Entradas

La potencia eólica en España aumentó en 392 MW en 2018 y ya supone el 19% de la electricidad consumida

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- La potencia eólica aumentó el año pasado en España en 392 megavatios (MW), lo que sitúa el total de la potencia instalada en el país en 23.484 MW, suponiendo ya el 19% de la electricidad consumida, según indicó la Asociación Empresarial Eólica (AEE). De esta nueva potencia instalada, 190 MW (48,5%) corresponden a parques en las Islas Canarias; 90 MW a Aragón, 68 MW a Galicia, 30 MW a Andalucía, 10,37 MW a Castilla-La Mancha y 2,35 MW a Cataluña.

En total, en España hay 1.123 parques presentes en 807 municipios, con 23.308 aerogeneradores instalados que generan 48.902 gigavatios por hora (GWh), capaces de aportar el 19% del consumo eléctrico. Asimismo, hay 195 centros de fabricación en 16 de las 17 comunidades autónomas. Gracias al efecto reductor de la energía eólica en el mercado español, el consumidor se vio favorecido por un menor coste, sobre todo para los consumidores industriales. Por ejemplo, con un consumo de 1.500 MWh con la tarifa AT1 el ahorro en 2018 fue de 3.540 euros.

La comunidad autónoma con mayor potencia instalada continúa siendo Castilla y León, con una cobertura de la demanda eléctrica del 78%. Según la AEE, Castilla y León «es un caso extraordinario», ya que se trata de una comunidad que exporta mucha más electricidad de la que consume. En el ranking de potencia instalada le siguen Castilla-La Mancha y Galicia. Por otra parte, a la cola están Madrid, Ceuta, Melilla, Baleares y Extremadura. De hecho, esta última acaba de inaugurar en febrero su primer parque eólico con 40 MW de potencia.

El objetivo del sector es poner en marcha antes de marzo de 2020 la potencia eólica de las subastas realizadas en 2016 y 2017, algo que supondría «una oportunidad para el crecimiento del mercado y tendría un efecto positivo para España, como el mantenimiento de la industria, la creación de empleo, la reducción de emisiones o el desarrollo social y económico de las zonas con nuevos parques». Actualmente, España es el segundo país europeo en potencia eólica instalada y el quinto a nivel mundial. Además, a través de estas subastas se deberían de conectar más de 3.000 MW de nueva potencia eólica. En cuanto a los compromisos adquiridos, la AEE señala que, pese a las elecciones, estos objetivos no cambiarán.

El Gobierno aprueba la DIA del proyecto de investigación de hidrocarburos que conllevará pruebas sísmicas en Murcia

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto Leo, que prevé prospecciones sísmicas 2D en el marco del permiso para investigar hidrocarburos en Murcia. La DIA concluye que no se esperan efectos adversos «significativos» para el medio ambiente relacionados con practicar pruebas sísmicas en Murcia, una zona con actividad sísmica donde en 2011 tuvo lugar un terremoto de magnitud 5,1 en Lorca que provocó la muerte a 9 personas y dejó cuantiosos daños materiales.

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental considera que no es necesario someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria porque no se esperan efectos adversos significativos si se cumplen ciertas condiciones. Cerca del lugar donde se realizarán las pruebas sísmicas, a 500 metros, se sitúan la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán; la ZEC Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla y la ZEPA Sierra de la Pila.

La DIA contempla medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos como la retirada de residuos que puedan quedar en el medio natural tras los trabajos, camiones vibradores y retirada de geófonos. También se contempla la restauración de los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de los vibrocamiones y por la presión de la placa vibradora que portan para generar las ondas sísmicas.

En cuanto a los acuíferos, no se prevén potenciales afecciones porque no se emite ninguna sustancia química y para paliar la posible afección de hábitats de interés se colocarán puntos de emisión de las ondas sísmicas y se pondrán geófonos en las zonas sin representaciones importantes de los hábitats o, en su caso, en las zonas más degradadas, y siempre se evitarán los hábitats prioritarios.

De cara a la avifauna, la Subdirección General del Medio Natural no prevé que puedan producirse impactos de «entidad importante» siempre que las actividades no se acometan en épocas críticas y señala que el promotor del proyecto se compromete a realizar los trabajos entre septiembre y enero, una época que no supondrá un «incremento apreciable de presión sobre la fauna«. El proyecto Leo abarca poco más de 30.000 hectáreas en Cieza, Calasparra y Jumilla, en Murcia y en Hellín (Albacete).

En esta zona se acometerá sísmica de reflexión 2D, que consiste en generar vibraciones en el subsuelo a intervalos regulares y a lo largo de una línea más o menos recta mediante el empleo de uno o dos camiones. Las ondas sísmicas generadas son captadas por geófonos que se entierran superficialmente y que trasmiten los datos a un registrador instalado en otro vehículo. Los vibrocamiones realizarán registros durante 2 o 3 semanas de entre 1 y 5 minutos de duración.

Por su parte, Ecologistas en Acción presentó alegaciones al proyecto que, a su juicio, debería evaluarse de forma conjunta la suma de impacto de las actividades previstas en el Proyecto Leo junto a los proyectos Aries II, Escorpio y Acuario, en vez de manera fragmentada, ya que estos 4 proyectos están próximos a varios espacios de la Red Natura 2000.

La ONG advierte de que los sondeos exploratorios que se realizarían después de la campaña sísmica requieren perforaciones del terreno y denuncia que esto podría afectar a las aguas subterráneas y superficiales. Es más, añade que es de especial relevancia que el proyecto Leo se asienta sobre un acuífero, el sinclinal de Calasparra, conectado con el río Segura, de modo que alerta de que existe un riesgo de contaminación de las aguas de este cauce.

Asimismo, insiste en que la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking supondría «graves riesgos» para el medio ambiente, la salud y la economía de las poblaciones de la cuenca del Segura. Asimismo, recuerda el potencial riesgo sísmico que conlleva la técnica de la fracturación hidráulica «especialmente en un territorio donde la actividad símica es frecuente de por sí», con terremotos de magnitudes comprendidas entre 3,5 y 5,2. Por ello, pide la denegación «rotunda» del permiso del proyecto Leo así como del resto de proyectos de fracking en la comarca.

Redexis invirtió 138,4 millones de euros en 2018 y prevé elevar esta cifra hasta 174,5 millones en 2019

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- Redexis invirtió en 2018 un total de 138,4 millones de euros, un 7% más que en el 2017, en infraestructuras gasistas en España, según apuntó la compañía. La empresa dedicada al transporte y distribución de gas natural señaló que, de esta manera, mantiene su plan de expansión, con más de 1.300 millones de euros invertidos desde 2010.

Además, Redexis prevé invertir 174,5 millones de euros durante este año para continuar con sus planes de expansión de redes de distribución y transporte de gas, así como para nuevos proyectos de hidrógeno, gas renovable o gas vehicular. En concreto, la compañía destinará de este importe un total de 148,3 millones de euros a infraestructuras gasistas y unos 26,2 millones de euros a nuevos proyectos de hidrógeno o gas renovable o gas vehicular. Redexis indicó que apuesta por el desarrollo de energías renovables como el hidrógeno y el gas renovable, «sin duda un vector energético clave en un contexto de cero emisiones y la evolución natural hacia una economía descarbonizada«.

El grupo cerró 2018 con 680.512 puntos de suministro en toda España, con un crecimiento del 5%. La compañía sumó así 45.369 nuevos clientes que se conectaron a las redes gasistas, un 14% más que en 2017. Durante 2018, la actividad desarrollada por Redexis supuso un volumen total de 34.065 gigavatios hora (GWh), un 5,5% más que en el año anterior. En cuanto al sector industrial, la demanda industrial y comercial en sus redes aumentó un 18% respecto a 2017, llegando hasta los 8.296 GWh.

Por otra parte, la compañía desarrolló 508 nuevos kilómetros de redes, alcanzando un total de 10.498 kilómetros de infraestructuras propias en toda España, un 5,1% más, con las que facilita el acceso al gas canalizado a 500 municipios españoles. Redexis tiene licencia para operar en 607 municipios en 11 comunidades autónomas. En su actividad de distribución, la compañía impulsó el desarrollo de sus infraestructuras y expandió sus redes de gas natural en 20 nuevos municipios.

Además, comenzó a suministrar gas licuado del petróleo (GLP) en la localidad de Aguaviva (Teruel), al que hay que sumar 13 municipios adicionales donde Redexis comenzó a operar puntos de GLP adquiridos a Cepsa en 2017 en Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Asimismo, durante el 2018 cerró un acuerdo con Nedgia para la adquisición de 2.875 puntos de GLP en las provincias de Girona, Alicante, Valencia, León, Salamanca y Teruel, comenzando su actividad en la provincia de Valencia. Además, en este año también cerró un acuerdo con Cepsa por el cual adquirió 539 puntos adicionales en Daroca (Aragón) y en Cistierna (Castilla y León).

CCOO y UGT seguirán reclamando ante la Justicia el incremento de los salarios de 5.000 prejubilados mineros

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- CCOO de Industria y UGT FICA presentarán un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para que se reconozca el derecho de las personas prejubiladas de la minería a percibir el incremento de sus salarios actualizados al IPC de 2011 y 2012, así como la regularización de los años posteriores. El conflicto afecta a unos 5.000 prejubilados de la minería de Asturias, Castilla y León, Aragón y Castilla La-Mancha, según indicó CCOO.

CCOO cree que se trata de «un incumplimiento más» del Plan del Carbón 2006-2012, ya que en 2011 el Gobierno del PSOE modificó unilateralmente el decreto 808/2006 «sin ningún trámite de audiencia y sin consultar a las partes que lo firmaron». De esta manera, los sindicatos recurrirán el fallo de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso presentado por los sindicatos para el reconocimiento del derecho a percibir esos incrementos de las prejubilaciones. Esta batalla judicial viene de lejos, ya que en 2012 la Audiencia Nacional dio la razón a los prejubilados mineros, aunque el Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo, que anuló ese fallo.

Los hogares españoles pagaron 970 euros de media en 2018 por sus facturas de luz y gas, un 6,3% más

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.– Los hogares españoles pagaron una media de 970 euros durante el año pasado en concepto de gastos de luz y de gas, lo que se traduce en una subida del 6,3% en comparación con las cifras contabilizadas el año previo, según el Estudio Fintonic Consumo de Energía en España 2018.

El informe muestra diferencias «muy significativas» del gasto de los hogares en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren. Así, este gap se eleva hasta el 68% entre la región con la factura media más cara, que fue Castilla-La Mancha, con 1.068 euros, un 5,1% más, y la que registró la más barata, Canarias, con 638 euros, un 3,4% más. Por detrás de Castilla-La Mancha como las regiones con los mayores gastos medios por hogar durante el año pasado se situaron Baleares, con 1.045 euros, un 10,5% más, así como Cantabria, con 1.042 euros, un 10,1% más; Madrid, con 1.041 euros, un 7,1% más, y Aragón, con 1.039 euros, un 8,7% más.

En el lado opuesto, como las comunidades autónomas con la factura energética más baja en 2018, por detrás de Canarias, se encuentran Galicia, con 784 euros, un 2,1% más; Andalucía, con 879 euros, un 5,9% más; Comunidad Valenciana, con 917 euros, un 3,6% más, y Asturias, con 944 euros, un 11,1% más. A pesar de estos datos, la fundadora y consejera delegada de Fintonic, Lupina Iturriaga, ve posible conseguir ahorros en la factura mediante la renegociación de las condiciones o con la contratación de otros proveedores. «De hecho, desde Fintonic nuestros usuarios ahorran una media de 200 euros al año en su factura de la luz sin cambiar de compañía, tan revisando su factura», añadió.

El PP solicita que no se pierda la inversión de 150 millones en Cuenca si se paraliza el ATC nuclear

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press. – El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha solicitado al Gobierno de la región que, en el caso de que se paralice el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares previsto en Cuenca, exija formalmente al Gobierno de Pedro Sánchez que los cerca de 150 millones de euros previstos para la obra repercutan igualmente en el desarrollo de la provincia; propuesta que el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha valorado como un «cambio de postura» que ha agradecido.

En un primer momento, Nuñez hacía estas declaraciones  en rueda de prensa tras mantener su primera reunión institucional desde que asumió la Presidencia del PP con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

De esta manera, ha vuelto a mostrar su desacuerdo con la paralización de la construcción del silo en Villar de Cañas. Pero aún así, ha solicitado al presidente regional que no renuncie a que esos casi 150 millones que tenía asignados esta infraestructura en los presupuestos generales se reinviertan en Cuenca en generación de empleo.

«Eso es lo que prometió García-Page y en el PP no estamos dispuestos a que esa cantidad tan importante de dinero se vaya de la provincia» en caso de que la decisión del PSOE sobre este almacén nuclear sea otro, subrayó Nuñez.

 

Celebración de Hernando

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha dado la «bienvenida» a la postura Núñez , y ha querido recordar que esa postura ya ha sido exigida por el propio Emiliano García-Page. «Lo celebro, porque antes decía que el ATC era irrenunciable y ahora parece que empieza a virar. Parece que el presidente le ha convencido de que esta infraestructura no es buena para Cuenca», ha asegurado.

Como conclusión, ha insistido en que García-Page «ya planteó que esos 145 millones contemplados en los Presupuestos Generales del Estado tenían que ir para promocionar el empleo en Cuenca y para el Estado del Bienestar de la región».

SEO/BirdLife pide al Defensor del Pueblo que actúe ante la mortalidad de la avifauna por los tendidos eléctricos

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- SEO/BirdLife ha reclamado al Defensor del Pueblo que impulse la actuación de las administraciones públicas ante la mortalidad sobre la fauna que provocan los tendidos eléctricos, por electrocución y por colisión. Por ello le recuerda que 10 años después de las obligaciones de las comunidades autónomas para implantar medidas de protección para frenar la mortalidad de las aves, 8 de las 17 autonomías no las han cumplido.

El Libro Rojo de las Aves de España señala que morir electrocutada es una de las principales amenazas para 24 especies de aves, algunas de ellas declaradas en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica, el águila-azor, la perdicera o el milano real. Por ello, SEO/BirdLife apela a la Institución para que intermedie en la limitación del impacto de tendidos eléctricos e impulse que las administraciones públicas y los propietarios de tendidos cumplan el Real Decreto 1432/2008, que obliga a declarar zonas de protección y a publicar un listado de tendidos muy peligrosos en esas zonas para que se puedan poner en marcha medidas de corrección por parte de los titulares de los tendidos.

En la actualidad, a la ONG le consta la publicación de los listados en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, pero las restantes aún tienen pendiente la publicación de este listado. Además, destaca que el Principado de Asturias es la única comunidad que sigue sin definir las zonas de protección a las que obliga la norma.

El responsable del programa Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega, ha recordado que las administraciones públicas tienen varias medidas que les permiten reclamar a los titulares de líneas eléctricas su colaboración para corregir aquellos tendidos eléctricos que estén causando una mortalidad continuada de avifauna en España. «Se detecta una tímida actividad administrativa frente a la responsabilidad de los propietarios de los tendidos», ha comentado.

Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, los tendidos eléctricos provocan la muerte de, al menos, 33.000 rapaces al año, una cifra que podría ser mucho mayor, pues el Ministerio ha analizado los datos de 11 de las 17 comunidades autónomas. Asimismo, el coste económico que esto supone, de acuerdo con el Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental, asciende a 141 millones de euros.

En este contexto, el responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/BirdLife, Nicolás López, destacó que en los últimos 15 años se calcula que han muerto electrocutadas al menos 200 águilas perdiceras y más de 120 águilas imperiales. Así, considera que la situación es «insostenible» porque pone «en jaque todos los esfuerzos por recuperar y estabilizar la población de algunas especies amenazadas como las citadas».

En la misiva explican al Defensor del Pueblo que la ONG estima que cada mes se producen 8,2 colisiones por kilómetro en tendidos eléctricos en España, lo que es lo mismo que ocho aves muertas por kilómetro de tendido al mes. «Es decir, que en un tendido de longitud media de unos 59 kilómetros podrían morir potencialmente más de 5.800 aves al año, si la línea no cuenta con medidas adecuadas frente a la colisión», ha apuntado De la Bodega.

En Castilla-La Mancha o en Valencia se han abierto expedientes administrativos por infracción de la normativa autonómica y se han impuesto multas de más de 100.000 euros (más la indemnización por el valor de las aves muertas), en el caso de la primera, o de responsabilidad ambiental, en el caso de la segunda, obligando a la corrección de tendidos peligrosos.

Las gasolineras automáticas recurrirán la norma que prepara Castilla-La Mancha para obligarles a tener personal mientras Andalucía retira su decreto

/0 Comentarios/en , , , , /por

EFE / Europa Press.- La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha anunciado su intención de recurrir la norma que pretende aprobar el Gobierno de Castilla-La Mancha para obligar a todas las estaciones de servicio a contar con un baño y, por tanto, con personas en las gasolineras.

En este sentido, Aesae recuerda que la Junta de Castilla-La Mancha derogó el artículo 2 del Decreto 33/2005, de 5 de abril, de suministro al por menor de carburantes y combustibles de automoción en el que se obligaba a las estaciones de servicio automáticas a contar con personal para poder operar.

«Sin embargo, unos meses después, la Junta ha puesto en marcha un procedimiento que pretende aprobar una norma que obliga indirectamente a tener personal en este tipo de estaciones dedicado a tener los servicios higiénicos limpios y seguros», añade Aesae.

A este respecto, el presidente de la Aesae, Manuel Jiménez, señala que «el tiempo medio de los repostajes en una estación automática es inferior a 10 minutos», mientras que en las oficinas bancarias, por ejemplo, «el tiempo medio es sensiblemente mayor y a éstas no se les exige aseos para los clientes».

Según la Aesae, «la justificación aducida por el Gobierno regional es la de la seguridad vial de los conductores y, a cambio de esta pretendida mejora de la seguridad vial, la Junta no tiene ningún problema en que los conductores castellano-manchegos paguen más de 330 euros al año a las compañías con estaciones de servicio tradicionales, en definitiva, al oligopolio«.

De esta manera, subraya Jiménez, «las grandes empresas no tendrán competencia y continuarán disfrutando de unos márgenes que están entre los más altos de la Unión Europea».

Por último, Aesae destaca que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas «con el precio más alto en carburantes de España», por lo que, si esta medida se aprueba, «liderará, con toda seguridad, la clasificación de comunidades autónomas con los precios más altos».

Andalucía retira un decreto similar

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha retirado el decreto que pretendía aprobar en los próximos meses y que obligaba a las gasolineras automáticas a contar con al menos un trabajador para poder operar durante el tiempo que ésta permaneciera abierta. Este decreto ha sido finalmente retirado ante la carencia invalidante puesta de manifiesto por la Aesae.

Aesae, ante la «falta de transparencia y la negativa» a dar acceso al expediente, presentó un recurso ante los tribunales. Finalmente, por la falta de transparencia, la Junta ha decidido, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, órgano competente para este litigio, dar marcha atrás en su objetivo de aprobar la norma que obligaba a las gasolineras automáticas a tener personal.

No obstante, y «ante una clara vocación de defender a las estaciones tradicionales» por parte de la Junta de Andalucía, el 25 de diciembre de 2017 se aprobó una modificación de la Ley de las Personas con Discapacidad por la que se obliga a las estaciones desatendidas a tener personal.

Estas actuaciones llegan en un momento en el que la Comisión Europea está obligando a las comunidades autónomas, que tienen normativas contrarias a la implantación de este tipo de estaciones, a dar marcha atrás, pues según la Comisión Europea son contrarias al libre mercado y a la libre competencia, según ha recordado la asociación.

Esta falta de competencia provoca que cada familia andaluza tenga que pagar «más de 300 euros al año», según la OCU, respecto al resto de las regiones. «La apertura de una estación de servicio automática no solo beneficia a los que la eligen, sino a todos, porque cuando una gasolinera de este tipo abre el precio de los carburantes disminuye en la zona de influencia en una media de 10 a 15 céntimos por litro», ha explicado Manuel Jiménez Perona.

Según la asociación, actualmente las barreras que existen para las personas con discapacidad «están presentes en muchas estaciones de servicio». Los problemas que presentan son barreras arquitectónicas, surtidores a altura excesiva, etcétera. «Estos obstáculos son insalvables a pesar de que haya una persona en la gasolinera. El problema es de diseño y de no pensar en estas personas», explica Jiménez Perona.

10 municipios del entorno del ATC nuclear recibieron de Enresa 275.000 euros para proyectos de desarrollo local en 2017

/0 Comentarios/en , , /por

EFE.- La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) destinó 275.820 euros en 2017 a convenios de colaboración para proyectos de desarrollo local con 10 municipios conquenses situados en el área de influencia del proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

La cantidad asignada en 2017 fue 11.070 euros superior a la del año precedente en la que se consignaron 264.750 euros a seis municipios de la zona, según se refleja en los informes anuales de 2017 y 2016 de ENRESA, en los que detalla que la principal partida, de 150.000 euros correspondió al municipio de Villar de Cañas. Villar de Cañas fue la localidad elegida por el Gobierno de Rajoy en 2011 para albergar esta instalación, cuyo futuro está ahora supeditado a la presentación de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) en 2019.

Tras Villar de Cañas en 2017, recibieron asignaciones los ayuntamientos de: Villares del Saz, 39.200 euros; Villarejo de Fuentes, 26.550; Montalbanejo y Montalbo, 18.570 euros cada uno. El ayuntamiento de Zafra de Zancara recibió 11.900 euros; el de Cervera del Llano 6.000 y 3.270 euros el de San Lorenzo de la Parrilla. La lista la cierran los ayuntamientos de La Hinojosa con 900 euros y Olivares de Júcar con 850 euros. Estas partidas se cargan al Fondo para la financiación de las actividades del PGRR.

En el caso del los municipios del ATC este apoyo se realiza «a través de la suscripción de convenios de colaboración con los municipios con derecho a asignación para aquellas nuevas instalaciones para las que se haya solicitado autorización de construcción» hasta el año en que comiencen a percibir las asignaciones que determina la orden, detalla la memoria de ENRESA.

Tiene derecho a recibir asignación aquellos municipios que tienen parte de su territorio incluido en el área definida por un círculo de radio 10 kilómetros desde el centro de la instalación. También las pueden percibir los no considerados en el apartado anterior, siempre que tengan algún núcleo de población, sea o no principal, incluido en el área definida por un radio de 20 kilómetros desde el centro de la instalación.

Para instalaciones de categoría 2, el caso del ATC, la partida consignada como término fijo es de 6 millones de euros anuales, si bien detalla que se empezarán a recibir una vez se realice el primer envío de residuos radiactivos y entre tanto se pueden suscribir convenios para cofinanciación de proyectos de desarrollo local. En la orden IET/458/2015, se argumenta la marcada dependencia económica de las instalaciones nucleares y se explica que para las instalaciones de categoría 2 como el ATC, se establece un término fijo, al objeto de evitar grandes oscilaciones en las percepciones anuales a lo largo de la vida de la instalación.

Además, en 2017 ENRESA destinó 2.442.667 euros a cofinanciar proyectos en 39 municipios en el área de influencia de las centrales nucleares españolas con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del PGRR. En el caso de la nuclear de Almaraz en Cáceres (Extremadura) incluye cuatro municipios: Almaraz 111.900 euros; Casatejada 30.940; Belvis de Monroy 11.589 y Toril 1.618 euros. En Ascó (Cataluña) fueron seis municipios: Ascó 111.900; Flix 26.157; Vinebre 47.562,20; Mora D’Ebre 23.443; La Palma D’Ebre 15.507 y Mora La Nova 7.441. Los cuatro municipios de la nuclear de Cofrentes (Valencia) con proyectos cofinanciados fueron: Jarafuel 100.479; Cofrentes 100.000; Cortes de Pallás 87.689 y Jalance 14.898.

Los tres municipios del entorno del almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril, en Sierra de Hornachuelos (Córdoba) son: Hornachuelos 241.704 euros: Fuenteobejuna 123.172 Navas de la Concepción 117.661. Respecto a Santa Maria de Garoña en Burgos (Castilla y León) nueve localidades: Valle de Tobalina 111.900; Valdegobia 82.134; Frías 57.127; Partido de la Sierra en Tobalina 50.000; Bozoó 30.825; Pancorbo 22.547; Oña 19.336; Jurisdicción de San Zadornil 11.363 y Miracheve 13.931.

Respecto al entorno de la nuclear en desmantelamiento José Cabrera en Guadalajara (Castilla-La Mancha) los municipios con proyectos cofinanciados fueron: Almonacid de Zorita 111.900 euros; Pastrana 98.304; Zorita de los Canes 45.711; Buendía 35.136; Valle de Altomira 10.910 y Valdeconcha 4.252 euros. También en Guadalajara se cofinanciaron proyectos en dos municipios del entorno de la nuclear de Trillo: Pareja 37.542 y Mantiel 35.024. Respecto a la nuclear Vandellós en Tarragona, Enresa cofinanció proyectos en: Vandellós Mont-Roig del Camp 137.000 euros; Tivissa 122.489; Vandellos-L Hospitalet del Infant 111.900 y Pratdip 60.441.

La torre de gasificación de carbón de la antigua central de Elcogas ha sido demolida en Puertollano

/0 Comentarios/en , , , /por

EFE.- La torre de gasificación de la antigua central eléctrica de gasificación de carbón en ciclo combinado de Elcogas en Puertollano (Ciudad Real) ha sido demolida como parte de los trabajos de desmantelamiento de la antigua planta. La demolición de la torre de gasificación, de forma rectangular de 74 metros de altura y un total de 13 plantas, se suma a la demolición de la torre de refrigeración de 122 metros que tuvo lugar el pasado 28 de junio.

Para la demolición, que ha durado menos de 2 segundos, se han generado desde la base varias columnas de agua de 70 metros de altura con el fin de reducir la nube de polvo creada. Como medida de seguridad, se estableció un perímetro de 500 metros alrededor de los terrenos de la central, en cuyos terrenos levantará Ence una nueva central térmica de biomasa. Los trabajos de desmantelamiento de la antigua Elcogas, en la que se están invirtiendo 3,6 millones de euros, continúan con el resto de instalaciones de la planta, incluidos edificios, equipos y estructuras, excluyendo las subestaciones eléctricas y los depósitos de agua.