el papel de las Comunidades Autónomas y también el de la CNE en la delimitación del período de aplicación del R.D. 661/2007. Muerto el perro, se acaba la rabia, así se cierra una espita abierta de difícil control; en el que Industria quería evitar el despropósito del cafarnaúm en que se había convertido el final del modelo retributivo en el caso de la fotovoltaica. Casi todo el mundo, interpretó que Nieto se fajó especialmente en aquilatar la retribución a la eólica y que se despistó bastante en la fijación del modelo fotovoltaico. En todo caso, esta norma, prácticamente es el cierre del modelo retributivo aprobado en el R.D. 661/2007 dado que un gran número de tecnologías han llegado a sus techos contenidos en el Plan de Energías Renovables en vigor.

En la parte negativa-ideológica, para las renovables, tuvo lugar una agria discusión promovida por la publicación de un informe del presidente del Instituto Juan de Mariana, Gabriel Calzada, cuyo contenido es de muy dudosa factura en lo que se refiere a metodología económica. Informe que ha tenido una fuerte repercusión mediática en USA, especialmente en los círculos conservadores y en un momento en que se quería ejercer una presión al propio Barack Obama y que ha degenerado en dudas sobre el modelo español, hasta ese momento referente mundial en renovables. Informe que venía a continuar las tesis negacionistas del cambio climático por un lado, y a acusar a las energías renovables de expulsar empleo e inversión, por las primas que recibe. Este quizá es el extremo opuesto de esa polarización, en una simplificación/ideologización de la discusión económica.

Y, en el plano persecutorio/disuasorio también ha estado ¡cómo no! la Comisión Nacional de Energía (CNE) que encontró como objeto de sus desvelos inspectores/inqisitoriales, las tecnologías renovables, perseguidas sólo por eso y por el hecho de que su retribución incluya una prima. Persecución en plan ‘Thelma y Louise’ y en la que incluso se cayó en la ensoñación y el delirio de la vigilancia aérea y los helicópteros. Tanto fue así, que se reprodujeron titulares catastrofistas, se diseñó un proceso inspector/investigador sin precedentes, sistemático, desmedido, sin utilizar mecanismos de preselección y muestreo y cuyos resultados, directamente, han sido ocultados (no han sido publicados por el organismo en su página web) y remitidos por conducto directo al Ministerio de Industria, sin más conocimiento público. En todo caso, parece que la percepción apocalíptica anunciada no se ha cumplido, la complejidad jurídica y administrativa ha introducido granillo en las previsiones devastadoras de que se hacían eco varios medios de comunicación, en una utilización mediática interesada de este proceso por parte del organismo en sus horas más bajas (y que ahora parece que, incluso, reniega).

En el plano de lo vaporoso, nos encontramos con los continuos devaneos de la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, postergada desde el año pasado y al parecer ya subsumida dentro de la ansiada y misteriosa Ley de Economía Sostenible que prepara el Ministerio de Economía y Hacienda para la vuelta del verano y que quiere ser uno de esos estandartes del gobierno, además de contenedora del nuevo modelo económico español. Con esas pretensiones, hay que ponerse en lo peor. En todo caso, no se sabe muy bien que es lo que hará esta norma con las energías renovables, si garantizar la estabilidad jurídica y regulatoria de sus modelos retributivos o será un puro ejercicio político de afirmación, propaganda y retórica. En todo caso, permaneceremos atentos a la pantalla.

Y finalmente, las renovables se han visto inmersas, recientemente, probablemente contra su voluntad, como decíamos al principio de este artículo, en la polémica por el cierre de Garoña, con una posición inteligente desde las distintas asociaciones y colectivos de energías renovables de no entrar en una cuestión que ha estado fuertemente ideologizada y en la que siempre hay alguien que tiene un “boomerang” preparado. Sobre todo porque hay teorías que sostienen que la energía nuclear y las renovables pueden forman un mix económicamente y medioambientalmente sostenible.

En todo caso, verán ustedes qué presencia de espíritu tendrá en el sector de la energía la tecnología termosolar en atención a los servicios prestados con Garoña.

A principios del curso político-energético, la trampa del déficit tarifario había conseguido ubicarse como un elemento de fuerte desestabilización del sector, tanto de las empresas como de la actuación de los reguladores, tanto del Ministerio de Industria como de la Comisión Nacional de Energía. Se detectaban fuertes oscilaciones y turbulencias derivados de esa deuda acumulada que no paraba de crecer.

Y en qué se podía apreciar esas turbulencias. En el Ministerio de Industria, en su ultima étapa se habían instrumentado y articulado las alternativas menos pensadas para intentar reducir esta factura pendiente. Por su parte, la Comisión Nacional de Energía, con dos consejeros al frente, se echaba al monte para cuestionar el sistema de de formación de precios en el mercado eléctrico con un Informe sobre Costes y Precios. Por otra parte, este organismo ya había dado signos de agotamiento en el proceso de colocación mediante subastas de la financiación del déficit. Tres elementos se unen en este hecho que fue piedra de toque en la situación de no retorno: primero, la crisis financiera internacional (que fue el pretexto principal para dar cobertura a la CNE de este fracaso); segundo, la ausencia de reconocimiento de las carencias propias y falta de experiencia en realizar este tipo de operaciones en los mercados financieros, y tercero; la falta de respaldo de las instituciones económicas del Estado (Ministerio de Economía, Dirección General de Seguros, Banco de España…), incluyendo una rocambolesca y Taif intentona promovida desde la presidencia de la CNE de involucrar al Gobernador del Banco de España, como se supo después.

Así, por otro lado, también los usuarios con el déficit tarifario cambian o modifican sus hábitos de consumo. Los propios usuarios, no conscientes del precio de la electricidad real, podían seguir consumiendo y llevar al traste todas las políticas de eficiencia energética que se quisieran impulsar, por que para qué. En el fondo, la primera política de eficiencia energética es el precio y su ajuste a la realidad. Y, una oposición a la misma, directa o por vía intervencionista, partía de una desconfianza de que los precios sean el mecanismos de ajustes de oferta y demanda.

Entre tanto, las turbulencias en las empresas no hacían más que crecer, sobre todo en el ámbito financiero y hasta niveles preocupantes, sobre todo para compañías que precisan realizar inversiones futuras y financiarlas. La no colocación de estos déficit en los balances de las empresas lastraban las cuentas, algo que empezaba a ofrecer un cierto regusto al colectivo de retroprogresivos del sector energético, cuyas cavilaciones iban en el siguiente sentido: como el gobierno no estará dispuesto a subir el precio de la energía a su nivel real, el déficit no hay manera de colocarlo, se puede conseguir una quita importante de las empresas eléctricas, es decir, llegar a un modelo de expropiación por el procedimiento del “cuanto peor mejor” y se podrán interponer medidas más intervencionistas en el sector energético. El déficit quedaría extinguido así definitivamente por un procedimiento poco ortodoxo y bastante soviético.

Así, por tanto, el año comenzaba con una fuerte carga emocional, y el Ministerio de Industria comenzó tras el verano a tratar este problema con las empresas llegando en el proceso de negociación, de forma más o menos lógica, a posiciones más o menos cercanas. El proceso se prolongó más de lo previsto por todos, estando a punto de saltar por los aires, porque los problemas en los mercados financieros detectados por analistas y operadores se multiplicaban. Los nervios estaban a flor de piel, lo que hizo que durante varios meses se esperase el ansiado Real Decreto que no llegaba en todas las convocatorias del Consejo de Ministros.

Varios fueron los puntos críticos y amenazas de cortocircuito: en primer lugar, la entrada en liza de la Moncloa en el proceso que incluyó un frenazo al empeño que había puesto el ministro Sebastián en resolver la situación y en llegar a un acuerdo que incluía también un descuento importante a las empresas, establecía una “pax” en el sector y retomaba una senda de estabilidad regulatoria rota con la actuación del equipo energético de Clos y Nieto; en segundo lugar, las interferencias en la propia negociación derivadas de la incesante actividad del grupo de retroprogresivos ligados a la energía (que han visto esta solución como un fracaso y un revés en las posiciones antiliberalizadoras), incluyendo el sabotaje por la vía de la filtración en varias ocasiones de los términos de los acuerdos.

La solución ansiada, se materializó, finalmente, en el Real Decreto Ley 6/2009, que se dilató hasta bien entrado el año, en el mes de mayo. El Real Decreto Ley, que fue convalidado por el Parlamento (incluyendo alguna intentona de última hora de que sus opositores influyeran en grupos políticos y ciertas organizaciones afines de consumidores), establece un déficit tarifario adicional transtitorio hasta 2012, un calendario hasta entonces para su amortización, crea el bono social para los usuarios más desfavorecidos y establece los mecanismos para su negociación y colocación en el mercado, de manera análoga a lo que fue la moratoria nuclear. Y, todo ello, desbloqueando la liberalización pendiente que será y es uno de los argumentos más importantes de este curso.

Esta solución tardía ha hecho que todo se precipite para llegar a 1 de julio, pero después de tanto empantanamiento habría que colegir que más vale tarde y, sobre todo, si la dicha es buena. Y razonable.