Europa Press / Servimedia.- La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran «paralizado» el proyecto de construir un Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en la localidad de Villar de las Cañas, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha iniciara un nuevo Plan de Ordenación de la Recursos Naturales (PORN) con el objetivo de proteger la zona e impedir las obras.

Además, los ecologistas aseguran que si, tras la decisión del Ejecutivo manchego, el gobierno central autoriza el permiso provisional para la construcción del ATC en Villar de las Cañas, «emprenderán acciones legales» para paralizarlo, aunque indicaron que, a su juicio, quien debería hacerlo sería la Junta de Castilla-La Mancha. Según el portavoz de la plataforma contra el ATC, Carlos Villeta, la intención del Gobierno manchego con la tramitación del PORN es estudiar una ampliación del Espacio Red Natura de la Laguna del Hito de las 955 hectáreas que ocupa ahora a un total de 21.400 hectáreas, de modo que abarque la zona en la que se planea construir la instalación.

Villeta recordó que, conforme a la Constitución, las competencias en materia de protección del medio ambiente corresponden a los gobiernos de las comunidades autónomas y señaló también que, de acuerdo con la legislación, una vez iniciada la tramitación de un PORN, que entrará en vigor este jueves, «no se podrán realizar actos en esa superficie que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno». Por ello, asegura que ninguna administración fuera del gobierno regional tiene autoridad legal para revertir el procedimiento de ampliación de la zona de protección natural y, de este modo, «queda automáticamente paralizada» la posibilidad de iniciar el proyecto de construcción del ATC.

Los responsables de estas tres organizaciones aseguraron que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la concesión del primero de los cinco permisos necesarios para la construcción de la infraestructura, aprobado este lunes, «no es vinculante«. Así, para que dicho permiso fuera efectivo, debería recibir la aprobación del Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según explicaron.

Por otra parte, la responsable de Proyectos de Greenpeace, Raquel Montón, señaló que, una vez paralizado el proyecto, la propuesta de las organizaciones contrarias al proyecto de Villar de las Cañas pasa por un plan en «tres fases«. A su juicio, la primera necesidad consiste en la elaboración de un «séptimo Plan General de Residuos Radiactivos» que, a su juicio, debería contar con la participación de la sociedad civil y la aprobación por parte de la ciudadanía. «Hace prácticamente una década que se aprobó el sexto plan y la situación ha cambiado lo suficiente para necesitar una actualización«, han asegurado.

Además, Montón recordó que dicho plan establecía que la construcción del ATC debía estar finalizada en 2010 y que dicho proyecto estaba planteado para una vida útil de las centrales nucleares de 40 años, cuando «actualmente existe un proyecto del Gobierno para ampliar esa vida a 60». Una vez hecho esto, las organizaciones consideran que debería realizarse un nuevo planteamiento del proyecto a la luz del nuevo plan y en la que sociedad civil y organizaciones pudieran participar en la aportación de alternativas técnicas y económicas para su definición final.

Por otro lado, la responsable de Greenpeace explicó que la organización se ha puesto en contacto con más de 200 de los 217 ayuntamientos de Cataluña, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura que, además de Villar de las Cañas, se verían afectados por el proyecto de construir el ATC en esta localización debido a que están en la ruta que deberían seguir los camiones que transportarían los residuos radiactivos hasta las instalaciones, desde las centrales nucleares. «Los municipios por los que pasarán estos transportes no están exentos de riesgos, y estos municipios deben saberlo», indicó. Por allí circularían unos 40 transportes nucleares por año, según los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Para Montón, quien defiende que antes de definir el proyecto para construirse un ATC debería abordarse un debate sobre la continuidad de la energía nuclear, el planteamiento de un proyecto centralizado al que derivar todos los residuos nucleares de las seis plantas que hay en España supone un «peligro» desde cinco perspectivas. En primer lugar, debido a que el transporte por carretera de estos residuos «no está exento de accidentes«. De hecho, ha asegurado que, en los últimos 50 años se han contabilizado en Estados Unidos un total de 58 accidentes en los que estaban implicados vehículos con residuos nucleares.

Además, Montón cree que las condiciones que se exigen para el transporte del material radiactivo «no son suficientes» desde el punto de vista de su resistencia a altas temperaturas en caso de un incendio. Por otra parte, cree que es un «riesgo innecesario» someter a las personas de las localidades por las que pasarán estos vehículos a una dosis de radiación adicional, pese a que ha reconocido que esto «no supondría un peligro fulminante» para nadie. Por último, cree que el efecto para estas poblaciones será la devaluación de sus productos naturales, y un incremento del «estrés» para los ciudadanos y conductores de la zona. Por ello les solicitaron que se sumen también a la petición de paralización del proyecto.

Las organizaciones antinucleares consideran que las actuaciones tanto del Ministerio de Industria, como del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su conjunto, en especial del presidente y su vicepresidenta, atienden a criterios que no son los de la seguridad nuclear, según denunciaron los ecologistas. En este sentido, las organizaciones ecologistas criticaron que el Ministerio de Industria pidiera al CSN que anticipara la evaluación del impacto radiológico del ATC de cara a la formulación por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación, y para ello envió un informe incompleto.