Castilla-La Mancha irá los tribunales españoles y de la Unión Europea si el Gobierno declara el ATC de interés general

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, aseguró que si el Gobierno de España declara el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) como de interés general, el Ejecutivo regional irá «a los tribunales españoles y de la Unión Europea». Otros que irán a los tribunales serán desde el Ayuntamiento de Villar de Cañas, recurriendo la ampliación de área protegida medioambientalmente desarrollada por el Ejecutivo autonómico para impedir el ATC. Además, el CSN anuncia que escuchará a más técnicos.

La guerra entre administraciones acaba de comenzar: «cuando se pretende generar una infraestructura en un área protegida por las directivas de la Unión Europea se tiene que justificar que no hay otra alternativa y creemos que es difícil de justificar», indicó Martínez Guijarro. El vicepresidente afirmó que el presidente regional, Emiliano García-Page «está cumpliendo los compromisos que asumieron con los ciudadanos de Castilla-La Mancha» en referencia a la instalación del ATC que se pretende construir en Villar de Cañas (Cuenca).

También indicó que se está analizando el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas, ya que «su tramitación en tan solo 48 horas llama mucho la atención», indicó la Junta. Por último, ha recordado que los informes técnicos señalaban que la opción de la instalación del ATC en esta localidad conquense era la cuarta opción y la decisión de hacerlo aquí fue «un acuerdo político que se cerró entre Cospedal y Rajoy sin tener en cuenta estos informes».

Ampliar el área protegida medioambientalmente

Por su parte, la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca propondrá la ampliación de las 25.000 hectáreas que el Gobierno castellano-manchego quiere incluir bajo la protección de la Red Natura 2000 en el entorno de la Laguna del Hito (Cuenca), que incluirían el espacio donde está previsto el emplazamiento del silo nuclear de Villar de Cañas.La portavoz de la Plataforma, María Andrés, ha asegurado que «aunque se ha puesto el foco mediático en las especies de aves, en las 10.000 grullas, en la solicitud realizada por la Plataforma se recoge la presencia de valores naturales muy notables que merecen ser conservados«, según ha informado la Plataforma, como «las comunidades gipsícolas, las especies piscícolas o las Lagunas de Casalonga».

Finalmente, la portavoz de la Plataforma exigió que el alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, «debería explicar cómo se presentó la candidatura al ATC, en un pleno en el que el asunto no figuraba en el orden del día».También criticó que el ministro de Industria, José Manuel Soria, «ha repetido que los residuos nucleares se están enviando a Francia y que cuestan 60.000 euros diarios», alegando que «ambos argumentos son falsos«.»El órgano oficial de comunicación de Enresa reconoce que no se paga un solo euro por los residuos, puesto que la gran mayoría se encuentran en las propias centrales nucleares, bien en las piscinas anexas a los reactores o en almacenes individuales en seco«, explicó Andrés.

Villar de Cañas pide justicia

El Ayuntamiento de Villar de Cañas y los demás municipios y vecinos afectados por el acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que recurrirán «a todas las instancias legales» la decisión del Ejecutivo autonómico ampliar la zona protegida de la Laguna del Hito ya que la considera «un fraude de ley». A su juicio, se está «intentando utilizar la legislación ambiental para fines distintos de los que contempla«. Según el Consistorio, el Gobierno regional «pretendía proteger terrenos que fueron excluidos por la Sociedad Española de Ornitología, como áreas importantes para las aves».

En concreto, según el Ayuntamiento, SEO/BirdLife estableció el 31 de diciembre de 2010 «que buena parte de los terrenos de Villar de Cañas y la zona de implantación del ATC en particular, no tienen el interés ni relevancia que pretende la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ni se ven afectados en absoluto, por la ocupación ni el paso de las aves«. En el mismo sentido se ha manifestado la Plataforma Sí Queremos el ATC en Villar de Cañas, que ha señalado que esto «invalida por completo las pretensiones de paralizar el ATC» con el acuerdo del Consejo de Gobierno.

El CSN atenderá dudas técnicas

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) analizará en una próxima reunión tras las vacaciones las «dudas e incertidumbres» planteadas sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) por los técnicos del área de Ciencias de la Tierra (CITI) del organismo regulador, según fuentes del regulador atómico. Estos técnicos expresaron sus reservas a través de una nota informativa conocida «con posterioridad a la redacción de la Propuesta de Dictamen Técnico (PDT) de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear» sobre el emplazamiento del silo. Esa nota estaba firmada por el jefe de área del CITI y los geólogos que integran el departamento. Destacaba los esfuerzos a realizar para superar la inestabilidad del terreno para construir el silo pero no así su construcción.

Según consta en las actas publicadas por el CSN sobre aquella reunión, la nota fue dirigida al director técnico de Seguridad Nuclear del CSN, Antonio Munuera, quien no la incluyó en el informe de evaluación, ni tampoco en la PDT; por lo que los consejeros del CSN desconocían su contenido el pasado lunes 27, momento en el que se debatía la primera autorización de emplazamiento del silo nuclear. Dado el desconocimiento de los consejeros, salvo Cristina Narbona que sí había tenido acceso a la misma a través de un medio de comunicación, se invitó a Munuera al pleno del CSN.

Ante los consejeros del CSN

En la reunión, Munuera explicó que decidió no incluir la información por su «carácter absolutamente anómalo y fuera de procedimiento», «que los firmantes califican de informativa» y que se «aparta de las categorías manejadas en los expedientes de evaluación técnica, normalmente notas interiores o de evaluación técnica firmadas por el autor y revisadas por su superior jerárquico». A su vez, Munuera argumentó que no le dio trascendencia técnica a dicha nota, ya que su objetivo era «poner en evidencia la necesidad de utilizar recursos desproporcionados para cumplir los límites y condiciones que contiene la PDT y que contestó a los signatarios de la nota que estas consideraciones estaban fuera de las competencias de esa área«.