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Los trabajadores de Elcogas se manifestarán el 17 de septiembre en Puertollano contra el cierre de la planta

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Europa Press.- Los trabajadores de la central térmica de Elcogas han convocado para el próximo día 17 de septiembre, a las 19.00 horas, en Puertollano (Ciudad Real), una manifestación, que pretenden que sea «masiva», contra el cierre de la empresa. A ello animan los sindicatos UGT y CCOO, que no descartan «una movilización a nivel general» en la comarca manchega en apoyo a los trabajadores de la planta Elcogas.

Según el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide, esta marcha, para la que también han hecho un llamamiento a la presencia de todas las fuerzas políticas y sindicales, completará las movilizaciones que ya están en marcha. Además, a las concentraciones diarias a las puertas de la empresa, con cortes de carretera, que se celebran en las últimas semanas, se unirá a partir del 3 de septiembre la huelga indefinida que ya está convocada.

En este sentido, según ha explicado Alcaide, este mismo jueves ha habido una reunión entre comité de empresa y la propia dirección de la central para fijar los servicios mínimos durante la huelga, sin que se haya llegado a ningún acuerdo. A este respecto, los trabajadores, según ha indicado, estarán a la espera de lo que decida el Ministerio de Industria sobre los servicios mínimos, una vez que la empresa le haga la propuesta correspondiente. A partir de ahí, según ha explicado, los trabajadores fijarán su posición sobre el tema.

Por otro lado, la empresa ha propuesto iniciar «contactos informales» sobre el futuro expediente de regulación de empleo, un expediente que, por ahora, no ha sido registrado aún oficialmente. A su vez, los trabajadores de las empresas de contratas, cuya actividad concluirá el próximo día 31 de agosto, han completado su segunda noche de encierro en el Ayuntamiento de Puertollano.

Movilizaciones «generales» apoyando a Elcogas

Asimismo, los sindicatos UGT y CCOO han asegurado que no descartan «una movilización a nivel general» en la comarca de Puertollano (Ciudad Real) en apoyo a los trabajadores de la planta Elcogas. Así se pronunció el secretario regional de UGT en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, al igual que su homólogo en CCOO, José Luis Gil, que confía en que «la razón impere y la amenaza de desaparición se pueda despejar lo antes posible de Elcogas«.

«El Ministerio y la empresa tienen la llave para resolver esto y hay que forzarles a que la utilicen», indicó Gil, que insistió en que los políticos «deben forzar a que la planta siga abierta y tenga una actividad plena porque es una empresa viable y necesaria». El secretario regional de CCOO apostó finalmente por «nacionalizar las eléctricas», algo que, ha afirmado, «no es bolivariano sino muy europeo», alegando que «países como Italia o Francia tienen un sector público eléctrico muy potente». «Hace demasiado tiempo se malvendió este sector estratégico a las empresas privadas«, lamentó, añadiendo que una nacionalización «traería una mayor justicia social desde la gestión de las eléctricas».

El Ayuntamiento de Puertollano rechaza el cierre de Elcogas y pide el cese del ministro Soria

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EFE / Europa Press.- El pleno del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) aprobó, con el voto en contra de los representantes del PP, una declaración en la que pide el cese del ministro de Industria, José Manuel Soria, y rechaza el cierre de la central termoeléctrica de Elcogas.

En la declaración, apoyada por PSOE, IU y Ciudadanos, la corporación municipal mostró su apoyo a los trabajadores afectados al tiempo que lamenta la decisión del Gobierno de autorizar el cierre de la planta de Elcogas y acusa al ministro Soria de «deslealtad» y «falta de sensibilidad». Además, criticaron la «ausencia de diálogo» por parte del Ministerio, los aplazamientos de las reuniones institucionales que se deberían haber producido, la falta de respuesta a los escritos enviados desde el Ayuntamiento, y que haya «dado la espalda» a la ciudad sin valorar «las consecuencias sociales y económicas de sus decisiones» y por su falta de capacidad en la búsqueda de soluciones que eviten el cierre de Elcogas».

El Ayuntamiento exige que se incluya a Elcogas en el régimen retributivo especial previsto por la ley del sector eléctrico y que se realicen «las modificaciones que sean necesarias para garantizar la continuidad de la central». La corporación decidió también solicitar al consejo de administración de Elcogas que «retrasen cualquier decisión irreversible que tenga repercusiones negativas para los trabajadores«. Por tanto, se pide que reconsidere el cierre de la central térmica y mostró su «indignación» por esta decisión. Del mismo modo, también se instó a la Junta de Castilla-La Mancha, a la Diputación, a las instituciones europeas y a todos los agentes sociales implicados a «aunar esfuerzos en positivo para la viabilidad de esta empresa».

La alcaldesa, Mayte Fernández, reconoció que hubiese preferido un acuerdo unánime en este asunto y lamentó que el PP no aceptara la declaración institucional y así rechazar de forma frontal la decisión del Ministro de Industria, que «en ningún momento ha escuchado a ninguna de las partes», algo que «dice mucho de su falta de ganas al diálogo». Fernández indicó también que el único mensaje positivo que los trabajadores quieren escuchar es que Elcogas no se cierre. «Es una decisión muy grave, que afecta a mucha gente», manifestó, y se preguntó por qué el Ministerio de Industria no dispone para Elcogas lo mismo que para una central de Asturias, que tiene un régimen retributivo especial.

«La dimisión no soluciona nada»

El portavoz del Grupo Popular, Juan José Jiménez Prieto, justificó su voto en contra porque «aun compartiendo el fondo de la declaración no pueden compartir las formas, porque el problema de Elcogas no se soluciona pidiendo el cese del ministro sino con un plan de viabilidad para que Elcogas salga adelante«. Asimismo, el comité de empresa de Elcogas analizó la posibilidad de adelantar las movilizaciones que ya estaban previstas para el próximo septiembre, entre ellas, una gran manifestación en Puertollano. En todo caso, se esperará al próximo lunes para ver qué decisión toma en su reunión el consejo de administración de Elcogas, tras el permiso de cierre concedido por Industria y que tiene un plazo de ejecución de tres meses.

En este sentido, el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, confía en que los accionistas de Elcogas tengan «más sensibilidad que el Ministerio de Industria y no se precipiten en zanjar un proyecto de investigación de 20 años, pionero en España y que es exportado a todo el mundo». Alcaide consideró que «la voluntad política de encajar los costes de esta tecnología, igual que se hizo con otras centrales no contaminantes en nuestro país, podría garantizar la viabilidad de Elcogas«. A juicio de Alcaide, Elcogas es «víctima» de los cambios regulatorios del Gobierno que «hacen compitamos con empresas contaminantes cuando los costes de la industria limpia de Elcogas son mucho mayores».

El presidente del comité de empresa también llamó la atención sobre el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de reducir los niveles de contaminación con tecnologías de generación de electricidad integral en gasificación del carbón en ciclo combinado y captura de CO2. Un sistema, apunta, que «hemos exportado desde Puertollano y Castilla-La Mancha, mientras en España no hay voluntad política de mantenerlas». Alcaide concluye que el cierre de la planta «implicaría acabar con la tradición minera de Puertollano y el cierre del centro minero de carbón a cielo abierto de Encasur».

CCOO: se «desangra» la comarca

CCOO manifestó su «absoluto rechazo» al cierre de Elcogas y pide al departamento dirigido por Soria que se abandonen unas políticas energéticas que, a su juicio, «desangran la comarca», y que no se tome ninguna medida «que no tenga marcha atrás» hasta que no se reactive «el diálogo social» que se rompió en noviembre. En este sentido, el sindicato advirtió de que había encuentros previstos para hablar de Elcogas con Soria en julio que tuvieron que posponerse hasta septiembre por problemas de agenda. «Aunque por activa y por pasiva se reclamó a Soria que fuese consecuente y paralizase el expediente hasta que se celebrasen estas reuniones, Industria decidió hacer oídos sordos y dar vía libre a un cierre«, aseguró CCOO.

CCOO de Industria recordó que el 30 de diciembre de 2014 el antiguo gobierno de Castilla-La Mancha comunicó a los trabajadores de la planta que la presidencia de Elcogas y la secretaría de Estado de Energía habían alcanzado un acuerdo que daba seguridad y estabilidad al complejo industrial hasta 2018. El acuerdo se amparaba en el que tiempo atrás habían firmado CCOO de Industria, FITAG-UGT, Carbunión y el propio Ministerio, el llamado «Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018».

La Plataforma contra el ATC pedirá que se diferencien dos áreas protegidas en la ampliación de la Laguna del Hito

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Europa Press.- La Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca señaló en sus alegaciones a la ampliación de la zona protegida de la Laguna del Hito que solicitará que se diferencien dos áreas a proteger. Asimismo, la Plataforma anima a todos los municipios de Castilla-La Mancha a presentar mociones para que rechacen el ATC. Por su parte, SEO/Birdlife señala que los terrenos sobre los que se quiere ampliar la protección no serían ZEPA pero sí que podrían quedar sujetos a otra protección.

Mientras, la Plataforma quiere distinguir dos zonas protegidas: la primera relacionada con la Zona de especial protección para las aves (ZEPA) con los límites de la IBA SEO-Birdlife de 2010 y la segunda como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) con un perímetro que tenga en cuenta también los hábitats prioritarios de la normativa europea, incluyendo los terrenos del ATC. Respecto a la petición de la anulación de esta ampliación por parte de Villar de Cañas, esta plataforma indicó que «no tiene sentido» pues el procedimiento de protección está sometido a información pública y «cualquier persona puede presentar las alegaciones que considere oportunas», por lo que «al ser un inicio de procedimiento, se pueden realizar cambios».

Por otro lado, la Plataforma animó a todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha a que presenten mociones contra el proyecto del ATC como ya han hecho consistorios como Tarancón, Mota del Cuervo y la Asociación para el desarrollo Integral El Záncara que agrupa a 97 socios, 33 de ellos ayuntamientos y mancomunidades. La Plataforma espera que en los próximos días «más ayuntamientos se sumen al rechazo al ATC». Asimismo, considera «indignante que se venda el derroche del ATC como una inversión del Estado en Cuenca«. Además de las mociones, la Plataforma ha indicado que también pueden dar a conocer su «rechazo» todas las 49 organizaciones sociales que componen esta plataforma.

La Plataforma también subrayó «lo mal» que ha sentado «la propaganda del Gobierno en relación con la partida de 190 millones de euros para el ATC en los Presupuestos. «Nos indigna que pretendan engañarnos: no se trata de una inversión sino de un enorme derroche de dinero público en lo que se conoce como El pelotazo del ATC, que acabará en las manos de grandes constructoras e ingenierías y no beneficiará en nada a los ciudadanos de Cuenca», criticó la Plataforma. Ese dinero, según explicaron, serviría «para evitar la despoblación, pero en la línea del desarrollo sostenible, impulsando la agricultura y la ganadería de calidad y el turismo de naturaleza».

Los terrenos no serían ZEPA

Los terrenos que la Junta de Castilla-La Mancha quiere incluir en una ampliación de la Red Natura 2000 para tratar de evitar la construcción del ATC de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado no serían un zona de especial protección para las aves (ZEPA) aunque sí podría quedar sujetos a otra figura de protección. Así lo explicaron desde SEO/BirdLife, cuyos inventarios de 1998 y de 2010 están siendo utilizados por las partes a favor y en contra de la construcción del almacén nuclear.

En este contexto, la Junta de Castilla-La Mancha habría utilizado el primer inventario realizado por SEO/BirdLife en 1998, que incluiría como zona ZEPA las inmediaciones de los terrenos seleccionados para construir el ATC, cuyo emplazamiento ha sido valorado de forma positiva, aunque con condiciones, por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Sin embargo, el inventario fue actualizado en 2010 y este área del ATC quedaría excluido de la zona ZEPA, aunque sí se considerarían como terrenos de importancia y alto valor natural por su hábitat.

En este sentido, el técnico de conservación de especies de SEO/BirdLife Octavio Infante, cree que la explicación del por qué según la Junta de Castilla-La Mancha se incluiría esta zona en la ampliación de la protección de la Laguna del Hito no se debe a las aves sino a una comunidades gipsófilas, que se trata de unas plantas. Estos hábitat están protegidos por la Directiva de Hábitat de la Unión Europea. «SEO/BirdLife se fija en aves y biodiversidad, no en las plantas, a la hora de hacer el inventario», justificó.

Castilla-La Mancha ve como una «puñalada trapera» por parte de Soria autorizar el cierre de Elcogas

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EFE.- El portavoz del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha presidido por Emiliano García-Page, Nacho Hernando, tachó de «puñalada trapera» la decisión del Ministerio de Industria de autorizar el cierre de Elcogas en Puertollano (Ciudad Real), un acto «de deslealtad institucional y cobardía política» por parte del ministro, José Manuel Soria.

Tras conocer la decisión del Ministerio de Industria, Hernando consideró que «responde a una venganza política» por parte de la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, quien ha esperado, a su juicio, al resultado de las elecciones autonómicas para tomar una decisión sobre el cierre de la planta. Además Hernando exigió al ministro de Industria que acabe con «los jueguecitos políticos» y garantice una solución para las más de 250 familias que se verán afectadas por el cierre de Elcogas.

Del mismo modo, Hernando se ha puesto a disposición de los sindicatos y ha pedido a los accionistas de la empresa que «no se precipiten» a la hora de tomar una decisión definitiva y esperen al cambio del escenario político que, según dijo, se producirá en los próximos meses y traerá un cambio en la política energética de España. La solución para Elcogas, indicó el portavoz manchego, pasa por aprobar «un régimen tributario especial para facilitar la puesta en marcha de este tipo de proyectos».

Hernando denunció que Cospedal «engañó a la ciudadanía durante la campaña electoral y dio falsas esperanzas» respecto a Elcogas y criticó que Industria haya tomado esta decisión «de forma unilateral y en agosto, sin contar con la empresa, los sindicatos ni el Gobierno regional». A este respecto, recordó que el ministro Soria aplazó a septiembre la reunión «importantísima» sobre este asunto que tenía prevista en julio con García-Page, y opinó que «no es la forma de hacer política de forma abierta y transparente». «Soria debe asegurar la viabilidad de la central a largo plazo, tiene una solución y no quiere tomar esta decisión», criticó Hernando.

«Vamos a seguir trabajando», se comprometió el portavoz de la Junta, quien insistió en denunciar «la huelga de brazos caídos para abandonar a su suerte a los trabajadores» por parte del PP. Por ello, dice que en la reunión prevista con Soria en septiembre esperan «intentar convencerle» de la solución y ha advertido: «Si la aplaza en septiembre estaremos ante una negligencia política muy grave».

Villar de Cañas defiende el ATC alegando contra la ampliación de la zona protegida al emplear la Junta «documentación incorrecta»

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Europa Press.- Mientras otros ayuntamientos de la zona también quieren el Almacén Temporal Centralizado (ATC), el Ayuntamiento de Villar de Cañas, municipio donde está prevista la instalación del (ATC) de residuos nucleares, ha presentado alegaciones contra el proyecto del Gobierno de Castilla-La Mancha para ampliar el espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, pues según señala el Consistorio, «bien por error, bien por mala fe» la Junta «ha empleado como base para su decisión documentación incorrecta«.

En sus alegaciones, el Consistorio subraya que la ampliación del espacio protegido se basa en un inventario «obsoleto» de Áreas de importancia para las Aves (IBA), elaborado por la Sociedad Española de Ornitología, y que no se corresponden «con la realidad actual». El Ayuntamiento explica que la Junta fundamenta su decisión en un inventario de 2008, mientras que el vigente, en el que la Sociedad Española de Ornitología revisó y actualizó los datos del IBA en 2010, «fija otros límites distintos en los que Villar de Cañas quedaría excluido». Así, el Ayuntamiento indica «que la documentación presentada por la Junta y que se puso a disposición del público es incorrecta«.

Al Consistorio le llama la atención que este «defecto de forma que invalida todo el proceso, lo es a pesar de las directrices para el intercambio de información que establece la Guía sobre procedimiento de comunicación de la información oficial de los espacios protegidos Red Natura 2000». Además, el Ayuntamiento señala que la Laguna del Hito «ya cuenta con un plan de gestión aprobado en 2012«. Acuerdo, para el que fue preciso» presentar planos y fichas normalizadas por la Comisión Europea y que estuvieron a disposición del público según regula ley», asegura el Consistorio. «Resulta significativo que en 3 años no se planteara modificación alguna y que ahora sí es necesario hacer una revisión», indicaron.

Sobre los lugares de importancia comunitaria (LIC) que fueron definidos por la Junta (comunidad de halófilas lagunares, albardinales con limonium, lythrum flexsuosum y grullas comunes), el Ayuntamiento deja claro que «no cuentan en su territorio con ninguno de estos elementos clave«. Los tres primeros, explica el Consistorio, se centran en exclusiva en la laguna de El Hito, mientras que con el cuarto «se incide en que las grullas duermen en la laguna y se alimentan en los cultivos aledaños, no a diez kilómetros». Finalmente recuerda que «ya existen normativas locales pensadas para la defensa del medio ambiente de la zona y que la Junta ahora se atribuye de forma errónea».

«Sólo quieren retrasar su construcción»

Por su parte, los alcaldes de una decena de ayuntamientos conquenses afectados por la ampliación de la zona ZEPA en el entorno de Villar de Cañas, impulsada por el Gobierno regional, consideran que esta decisión supone el «golpe definitivo a la economía de la zona», que «solo va a retrasar la construcción» del ATC de residuos nucleares y va a «perjudicar de manera evidente a los agricultores y ganaderos de la zona». De este modo, los regidores mostraron su «preocupación» ante una propuesta que llega «con la intención de frenar el desarrollo de este proyecto».

Un proyecto que, según argumentan, «ha sido capaz de dinamizar y generar oportunidades en un territorio en franco retroceso» y que es «totalmente compatible con los usos tradicionales de los agricultores y ganaderos y totalmente respetuoso con la flora y la fauna existente» en el entorno del ATC. Así, mostraron su «compromiso con el cuidado del medio ambiente», lamentando «la manera en que García-Page utiliza este tema para tratar de obstaculizar el proyecto«, con una decisión que «no solo afecta a su construcción, sino que condiciona severamente el trabajo en el campo y el de las explotaciones tradicionales». Asimismo, felicitaron al Gobierno central «por haber aprobado la mayor inversión realizada nunca en la provincia conquense».

El Ayuntamiento de Villar de Cañas contesta al Gobierno autonómico que su POM siguió «el procedimiento legal establecido»

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Europa Press.- El Ayuntamiento de Villar de Cañas (Cuenca) contestó a la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, que su Plan de Ordenación Municipal (POM) «ha sido aprobado por el órgano competente y siguiendo el procedimiento legalmente establecido» después de que De la Cruz señalara que desde su departamento tienen «ciertas sospechas» sobre cómo se ha tramitado el POM de Villar de Cañas, y que están estudiándolo ya que hay «varios puntos» que piensan «que no se han tramitado adecuadamente».

En esta línea, el Ayuntamiento destaca que los trabajos de elaboración del POM «se han venido desarrollando a lo largo de estos últimos años y que «el expediente está en el Ayuntamiento a disposición de cualquier interesado que quiera examinarlo», según el Ayuntamiento de la localidad. Asimismo, señalan desde el Consistorio que «es de sobra reconocida la integridad, el profundo conocimiento de la legislación urbanística de Castilla-La Mancha y la competencia profesional de los funcionarios del área de Urbanismo de los servicios periféricos de la Consejería de Fomento en Cuenca, así como tantos otros funcionarios de las distintas Consejerías que han intervenido en la tramitación y aprobación del Plan, avalada por numerosos años de experiencia».

En relación con el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y en el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, el Ayuntamiento explica que se recabó la participación y remitió copia de los trabajos de formación del POM citado y del Informe de Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.) a diversas administraciones, entidades y asociaciones.

Castilla-La Mancha irá los tribunales españoles y de la Unión Europea si el Gobierno declara el ATC de interés general

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El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, aseguró que si el Gobierno de España declara el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) como de interés general, el Ejecutivo regional irá «a los tribunales españoles y de la Unión Europea». Otros que irán a los tribunales serán desde el Ayuntamiento de Villar de Cañas, recurriendo la ampliación de área protegida medioambientalmente desarrollada por el Ejecutivo autonómico para impedir el ATC. Además, el CSN anuncia que escuchará a más técnicos.

La guerra entre administraciones acaba de comenzar: «cuando se pretende generar una infraestructura en un área protegida por las directivas de la Unión Europea se tiene que justificar que no hay otra alternativa y creemos que es difícil de justificar», indicó Martínez Guijarro. El vicepresidente afirmó que el presidente regional, Emiliano García-Page «está cumpliendo los compromisos que asumieron con los ciudadanos de Castilla-La Mancha» en referencia a la instalación del ATC que se pretende construir en Villar de Cañas (Cuenca).

También indicó que se está analizando el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas, ya que «su tramitación en tan solo 48 horas llama mucho la atención», indicó la Junta. Por último, ha recordado que los informes técnicos señalaban que la opción de la instalación del ATC en esta localidad conquense era la cuarta opción y la decisión de hacerlo aquí fue «un acuerdo político que se cerró entre Cospedal y Rajoy sin tener en cuenta estos informes».

Ampliar el área protegida medioambientalmente

Por su parte, la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca propondrá la ampliación de las 25.000 hectáreas que el Gobierno castellano-manchego quiere incluir bajo la protección de la Red Natura 2000 en el entorno de la Laguna del Hito (Cuenca), que incluirían el espacio donde está previsto el emplazamiento del silo nuclear de Villar de Cañas.La portavoz de la Plataforma, María Andrés, ha asegurado que «aunque se ha puesto el foco mediático en las especies de aves, en las 10.000 grullas, en la solicitud realizada por la Plataforma se recoge la presencia de valores naturales muy notables que merecen ser conservados«, según ha informado la Plataforma, como «las comunidades gipsícolas, las especies piscícolas o las Lagunas de Casalonga».

Finalmente, la portavoz de la Plataforma exigió que el alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, «debería explicar cómo se presentó la candidatura al ATC, en un pleno en el que el asunto no figuraba en el orden del día».También criticó que el ministro de Industria, José Manuel Soria, «ha repetido que los residuos nucleares se están enviando a Francia y que cuestan 60.000 euros diarios», alegando que «ambos argumentos son falsos«.»El órgano oficial de comunicación de Enresa reconoce que no se paga un solo euro por los residuos, puesto que la gran mayoría se encuentran en las propias centrales nucleares, bien en las piscinas anexas a los reactores o en almacenes individuales en seco«, explicó Andrés.

Villar de Cañas pide justicia

El Ayuntamiento de Villar de Cañas y los demás municipios y vecinos afectados por el acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que recurrirán «a todas las instancias legales» la decisión del Ejecutivo autonómico ampliar la zona protegida de la Laguna del Hito ya que la considera «un fraude de ley». A su juicio, se está «intentando utilizar la legislación ambiental para fines distintos de los que contempla«. Según el Consistorio, el Gobierno regional «pretendía proteger terrenos que fueron excluidos por la Sociedad Española de Ornitología, como áreas importantes para las aves».

En concreto, según el Ayuntamiento, SEO/BirdLife estableció el 31 de diciembre de 2010 «que buena parte de los terrenos de Villar de Cañas y la zona de implantación del ATC en particular, no tienen el interés ni relevancia que pretende la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ni se ven afectados en absoluto, por la ocupación ni el paso de las aves«. En el mismo sentido se ha manifestado la Plataforma Sí Queremos el ATC en Villar de Cañas, que ha señalado que esto «invalida por completo las pretensiones de paralizar el ATC» con el acuerdo del Consejo de Gobierno.

El CSN atenderá dudas técnicas

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) analizará en una próxima reunión tras las vacaciones las «dudas e incertidumbres» planteadas sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) por los técnicos del área de Ciencias de la Tierra (CITI) del organismo regulador, según fuentes del regulador atómico. Estos técnicos expresaron sus reservas a través de una nota informativa conocida «con posterioridad a la redacción de la Propuesta de Dictamen Técnico (PDT) de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear» sobre el emplazamiento del silo. Esa nota estaba firmada por el jefe de área del CITI y los geólogos que integran el departamento. Destacaba los esfuerzos a realizar para superar la inestabilidad del terreno para construir el silo pero no así su construcción.

Según consta en las actas publicadas por el CSN sobre aquella reunión, la nota fue dirigida al director técnico de Seguridad Nuclear del CSN, Antonio Munuera, quien no la incluyó en el informe de evaluación, ni tampoco en la PDT; por lo que los consejeros del CSN desconocían su contenido el pasado lunes 27, momento en el que se debatía la primera autorización de emplazamiento del silo nuclear. Dado el desconocimiento de los consejeros, salvo Cristina Narbona que sí había tenido acceso a la misma a través de un medio de comunicación, se invitó a Munuera al pleno del CSN.

Ante los consejeros del CSN

En la reunión, Munuera explicó que decidió no incluir la información por su «carácter absolutamente anómalo y fuera de procedimiento», «que los firmantes califican de informativa» y que se «aparta de las categorías manejadas en los expedientes de evaluación técnica, normalmente notas interiores o de evaluación técnica firmadas por el autor y revisadas por su superior jerárquico». A su vez, Munuera argumentó que no le dio trascendencia técnica a dicha nota, ya que su objetivo era «poner en evidencia la necesidad de utilizar recursos desproporcionados para cumplir los límites y condiciones que contiene la PDT y que contestó a los signatarios de la nota que estas consideraciones estaban fuera de las competencias de esa área«.

El Gobierno baraja ordenar por ley que arranquen las obras del ATC de Villar de Cañas

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Europa Press.- El Gobierno baraja hacer uso del ordenamiento en materia de suelo que le permitiría conceder licencias para las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas a pesar de la protección ambiental anunciada por el gobierno autonómico manchego, según el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que recuerda que así se construyó una piscina en la central de Trillo y cuarteles en Euskadi. Por otro lado, Enresadeberá reforzar su organización para construir el ATC y el CSN podrá paralizarlo si observa anomalías.

En este sentido, «si se atenta contra un interés superior, en nuestra legislación está previsto que el Gobierno pueda otorgar licencias que superen las autorizaciones autonómicas o municipales», indicó el ministro de Justicia, que precisó que este instrumento puede aplicarse cuando el Ejecutivo considera legítimamente que debe anteponerse el interés general a un interés particular de un territorio. Catalá recordó que esta prerrogativa ya se ejerció previamente cuando se autorizó la edificación de unas instalaciones; en concreto una piscina, en la central nuclear de Trillo, o cuando algunos ayuntamientos no daban licencias para construir comisarías o cuarteles de la guardia civil en el País vasco.

«Es el caso que podremos estudiar en este supuesto, en el que se está desarrollando un proyecto que parece que tienen todo el sentido y que lleva muchos años avanzando en esa dirección», avanzó. En su opinión, la decisión de un Gobierno autonómico no debería ser «exclusivamente suficiente» para impedir una política que supera, con mucho, sus competencias. «Como existe este mecanismo legal, veremos si conviene finalmente autorizar la continuación de esas obras», ha apuntado.

El ministro de Justicia ha recordado, además, que la decisión de construir el almacén nuclear partió del anterior Gobierno socialista. «Esta decisión no la ha tomado este gobierno, no es una ocurrencia reciente sino que, como digo fue el Ejecutivo anterior del PSOE quien empezó y avanzó en esta dirección, que además tiene todos los beneficios en términos económicos, de seguridad y de ser autosuficientes en política energética», insistió Catalá.

Además el titular de Justicia considera como «un poco paradójico» que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha dirigido por Emiliano García Page extienda ahora una zona de especial protección hasta 25 veces. En concreto, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del ATC, una ampliación que prohibiría «realizar actos en ese territorio que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno» y que provocaría que «no fuera posible continuar con el proceso de construcción del almacén nuclear en Cuenca».

Condiciones del CSN a Enresa

Enresa deberá reforzar su organización de cara a la construcción del ATC en Villar de Cañas y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) podrá paralizar las obras de infraestructuras preliminares en caso de observar anomalías. Estos son dos de los límites y condiciones que el regulador atómico ha impuesto en el informe favorable a la autorización previa para el silo, que el pleno del CSN aprobó el pasado lunes 27 de julio. En concreto, señala que la organización de Enresa para la fase de construcción deberá ser reforzada, previamente a la obtención de la autorización de construcción, para supervisar el desarrollo del proyecto y garantizar la calidad durante la construcción.

Además, el CSN podrá paralizar las actividades y obras de infraestructuras preliminares en caso de aparición de anomalías que afecten o puedan afectar a la seguridad nuclear y protección radiológica hasta tanto sean corregidas, pudiendo proponer la revocación de la autorización si dichas anomalías no fueran corregidas. Enresa es el titular de esta autorización previa para la construcción del ATC, que es considerada como una «instalación nuclear» para albergar los residuos de las centrales nucleares españolas, así como los que se encuentran en Francia procedentes de Vandellós I, los que no puedan ser tratados en el Cabril, así como aquellos residuos que se derivan de la actividad de la instalación.

El informe técnico sobre el que se basa el acuerdo del pleno del CSN concluye que los técnicos afirman que los estudios de caracterización sobre la geografía, demografía, geología, meteorología, geomorfología, hidrología superficial realizados por Enresa son «aceptables», así como que los estudios de caracterización sobre peligrosidad sísmica son «aceptables» y permiten un «diseño seguro» de la instalación. En cuanto a la caracterización hidrogeológica e hidrogeoquímica, consideran que Enresa desarrolló un modelo preliminar de flujo subterráneo de aguas que «deberá ser actualizado y completado» a lo largo del proyecto con la obtención de nuevos datos que permitan validar el modelo.

Además, entienden que el diseño de cimentación propuesta por Enresa es «adecuada» para su ubicación en el emplazamiento, teniendo en cuenta que es necesario adoptar una solución envolvente conservadora en el diseño de estas cimentaciones y desarrollar un «detallado plan de vigilancia del emplazamiento», tras identificar los riesgos potenciales en la caracterización geotécnica para evaluar la estabilidad del terreno. Como ya avanzó el CSN, el informe técnico agrega que del análisis normativo se deriva que las bases de diseño del ATC son dependientes del emplazamiento, es decir, las características del emplazamiento condicionan el diseño del ATC, y que las incertidumbres asociadas a la caracterización del emplazamiento recomiendan «complementar el diseño con criterios de seguridad intrínseca».

Soria dice que el recibo de la luz subirá hasta un 30% si no hay un ATC en España

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió de que el coste de no tener un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en España podría derivar en un encarecimiento de hasta el 30% en la factura de la luz. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que el Estado sigue teniendo competencias para autorizar el ATC mientras que el PP manchego subraya que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan.

En este sentido, Soria aseguró que si no se pone en marcha el ATC se deberá detener toda la producción eléctrica nuclear que hay en España, que es un 20%, lo que «encarecería entre un 25 y un 30% el precio de la factura«. Así, Soria subrayó que el ATC es un almacén tanto para los residuos nucleares que se generan como para los que deberán volver de Francia en 2018, año para el que es necesario una solución, ya que el coste de su envío al país galo es de 22 millones al año.

Además, el ministro señaló que el objetivo de la Junta de Castilla-La Mancha con su decisión sobre la protección medioambiental de los terrenos para tratar de impedir la instalación del ATC en Villar de Cañas es «única y exclusivamente hacer ruido», ya que va «en contra de los intereses de los castellano-manchegos, del municipio y de todos los municipios que están en los alrededores, ya que el ATC es un proyecto que genera actividad«. De todos modos, el ministro descarta que esta decisión vaya a afectar a la ejecución o el desarrollo del proyecto, de manera que la empresa encargada de los residuos radioactivos (Enresa) podrá iniciar «en los próximos meses» los trámites pendientes para iniciar la construcción del proyecto.

Asimismo, Soria recordó que este proyecto, que supondrá una inversión de 900 millones de euros, era del anterior Gobierno socialista, «con muy buen criterio», y fue de los temas que su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián, le pasó como una de las cuestiones «totalmente cerradas«. «El Gobierno socialista tuvo buen criterio cuando se embarcó en este proyecto y ahora al final, cuando ya está el proyecto, el mismo partido viene y dice que ahora no. Esto es muy poco serio», añadió Soria al respecto.

Soria destacó que, una vez que se cuenta con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al emplazamiento en Villar de Cañas, ahora el siguiente paso es la declaración de impacto medioambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. «Solamente cuando haya esa declaración y sea favorable, entonces el Ministerio de Industria procederá a aprobar la autorización del ATC», dijo, añadiendo que este proceso podría completarse «a lo largo de los próximos meses».

El Gobierno sigue teniendo competencias

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró convencido de que el Estado sigue teniendo competencia para autorizar el primer permiso del proyecto de construcción del ATC pese al anuncio de la Junta de Castilla-La Mancha de ampliar la protección natural de la zona para impedir el proyecto. «Habrá que estudiar si tiene relevancia y tiene coherencia ampliar la Red Natura en ese espacio, pero, en todo caso, el Estado, en la legislación actual tiene competencias para conceder excepcionalmente algunas licencias cuando hay una causa de interés general que supera las competencias de una comunidad autónoma«, aseguró.

Según indicó el ministro, esa posibilidad existe dentro de la actual legislación, aunque Catalá reconoció que, para llevar a cabo esta medida, «tendrá que ser objeto de análisis, de estudio y de valoración» con el fin de determinar «cuál es el interés superior que pudiese concurrir en este caso». Catalá argumentó que, aunque parece que la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de «utilizar una declaración medioambiental» para paralizar el ATC «puede estar dentro su ámbito competencial», el proyecto de construcción del ATC también «tiene que ver con la protección a los ciudadanos en el tratamiento de residuos nucleares«.

«Deben ser técnicos quiénes deciden»

El Partido Popular de Castilla-La Mancha cree que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan sobre la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).La diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha lamentado que «a una zona muy deprimida» como la que rodea Villar de Cañas «se le niegue la posibilidad de tener capacidades para el fomento de riqueza y empleo». Igualmente, ha preferido esperar hasta conocer qué se plantea por parte del Gobierno autonómico para manifestarse sobre los terrenos que quieren incluir en la Red Natura 2000, aunque ha incidido en que esa cuestión debe decidirse «de manera técnica».

Fernández Vara, sobre el ATC: «En algún sitio habrá que poner las cosas»

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Servimedia / Europa Press.- Las discrepancias alcanzan al PSOE: el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, se pregunta, en referencia a la pretensión de Castilla-La Mancha de bloquear la construcción del ATC de Villar de Cañas, en qué lugar de España hay que poner aquellas cosas «que nadie quiere», porque «en algún sitio las habrá que poner». Mientras tanto, el PSOE pedirá la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, y presentará distintas iniciativas, también en Castilla-La Mancha, demandando información.

El presidente extremeño recuerda que en su región ya hay dos reactores nucleares, Almaraz I y II, y que, en su momento, impidió a un pueblo de su comunidad que optara a ser la sede del ATC. Por ello, Fernández Vara sostuvo que no le puede pedir al presidente de Castilla-La Mancha que no haga lo que él hizo, si bien manifestó que eso conlleva hacerse «una reflexión»: «¿Qué hacemos para las cosas que nadie quiere y que un país necesita?». En este sentido, Fernández Vara se refirió, de manera irónica, a que «no vaya a ser» que creemos una comunidad autónoma para poner en ella «lo que no quiere nadie, porque en algún sitio habrá que poner las cosas».

En esta línea, apuntó que ello supone entender «que no ponerlas significa seguir pagando lo que se está pagando por llevar los residuos fuera». Por otra parte, señaló que «hay cosas del Estado de las Autonomías que las hemos llevado al esperpento» y abogó por encontrar en España un nivel de «consenso suficiente para determinadas cuestiones». A su juicio, el Estado de las autonomías no es ver «cómo troceamos España en 17 trozos», porque España «es mucho más que la suma de 17 regiones» y hay cuestiones que son asuntos de país y «no debían de estarse cambiando cada vez que hay cambios de Gobierno.»

El Gobierno manchego que preside el socialista Emiliano García-Page inició el procedimiento para ampliar la zona especial de protección para las aves (ZEPA) actual, el espacio reconocido como Red Natura de la Laguna del Hito que pasa de 1.000 a 25.000 hectáreas protegidas. De esta manera, protege los terrenos destinados para el ATC impidiendo su construcción en Villar de Cañas. Lo cierto es que de momento, según la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el área que dirige no ha recibido aún la solicitud del gobierno de Castilla-La Mancha para ampliar la Red Natura en la zona de Villar de Cañas.

Competencia de las comunidades autónomas

Según el Ministerio de Agricultura, la declaración de los espacios Red Natura 2000 terrestres es exclusiva de las comunidades autónomas, en relación a la intención del Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha de iniciar el procedimiento para ampliar el espacio Red Natura en la Laguna del Hito. Fuentes del Ministerio explicaron que, en todo caso, la función de este departamento es la de dar traslado de la información de las comunidades autónomas, una vez que está completa, a la Comisión Europea.

PSOE pide explicaciones a Soria

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso va a pedir, de nuevo, la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, para que dé explicaciones sobre el ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas y va a presentar distintas iniciativas, que también realizará el PSOE en Castilla-La Mancha, solicitando «la información oportuna» sobre el silo. Así lo avanzó la portavoz regional del PSOE, Cristina Maestre, que confió en que el ministro Soria «no haga filibusterismo parlamentario» como intentó hacer «en la anterior ocasión» cuando protagonizó una «comparecencia sumamente evasiva».

Maestre indicó que, además, se va a pedir una auditoría del Tribunal de Cuentas sobre la construcción del ATC y la gestión que está llevando a cabo Enresa, preguntándose «qué interés general hay por ubicar en Villar de Cañas el basurero nuclear» y viendo una razón detrás «mucho más que oscura y radioactiva». Asimismo, la socialista, que lamenta que estén «engañando a los vecinos de Villar de Cañas», indicó que argumentos de expertos como los del Colegio de Geólogos «generan muchas dudas», sobre el silo y sobre la seguridad, y criticó que el Gobierno parece que «quiere dejar atada y bien atada la construcción del ATC» antes de las elecciones.

Por otro lado, preguntada por el voto a favor de la consejera socialista Rosario Velasco, en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Maestre afirmó que «ciertas reacciones en el CSN pueden responder a falta de información» porque el «Ministerio no está explicando la cantidad de zonas oscuras que hay en este proyecto». «De otra manera no podemos justificar ni entender cómo se puede votar a favor de la construcción de un basurero en terrenos que son sumamente inadecuados según los expertos«, concluyó Maestre.